Lunes, 03 de diciembre de 2012
EL PAIS › EL ESCENARIO JUDICIAL ANTE EL FIN DE LA CAUTELAR QUE BENEFICIA AL GRUPO CLARIN
Los caminos del 7D
El máximo tribunal exigió que el juez Horacio Alfonso dicte de “inmediato” una sentencia de fondo, pero los tiempos procesales lo impiden. La Cámara Civil y Comercial tiene en sus manos la posibilidad de extender (o no) la cautelar. El multimedios haría nuevos planteos.
Por Irina Hauser
La Corte Suprema recordó esta semana que las medidas cautelares no pueden durar hasta el infinito.
Imagen: Dafne Gentinetta.
La maraña judicial que rodea a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debería empezar a desenredarse esta semana, según las directivas que dio la Corte Suprema en su última resolución. Sin embargo, la única situación que podría tener algún efecto ante la llegada del 7 de diciembre, cuando vence la medida cautelar que por ahora exceptúa al Grupo Clarín de la obligación de desinvertir, sería que haya un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial, que tiene en sus manos la posibilidad de extender (o no) ese plazo, como pidió el multimedios. A pesar de que el máximo tribunal exigió que el juez Horacio Alfonso dicte de “inmediato” una sentencia sobre la validez constitucional de la ley que regula el mercado de medios, es imposible que eso suceda en los hechos por los tiempos procesales propios del expediente y los pasos burocráticos que faltan dar. Llegue cuando llegue, esta decisión será la más importante porque tendrá –por primera vez en este asunto– la fuerza de una definición. En pocos días, de todos modos, se mezclará con los nuevos reclamos judiciales del grupo empresario que, todo indica, empezará a plantear en cuanto la Afsca avance sobre las licencias.
Diez días atrás el Grupo Clarín le pidió a la Corte Suprema que extienda la medida cautelar a su favor más allá del 7D, al tiempo que denunciaba “privación de justicia” con el argumento de que eso mismo le había requerido a la Cámara, que no había podido fallar porque algunos de sus miembros fueron recusados por el Gobierno. La fundamentación presentaba una paradoja, ya que el propio multimedios desde octubre de 2009, cuando pidió la primera cautelar (aun antes de que se votara la ley), hizo todo lo posible, a fuerza de inacción, por evitar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la obligación de desprenderse de licencias en un año y de los límites a la concentración. Los expedientes civiles, a diferencia de los penales, sólo avanzan cuando la parte demandante –en este caso la empresa– les da impulso, algo que por los tres años transcurridos no parece haber sido la norma.
El máximo tribunal firmó dos resoluciones la semana pasada, en las que no habló de la falta de iniciativa del grupo empresario. Eligió poner el énfasis en el papel de los tribunales. En uno de los fallos rechazó el pedido del multimedios por “inadmisible” ya que –señalaba– previamente debería pasar por la Cámara, a la que a la vez le indicaba que resolviera sus problemas de integración que le impedían avanzar. En el otro, ordenó “dictar una sentencia de fondo, y no cautelar” y recordó lo que ya había dicho en mayo, al poner la fecha del 7 de diciembre: que las medidas cautelares no pueden durar hasta el infinito, si no se transforman en sentencias anticipadas de hecho. En esta línea, ahora la Corte le dijo al juez Alfonso que tiene que fallar en forma inmediata sobre la constitucionalidad de la norma discutida y, a la Cámara, que designe conjueces del fuero contencioso administrativo para salir de su parálisis. Para agilizar, los supremos ordenaron habilitar fines de semana, feriados y vacaciones.
La orden judicial de actuar de “inmediato” suena fuerte, pero es relativa. La Afsca ya anunció que cuando llegue el 7D (que en rigor será el 10D ya que hay un fin de semana en el medio), como habrá caído la medida cautelar que “protege” a Clarín, comenzará a actuar de oficio, con la tasación de los medios que posee y que exceden los límites establecidos por la ley. Pero nada de lo que pueda ocurrir es tan taxativo. Varios caminos se abren.
