EL PARQUE INDOAMARICANO Y LA POSTURA DE MACRI

La presencia de una docena de representantes de organizaciones sociales y políticas en el salón de los escritores y pensadores argentinos de la Casa de Gobierno, desde donde señalaron las carencias de la política del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que condujeron a los gravísimos enfrentamientos entre vecinos en el Parque Indoamericano, ejemplifica en forma inmejorable la definición formulada el viernes por la presidente CFK de que no permitirá una respuesta represiva a un grave conflicto social. Esto obligó incluso al ingeniero Maurizio Macrì a bajar la bandera de la xenofobia y la intransigencia absoluta con los reclamos de los sectores más débiles de la sociedad y presentarse él también acompañado por tres dirigentes de entidades de Paraguay y Bolivia, luego de haber utilizado barras bravas y punteros para azuzar a los vecinos asustados de modo que atacaran a los habitantes de las villas.

El acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos permitió el empleo de tropas de Gendarmería para perimetrar el espacio del Parque Indoamericano en el que continuarán los ocupantes hasta que se encamine una solución definitiva y el de comandos de Prefectura para patrullar los sublevados barrios vecinos. La creación de un ministerio de Seguridad completa el mensaje: conducción política de las fuerzas de seguridad, con respeto por el orden constitucional y los Derechos Humanos. Como en los preparativos de la masacre de Ezeiza en junio de 1973, la asociación gremial de los trabajadores municipales participó en la movilización de esos civiles armados. Entonces se llamaba UOEM y hoy SUTECBA, pero su conducción sigue estando en manos de Amadeo Nolasco Genta y Patricio Datarmini.

Para gatillar el conflicto, centenares de pobres de solemnidad fueron traídos en colectivos y camiones pagados por el esposo de Graciela Camaño desde Tigre, Pilar, Moreno, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora, sin que la estructura política y policial de la provincia de Buenos Aires lo avisara al Poder Ejecutivo. Como en el asedio a la Legislatura porteña en julio de 2004, barrabravas del fútbol vinculados con Macrì intervinieron en el desencadenamiento de la violencia. Como en uno y otro caso, la política y los negocios se cruzaron en forma espuria.

El gobierno camporista de 1973 avanzó indefenso hacia su consumación porque no comprendió la deliberada manipulación de lo que sucedía, según los pasos de “La técnica del golpe de Estado”, descrita en 1931 por Curzio Malaparte. El de Néstor Kirchner en 2004 advirtió lo que estaba en juego y se consolidó: impuso un criterio novedoso en la política argentina, por el cual las fuerzas de seguridad no pueden portar armas letales para el control de manifestaciones de protesta social, que deben encaminarse por la vía de la negociación política y la asistencia a las necesidades en juego.

El de Cristina enfrenta el desafío a un mes y medio de la muerte de su esposo y líder político y, luego de un grave error inicial, ha respondido con sensibilidad e inteligencia, sin ignorar la intencionalidad de los episodios ocurridos cuando celebraba el tercer aniversario de su mandato y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo que sus enlaces políticos con Macrì instigaban la violencia, el ex senador Eduardo Duhalde reclamaba desde Estados Unidos la imposición del orden. CFK reiteró la decisión de Kirchner de eludir las respuestas represivas a problemas políticos y sociales y asumió la difícil decisión de terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad, que no podía prolongarse sin graves riesgos. La creación de un Ministerio de Seguridad y la designación para ocuparlo de quien demostró capacidad y firmeza para conducir y reformar las Fuerzas Armadas llega cuando la conducción civil de las fuerzas de seguridad se había demostrado impostergable y cuando el conflicto en la zona más pobre de la Capital quedó fuera de control. De ahora hasta el miércoles, cuando asuma Nilda Garré, el rostro político y asistencial del Estado deberá desescalarlo. En los términos del sociólogo francés Loïc Wacquant, quien ha estudiado este fenómeno en su país y en Estados Unidos, el regreso del Estado Providencia es la alternativa progresista al Estado Penitencia del neoliberalismo.

La oferta electoral

En el lanzamiento de su candidatura presidencial, Macrì definió con precisión su oferta al electorado. Precedido por su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, responsabilizó a la política migratoria del gobierno nacional, que llamó permisiva y descontrolada, y propuso la disyuntiva entre atender las necesidades habitacionales, sanitarias y educativas de los porteños o de los extranjeros. Hijo de un ladrillero italiano que llegó a la Argentina hace apenas 63 años, primer argentino nativo de su familia y casado con otra hija de inmigrantes, Macrì identificó migración con comercio ilegal de sustancias estupefacientes, sin la menor prueba ni mención a los empleados municipales y punteros de su partido involucrados en el episodio. Su afirmación de que la Policía Metropolitana no contaba con el armamento necesario para desalojar el Parque Indoamericano y proteger los barrios vecinos desnuda su concepción mejor que cualquier análisis ideológico.  

