Diciembre de 2012
EDITORIAL
Una política para la nueva clase media
Por José Natanson
El kirchnerismo ha establecido con los sectores populares una típica relación peronista: ofrece alto crecimiento y casi pleno empleo, inclusión social vía Asignación Universal y jubilaciones, acceso a bienes de consumo durables (de heladeras y lavarropas a ciclomotores, que han registrado un boom de ventas en los conurbanos) y la probada eficacia del aparato punteril, esa “red de cercanía” que contribuye sobre todo a resolver problemas en la relación con el Estado (la jubilación que no sale, el turno en el hospital). Cabe añadir a este esquema la fantasmagórica “inclusión simbólica”, que va desde el manejo de la iconografía peronista hasta el Fútbol para Todos o el paseo de fin de semana, gratis y con los chicos, a Tecnópolis.
Como sucede con los matrimonios basados en el conocimiento y el respeto mutuos, la relación es racional y duradera.
En cambio, el vínculo con la clase media –en particular con la más acomodada, una parte de la cual conforma el típico progresismo metropolitano (1)– es más sinuoso: no hace falta ensayar una psicología del sector más psicologizado de Argentina para adivinar que hay allí una valoración de la estabilidad macroeconómica kirchnerista, el acceso al consumo y la oferta cultural (de Madonna a la insoportable Lady Gaga, la cartelera de megarrecitales porteña está a la altura de la de cualquier gran capital del mundo), el ocio y el turismo (por disposición presidencial, el año que viene habrá… ¡siete fines de semana largos!). Estos aspectos positivos se mezclan en dosis variables con la crítica republicana, las históricas pulsiones anti-plebeyas y el malestar por la inflación y las restricciones a la venta de dólares.
Categoría residual excluida del marxismo clásico, y quizás por eso muchas veces malinterpretada por el pensamiento de izquierda, la clase media es menos un rango de ingresos que una identidad, una forma de ver el mundo o un ideal aspiracional. De entre todas las definiciones posibles, tal vez la más adecuada para un país con una fuerte tradición inmigratoria como el nuestro sea la que asocia a la clase media con la movilidad social ascendente, lo que a su vez supone toda una visión de la educación, la cultura y el Estado. Por eso es natural que se juegue allí buena parte de lo que a falta de un nombre más adecuado se ha dado en llamar la “batalla cultural”, y por eso el adversario elegido por el gobierno para disputarla era el único posible: el Grupo Clarín y su gran diario generalista, que durante medio siglo operó como el gran constructor simbólico de la imagen que la Argentina media tenía de sí misma.
La relación del kirchnerismo con la clase media, como ocurre con los matrimonios basados en la mutua atracción, es tormentosa.
Sociología
Pero me interesa indagar aquí en un grupo social que suele pasar desapercibido y que merece más atención. Me refiero a ese sector que en algún momento fue definido como “clase media baja” y que tal vez sea más adecuado definir como “nueva clase media”. ¿Quiénes lo integran? Un camionero de 12 mil pesos al mes, un plomero con mucho trabajo, un pequeño comerciante de Lomas de Zamora, un cuentapropista con algún capital (por ejemplo un taxi), un vendedor de Garbarino con buenas comisiones...
Según el modo en que se mida, puede tratarse de un 30 por ciento de la población (2), aunque la división por ingreso debe complementarse con algunos datos cualitativos más sugestivos. En primer lugar, el modo en que se relaciona con el Estado, que no es el vínculo de dependencia característico de los estratos más pobres, que necesitan de la Asignación Universal o la salita del barrio para sobrevivir, pero tampoco la prescindencia selectiva de quienes están en condiciones de pagar servicios de salud y educación privados. Con un pie en ambos mundos, las familias de la nueva clase media pueden combinar la obra social sindical con la educación pública, o la escuela religiosa subsidiada con el hospital y las vacaciones en Mar del Plata. Si el Estado es visto a veces como una amenaza, en momentos de crisis funciona como un refugio, el único posible.
Su relación con los sectores clásicamente pobres es problemática. Por ingresos, lugar de residencia o entorno familiar, el contacto de la nueva clase media con los estratos populares –a diferencia de la clase media alta, que apenas se relaciona vía trabajo doméstico y servicios– es mucho más cercano y frecuente. Probablemente sea esto lo que genere en muchos de sus integrantes esa sensación de injusticia basada en la idea de que el Estado les quita a ellos –vía impuesto a las ganancias o asignaciones familiares– para darles a los otros.
En los 90, la pauperización de amplios sectores sociales dio pie a la categoría de “nuevos pobres”, aquellos que se asemejan a la clase media en aspectos de largo plazo (muchos años de educación, familias poco numerosas, patrones de consumo cultural) pero se parecen a los pobres en aspectos de corto plazo (ingresos, capacidad de consumo).
Sería excesivo hablar ahora de la reemergencia del mismo sujeto social, pues en el medio pasaron 20 años (3), pero tal vez podríamos decir que la nueva clase media comparte algunas de las características de los sectores populares (pocos años de educación, residencia suburbana) con ingresos más parecidos a los de la clase media, aunque sin su capital patrimonial, educativo y relacional: ninguno hereda un departamento de dos ambientes en Palermo ni tuvo una familia que lo sostuviera mientras estudiaba medicina ni dispuso de la red de contactos esenciales para insertarse en el mundo profesional. Hay entonces algo de self made men en este sector social, un fondo de individualismo a la americana que se explica menos por un egoísmo innato que por las trayectorias históricas y culturales de quienes lo integran.
En Brasil, donde el fenómeno es seguido con atención, se habla de “clase media emergente”, definición inadecuada para la realidad argentina, donde la clase media no es una novedad de este siglo sino un sujeto social en reconstrucción: la memoria de un fracaso. En todo caso, lo que caracteriza a este sector por sobre cualquier otro aspecto es su vulnerabilidad, en un doble sentido: a los vaivenes del ciclo económico, que lo amenaza de forma más directa que a quienes cuentan con recursos profesionales, ahorros y redes de contención familiar, y a la criminalidad de todos los días.