n La Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial es la que tiene a su cargo el caso Clarín, y la que recibió hace un tiempo el pedido de extensión de la medida cautelar. Pero uno de sus jueces renunció (Martín Farrell), otro (Francisco de las Carreras) está recusado y sólo María Susana Najurieta está en condiciones de fallar. Otra camarista que había sido nombrada como sustituta, Graciela Medina, también fue recusada por el Ejecutivo. El martes último fueron nombrados dos subrogantes de otro fuero, el contencioso administrativo, para reconstituir la sala. Es factible que eso ocurra esta semana, a menos que los jueces acepten producir pruebas sobre las recusaciones que pidió el Gobierno, que evidentemente apuesta a hacer tiempo para que Clarín no consiga una prórroga. Por ejemplo, pidió datos sobre un viaje a Miami de De las Carreras a un evento sponsoreado por Cablevisión, que según la denuncia de jefatura de gabinete le pagó el Grupo Clarín.
En la Casa Rosada hay cierto temor a que, más pronto que tarde, la Cámara prolongue la cautelar hasta que el juez Alfonso, emplazado por la Corte, resuelva la discusión de fondo, para lo cual no debería faltar tanto. Es una posibilidad existente. Pero en el Gobierno prefieren pensar que sería rebelarse contra la proclama de la Corte de que las medidas cautelares no deben ser eternas. El panorama es incierto: la Cámara podría tomar decisiones en cuestión de horas, o no.
n Suponiendo que llegue el 7D sin avances en la Cámara y sin resolución de fondo, de acuerdo con una de las lecturas que circulan en tribunales sobre lo que dijo la Corte, Clarín podría reclamar judicialmente que no lo pueden obligar a desinvertir porque los jueces supremos postularon que mientras no haya un fallo sobre la constitucionalidad habrá privación de justicia. Desde esta perspectiva, si bien el máximo tribunal rechazó la pretensión del multimedios de que le extiendan la cautelar, le dejó una estrategia servida. Un clásico supremo: tratar de repartir y dejar a todos los interesados con algo. Lo que seguro pasará una vez que la Afsca empiece a actuar, si judicialmente nada cambió de acá a una semana –como posiblemente suceda–, es que Clarín apueste a multiplicar sus denuncias y reclamos en tribunales.
n La decisión que adopte el juez Alfonso al analizar si son constitucionales o no los artículos 161 (plazo de un año de desinversión) y 45 (límites a la concentración de licencias) de la ley de medios es de suma importancia, pero con tan sólo con mirar los tiempos que marca el Código Procesal se advierte que es algo imposible de concretar en unos pocos días. Tanto el Gobierno como Clarín lo dan casi por descartado. Sólo sería pensable si ocurriera el milagro de que las partes renunciaran a los plazos. Por lo pronto, todavía Alfonso tiene que definir si acepta a la Afsca como parte, y debería también correrle vista al fiscal antes de su fallo final, aunque algunos juristas dicen que podría obviarlo. Luego, tiene que llamar a “autos para sentencia”, después de lo cual las partes tienen cinco días para plantear objeciones. Además, desde el momento en que inaugura esta etapa previa a la sentencia, se le conceden cuarenta días para anunciar su resolución final. De acuerdo con las normas procesales, esa sentencia no surtiría efectos prácticos mientras no la confirme un tribunal superior.
En estos tres años, el fuero civil y comercial falló casi en forma sistemática a favor de Clarín. En primera instancia, la mayor parte del tiempo el caso estuvo en manos del juez Edmundo Carbone, quien se jubiló a fines del año pasado, sin haber fallado sobre el dilema de fondo. En la Cámara, la Sala I, con Najurieta, De las Carreras y Farrell, perpetuaron la medida cautelar y se manifestaron en defensa del derecho de propiedad del multimedios. Nadie se anima a apostar qué hará Alfonso, un juez joven, que fue nombrado por Cristina Kirchner, el año pasado. Clarín atesora, ante cualquier eventualidad, la intención de recurrir a la Corte Interamericana, con el argumento de la privación de justicia. Para la empresa o el Gobierno, una herramienta es el per saltum, si se llegara a publicar y reglamentar (algo que no sucedió aún). El juez de la Corte Raúl Za-ffaroni habló de la trascendencia pública del caso, lo que hace pensar que, llegado el caso, el tribunal podría considerar ese recurso.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209059-2012-12-02.html
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Domingo, 02 de Diciembre de 2012 13:20 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Una misión de la SIP vendrá a la Argentina para el 7D
por La Pista Oculta
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PARA SABER
Miércoles, 28 de Noviembre de 2012 20:00 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
La Corte Suprema declaró "inadmisible" la prórroga pedida por Clarín
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EL PAIS › EL ESCENARIO JUDICIAL ANTE EL FIN DE LA CAUTELAR QUE BENEFICIA AL GRUPO CLARIN
Los caminos del 7D
El máximo tribunal exigió que el juez Horacio Alfonso dicte de “inmediato” una sentencia de fondo, pero los tiempos procesales lo impiden. La Cámara Civil y Comercial tiene en sus manos la posibilidad de extender (o no) la cautelar. El multimedios haría nuevos planteos.
