Un juez a cargo de escuchas por decreto: “Es inconstitucional; con esto vuelve la gente de Stiuso”
El presidente Mauricio Macri transfirió las escuchas telefónicas a la Corte Suprema con un decreto de necesidad y urgencia para restarle poder y controlar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en línea con la estrategia oficial para hacerla renunciar.
El decreto 256/15 hace efectiva la transferencia de la tarea de las escuchas telefónicas junto “con la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones”.
El Presidente continúa sin llamar a sesiones extraordinarias al Congreso y se maneja a decretos.
La medida señala que “la Corte Suprema dictará el reglamento de funcionamiento del actual Departamento; dicho organismo estará a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de un año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de cinco años”.
La fiscal Cristina Caamaño, ex secretaria de Seguridad, consideró que el decreto que transfiere las escuchas a la Corte “es incostitucional” y advirtió que “con esto vuelve la gente de Stiuso”, en referencia al ex director de Operaciones de la antigua Secretaría de Inteligencia, desplazado por la ex presidenta Cristina Kirchner a fines de 2014, cuya declaración es clave en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
“Es un mamarracho jurídico porque es un DNU y éstos no pueden versar sobre investigaciones penales”, aseveró en declaraciones a radio Del Plata, al conocerse este martes el decreto 256/15 que hace efectiva la transferencia de la tarea de las escuchas telefónicas, a cargo de Caamaño, a la Corte Suprema.
Para la fiscal, con esta decisión, “vuelve la gente de (el ex espía Antonio “Jaime”) Stiuso y vuelve la promiscuidad entre algunos jueces y los servicios de inteligencia”, ya que -entre los considerandos de la medida- “dice que se faculta a solicitar los servicios del personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)”.
La fiscal explicó que, durante el trabajo de todo este año, “se recibieron casi 200 agentes de Inteligencia y los devolvimos, y actualmente la gente es de la Procuración”.
“Yo no voy a permitir que se trasladen las personas como si fuesen bienes o muebles, son personas que tienen su contrato en la Procuración y con mucho trabajo y empeño formamos el equipo”, aseveró Caamaño para quien, con el nuevo decreto, “cualquier juez va a poder realizar escuchas desde cualquier lado”.
La funcionaria judicial anticipó que los jurídicos de la Procuración “realizarán una presentación, pero no hoy, sino cuando termine la feria en febrero” en rechazo del decreto de necesidad y urgencia.
Por último, la hasta este martes titular del Dicom también se pronunció en contra del otro decreto conocido esta mañana, que suspende la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 1 de marzo próximo.
“Hay una ley que dice que se pone en vigencia y por un DNU se anula una ley, es una locura. Es una vergüenza que tengamos un código penal pero por un decreto se voltee la ley”, indicó.
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