¿Qué necesitaba su fuerza policial para tratar con los centenares de personas que acamparon allí, atraídas por su ofrecimiento de títulos de propiedad y por las transacciones económicas de sus punteros? ¿Acaso tanques, bazookas, misiles, cazabombarderos? Sus reiteradas alusiones a inmigrantes ilegales son inexactas. La chica boliviana asesinada iba a recibir la semana próxima su DNI. Era una de los centenares de miles de inmigrantes que desde 2003 han regularizado su situación. Pese a ello, la desocupación se redujo, del 23 al 7,5 por ciento, lo cual descalifica la literatura barata sobre su impacto negativo en la situación económica. Sin duda que presionan sobre las necesidades habitacionales, educativas y sanitarias de la Ciudad. Pero el verdadero problema reside en la desinversión decidida por Macrì en esos rubros, con presupuestos declinantes que además se subejecutan. De este modo se introdujo en el debate político la agenda de las derechas de los Estados Unidos y de Europa, versión remixada del Tea Party, de las políticas expulsivas de Berlusconi, Sarkozy y los partidos derechistas de Suecia, Suiza y Holanda, donde se aprobó en plebiscito la posibilidad de expulsar a los inmigrantes que hayan cometido algún delito.

La idea, reiterada por Macrì, es que la inmigración constituye un problema de seguridad. Cristina le respondió en un discurso emotivo, que la Argentina no estaba dispuesta a formar parte de ese club de países xenófobos y solicitó a Bolivia las disculpas que Macrì se negó a pedir. El diputado Martín Sabbatella y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky visitaron la embajada para comunicar su solidaridad.

La crisis del autogobierno

El contraste con las posiciones del gobierno nacional no puede ser mayor, como destacó recién el viernes el jefe de gabinete Aníbal Fernández: los problemas sociales se resuelven con política, no a palos. Lo hizo por orden expresa de la presidente, luego de dos días en los cuales la Policía Federal actuó librada a sus impulsos, con resultado desastroso. La jueza de la Ciudad María Nazar ordenó el desalojo de lo que llamó “inmueble”, “domicilio” o “finca”, en una muestra transparente de la inadecuación del artículo 181 del código penal a este tipo de acontecimientos masivos que obedecen a complejas causas sociales, económicas y políticas y que, en todo caso, cabrían con mayor pertinencia en las figuras del capítulo II del Código Contravencional porteño sobre uso indebido del espacio público. Pero su directiva al comisario de la seccional 36ª de la Policía Federal ni siquiera mencionó a la Policía Metropolitana, que es la que tiene jurisdicción en casos de contravenciones.

La coordinación entre ambas fuerzas para el vergonzoso procedimiento ocurrió sin intervención de las autoridades políticas, que recién tomaron conocimiento de lo sucedido cuando ya habían ocurrido hechos irreparables.  

Desde el jardín

En la desolada residencia de Olivos durante la noche del martes y el feriado del miércoles, en la Casa Rosada el jueves y de nuevo en Olivos el viernes hasta la hora de partir para la entrega de los premios a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, CFK tuvo en vilo a sus principales colaboradores. La presidente urgió la realización de las necropsias de los primeros muertos, para lo cual debió recurrir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, porque el Cuerpo Médico Forense remoloneaba sin premura; cotejó los resultados de esos peritajes con las versiones que divulgaban las policías Federal y Metropolitana; observó varias veces las secuencias filmadas por distintos canales de televisión.

Durante las largas horas de silencio político, la única palabra oficial fue la de un vocero de la Policía Federal, sólo preocupado por defender la imagen institucional. Los mismos argumentos formaban parte del mensaje que se proponía leer el ministro que estaba a cargo de la Seguridad, Julio Alak. La presidente lo impidió. También recibió a los familiares del muchacho paraguayo Bernardo Salgueiro y de la chica boliviana Rosmarie Churra Puña, asesinados el miércoles. Algunos llegaron con el temor de verse involucrados en un show, pero CFK decidió que esos dolorosos encuentros íntimos transcurrieran sin fotógrafos ni periodistas, como ya había dispuesto cuando recibió a padres y hermanos de Mariano Ferreyra, el chico asesinado por una patota gremial en Constitución. No hizo lo mismo con los tobas agredidos por la policía de Formosa, lo cual marca una diferencia indefendible. En cambio, los recibió el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien mostró fotos en las que se veía a un indígena con un machete, a otro con un arma de puño y a un tercero con una carabina rudimentaria, los instrumentos de trabajo de esa etnia de cazadores y recolectores, que de ninguna manera pueden equipararse con el despliegue de un cuerpo especial de la policía formoseña, de entre 70 y 200 hombres según qué fuente se escuche.