La explicación de este último punto es bastante simple. Sin las ventajas de la clase media más acomodada –seguridad privada, transporte particular, horarios laborales flexibles–, y expuesta por el tipo de ocupación que desempeña a un contacto con la calle mucho más directo que el de alguien que pasa todo el día en una oficina, un consultorio o un banco, la nueva clase media vive la cuestión de la inseguridad de una manera completamente diferente, más cotidiana y descarnada: si una parte se plegó al paro de los sindicatos opositores del 20 de noviembre, otra se manifestó ruidosamente el 8-N.
Política
Nadie parece ocuparse de la nueva clase media. Microclimatizados, enfrascados en las mil y una vueltas de la batalla cultural, los medios, tanto oficialistas como opositores, suelen pasarla por alto, en tanto que el gobierno, que cuida como el oro su relación con los sectores más pobres y ha hecho enormes esfuerzos por recomponer su vínculo con la clase media progresista, tampoco parece prestarle especial atención.
Mi impresión es que podría tratarse de un error. En primer término, por el hecho obvio de que el crecimiento de este sector social es en buena medida un resultado positivo del modelo económico. Y después por una cuestión política: dadas las características señaladas más arriba, no es difícil adivinar que buena parte de la nueva clase media podría inclinarse de manera casi natural por los candidatos del peronismo conservador, tanto en su versión anti (Macri) como pos o neo kirchnerista (Scioli, Massa); una generación de dirigentes que mezclan política con espectáculo y deporte, más desideologizados que el actual elenco gobernante (casi podríamos decir: que cualquiera que haya ocupado el poder desde el 83), cuya construcción política se basa en la idea de “gestión” y que no casualmente han hecho de la inseguridad uno de los ejes de sus discursos.
Para evitar esta deriva, el oficialismo debería elaborar una serie de medidas –relacionadas con la política de seguridad, el impuesto a las ganancias y un manejo más cuidadoso de la gestión impositiva en los pequeños negocios y empresas– específicamente orientadas a satisfacer las demandas de la nueva clase media, por otro lado bastante razonables. Pero antes habrá que sacudir prejuicios. Como demostró la relación con el veleidoso progresismo, las clases sociales no son actores congelados, intrínsecamente generosos o egoístas o derechistas, sino colectivos sociales heterogéneos y complejos, plausibles de ser seducidos, influenciados y hasta transformados. Repolitizar la relación con la nueva clase media puede ser crucial para el futuro del kirchnerismo.
1. Según datos de Héctor Palomino y Pablo Dalle (“El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social argentina: 2003-2011”, en Revista del Trabajo, Año 8, Nº 10) la clase alta (empresarios grandes y medianos, directivos de nivel alto) representa un 0,8 por ciento de la población, en tanto que la clase media superior (profesionales autónomos, empresarios pequeños, directivos de nivel medio y profesionales asalariados) equivale al 10,3 por ciento.
2. Siguiendo a Palomino y Dalle, la “clase media inferior” está compuesta por microempresarios (hasta 5 empleados), cuentapropistas con equipo propio, técnicos, docentes y trabajadores de la salud y empleados administrativos. Equivalen al 36,1 por ciento, aunque no todos forman parte de lo que yo llamo “nueva clase media”, a la que habría que agregar a una parte de los trabajadores calificados.
3. En amable respuesta a una consulta para esta nota, la investigadora Gabriela Benza, cuya tesis doctoral analiza las transformaciones en las clases medias en el Área Metropolitana de Buenos Aires, explica que el porcentaje de personas consideradas de clase media según tipo de ocupación se mantiene estable desde hace tres décadas. Lo que sucedió en los 90 fue que se expandió, dentro de la clase media, el porcentaje de aquellos con más nivel educativo (profesionales y técnicos) y disminuyó el de los menos calificados (pequeños empresarios y trabajadores no manuales de rutina). En la clase trabajadora sucedió lo contrario: se expandieron los grupos no calificados mientras se redujeron los calificados. Es decir, se produjo una polarización de las oportunidades laborales. Esto se tradujo en una mayor desigualdad de ingresos. En contraste, desde 2003 resultaron más beneficiados, dentro de la clase media, aquellos con menos años de educación. Por el contrario, los técnicos y, sobre todo, los profesionales perdieron oportunidades laborales y niveles de ingreso. En la clase trabajadora, los más beneficiados fueron los calificados. En conclusión: parte de la clase media baja, pero también de la clase trabajadora, pasó a formar parte de los estratos medios de ingresos.
http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/162-el-futuro-del-kirchnerismo/una-politica-para-la-nueva-clase-media/
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06062013 II Encuentro TV Públicas parte 1
06062013
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Viernes, 12 de octubre de 2012 | Hoy
EL PAIS › COMENZO EL TERCER CICLO DEBATES Y COMBATES
La emancipación en sincronía latinoamericana
En Tecnópolis, los funcionarios Zannini y Coscia debatieron junto con Laclau y otros académicos sobre la actualidad nacional y sobre los desafíos que enfrentan las democracias en Latinoamérica. Hoy continúan las actividades.
“Múltiples modernidades en un mundo multipolar.” Ese es el tema del tercer ciclo de filosofía y política Debates y Combates, que empezó ayer en Tecnópolis, subvirtiendo ligeramente su nombre: primero vinieron los combates y después los debates. La jornada la abrieron el secretario de Cultura, Jorge Coscia, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, quienes centraron sus discursos en la actualidad política nacional y, en un lugar no menor, en reclamar que se cumpla con la ley de medios audiovisuales. Después, Ernesto Laclau y otros académicos del país y del exterior reflexionaron sobre la experiencia democrática reciente en Latinoamérica.
–¿Qué? ¿Ahora sos intelectual? –le preguntó Cristina Fernández a Zannini, antes de darle “recreo”, según él mismo contó, para participar del encuentro organizado por Cultura.
–No, yo voy para la parte de los combates –respondió Zannini.
Tras presentarse como “un producto de la educación pública y gratuita argentina”, el secretario Legal y Técnico dijo que iba a hacer una introducción para los extranjeros presentes en el salón, colmado por unas 200 personas. Dijo que si los medios de comunicación no se abren “a todas las expresiones, a la pluralidad, a la mayor diversidad, no hay democracia viable para transformar la Argentina”. También dijo que hoy se está librando “una batalla política y cultural” y, fue al grano, que “el Grupo Clarín prefiere tratar de voltear un gobierno antes que cumplir la ley”, porque “son implacables en la custodia de sus privilegios”. Luego recordó a Néstor Kirchner y, en la primera mención al hecho más citado en las mesas de ayer, celebró la reelección de Hugo Chávez en Venezuela: “Triunfamos todos, porque en caso contrario era el comienzo de la contraofensiva neoliberal en toda América latina”.