Por Irina Hauser
La Corte Suprema recordó esta semana que las medidas cautelares no pueden durar hasta el infinito.
Imagen: Dafne Gentinetta.
La maraña judicial que rodea a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debería empezar a desenredarse esta semana, según las directivas que dio la Corte Suprema en su última resolución. Sin embargo, la única situación que podría tener algún efecto ante la llegada del 7 de diciembre, cuando vence la medida cautelar que por ahora exceptúa al Grupo Clarín de la obligación de desinvertir, sería que haya un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial, que tiene en sus manos la posibilidad de extender (o no) ese plazo, como pidió el multimedios. A pesar de que el máximo tribunal exigió que el juez Horacio Alfonso dicte de “inmediato” una sentencia sobre la validez constitucional de la ley que regula el mercado de medios, es imposible que eso suceda en los hechos por los tiempos procesales propios del expediente y los pasos burocráticos que faltan dar. Llegue cuando llegue, esta decisión será la más importante porque tendrá –por primera vez en este asunto– la fuerza de una definición. En pocos días, de todos modos, se mezclará con los nuevos reclamos judiciales del grupo empresario que, todo indica, empezará a plantear en cuanto la Afsca avance sobre las licencias.
Diez días atrás el Grupo Clarín le pidió a la Corte Suprema que extienda la medida cautelar a su favor más allá del 7D, al tiempo que denunciaba “privación de justicia” con el argumento de que eso mismo le había requerido a la Cámara, que no había podido fallar porque algunos de sus miembros fueron recusados por el Gobierno. La fundamentación presentaba una paradoja, ya que el propio multimedios desde octubre de 2009, cuando pidió la primera cautelar (aun antes de que se votara la ley), hizo todo lo posible, a fuerza de inacción, por evitar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la obligación de desprenderse de licencias en un año y de los límites a la concentración. Los expedientes civiles, a diferencia de los penales, sólo avanzan cuando la parte demandante –en este caso la empresa– les da impulso, algo que por los tres años transcurridos no parece haber sido la norma.
El máximo tribunal firmó dos resoluciones la semana pasada, en las que no habló de la falta de iniciativa del grupo empresario. Eligió poner el énfasis en el papel de los tribunales. En uno de los fallos rechazó el pedido del multimedios por “inadmisible” ya que –señalaba– previamente debería pasar por la Cámara, a la que a la vez le indicaba que resolviera sus problemas de integración que le impedían avanzar. En el otro, ordenó “dictar una sentencia de fondo, y no cautelar” y recordó lo que ya había dicho en mayo, al poner la fecha del 7 de diciembre: que las medidas cautelares no pueden durar hasta el infinito, si no se transforman en sentencias anticipadas de hecho. En esta línea, ahora la Corte le dijo al juez Alfonso que tiene que fallar en forma inmediata sobre la constitucionalidad de la norma discutida y, a la Cámara, que designe conjueces del fuero contencioso administrativo para salir de su parálisis. Para agilizar, los supremos ordenaron habilitar fines de semana, feriados y vacaciones.