Macrì siguió repitiendo la versión policial, según la cual Salgueiro había muerto antes de que comenzaran los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, pese a que la declaración de la chica que lo acompañaba, Alejandra González, de 18 años, ante un funcionario de la seccional 52 de la propia Policía Federal, ratificada luego por sus familiares y otros testigos, indicaba en forma categórica que los disparos que le costaron la vida provinieron de las armas de las dos policías, formadas codo a codo sobre el puente que domina la villa 20. La policía informó al gobierno que Salgueiro tenía sólo un perdigón y que nadie más de su grupo había recibido impactos, lo cual avalaría la hipótesis de un disparo de tumbera. Pero la necropsia no habla de un perdigón único sino de genérica “posta de plomo de cartucho”, y un pariente de Salgueiro que iba junto a él fue herido en un brazo. De este modo, CFK terminó de formarse un juicio sobre lo sucedido y tomó decisiones llamadas a poner fin al autogobierno policial, una de las principales asignaturas pendientes de la democracia argentina. Aconsejado por sus expertos en imagen pública,

Macrì acusó al gobierno nacional de discriminar a la zona sur de la ciudad, un cargo asombroso por provenir de quien la abandonó a su suerte. Convencer sobre la presunta preocupación del gobierno de la Ciudad acerca del espacio público necesitaría de un genio de la publicidad. Durante los largos tres años de la gestión de Macri, ese gigantesco terreno de 130 hectáreas fue entregado a las malezas y los roedores. Durante la reunión de madrugada con las organizaciones políticas y sociales, que pidieron la presencia del Estado Nacional como garante, Macrì se volvió a negar a cualquier solución que no pasara por el empleo de la fuerza para desalojar el parque, sin negociación alguna, a pesar del ofrecimiento del gobierno nacional de tierras en otro lugar para los ocupantes.

Zonceras y realidad

La población es una de las fuentes clave en el crecimiento económico. Un informe preparado en 2008 por The Economist Intelligence Unit, que hasta su muerte tuvo como representante en la Argentina al dirigente de-sarrollista Horacio Rodríguez Larreta, contradice los argumentos xenófobos. Desde hace 120 años, por lo menos el 2,5 por ciento de la población que vive en la Argentina es extranjera de país limítrofe. La Argentina tenía en 2008 un millón y medio de inmigrantes, de los cuales la mitad irregulares frente a la ley Videla, de 1980. El 77,5 por ciento de los varones inmigrantes trabaja, contra el 51,6 por ciento de los varones argentinos. La diferencia expresa el porcentaje de argentinos que estudian y no trabajan. Del mismo modo, la tasa de desocupación del total de la población inmigrante limítrofe y peruana, supera en por lo menos un 10 por ciento a la del conjunto de la población. La tasa de desocupación de los paraguayos llega al 27 por ciento. Sólo los uruguayos y peruanos registran tasas de desocupación menores a la de los argentinos. En el caso de la más reciente inmigración peruana se debe a su menor exigencia a la hora de buscar un empleo y a su mayor docilidad frente a las condiciones laborales que les imponen sus empleadores. Mientras la población nativa prevalece en las actividades industriales, comerciales y de servicios (sociales, personales, comunales y financieros) los inmigrantes procedentes de los países limítrofes y del Perú concentran a casi la mitad de su población en el servicio doméstico y la construcción. Entre los inmigrantes llegados en los últimos años casi dos tercios se dedica a las actividades domésticas (44,4 por ciento) y de la construcción (16,2 por ciento), en las que se acercan al 15 por ciento del total de la mano de obra ocupada. Los bolivianos chilenos y paraguayos se concentran en cuatro ramas de actividad: construcción, comercio, restaurantes y hoteles, industria y servicios; los peruanos en servicios y comercio, restaurantes y hoteles. Según el informe, la población migrante es del 4,2 por ciento del total de habitantes del país. Esto supera el porcentaje sudamericano (3,34 por ciento) y mundial (3 por ciento). Pero es casi cuatro veces menor que el 15 por ciento durante casi todo el siglo pasado. Además, ha cambiado su origen nacional. Hasta la Segunda Guerra Mundial prevaleció la inmigración europea; desde entonces creció la de los países limítrofes y el Perú, con excepción de los primeros cuatro años de la posguerra, cuando se produjo una nueva oleada de obreros industriales y agricultores italianos y españoles. A partir de entonces, los paraguayos desplazaron del primer lugar a los italianos, y los bolivianos a los españoles del segundo. La cantidad de inmigrantes peruanos casi se duplicó entre 1980 y 1991 y se quintuplicó en la década siguiente. Esto obedece a los desniveles del PIB per cápita en cada país. En las últimas seis décadas el PIB per cápita argentino triplicó tanto al paraguayo cuanto al boliviano, lo cual a su vez atrae a inmigrantes de esos países, reforzando un círculo virtuoso: a mayor inmigración, mayor riqueza, a mayor riqueza, mayor inmigración. En cambio es menor el flujo de chilenos, porque el PIB de su país es el único de la región que creció sin interrupciones en el último cuarto de siglo y llegó a superar al argentino. Pese a ello la Argentina sigue resultando más atractiva para los inmigrantes, tal vez por su mejor posición en el Indice de Desarrollo Humano del PNUD. Sin la inmigración producida desde 1950 a la fecha, la Argentina tendría hoy 8,7 por ciento menos de habitantes, su producto interno bruto sería por lo menos 36 por ciento más chico y el producto bruto per cápita 25 por ciento más reducido. Esto demuestra que la inmigración ha resultado benéfica para los argentinos nativos, incluyendo a los vecinos de clase media de Villa Soldati, Villa Lugano o el Bajo Flores, que se indignan contra lo que sienten como una invasión amenazante y, sin duda, para el ingeniero Macrì, cuya empresa constructora hizo fortuna con la plusvalía del trabajo de albañiles bolivianos y paraguayos. Esas ganancias son mayores, cuanto menores son los derechos de que goza esa mano de obra.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158530-2010-12-12.html