Antes de Zannini, Coscia había inaugurado esta tercera edición de Debates y Combates describiendo lo que entiende es “un momento particular de América latina, que contradice su supuesto destino marginal”, “los tiempos del Bicentenario”, “uno de los períodos de mayor construcción de autonomía, justicia y democracia que se recuerde en la historia de nuestro continente”. El secretario de Cultura destacó la “sincronía de este proceso emancipatorio” en la región, llamó a “poner en cuestión el pensamiento eurocéntrico” y a superar “la balcanización de nuestro autoconocimiento”, para recuperar la identidad común de los pueblos latinoamericanos.
Con la intervención del filósofo y politólogo Ernesto Laclau, las ponencias cambiaron de tono y pasaron a un registro más académico. El autor de La razón populista contó que tanto el ciclo de debates como la revista que lleva el mismo nombre, y que él dirige, aspiran a “dar un fundamento teórico e intelectual” al proceso de reunión de los pueblos latinoamericanos, a “ligar el psicoanálisis, el posmarxismo, la teoría política para buscar nuevos caminos a los problemas que la democracia enfrenta”. Sucintamente, adelantó las cuestiones que desarrollará en su presentación de hoy (ver aparte): ¿qué implica la democracia en un mundo plural, en sociedades heterogéneas y diversificadas?; ¿cómo analizar las lógicas de articulación entre la pluralidad de movimientos sociales y los aparatos estatales?; ¿cuál es el papel de los imaginarios colectivos?; ¿cómo abordar el problema de la representación política?
Límites e inclusión
Después de un breve break, la siguiente mesa de debate se dedicó a “Nuevas prácticas democráticas en América del Sur”. La politóloga brasileña Sonia Fleury habló sobre los límites y las potencialidades de la democracia en su país, en especial bajo el gobierno de Lula da Silva, al que definió como “un proceso de inclusión sin rupturas”, sin rupturas con los movimientos sociales ni con los sectores conservadores. Se refirió también al ensanchamiento de las capas medias en Brasil y advirtió sobre su adscripción a “una cultura muy conservadora” e individualista. Fleury le cedió el micrófono a la británica Doreen Massey, geógrafa, cuya ponencia intentó desmontar el discurso neoliberal que sostiene que “no hay alternativas, no hay futuros múltiples” posibles. Rastreó las causas de la derrota del modelo socialdemócrata europeo como alternativa al neoliberalismo y luego se explayó sobre la esperanza que “algunos europeos” depositan en Latinoamérica: “Vemos el desarrollo de algo distinto, vemos un reto a la lógica del mercado, alianzas de mutualidad y cooperación entre naciones, tan diferente a lo que vemos en Europa, la construcción de una identidad continental”. Massey destacó además “la presencia importante de los movimientos sociales” y su articulación con los Estados, “el desarrollo del poder popular” y los “experimentos con democracia directa y participativa”.
Con calma y matiz polemista, las palabras del comunicador Hugo Moldiz Mercado, boliviano, plantearon la necesidad de remontar la mirada histórica más allá, repusieron la existencia de pueblos originarios en América antes de la constitución de las naciones que ahora celebran sus aniversarios centenarios: “Las prácticas participativas están en la memoria colectiva, tienen mucho que ver con la democracia comunitaria de nuestros pueblos”. El segundo tramo de su exposición estuvo dedicado a Bolivia, a “la democracia radical”, al “socialismo comunitario como transición hacia el vivir bien”, que a su juicio encarna Evo Morales.
El último orador de la jornada fue Eduardo Rinesi, politólogo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La sociedad argentina, ensayó, recorrió cuatro grandes modos de usar la palabra “democracia” desde 1983 a la actualidad. En la inmediata posdictadura, “pensábamos la democracia como una utopía, como un modelo al que se trataba de llegar”. Diez años más tarde, para los días del Pacto de Olivos, “empezamos a usar la idea de democracia menos como utopía a alcanzar que como una costumbre o una rutina”. En un tercer momento, “muy vigoroso, alrededor de 2001-2002”, ubicó a “la democracia del espasmo”, “práctica viva para los ciudadanos”, “una experiencia breve, intensa, que aún no ha sido suficientemente estudiada”. Finalmente, “de 2003 a esta parte, asistimos a un modo de pensar la democracia como proceso. Hablamos menos de democracia y más de democratización”. Rinesi se concentró en contrastar aquel primer momento con el último. “La idea de movimiento asociada a la transición posdictadura ahora se ha desplazado a la propia idea de aquello en que consiste la democracia.” Mientras hace treinta años “la democracia estaba en el futuro, asociada a un valor fundamental, la libertad”, con un fuerte imaginario “antiestatalista” (porque “la imagen del Estado era aún la de Videla”), hoy “la democracia no es una utopía, sino un proceso en permanente profundización. Hoy la gran preocupación es la ampliación y realización de un conjunto de derechos sociales, civiles, previsionales, educativos. Si en los ‘80 el Estado era una amenaza a la libertad, hoy la democratización nos lleva a ver al Estado como la condición de posibilidad de nuestros derechos y de la democracia. Y eso pertenece a la mejor tradición republicana”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205376-2012-10-12.html
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Domingo, 11 de noviembre de 2012 | Hoy
ESPECTACULOS DEPORTES PSICOLOGIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPA
ECONOMIA › OPINION
Menos desigualdad
Por Alfredo Zaiat
El documento del Banco Mundial “La disminución de la desigualdad en América latina en la década de 2000. Los casos de Argentina, Brasil y México” ofrece un oportuno análisis para comprender el ciclo político abierto en la región que sectores conservadores combaten con perplejidad, porque tienen el poder económico, los grandes medios de comunicación, ahora también capacidad de movilización y la voluntad de orientar la agenda pública, pero no logran debilitarlo, ni en la gestión diaria ni a la hora del recuento de votos. No lo han conseguido por el momento debido a que, pese a lo que afirman representantes de la derecha y de la izquierda, la mayoría de la población en Latinoamérica, postergada por décadas de neoliberalismo, hoy están mejor que ayer. El trabajo de investigación, presentado el mes pasado por el área de Pobreza, Equidad y Género, América Latina y el Caribe del Banco Mundial, destaca que de los 17 países para los que existen datos comparables, 13 experimentaron un descenso de la desigualdad en términos del coeficiente de Gini, mientras que aumentó en otras partes del mundo, como en China, India, Estados Unidos y Europa.