La orden judicial de actuar de “inmediato” suena fuerte, pero es relativa. La Afsca ya anunció que cuando llegue el 7D (que en rigor será el 10D ya que hay un fin de semana en el medio), como habrá caído la medida cautelar que “protege” a Clarín, comenzará a actuar de oficio, con la tasación de los medios que posee y que exceden los límites establecidos por la ley. Pero nada de lo que pueda ocurrir es tan taxativo. Varios caminos se abren.
n La Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial es la que tiene a su cargo el caso Clarín, y la que recibió hace un tiempo el pedido de extensión de la medida cautelar. Pero uno de sus jueces renunció (Martín Farrell), otro (Francisco de las Carreras) está recusado y sólo María Susana Najurieta está en condiciones de fallar. Otra camarista que había sido nombrada como sustituta, Graciela Medina, también fue recusada por el Ejecutivo. El martes último fueron nombrados dos subrogantes de otro fuero, el contencioso administrativo, para reconstituir la sala. Es factible que eso ocurra esta semana, a menos que los jueces acepten producir pruebas sobre las recusaciones que pidió el Gobierno, que evidentemente apuesta a hacer tiempo para que Clarín no consiga una prórroga. Por ejemplo, pidió datos sobre un viaje a Miami de De las Carreras a un evento sponsoreado por Cablevisión, que según la denuncia de jefatura de gabinete le pagó el Grupo Clarín.
En la Casa Rosada hay cierto temor a que, más pronto que tarde, la Cámara prolongue la cautelar hasta que el juez Alfonso, emplazado por la Corte, resuelva la discusión de fondo, para lo cual no debería faltar tanto. Es una posibilidad existente. Pero en el Gobierno prefieren pensar que sería rebelarse contra la proclama de la Corte de que las medidas cautelares no deben ser eternas. El panorama es incierto: la Cámara podría tomar decisiones en cuestión de horas, o no.
n Suponiendo que llegue el 7D sin avances en la Cámara y sin resolución de fondo, de acuerdo con una de las lecturas que circulan en tribunales sobre lo que dijo la Corte, Clarín podría reclamar judicialmente que no lo pueden obligar a desinvertir porque los jueces supremos postularon que mientras no haya un fallo sobre la constitucionalidad habrá privación de justicia. Desde esta perspectiva, si bien el máximo tribunal rechazó la pretensión del multimedios de que le extiendan la cautelar, le dejó una estrategia servida. Un clásico supremo: tratar de repartir y dejar a todos los interesados con algo. Lo que seguro pasará una vez que la Afsca empiece a actuar, si judicialmente nada cambió de acá a una semana –como posiblemente suceda–, es que Clarín apueste a multiplicar sus denuncias y reclamos en tribunales.
n La decisión que adopte el juez Alfonso al analizar si son constitucionales o no los artículos 161 (plazo de un año de desinversión) y 45 (límites a la concentración de licencias) de la ley de medios es de suma importancia, pero con tan sólo con mirar los tiempos que marca el Código Procesal se advierte que es algo imposible de concretar en unos pocos días. Tanto el Gobierno como Clarín lo dan casi por descartado. Sólo sería pensable si ocurriera el milagro de que las partes renunciaran a los plazos. Por lo pronto, todavía Alfonso tiene que definir si acepta a la Afsca como parte, y debería también correrle vista al fiscal antes de su fallo final, aunque algunos juristas dicen que podría obviarlo. Luego, tiene que llamar a “autos para sentencia”, después de lo cual las partes tienen cinco días para plantear objeciones. Además, desde el momento en que inaugura esta etapa previa a la sentencia, se le conceden cuarenta días para anunciar su resolución final. De acuerdo con las normas procesales, esa sentencia no surtiría efectos prácticos mientras no la confirme un tribunal superior.
En estos tres años, el fuero civil y comercial falló casi en forma sistemática a favor de Clarín. En primera instancia, la mayor parte del tiempo el caso estuvo en manos del juez Edmundo Carbone, quien se jubiló a fines del año pasado, sin haber fallado sobre el dilema de fondo. En la Cámara, la Sala I, con Najurieta, De las Carreras y Farrell, perpetuaron la medida cautelar y se manifestaron en defensa del derecho de propiedad del multimedios. Nadie se anima a apostar qué hará Alfonso, un juez joven, que fue nombrado por Cristina Kirchner, el año pasado. Clarín atesora, ante cualquier eventualidad, la intención de recurrir a la Corte Interamericana, con el argumento de la privación de justicia. Para la empresa o el Gobierno, una herramienta es el per saltum, si se llegara a publicar y reglamentar (algo que no sucedió aún). El juez de la Corte Raúl Za-ffaroni habló de la trascendencia pública del caso, lo que hace pensar que, llegado el caso, el tribunal podría considerar ese recurso.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209059-2012-12-02.html
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Domingo, 02 de Diciembre de 2012 13:20 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Una misión de la SIP vendrá a la Argentina para el 7D
por La Pista Oculta
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) enviará una misión a la Argentina para el 7D con la finalidad de evaluar in situ el estado de la libertad de expresión en Argentina. "La misión, realizará en cumplimiento de una resolución aprobada en la pasada asamblea general de la SIP y por solicitud de algunos socios argentinos
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunciado el 30 de noviembre para anunciar que enviará una "delegación internacional de la organización en Buenos Aires el 6 y 7 de diciembre, con la finalidad de evaluar in situ el estado de la libertad de expresión en Argentina".