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Publicado el 12 de Diciembre de 2010

Por Andrea Recúpero

Intensas deliberaciones de Aníbal Fernández y el Ministro del Interior con el jefe de gobierno porteño. La cuestión de fondo fue cómo resolver el problema de la vivienda. Nación ofreció alternativas, pero el líder del PRO no las aceptó.

Por orden del gobierno nacional, la Gendarmería cercó ayer el Parque Indoamericano y el Grupo Albatros de la Prefectura Naval rodeó los edificios para evitar más violencia en Villa Soldati. Fue una decisión adoptada tras las intensas deliberaciones de ayer en la Casa Rosada, en las que Mauricio Macri pegó un portazo, disconforme con el rumbo que tomaban las negociaciones.

El gobierno puso sobre la mesa una solución a la crisis habitacional que el macrismo rechazó. “No llegamos a un acuerdo con el gobierno porteño”, fue la conclusión que formuló Aníbal Fernández tras la doble ronda de negociaciones que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo, como garantes del diálogo, con autoridades porteñas y representantes de las organizaciones sociales. El jefe de Gabinete declaró que el macrismo “no tiene vocación para trabajar en erradicar las villas” e insistió que los problemas de vivienda y la violencia desatada en torno a la ocupación del Parque Indoamericano “no se resuelven con la fuerza pública”. Además, reiteró que los policías que reprimieron el martes serán separados de la fuerza.

El viernes, la presidenta Cristina Fernández, tras el acto del Día Internacional de los Derechos Humanos, ordenó convocar al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a la Casa Rosada para garantizar el diálogo con los organismos sociales y aportar una solución a la crisis. Aníbal Fernández junto al titular de la cartera de Interior, Florencio Randazzo, le ofrecieron al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, terrenos donde afincar viviendas para las familias sin techo. El gobierno ofreció predios del ONABE (Organismo Nacional de Bienes del Estado) y otro de la ADIFSE (Administración de Inmuebles Ferroviarios). Son tierras que están en la zona sur de la ciudad, pero para no sumar un factor conflictivo se decidió no precisar de qué parcelas se trata. También se discutió la posibilidad de que el gobierno porteño ceda tierras, pero Macri no aceptó. Tampoco quiso –hasta ahora– hacerse cargo de la construcción de las viviendas en los terrenos que aportaría la Nación. Los gravísimos incidentes en Villa Soldati, que causaron muertes y dejaron heridos graves no sólo visibilizaron la profunda crisis habitacional que existe en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también pusieron en escena dos posiciones antagónicas sobre cómo administrar un conflicto. Un modelo que busca una solución sin represión para evitar más muertes, en franco antagonismo con una salida por derecha que haga cumplir la ley y el orden con mano dura.

La propuesta que analizaron en la Casa de Gobierno no llegó a buen puerto. Incluso en la primera reunión, durante la madrugada de ayer, hubo que pasar a cuarto intermedio porque Macri también se había retirado de la negociación, portazo que reiteró en el encuentro de la tarde. Aníbal Fernández lo señaló públicamente: “Se lo dije veinte veces a Macri”, el conflicto “no se resuelve con la fuerza pública, desalojando a la gente a palos”.

El jefe de gobierno, afectado por la contundencia de la crisis, insistió –en su tercera ronda de prensa desde que se desató el conflicto– en descalificar al gobierno. “A pesar de la mezquindad y la pequeñez del gobierno nacional, y de comparaciones absurdas y oportunismo político, estamos contentos como gobierno de que por primera vez hayamos podido sentarnos en una mesa a trabajar juntos”, dijo el jefe del PRO. Luego reiteró que “el parque seguirá siendo de los vecinos” y pidió “bajar el nivel de violencia” en la zona. Sin embargo, a pesar de no haber aportado una solución a la cuestión de fondo, tuvo que desdecirse de sus dichos xenófobos del martes. “Rechazamos todo acto discriminatorio”, dijo, y destacó los lazos que mantiene con las comunidades extranjeras.