En el conjunto de los 17 países de la región estudiados, el coeficiente de Gini para los ingresos per cápita de los hogares disminuyó del promedio ponderado 0,530 a finales de 1990 a 0,497 en 2010 (indicador entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad –todos tienen los mismos ingresos– y donde el valor 1 es la máxima desigualdad). Los autores Nora Lustig, Luis F. López-Calva y Eduardo Ortiz-Juárez señalan que la magnitud de esa declinación es muy relevante en un continente marcado por la desigualdad. Mencionan que en 11 de esos países la disminución de la desigualdad en la década de 2000 fue mayor que el aumento en la década de 1990. El caso de Argentina es el de las variaciones más pronunciadas, con empeoramiento del coeficiente de Gini en 8,2 por ciento en el período 1992-2002, y mejora del 9,0 por ciento en el lapso 2002-2010, porcentajes muy por encima del promedio registrado en ese grupo de países. En los años posteriores continuó la mejora, hasta ubicarse en 0,375 en el primer trimestre de este año.
El estudio del BM indica que los motivos de la desigualdad en América latina están relacionados con el comportamiento de “las elites depredadoras (textual en el texto: linked to state-capture on the part of predatory elites), las imperfecciones del mercado de capitales, la desigualdad de oportunidades (en particular, en términos de acceso a la educación de alta calidad), la segmentación del mercado laboral y la discriminación contra las mujeres y los no blancos”.
La región se ha destacado históricamente en la comparación internacional por ser el continente de más alta y persistente desigualdad en el ingreso. Desde el 2000, en coincidencia con la irrupción de gobiernos progresistas –en su más amplia definición–, la desigualdad empezó a caer, según el documento del Banco Mundial. Este proceso permite comprender la adhesión mayoritaria de los sectores postergados a los gobiernos resistidos por las influyentes capas medias y altas.
La explicación de los investigadores de la disminución de la desigualdad es por dos razones principales:
1) la caída en la brecha de ingresos entre los trabajadores calificados y los poco calificados, y
2) el aumento de las trasferencias de dinero del Estado a los pobres.
La reducción de la brecha de ingresos se debió principalmente a la expansión de la cobertura en educación básica que se ha dado durante las últimas dos décadas. Mencionan que también fue por el resultado de la desaparición del efecto generado por el cambio tecnológico de los noventa, el cual demandaba trabajadores con habilidades específicas.
El análisis particular de la Argentina sugiere que la expansión del empleo, por la fuerte recuperación económica, fue un aspecto importante, además de la disminución de la desigualdad en los ingresos laborales. No fue así en Brasil y México.
Las transferencias del Estado a los pobres es el segundo efecto igualador. En México fue la expansión de la cobertura del programa Progresa/Oportunidades que implica giro de dinero en efectivo abarcando a unos 5,8 millones de hogares, equivalente al 19 por ciento del total de hogares en 2012. En Brasil, el plan Bolsa Familia explica la caída de la desigualdad por ingresos, al ampliar a casi el 30 por ciento de la población brasileña la que recibe aportes del sistema de seguridad social. De 1998 a 2009, el coeficiente de Gini disminuyó de 0,592 a 0,537, que representa una mejora de 5,4 por ciento. Por su parte, en Argentina actuó como un potente igualador de ingresos el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, luego la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de la cobertura provisional a personas en edad de jubilarse sin los aportes correspondientes.
Después de analizar esos dos factores igualadores de ingresos que intervinieron en la primera década del nuevo siglo en Latinoamérica, los investigadores avisan que “el impulso redistributivo puede ser difícil de sostener”. Señalan que si bien el nivel de instrucción se ha vuelto significativamente más equitativo, no puede decirse lo mismo de la distribución de la calidad de la educación.“La experiencia de los Estados Unidos debería servir a América latina como una advertencia”, al explicar que en ese país la desigualdad de ingresos aumentó significativamente desde la década de 1980 debido a esa divergencia entre cobertura y calidad educativa, como credencial de entrada al mundo laboral. La baja calidad de la educación en el nivel secundario derivó en que muchos graduados no estuvieran “listos para la universidad”, estancándose la mejora de las cualidades laborales. Lo que no se detalla en esa investigación es que el ingreso a las universidades estadounidenses es restrictivo por los elevados aranceles, al igual que en varias universidades de la región. No es el caso de la universidad pública en Argentina.
Para sostener la igualdad a través del tiempo se requiere un esfuerzo permanente de redistribución a través del gasto público progresivo y de impuestos a los ingresos altos. La experiencia indica que la política fiscal progresiva es consistente con la prosperidad. Los gobiernos latinoamericanos que lograron romper con la histórica tendencia al aumento de la desigualdad en la década de 2000 tienen entonces el desafío de mantener ese proceso de avance de las condiciones materiales de los pobres con gasto público e impuestos progresivos y con la mejora en la calidad de los servicios públicos, como la educación, clave para continuar en el tránsito hacia sociedades más equitativas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-207601-2012-11-11.html
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El milagro brasileño
Domingo, 23 de junio de 2013
ECONOMIA › OPINION
Transporte público
Por Alfredo Zaiat
Emir Sader advierte que quien quiera captar de inmediato todas las dimensiones y proyecciones futuras de las masivas movilizaciones en Brasil tendrá una visión reduccionista del fenómeno, forzando la realidad para defender planteos previamente elaborados, para confirmar sus argumentos, sin dar cuenta del carácter multifacético y sorprendente de este acontecimiento. En un artículo publicado en su blog alojado en Carta Maior, Sader, cientista político y miembro de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), ofrece diez reflexiones para iniciar el análisis de las movilizaciones de miles de brasileños en decenas de ciudades. Una de ellas es que el movimiento “puso en discusión una cuestión esencial en la lucha contra el neoliberalismo: la polarización entre intereses públicos y privados, y el tema de quién debe financiar los costos de un servicio público esencial que, como tal, no debería estar sometido a los intereses de las empresas privadas, movidas por el lucro”. Este tema alude a la calidad, el precio del boleto, el rol del Estado y de los privados y, por consiguiente, los fondos necesarios para mantener el servicio de transporte público de pasajeros en los centros urbanos. La cuestión deriva entonces en la magnitud del gasto público destinado a los subsidios para el transporte.