Recordemos que el 7 de diciembre es la fecha que fijó la Corte Suprema como fecha límite para que los grupos de medios presenten su plan de adecuación según lo indica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En ese contenxto la SIP expresó que "Con el objetivo de recabar diversos puntos de vista sobre la situación general de la libertad de expresión, durante la estadía en la capital argentina la delegación internacional tiene previsto reunirse con diputados y senadores; representantes del Consejo de la Magistratura, intelectuales y referentes de la cultura argentina, así como con directivos de medios y periodistas".
Además precisó que "la misión, que se realizará en cumplimiento de una resolución aprobada en la pasada asamblea general de la SIP y por solicitud de algunos socios argentinos, estará liderada por Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay". (Ver abajo lectura recomendada)
El comunicado destacada que la SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
Texto Completo
Miami (30 de noviembre de 2012).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacará una delegación internacional de la organización en Buenos Aires el 6 y 7 de diciembre, con la finalidad de evaluar in situ el estado de la libertad de expresión en Argentina.
La misión, que se realizara en cumplimiento de una resolución aprobada en la pasada asamblea general de la SIP y por solicitud de algunos socios argentinos, estará liderada por Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay.
También integrarán la delegación: Fernán Molinos, La Prensa, Ciudad de Panamá, Panamá; Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Durango, Colorado, Estados Unidos; Miguel Henrique Otero, El Nacional, Caracas, Venezuela; Alejandro Miró Quesada, Cosas Internacional, Lima, Perú; Asdrúbal Aguiar, El Impulso, Barquisimeto, Venezuela; Marco Zileri, Revista Caretas, Lima, Perú; Ed McCullough, Associated Press, Miami, Florida, Estados Unidos; Alvaro Caviedes, La Tercera, Santiago, Chile y Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, Miami, Florida.
Con el objetivo de recabar diversos puntos de vista sobre la situación general de la libertad de expresión, durante la estadía en la capital argentina la delegación internacional tiene previsto reunirse con diputados y senadores; representantes del Consejo de la Magistratura, intelectuales y referentes de la cultura argentina, así como con directivos de medios y periodistas.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
LECTURA RECOMENDADA
2012-10-15 SIP elige a Argentina y Ecuador como sus blancos principales
Bia Barbosa
São Paulo - El próximo 7 de diciembre, expirará el plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia de Argentina para la medida cautelar, obtenida por el Grupo Clarín, que impide la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios a las actividades económicas del grupo. Uno de ellos, el art. 161, determina que los grupos que sobrepasen los límites de licencias definidos por la nueva ley deben iniciar un proceso de adecuación de sus licencias.
Según la Ley de Medios, ningún grupo comunicacional en el país puede tener más de 24 licencias de TV por cable y 10 de radio y televisión abierta. El Grupo Clarín, además del periódico impreso, tiene 4 canales de televisión, una radio FM y 9 radios AM, además de diez veces más licencias de cable del número autorizado por la Ley de Medios.
Frente a la proximidad de la fecha y reconociendo la influencia que la iniciativa de Cristina Kirchner ha tenido en los países vecinos en pro de la democratización de los medios comunicación masivos, la 68ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla hasta este martes (16) en São Paulo, centró su crítica en el que definió como "hostilidad contra la prensa" por parte del gobierno argentino. La sesión de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP fue abierta en la mañana del domingo (14) con la presentación, de más de 40 minutos, del representante de la SIP en el país, Daniel Dessein.