El alcalde, quien atraviesa el peor momento desde que asumió, anunció hace una semana que entregaría 2100 escrituras a vecinos de las villas que pudieran demostrar tenencia de terrenos durante 2011. A cambio exigiría el pago del ABL. El hecho fue una de las causas que originó la crisis. Ahora, ante la posibilidad de dar una respuesta de fondo, apuesta a pedir “tiempo” a las familias que acampan en el Parque Indoamericano

http://tiempo.elargentino.com/notas/gobierno-llevo-poco-de-calma-soldati-pese-al-portazo-de-macri

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Año 3. Edición número 134. Domingo 12 de diciembre de 2010
Por
Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com


Un legislador de la Coalición Cívica contó, entre sorprendido e indignado, que Christian Ritondo, el pasado martes, entró al salón Eva Perón de la Legislatura porteña y se ufanaba de la represión salvaje que llevaban a cabo la Federal y la Metropolitana contra los ocupantes del Parque Indoamericano. Ritondo, jefe del bloque del PRO y aspirante a candidato a vicejefe de gobierno en elecciones anticipadas, es una pieza clave del conflicto desatado esta semana. Su jefe político no es otro que Eduardo Duhalde y todavía se jacta de acceder a información reservada de la SIDE y la Federal. Ese manejo proviene de su sintonía con el ex jefe de Inteligencia de Duhalde Miguel Ángel Toma y de sus vínculos con algunos personajes oscuros que todavía responden al ex presidente.
Hace no más de un mes, Ritondo presentó un proyecto para urbanizar las villas en la Ciudad de Buenos Aires –que todavía no tuvo tratamiento legislativo- supuestamente para encarar el postergado censo catastral y ordenamiento territorial de las viviendas en barrios precarios porteños. Sin ningún plan serio, otro interlocutor del duhaldismo-macrismo, el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, salió el sábado pasado a decir que el gobierno entregaría títulos de propiedad en las villas.

Es decir, mientras Ritondo dice querer ordenar una vieja deuda de la política porteña como es el de legalizar la propiedad, Rodríguez Larreta ofrece el sueño de todo poseedor de una vivienda: un papel que legitime la propiedad. Es decir, seguridad jurídica.

El macrismo, con una mano, alentó una expectativa, y preparó la emboscada con la otra. Ritondo, además, logró zanjar una interna que venía fuerte dentro del PRO. Una semana atrás, cuando se habló del adelantamiento electoral con la excusa infantil de que la oposición no vota el presupuesto, Gabriela Michetti salía a descarcarse de Macri. Para los que conocen esa fuerza política, Ritondo y Michetti ni se hablan.

Un capítulo importante es que Ritondo es uno de los pocos capaces de jugar con los punteros políticos del sur porteño. Michetti puede seducir a cierta clase media a través de los medios. Lo de Ritondo es la rosca con comisarios, sindicalistas empresariales, los barrabravas de Nueva Chicago y otros clubes y punteros territoriales. El gran problema es que el sur porteño tiene todavía expresiones claras de la vieja política que funcionan con códigos similares a los de ciertos partidos del conurbano bonaerense.

El inicio. Uno de los laderos de Ritondo es Miguel Ángel Rodríguez –el Comandante-, que fue recontratado por el PRO después de haber sido descubierto por una cámara oculta vendiendo licencias truchas de autos y pasar una temporada preso. Lo ubicaron en la Ugis (Unidad de Gestión e Intervención Social), otra de las variantes represivas de Macri. El lunes pasado, el día antes de las dos primeras muertes, Rodríguez fue el responsable de llevar a una treintena de familias al Parque Indoamericano. Diosnel Pérez -presidente interino de la Villa 20- se comunicó con algunos legisladores de la oposición al PRO, para avisarles de esto y que, hasta ese momento, él no sabía nada de eso. El martes a la mañana, Pérez decidió ponerse al frente y también estimular a algunos vecinos a instalarse allí. No sabían que eran parte de un juego mucho más sutil y sangriento que todavía no se sabe cómo va a terminar.

http://sur.elargentino.com/notas/atencion-con-ritondo

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Domingo 12 de Diciembre de 2010 13:48 Aníbal Fernández 89 Comentarios Te lo digo yo - Esto es así

Observo una enorme desorientación. Trataré de hacer conocer someramente, lo sucedido en estos días.

Un grupo importante de familias, se asentó en el parque Indoamericano –según sus propios dichos- con el objeto de peticionar ante las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La petición no es otra cosa que, exigir las soluciones habitacionales prometidas en la campaña electoral.