En San Pablo, ciudad donde comenzó la protesta por el aumento de veinte centavos de real, al subir de 3,00 a 3,20 el boleto de colectivo, el alcalde, Fernando Haddad, afirmó que dar marcha atrás con el ajuste –lo que ya sucedió– y mantenerlo sin variación demandaría un gasto equivalente a más de 3720 millones de dólares hasta 2016. Lo que significa aumentar los subsidios, afirmó con sesgo crítico.
El pensamiento económico convencional asocia subsidios con medidas populistas y, por lo tanto, nocivas de la estabilidad fiscal. Desgravaciones impositivas millonarias a grandes empresas o inmensos paquetes financieros de rescate a bancos y banqueros son, en cambio, políticas para garantizar el mejor funcionamiento de la economía. Involucran también muchos recursos pero no están demonizados como los subsidios. Mientras los subsidios al consumo de energía eléctrica, gas, agua y al transporte público beneficia a millones de personas, lo que define el carácter de populista en términos estrictos sin (des)calificación, los fondos para empresas y bancos son para unos pocos.
Los subsidios tienen un objetivo económico y un componente político. No son gastos que el Estado debe ahorrar para no generar distorsiones, como insiste la ortodoxia y no pocos miembros considerados heterodoxos. Unos y otros recortan el significado central de los subsidios. Estos son una herramienta importante de la gestión económica para incentivar el consumo masivo, la producción y la distribución del ingreso.
El Movimiento Passe Livre fue el impulsor de las movilizaciones en San Pablo contra el aumento del boleto. Reclama desde sus inicios en 2003 boletos subsidiados para estudiantes y se define como una organización política, un movimiento social autónomo, horizontal, independiente y apartidario que lucha por un transporte público gratuito. El pedido tiene su origen en que el costo del boleto en Brasil es muy caro absorbiendo una porción importante del presupuesto de los grupos sociales más vulnerables. La diferencia del costo del transporte entre San Pablo y Buenos Aires es muy importante.
El boleto de colectivo en San Pablo sin el ajuste es de 3,00 reales, equivalente a 7,30 pesos, que hubiera sido de 7,80 en caso de haberse mantenido la pretensión inicial de elevarlo a 3,20 reales (el mínimo en Buenos Aires es de 1,50 pesos pero el pago usual es 1,60 o 1,70 pesos, con la tarjeta SUBE. En el conurbano y en otras ciudades como Rosario y Córdoba es como mínimo el doble). El costo del transporte en relación al ingreso de los trabajadores es muy elevado en el caso brasileño. El salario mínimo de 678 reales (unos 310 dólares a la paridad de 2,20 reales) es equivalente a 1660 pesos, mientras el salario mínimo vital y móvil argentino es de 2875 pesos (538 dólares, estimado a un tipo de cambio de 5,35). En un par de meses ese piso subirá por lo menos un 20 por ciento, a 3450 pesos, ¿cuánto representa el boleto de colectivo en el ingreso mínimo de los trabajadores? En Brasil, 0,442 por ciento, mientras que en Argentina, 0,052 por ciento (boleto a 1,50 pesos). Esto significa que el costo del transporte en San Pablo es 8,5 veces más caro que en Capital Federal en términos del salario mínimo de los trabajadores.
Los subsidios en el transporte público son transferencias de ingresos monetarios, o sea salarios indirectos, a trabajadores. Sader lo refleja cuando dice que “la conquista de la anulación del aumento se traduce en un beneficio para las capas más pobres de la población, que son las que usualmente utilizan el transporte público”. La política de subsidios tiene impacto sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en la canasta de consumo. El presupuesto destinado a transporte en San Pablo (40 viajes mensuales) representa casi el 19 por ciento del monto del salario mínimo; en tanto, en Buenos Aires involucra apenas el 2,2 por ciento del salario mínimo vital y móvil.
Los subsidios a servicios públicos tienen también un efecto indirecto sobre el crecimiento de la economía, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo dinamizando la demanda agregada. Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminar o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de esa expansión.
En Brasil predomina una política económica de rasgos ortodoxos en materia fiscal y monetaria, provocando elogios del mundo financiero. En los últimos años, esa estrategia tuvo como saldo un desempeño económico mediocre. En 2011 y 2012 las tasas de crecimiento fueron del 2,4 por ciento y 0,8 por ciento, respectivamente, y la evolución de las variables macroeconómicas en lo que va de este año muestran también un pobre rendimiento. La economía brasileña crece menos que el promedio mundial y tiene una de las tasas de aumento del PBI más bajas de América del Sur.
Las movilizaciones que nacieron en San Pablo y se extendieron a las principales ciudades brasileñas abren el debate sobre el desempeño económico de la principal potencia de la región, pero, como advierte Sader, evitando la visión reduccionista tan común en corrientes conservadores que durante años han puesto a Brasil como modelo a imitar. Es indudable que ha mejorado la distribución del ingreso por los aumentos del salario mínimo y la expansión del programa Bolsa Familia. Millones de brasileños pudieron salir de la pobreza extrema. Ha habido una mejora sustancial en la calidad de vida de grupos sociales históricamente postergados. El salario promedio real en Brasil en el período 2006-2011 creció un 3,0 por ciento por año, con un pico de 4,0 por ciento en 2006 y un piso de 2,7 por ciento en 2011, según el último informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo.
La evolución positiva en materia de distribución del ingreso y salarial, teniendo en cuenta que Brasil aún registra uno de los peores índices de reparto de riqueza de la región, ha provocado la definición marketinera de haberse convertido en un país de clase media. “El milagro brasileño” merece precisiones para comprender, al menos una faceta del actual estado de movilización social. Las estadísticas oficiales (de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) consideran una familia de clase media cuando el ingreso familiar per cápita es de 291 reales (708 pesos) como mínimo y 1019 reales (2478 pesos) como máximo. Con esa base, según un documento divulgado por el Instituto Data Favela, en 2011 el 65 por ciento de las favelas brasileñas podrían considerarse económicamente integrantes de la clase media.