Dessein leyó íntegramente el informe (disponible AQUÍ), que afirma que “una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho contra medios y amenazas y ataques físicos contra periodistas, configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo y del derecho de todo ciudadano a expresarse libremente”, considerando que la libertad de expresión de los ciudadanos se da a través de la gran prensa argentina.
Sobrio también fue el vídeo elaborado por el Clarín, y presentado en la continuación de la lectura del informe, mostrando el "crecimiento de la censura" en el país. En una ágil edición de imágenes y trilha sonora de suspense, el vídeo enumera las acciones de la Presidenta Kirchner contra la prensa y afirma que su objetivo es "consagrar el miedo, la autocensura y el silencio". Afirma que los "organismos del gobierno son oficinas para reprimir a los ciudadanos que quieren expresarse".
Entre las acciones tachadas cómo violadoras de la libertad de prensa están la ampliación de la red comunicacional oficial, "mecanismos discriminatorios" de distribución de la publicidad oficial, "abuso ilegítimo" de cadenas nacionales en la televisión, cobertura parcial de eventos por parte de algunas estaciones de TV, que estarían vinculadas al gobierno federal, y "aplicación selectiva" de la Ley de Medios. Según la SIP, hay varios grupos mediáticos - el informe no citó cuáles - que no se ajustan a lo previsto en la ley, aprobada hace tres años, y que no fueron "intimados” a cumplir lo que ésta estipula.
El final del vídeo trae un cuestionamiento sobre la versión oficial de lo que sucederá el 7 de diciembre. Según los constitucionalistas consultados por Clarín, nada. Si hasta ese entonces la Corte Suprema de Justicia no decide sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados por el grupo y no prorroga la validez de la medida cautelar, sólo comenzará a correr el plazo para que el Clarín se adecue a la nueva ley.
Para el grupo, eso no es nada. Para el gobierno Kirchner, será una victoria de la ley creada para, entre otros puntos, combatir la concentración de la propiedad de la media en la Argentina.
Discrepando de esa lectura del gobierno y afirmando que nada sucederá el día 7, el vídeo termina con tres fuertes preguntas acusatorias: " ¿Qué se busca entonces con el informe oficial?", "¿Preparar el terreno para otra cosa?", "¿Terminar con el Estado de Derecho en la Argentina?". Para quien no conoce la realidad en el país, parece asistir a un documental pre-dictadura en el territorio vecino.
Después de la exhibición del vídeo, los representantes de otros periódicos argentinos presentes sugirieron, que la SIP haga una misión internacional a la Argentina el día 7 de diciembre, para acompañar los acontecimientos políticos en el país. El director del periódico Los Andes, de Mendoza, destacó la importancia de una "acción enérgica de la SIP", "porque la sociedad argentina está amordazada por la autocensura y se quedó sin referencias institucionales".
Un empresario uruguayo comparó el caso Clarín con lo que aconteció con la RCTV, en Venezuela. A lo que el dueño de un periódico de Caracas añadió: "Es una epidemia. La estrategia de Venezuela está siendo imitada por otros países".
Prensa ecuatoriana: sin consenso sobre el caso Assange
El segundo destaque de los informes fue el de Ecuador. En un extenso informe de 9 páginas -el mayor de la Comisión (disponible AQUÍ)-, la SIP denunció decisiones judiciales, iniciativas de proyectos de ley y medidas del Presidente Rafael Correa que atacarían la libertad de prensa. Según el informe, los tres poderes del país actúan contra los medios de comunicación.
"El régimen continúa usando recursos públicos para atacar y "desmentir" sistemáticamente las publicaciones de la media, periodistas y personas con opiniones distinguidas a la suya. El Presidente Rafael Correa promueve la idea de que la media privada debe ser rechazada porque busca el enriquecimiento de sus dueños y, por eso, mantiene la prohibición a sus ministros de dar entrevistas a lo que él llama prensa mercantilista" (Ecuavisa y Teleamazonas, además de los diarios El Universo, El Comercio, Hoy y La Hora).
“Esta decisión cuenta con respaldo legal, ya que la justicia negó una acción de protección que buscaba declararla inconstitucional “, dice una parte del informe. “La institucionalidad está tan golpeada y controlada por los políticos y las bandas delictivas, que sus perseguidos prácticamente quedan en estado de indefensión”, se agrega.