¿Cómo se originó esta toma? Esta semana el PRO dio origen a su campaña electoral anunciando la entrega de los títulos de propiedad de los terrenos sobre los que se habían construido casas en villas como Piletones, Villa 20, Villa 1-11-14 y las Villas 3, 6, 17, 19 y 21-14. Con este objetivo los diputados Enzo Pagani y Cristian Ritondo presentaron un proyecto en la Legislatura para reformar el Código de Planeamiento Urbano. Cuando este proyecto fue anunciado con efusividad electoralista, lo primero que se provocó fue que una banda organizada atacara el obrador que tienen las Madres de Plaza de Mayo en Los Piletones, con 400 casas casi terminadas. Ese grupo fue rechazado por los trabajadores del obrador, pero alentados por esas promesas de inicio de campaña electoral, la gente de las villas se lanzó a ocupar el predio del Parque Indoamericano. Esta fue la consecuencia de la promesa del PRO. Hay una importante cantidad de denuncias de los ocupantes de haber sido motivados a tomar el predio, previo pago de $700.

La primera noche de ocupación comenzó la violencia con el resultado de dos muertos. Ante una instrucción judicial, la Policía Federal desalojó el predio y se lo entregó a la Policía Metropolitana que, insólitamente, permitió que los grupos que lo habían ocupado, volvieran a hacerlo por segunda vez, con mucha más gente.

Al segundo día se desató una guerra entre un grupo de vecinos de Soldati y Lugano y los ocupantes, que ya se habían asentado.

Por supuesto que el Estado Nacional no está de acuerdo con la toma de ningún espacio público y debo aclarar que, los ocupantes, han manifestado que tampoco están de acuerdo con ello pero, lo utilizaron como forma de llamar la atención del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la falta de planes de viviendas para la urbanización de villas.

Este conflicto sólo tiene solución política.

Sin embargo el Gobierno de la Ciudad se negó a llevar a cabo cualquier negociación con los ocupantes que él mismo había alentado a través del ofrecimiento de escrituras y adoptó la postura de reclamarle al gobierno nacional, intentando presionar para que nos apartemos de la consigna innegociable del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de no reprimir las manifestaciones sociales.

El Jefe de la Ciudad Autónoma pretendió en todo momento, saturar de policías y desalojar el predio a los palos, sin importar sangre, heridos o muertos. Se niega a entender, seguramente por su inexperiencia o su especulación politiquera, que esa solución es solución de un día. De ESE DÍA pero, no se puede sostener en el tiempo.

Hubo una manifestación violenta en el mismo predio. Somos conscientes que muchos vecinos están enojados con la situación pero, las agresiones vinieron de barrabravas y delincuentes que, mezclados con los vecinos honestos, se dedicaron a lastimar a la gente.

En algún momento del viernes, y con tres personas muertas, había que encontrar un cauce político para comenzar a salir del conflicto. Los ocupantes tomaron contacto con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y pidieron intercediéramos para provocar una reunión con el Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que participando de la reunión, oficiáramos de garantes. Personalmente me comuniqué con Horacio Rodriguez Larreta y Guillermo Montenegro para que asistieran junto con Mauricio Macri a una reunión en Casa de Gobierno.

Tuvimos una reunión de cinco horas. Terminó el sábado a las cuatro de la madrugada, sin resultados. Nuestra propuesta fue que el Gobierno Nacional financiara las tierras y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires financiara las viviendas. Siempre hablamos de financiar. NO HABLAMOS DE REGALAR NADA. No es nuestra vocación premiar la toma ni tampoco es ese el pedido de los ocupantes, cuyo reclamo no es otro que el cumplimiento de las promesas electorales y la revisión de las prioridades de la gestión de la CABA, entre las que no figuran las villas ni la vivienda.

Retomamos la reunión, el sábado a las 11:30 con resultado negativo. Macri se retiró a los pocos minutos y la reunión terminó tal como comenzó. El saldo fue el conocido.

Ya habíamos comprobado la sub ejecución del presupuesto de Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que motivó la queja de los pibes y con razón. De la misma manera, sucedió con la sub ejecución del presupuesto para viviendas sociales que provocó airadas manifestaciones de los habitantes de la Villa 31.

Era imperioso evitar la escalada violenta promocionada, entre otros, por el propio Ingeniero Macri con sus expresiones xenófobas y de incitación a la violencia.

Por ello decidimos tomar acciones unilaterales de inmediato. Si bien somos convidados de piedra desde el punto de vista jurisdiccional, no lo somos desde el punto de visto de las convicciones. La gente nos importa, su situación nos importa.

Respetamos en todo momento, la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque inferimos que el Ingeniero Macri tendría vocación de conciliar una solución por vía de la política. Estábamos equivocados de medio a medio.

Instruimos a la Gendarmería para que dispusiera un cerco y a partir de allí realizar un censo por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para evaluar las situaciones particulares.

Ya van 18 horas de operativo de Gendarmería, sin ningún inconveniente y la labor del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ha sido impecable.

Dijimos que la única forma de resolver el tema era por la vía de la política y estamos demostrando que, la solución es… POLÍTICA.

No tuvimos más remedio que participar activamente para evitar una escalada sin límites. Por esta vía, en el menor tiempo posible y con medidas ciertas y comprobables, los vecinos desalojarán el predio, por su propia voluntad.