Si el cuadro social es definido de esa forma tan amplia, entonces la vieja y nueva clase media salió a protestar por las ciudades brasileñas.
azaiat@pagina12.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-222879-2013-06-23.html
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Sábado, 26 de Mayo de 2007 Hoy
ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
Conflicto vital
Por Alfredo Zaiat
Los reclamos salariales con más exposición mediática, que tienen una previsible amplificación por la crispación política que acompaña cualquier año electoral, reciben respuestas, a veces sin inhibiciones y otras en forma solapada, de que esas demandas son exageradas. Los comentarios “¿cuánto quieren ganar?”, “ya tienen sueldos altos” o “cobran salarios muy buenos y piden más” han empezado a filtrarse en el análisis de importantes comunicadores sociales, con aval del elenco estable de economistas de la city, empresarios y un sector de la clase política. Esa puja cultural, de consolidación de un discurso en la sociedad, quedó de manifiesto en tono brutal con los trabajadores de subterráneos. La empresa concesionaria de los subtes y el ramal Urquiza de tren, Metrovías, publicó una solicitada detallando los salarios de las diferentes categorías. Ese objetivo de informar las sumas que cobran los trabajadores para hacer impopular la protesta, montos desmentidos con recibos de sueldos en la mano, tiene ese aroma de soberbia del poderoso que refleja la convicción de que el salario es una concesión del amo a agradecer. Más allá del conflicto de subtes, que reúne condimentos particulares por el enfrentamiento de delegados de bases con la conducción de la UTA, la idea de que superado cierto umbral de ingresos los trabajadores deben moderar sus reclamos se parece mucho a una concepción reaccionaria del mundo, ignorando que el actual contexto de recuperación se da luego de varios hachazos al salario padecidos en los últimos treinta años. No es sólo con los trabajadores de subterráneos, también se menciona a los camioneros, siderúrgicos o de la industria automotriz. La mirada sutil de la Revista Barcelona resumió ese tipo de reacciones de un sector de la sociedad, en la tapa de la edición Nº 101 del 2 de febrero de este año: “Reactivación: la clase media recupera su nivel histórico de fascismo”.
El conflicto es la característica básica de la relación capital-trabajo. No es una situación buena ni mala, simplemente existe y hay que tener en cuenta que no desaparecerá, aunque ése pueda ser el deseo de algunos. Los niveles de tensión de ese vínculo dependen de las condiciones políticas, económicas y sociales de cada momento. La dictadura inaugurada en 1976, por ejemplo, tuvo como objetivo desarticular la organización sindical y deprimir fuertemente los salarios. Más cerca, el recuerdo de la hiperinflación de Alfonsín en el gobierno de Carlos Menem, con la convertibilidad que implicó un salto del desempleo, actuó como un potente disciplinador social para el reclamo sobre el poder adquisitivo. La megadevaluación de Duhalde significó una caída brutal del salario. Y en la actualidad, en un escenario de crecimiento económico y disminución del desempleo, los trabajadores van abandonando posiciones defensivas y, por ese motivo, la conflictividad por salarios y condiciones laborales está en aumento. En ese ineludible proceso se pone a prueba los grados de (in)tolerancia social, que tan bien expresa la mayoría de los grandes medios. Antes era con los piqueteros, manifestación de los excluidos del mercado; ahora, con los trabajadores, que aspiran a mejorar su calidad de vida.
Esa recomposición del tejido laboral también incorpora tensiones a su interior, que responden al reacomodamiento de la representación sindical motorizada por avances en el mercado de trabajo. El surgimiento de movimientos de bases con posiciones políticas de izquierda que no responden a las conducciones es el resultado de una dinámica propia de crecimiento de la organización sindical en un marco de estabilidad económica. La pelea en subtes o la de los docentes de Santa Cruz son las más visibles. Hubo otras como la de obreros de las fábricas Terrabusi-Kraft, que la semana pasada cortaron la Panamericana. Además de pedir un alza salarial superior a la pactada por su sindicato reclamaban la efectivización de los tercerizados y contratados. Esas rebeldías contra las conducciones siguen siendo igualmente minoritarias en el universo sindical, pero son expresiones de que van modificado el escenario de las relaciones capital-trabajo. Esta tendencia emerge luego de una profunda crisis económica y social con aún una extensa reserva excedente de mano de obra –sub y desempleados–, una parte importante de los trabajadores no registrados –en negro– y una franja considerable de empleados independientes de bajos ingresos –cuentapropistas–. Los mayores o menores niveles que registran esos indicadores van definiendo los límites del campo del conflicto.
Lo cierto es que en un horizonte de alza del Producto, las demandas de los trabajadores y sindicatos serán cada vez más complejas. En la salida de la crisis, el reclamo era por la elevación de los salarios nominales. Ahora, se dirigen a la expectativa de recuperación del salario real, que implica ganarle a la inflación y mejorar la distribución de los frutos del crecimiento y la productividad. Los investigadores Héctor Palomino y David Trajtemberg, funcionarios técnicos del Ministerio de Trabajo, señalaron que “se observan cambios en el comportamiento de los actores sociales”. En un documento que titularon Una nueva dinámica de las relaciones laborales y la negociación colectiva en Argentina, publicado en Revista de Trabajo (año 2, número 3 –nueva época–, 2006), destacan que “en relación con los sindicatos fue posible observar en numerosos conflictos laborales registrados en 2006 y también en no pocos acuerdos colectivos, la disposición sindical a incorporar al personal de empresas tercerizadas a sus filas”. Agregan que “esto revela el interés actual de no pocos sindicatos en controlar la oferta laboral, modificando una actitud prescindente o delegativa –transfiriendo la responsabilidad al Estado– que prevaleció en los ’90”. Y concluyen que “la multiplicación de estos eventos es un indicador elocuente de las renovadas expectativas sociales para mejorar las condiciones de empleo e ingresos y acotar la precarización laboral”.