La SIP también afirma que el "cierre" de canales de radio y televisión regionales - que según las autoridades de Ecuador no cumplían las normas técnicas y económicas vigentes - se dio por retaliación política. La querella de la Fiscalía sobre el articulista Miguel Macías Carmigniani, del periódico El Comercio, también fue considerada una violación a la libertad de prensa. La comunidad LGBT de Ecuador cuestionó su artículo "¿Familias alternativas?", considerando que el contenido publicado incita el odio, lo que es prohibido por la Constitución.
La SIP, sin embargo, no se posicionó sobre el asilo político concedido por el gobierno de Correa al fundador del Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de este país en Londres. El caso sólo es citado en el documento con carácter informativo. Cuestionado por CARTA MAYOR sobre cómo ve la prensa ecuatoriana el asilo político a una de las principales víctimas de violación de la libertad de expresión actualmente, el vicepresidente para Ecuador de la SIP afirmó que "no hay una posición única por parte de los medios". "Algunos consideran que el asilo es legítimo, otros no. Cada medio tuvo una opinión", señaló.
En el transcurso del día se presentaron los informes de la mayor parte de los países miembros. Además de Argentina y Ecuador, la presidencia de la Comisión, sin coincidencias, también consideró "extremadamente preocupantes" los casos de Venezuela, Bolivia y Cuba.
En la tarde, cuando se preguntaban por qué la sociedad latinoamericana "no reacciona" y "no está preocupada, como la SIP está, por la defensa de la libertad de prensa en el continente", un periodista de Paraguay dio una sugerencia que merece consideración: "La SIP debería hacer una investigación sobre lo que piensa la población y si lo que la sociedad entiende como libertad de expresión es la misma que nosotros, los de la SIP, entendemos". (Traducción ALAI)
Fuente original en portugués: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiamostrar.cfm?materia_id=21076 http://www.alainet.org/active/58846
LaPisstaoculta/GN
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Martes, 27 de Noviembre de 2012 14:35 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
La Corte Suprema rechazó el pedido del Grupo Clarín
Ley de Medios: La Corte Suprema rechazó el pedido del Grupo Clarín que solicitaba la prórroga de la medida cautelar que mantiene en suspenso la aplicación del artículo 161 (la cláusula de desinversión) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
"Se debe dictar sentencia de fondo y no cautelar"
La Corte Suprema rechazó el pedido del Grupo Clarín que solicitaba la prórroga de la medida cautelar que mantiene en suspenso la aplicación del artículo 161 (la cláusula de desinversión) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fuentes judiciales indicaron esta mañana que el máximo tribunal rechazó “in limine”, sin tratamiento, el pedido del grupo empresario y exhortó a la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial federal para que se expida sobre la cuestión.
La Corte resolvió lo siguiente:
1°) Requerir al juez de primera instancia el inmediato dictado de la sentencia definitiva. Con ese objeto, cualquier incidente que planteen las partes o terceros deberá ser interpretado restrictivamente en función de la rápida finalización del proceso; además, el juez de la causa deberá exigir a las partes y terceros el cumplimiento estricto del deber de buena fe procesal, adoptando las medidas necesarias para prevenir conductas obstruccionistas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondiesen.
2°) Requerir a la Cámara Nacional de Apelaciones en la Civil y Comercial Federal, Sala I, que ordene formar un legajo de capias de la causa en trámite ante su sede a fin de ser enviada al juzgado interviniente, para el caso de que le fueran solicitadas dichas actuaciones.
3°) Hacer saber a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que, previo cumplimiento de las citaciones correspondientes, deberá proceder con carácter urgente al sorteo de los jueces subrogantes requeridos.
4°) Convocar de inmediato a la sede de esta Corte a los presidentes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y al juez subrogante del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 1, a fin de notificarlos personalmente de la presente.
5°) Ordenar la habilitación de días y horas que fueran menester para el cumplimiento de todos estos actos, incluyendo el dictado de la sentencia definitiva.