Ojalá haya podido sintetizar todo lo sucedido

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Por José Natanson

La inmigración de los países limítrofes no es nueva. Como sostiene Roberto Venecia (Modelos contrapuestos en la integración de los migrantes en la sociedad argentina), en un comienzo, entre fines del siglo XIX y principios del XX, primaban los uruguayos. Luego se fueron sumando paraguayos, chilenos y bolivianos, distribuidos entre el área metropolitana de Buenos Aires y el interior del país, en particular en las zonas fronterizas con alta demanda de mano de obra: la agroindustria azucarera en el noroeste, Mendoza en tiempos de cosecha de la vid, las áreas algodoneras de Chaco y las tabacaleras de Corrientes.

Como en tantas otras cosas, el neoliberalismo de los ’90 generó un efecto profundo en los flujos migratorios. En primer lugar, el tipo de cambio bajo habilitó salarios altísimos en dólares, que hicieron muy atractiva la opción migratoria para aquellos que provenían de países con monedas devaluadas, en particular Bolivia y Perú. El primer impulso de crecimiento de la convertibilidad (a tasas chinas entre 1991 y 1994) generó una prosperidad que multiplicó las opciones laborales de los recién llegados.

La literatura especializada coincide en que, una vez establecidas las primeras redes, los costos de la migración disminuyen y se incrementa lo que los economistas, esos creativos del lenguaje, denominan la “tasa de retorno”. Esto explicaría que los flujos inmigratorios no se hayan detenido durante toda la década del 90, incluso cuando el crecimiento inicial de la convertibilidad fue aplastado por el Efecto Tequila (1994), la crisis asiática (1997), la rusa (1998) y la devaluación de Brasil (1999). Con salarios que se mantenían altos en dólares y redes más afianzadas, los migrantes continuaron llegando (sin entrar en polémicas, vale la pena señalar las consecuencias a veces insospechadas que genera una cierta tasa de cambio y cómo la convertibilidad, excluyente en casi todos los sentidos, puede funcionar también como una vía de incorporación social para mucha gente).

El neoliberalismo contribuyó a modificar el lugar de residencia de los inmigrantes de los países vecinos. Si antes se distribuían parejamente entre Buenos Aires y el interior, la crisis de las economías regionales y la incorporación de nuevas tecnologías, como la mecanización ahorradora de mano de obra en la industria de la caña, limitaron las posibilidades de inserción laboral en muchas provincias y tendieron a concentrar a los recién llegados en la Capital y el conurbano. Esto contribuyó a lo que Alejandro Grimson (Nuevas xenofobias, nuevas políticas étnicas en Argentina) definió como la “hipervisibilidad étnica” de los inmigrantes y su utilización –por el Gobierno, algunos medios de comunicación y sectores de la sociedad– como “chivos expiatorios” de la crisis de fines de los ’90.

Porque ninguna estadística avala la idea de una invasión. Según el censo de 2001, viven en la Argentina un millón de inmigrantes de los países vecinos. Esto implica que la proporción se mantiene estable desde el primer censo hasta la actualidad: el porcentaje de extranjeros provenientes de las naciones limítrofes sobre el total de la población fue de 2,4 por ciento en 1869, 2,6 en 1914, 2 en 1960, 2,7 en 1980 y 2,5 en 2001. Este solo dato, como escribió Grimson en este diario el viernes pasado, alcanzaría para desmentir el prejuicio acerca de una marea de extranjeros, aunque quizá lo interesante no sea tanto discutir los argumentos xenófobos, sino analizar el fenómeno de los bolivianos y paraguayos residentes en Argentina como modo de entender los prejuicios que anidan no sólo en el Gobierno de la Ciudad.

De los inmigrantes provenientes de los países vecinos, el 35,2 por ciento son paraguayos y el 25,3 son bolivianos. Los varones paraguayos tienden a trabajar en la construcción en pequeñas obras, y las mujeres en el servicio doméstico. Los varones bolivianos se concentran en la construcción en grandes obras y las mujeres bolivianas en la costura, la industria textil y el comercio de frutas y hortalizas. Muchas familias bolivianas –la inmigración procedente de ese país es la más familiar de todas– trabajan conjuntamente en las granjas. Para las mujeres de todos los países, el servicio doméstico suele ser el primer eslabón ocupacional, la puerta de entrada al mercado de trabajo, pues les permite un nivel de ingreso superior a cualquier otra actividad urbana (salvo la prostitución).

En paralelo, se ha registrado un proceso de feminización de los flujos migratorios. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la mujer ya no acompaña calladamente al hombre en la aventura migratoria, sino que a menudo la lidera. “Esto –sostiene María José Magliano (Migración de mujeres bolivianas hacia Argentina: cambios y continuidades en las relaciones de género)– hace que la migración abrigue la potencialidad de ser un factor de cambio en las relaciones de género, en la medida en que puede modificar la estructura de oportunidades existentes.” La inmigración puede empoderar –otra palabra horrible, en este caso tomada de los estudios de género– a las mujeres.