En 2005 se homologaron 568 negociaciones colectivas comprendiendo a unos 2,2 millones de trabajadores. Al año siguiente, fueron avalados 930 convenios y acuerdos colectivos entre sindicatos y trabajadores, la cifra más alta de los últimos quince años. Auge, inaugurado en 2003, que transita por el período más largo de negociación colectiva sin interrupciones desde su instauración en 1953. Se abre la oportunidad entonces, además, de discutir salarios, de adaptar varios convenios colectivos a las nuevas formas de organización del trabajo. Conceptos como polivalencia, modalidades de contratación atípicas, jornadas rotativas, células, equipos de trabajo, remuneración variable son lastres del proceso de precarización. No mucho se ha avanzado en desarmar esa estructura de flexibilización, andamiaje sostenido por el temor al desempleo y acompañado, en forma pasiva o entusiasta dependiendo del caso, por gran parte de los capos sindicales.
En ese ámbito de discusión de las relaciones laborales se requiere, por lo tanto, potenciar la capacidad de los trabajadores para ampliar los márgenes de la actual política de negociación colectiva. Más aún teniendo en cuenta que el funcionamiento fragmentado del mercado laboral acota los alcances de ese proceso, puesto que los asalariados formales, sobre los que inciden los convenios, representan el 35 por ciento de la fuerza laboral total. Pero como las relaciones sociolaborales no son estáticas, sino que tienen una dinámica propia, se permite simultáneamente avanzar en la formalización del trabajo, en la recuperación salarial y en la eliminación de cláusulas de flexibilización. En ese contexto, el conflicto pasará a ser parte del paisaje cotidiano como una muestra de vitalidad de la sociedad y no de caos, como piensan aquellos que se molestan por “¡cuánta plata que ganan!” los trabajadores.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-85532-2007-05-26.html
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Subido el 09/01/2008
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EDITORIAL
Una política para la nueva clase media
Por José Natanson
El kirchnerismo ha establecido con los sectores populares una típica relación peronista: ofrece alto crecimiento y casi pleno empleo, inclusión social vía Asignación Universal y jubilaciones, acceso a bienes de consumo durables (de heladeras y lavarropas a ciclomotores, que han registrado un boom de ventas en los conurbanos) y la probada eficacia del aparato punteril, esa “red de cercanía” que contribuye sobre todo a resolver problemas en la relación con el Estado (la jubilación que no sale, el turno en el hospital). Cabe añadir a este esquema la fantasmagórica “inclusión simbólica”, que va desde el manejo de la iconografía peronista hasta el Fútbol para Todos o el paseo de fin de semana, gratis y con los chicos, a Tecnópolis.
Como sucede con los matrimonios basados en el conocimiento y el respeto mutuos, la relación es racional y duradera.
En cambio, el vínculo con la clase media –en particular con la más acomodada, una parte de la cual conforma el típico progresismo metropolitano (1)– es más sinuoso: no hace falta ensayar una psicología del sector más psicologizado de Argentina para adivinar que hay allí una valoración de la estabilidad macroeconómica kirchnerista, el acceso al consumo y la oferta cultural (de Madonna a la insoportable Lady Gaga, la cartelera de megarrecitales porteña está a la altura de la de cualquier gran capital del mundo), el ocio y el turismo (por disposición presidencial, el año que viene habrá… ¡siete fines de semana largos!). Estos aspectos positivos se mezclan en dosis variables con la crítica republicana, las históricas pulsiones anti-plebeyas y el malestar por la inflación y las restricciones a la venta de dólares.
Categoría residual excluida del marxismo clásico, y quizás por eso muchas veces malinterpretada por el pensamiento de izquierda, la clase media es menos un rango de ingresos que una identidad, una forma de ver el mundo o un ideal aspiracional. De entre todas las definiciones posibles, tal vez la más adecuada para un país con una fuerte tradición inmigratoria como el nuestro sea la que asocia a la clase media con la movilidad social ascendente, lo que a su vez supone toda una visión de la educación, la cultura y el Estado. Por eso es natural que se juegue allí buena parte de lo que a falta de un nombre más adecuado se ha dado en llamar la “batalla cultural”, y por eso el adversario elegido por el gobierno para disputarla era el único posible: el Grupo Clarín y su gran diario generalista, que durante medio siglo operó como el gran constructor simbólico de la imagen que la Argentina media tenía de sí misma.
La relación del kirchnerismo con la clase media, como ocurre con los matrimonios basados en la mutua atracción, es tormentosa.
Sociología
Pero me interesa indagar aquí en un grupo social que suele pasar desapercibido y que merece más atención. Me refiero a ese sector que en algún momento fue definido como “clase media baja” y que tal vez sea más adecuado definir como “nueva clase media”. ¿Quiénes lo integran? Un camionero de 12 mil pesos al mes, un plomero con mucho trabajo, un pequeño comerciante de Lomas de Zamora, un cuentapropista con algún capital (por ejemplo un taxi), un vendedor de Garbarino con buenas comisiones...
Según el modo en que se mida, puede tratarse de un 30 por ciento de la población (2), aunque la división por ingreso debe complementarse con algunos datos cualitativos más sugestivos. En primer lugar, el modo en que se relaciona con el Estado, que no es el vínculo de dependencia característico de los estratos más pobres, que necesitan de la Asignación Universal o la salita del barrio para sobrevivir, pero tampoco la prescindencia selectiva de quienes están en condiciones de pagar servicios de salud y educación privados. Con un pie en ambos mundos, las familias de la nueva clase media pueden combinar la obra social sindical con la educación pública, o la escuela religiosa subsidiada con el hospital y las vacaciones en Mar del Plata. Si el Estado es visto a veces como una amenaza, en momentos de crisis funciona como un refugio, el único posible.
Su relación con los sectores clásicamente pobres es problemática. Por ingresos, lugar de residencia o entorno familiar, el contacto de la nueva clase media con los estratos populares –a diferencia de la clase media alta, que apenas se relaciona vía trabajo doméstico y servicios– es mucho más cercano y frecuente. Probablemente sea esto lo que genere en muchos de sus integrantes esa sensación de injusticia basada en la idea de que el Estado les quita a ellos –vía impuesto a las ganancias o asignaciones familiares– para darles a los otros.
En los 90, la pauperización de amplios sectores sociales dio pie a la categoría de “nuevos pobres”, aquellos que se asemejan a la clase media en aspectos de largo plazo (muchos años de educación, familias poco numerosas, patrones de consumo cultural) pero se parecen a los pobres en aspectos de corto plazo (ingresos, capacidad de consumo).