El fallo llevan las firmas de los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda, Argibay y Zaffaroni
PARA SABER
Ley medios. Ley 26.522
El artículo 161, establece: Adecuación. Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento -en cada caso- correspondiesen. Al solo efecto de la adecuación prevista en este artículo, se permitirá la transferencia de licencias. Será aplicable lo dispuesto por el último párrafo del artículo 41.
Relacionada. Ley de Medios: Análisis del fallo de la Corte Suprema
LaPistaOculta/GN
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La Corte Suprema declaró "inadmisible" la prórroga pedida por Clarín
La Corte Suprema dictó una nueva resolución complementaria sobre la prórroga de la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín. El Grupo no puede recurrir al máximo tribunal y debe esperar la sentencia definitiva del juez que interviene en la causa.
La nueva resolución complementaria ratifica que el Grupo Clarín no puede recurrir al máximo tribunal y califica de "inadmisible" la solicitud de extensión de la medida cautelar.
Medida cautelar que mantiene suspendida la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios,cuyo plazo vence el próximo 7 de diciembre.
La decisión adoptada ayer por la Corte, y notificada hoy, ratifica que el Grupo Clarín no puede recurrir al máximo tribunal y debe esperar la sentencia definitiva del juez que interviene en la causa.
El texto judicial firmado por los ministros del tribunal superior señala que el pedido realizado por el Grupo Clarín "es inadmisible, pues al tratarse de un planteo que, ante la resolución denegatoria dictada por el juez de primera instancia, se encuentra en trámite ante el tribunal de alzada competente con motivo de la apelación promovida por las peticionarias".
La resolución lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.
El fallo complementario vuelve a rechazar el pedido del Grupo Clarín de una prórroga a la medida cautelar que paraliza la aplicación del artículo 161 referido a la adecuación de licencias de los grupos que se encuentran excedidos.
Tras conocerse las últimas novedades judiciales referidas la a la Ley de Medios, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, analizó que “la Corte ratificó el 7 de diciembre como fecha límite para la medida cautelar”.
“Se resuelva o no la cuestión de fondo, se tiene que aplicar la ley", expresó el titula de la AFSCA tras visitar al Plenario de la Coalición por una Comunicación Democrática que se realizó en la Asociación Argentina de Actores.
Además, el funcionario destacó que son 20 los grupos que se tienen que adecuar a la nueva normativa, pero destacó que "Clarín es el único que dijo que no la va a cumplir".
En la misma línea se manifestó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien aseguró que "el 7 de diciembre es la fecha final para las cautelares de Clarín".
El ministro sostuvo además que "felizmente, la Corte dijo con el fallo de ayer que la medida cautelar no se va a prorrogar" por lo que Clarín no podrá lograr lo que el definió como la “cautelar eterna”. Por su parte, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, consideró "razonable" e "inteligente" el fallo de la Corte Suprema.
Según explicó el fallo descarta "tácitamente" cualquier posibilidad de prórroga a la medida cautelar, y ratifica que el 7 de diciembre vence el plazo para que los medios excedidos en cantidad de licencias se adecuen a la Ley de Medios.
"La Corte ha tenido un fallo razonable e inteligente. No se ha metido a resolver la cuestión de la medida cautelar. Tácitamente ha descartado cualquier posibilidad de prorrogar la misma, y ha ratificado su fallo del 22 de mayo, es decir que el 7 de diciembre termina el plazo de la cautelar", dijo Ordiales en una entrevista concedida hoy a Canal 7.
Por otra parte, Ordiales analizó que "a través de distintas medidas procesales, Clarín siempre ha sido renuente al dictado de la cuestión de fondo, respecto a la inconstitucionalidad, o no, del artículo 161 de la Ley de Medios", que el Congreso aprobó hace tres años.
"Lo ha dicho la Corte en reiteradas ocasiones, que ha sido Clarín el que ha privilegiado la situación de provisionalidad, para no resolver la situación de fondo", dijo.
Además, el consejero volvió a denunciar que Clarín hizo distintas maniobras judiciales dilatorias con "complicidad con la Cámara Civil y Comercial Federal, que no ha designado un juez subrogante, fijo, en el juzgado donde se tramita la causa, acudiendo a un sistema rotatorio de jueces, que ha impedido que alguno se haya podido abocar directamente a una causa de tamaña importancia". Télam
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