Algunos inmigrantes logran incorporarse a la industria manufacturera. Como explica Gerardo Halpern (Neoliberalismo y migración: paraguayos en Argentina en los noventa), se insertan en actividades que hacen un uso intensivo de mano de obra y que requieren menos incorporación de tecnología: básicamente textiles, prendas de vestir, cuero y muebles, mientras que los sectores populares nativos (“argentinos”) se vuelcan a actividades manufactureras más modernas, como metalmecánica, química, electrónica y automotores. Esto no se explica sólo por los niveles educativos de unos y otros, ya que muchos inmigrantes cuentan con una educación superior a la de los nativos, sino por la importancia de los contactos familiares y las relaciones personales. Y también –tema que habría que explorar– por el rol del sindicalismo tradicional, que en algunos casos fue cómplice de la estigmatización de los inmigrantes durante los ‘90.

Un fenómeno interesante, que en buena medida condensa las tendencias señaladas, es el de la inmigración peruana, la más reciente. En un completo artículo sobre el tema (La migración peruana en la Ciudad de Buenos Aires: su evolución y características), Marcela Cerruti explica que es resultado, en primer lugar, de la situación interna de Perú, que hasta bien entrada la década del ’90 vivía sumido en la crisis económica y la violencia, con la guerra sucia entre Sendero Luminoso y el Estado cobrándose miles de muertos y desplazados. A diferencia de los paraguayos y bolivianos, que contaban con redes más antiguas, los peruanos comenzaron a llegar más recientemente y en general provenientes de las ciudades: por eso se concentran mayoritariamente en el área metropolitana, donde el acceso a los servicios y las oportunidades laborales parece más fácil (el 62 por ciento vive allí, contra el 41 por ciento de los paraguayos y el 19,7 por ciento de los bolivianos). El resultado, además de la popularización del ceviche, es un claro proceso de segregación residencial: la mayoría de los peruanos se concentra en los CGP del centro y el centro sur de la ciudad.

A lo largo de la historia, y desde el antecedente de la Ley de Residencia de 1902, la legislación acompañó a la inmigración bajo la idea de distinguir entre el “buen extranjero” y el “extranjero indeseable”. En 1981, en plena dictadura, se estableció la Ley General de Migración y Fomento de la Inmigración, que apuntó a garantizar la llegada de aquellas personas “cuyas características culturales permitan su adecuada integración”; además, se prohibió a todo extranjero ilegal desarrollar tareas remuneradas y se les impidió a quienes no tenían documentos acceder a los servicios de salud y educación. En 1984, el gobierno radical estableció una amnistía general que habilitó la radicación definitiva a todos los indocumentados. Sin embargo, al poco tiempo, con el argumento de la gravedad de la crisis económica, la Dirección Nacional de Migraciones repuso una política restrictiva. En 1992, Carlos Menem firmó un decreto endureciendo las normas: se estableció que los inmigrantes debían presentar un contrato formal como requisito para ingresar al país (algo totalmente imposible para personas que en general trabajan en negro).

El panorama recién cambió en 2003, con la sanción de la nueva Ley de Migraciones. Discutida durante el interregno duhaldista y aprobada en pleno kirchnerismo por una mayoría transversal de legisladores, la nueva norma apunta a promover la integración sociolaboral de los migrantes manteniendo la “tradición humanitaria” de la Argentina, garantiza igual trato para los extranjeros y asegura el acceso igualitario a los servicios sociales. Se reconoce el derecho a la reunificación familiar y al debido proceso en situaciones de detención y expulsión. Basada en la idea del migrante como sujeto de derechos, se trata de una norma inclusiva que recoge las ideas más modernas de “ciudadanía comunitaria” y “pluralismo cultural” y que sintoniza con otros cambios de avanzada, como la Ley de Matrimonio Igualitario.

Pero este enfoque –insistamos: un avance notable respecto del pasado– se sostiene en una mirada que, como explica Eduardo E. Domenech (Migraciones internacionales y Estado nacional en la Argentina reciente), no renuncia a la lógica de costo/beneficio de la migración. Se rechaza la idea de que los inmigrantes les quitan puestos de trabajo a los nativos o que alimentan las redes de delincuencia en base al argumento de que aportan al desarrollo nacional. El mejor ejemplo de este tipo de argumentación es la película Un día sin mexicanos, la segunda más taquillera de la historia de México, dirigida por Sergio Arau, que especula con los efectos que produciría la súbita desaparición de todos los mexicanos de California: micros sin choferes, niños sin niñeras, ciudades llenas de basura. El problema, como sostiene Domenech, es que esta visión, digamos utilitarista, de la inmigración, promueve la idea de que la presencia de extranjeros es legítima en tanto implique una contribución o ilegítima en tanto sea un problema. Aunque muy superior a los prejuicios xenófobos de Macri, quizá también valga la pena ponerla en cuestión.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-50851-2010-12-13.html

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