Sería excesivo hablar ahora de la reemergencia del mismo sujeto social, pues en el medio pasaron 20 años (3), pero tal vez podríamos decir que la nueva clase media comparte algunas de las características de los sectores populares (pocos años de educación, residencia suburbana) con ingresos más parecidos a los de la clase media, aunque sin su capital patrimonial, educativo y relacional: ninguno hereda un departamento de dos ambientes en Palermo ni tuvo una familia que lo sostuviera mientras estudiaba medicina ni dispuso de la red de contactos esenciales para insertarse en el mundo profesional. Hay entonces algo de self made men en este sector social, un fondo de individualismo a la americana que se explica menos por un egoísmo innato que por las trayectorias históricas y culturales de quienes lo integran.
En Brasil, donde el fenómeno es seguido con atención, se habla de “clase media emergente”, definición inadecuada para la realidad argentina, donde la clase media no es una novedad de este siglo sino un sujeto social en reconstrucción: la memoria de un fracaso. En todo caso, lo que caracteriza a este sector por sobre cualquier otro aspecto es su vulnerabilidad, en un doble sentido: a los vaivenes del ciclo económico, que lo amenaza de forma más directa que a quienes cuentan con recursos profesionales, ahorros y redes de contención familiar, y a la criminalidad de todos los días.
La explicación de este último punto es bastante simple. Sin las ventajas de la clase media más acomodada –seguridad privada, transporte particular, horarios laborales flexibles–, y expuesta por el tipo de ocupación que desempeña a un contacto con la calle mucho más directo que el de alguien que pasa todo el día en una oficina, un consultorio o un banco, la nueva clase media vive la cuestión de la inseguridad de una manera completamente diferente, más cotidiana y descarnada: si una parte se plegó al paro de los sindicatos opositores del 20 de noviembre, otra se manifestó ruidosamente el 8-N.
Política
Nadie parece ocuparse de la nueva clase media. Microclimatizados, enfrascados en las mil y una vueltas de la batalla cultural, los medios, tanto oficialistas como opositores, suelen pasarla por alto, en tanto que el gobierno, que cuida como el oro su relación con los sectores más pobres y ha hecho enormes esfuerzos por recomponer su vínculo con la clase media progresista, tampoco parece prestarle especial atención.
Mi impresión es que podría tratarse de un error. En primer término, por el hecho obvio de que el crecimiento de este sector social es en buena medida un resultado positivo del modelo económico. Y después por una cuestión política: dadas las características señaladas más arriba, no es difícil adivinar que buena parte de la nueva clase media podría inclinarse de manera casi natural por los candidatos del peronismo conservador, tanto en su versión anti (Macri) como pos o neo kirchnerista (Scioli, Massa); una generación de dirigentes que mezclan política con espectáculo y deporte, más desideologizados que el actual elenco gobernante (casi podríamos decir: que cualquiera que haya ocupado el poder desde el 83), cuya construcción política se basa en la idea de “gestión” y que no casualmente han hecho de la inseguridad uno de los ejes de sus discursos.
Para evitar esta deriva, el oficialismo debería elaborar una serie de medidas –relacionadas con la política de seguridad, el impuesto a las ganancias y un manejo más cuidadoso de la gestión impositiva en los pequeños negocios y empresas– específicamente orientadas a satisfacer las demandas de la nueva clase media, por otro lado bastante razonables. Pero antes habrá que sacudir prejuicios. Como demostró la relación con el veleidoso progresismo, las clases sociales no son actores congelados, intrínsecamente generosos o egoístas o derechistas, sino colectivos sociales heterogéneos y complejos, plausibles de ser seducidos, influenciados y hasta transformados. Repolitizar la relación con la nueva clase media puede ser crucial para el futuro del kirchnerismo.
1. Según datos de Héctor Palomino y Pablo Dalle (“El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social argentina: 2003-2011”, en Revista del Trabajo, Año 8, Nº 10) la clase alta (empresarios grandes y medianos, directivos de nivel alto) representa un 0,8 por ciento de la población, en tanto que la clase media superior (profesionales autónomos, empresarios pequeños, directivos de nivel medio y profesionales asalariados) equivale al 10,3 por ciento.
2. Siguiendo a Palomino y Dalle, la “clase media inferior” está compuesta por microempresarios (hasta 5 empleados), cuentapropistas con equipo propio, técnicos, docentes y trabajadores de la salud y empleados administrativos. Equivalen al 36,1 por ciento, aunque no todos forman parte de lo que yo llamo “nueva clase media”, a la que habría que agregar a una parte de los trabajadores calificados.
3. En amable respuesta a una consulta para esta nota, la investigadora Gabriela Benza, cuya tesis doctoral analiza las transformaciones en las clases medias en el Área Metropolitana de Buenos Aires, explica que el porcentaje de personas consideradas de clase media según tipo de ocupación se mantiene estable desde hace tres décadas. Lo que sucedió en los 90 fue que se expandió, dentro de la clase media, el porcentaje de aquellos con más nivel educativo (profesionales y técnicos) y disminuyó el de los menos calificados (pequeños empresarios y trabajadores no manuales de rutina). En la clase trabajadora sucedió lo contrario: se expandieron los grupos no calificados mientras se redujeron los calificados. Es decir, se produjo una polarización de las oportunidades laborales. Esto se tradujo en una mayor desigualdad de ingresos. En contraste, desde 2003 resultaron más beneficiados, dentro de la clase media, aquellos con menos años de educación. Por el contrario, los técnicos y, sobre todo, los profesionales perdieron oportunidades laborales y niveles de ingreso. En la clase trabajadora, los más beneficiados fueron los calificados. En conclusión: parte de la clase media baja, pero también de la clase trabajadora, pasó a formar parte de los estratos medios de ingresos.
http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/162-el-futuro-del-kirchnerismo/una-politica-para-la-nueva-clase-media/
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06062013 II Encuentro TV Públicas parte 1
06062013
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Viernes, 12 de octubre de 2012 | Hoy
EL PAIS › COMENZO EL TERCER CICLO DEBATES Y COMBATES
La emancipación en sincronía latinoamericana
En Tecnópolis, los funcionarios Zannini y Coscia debatieron junto con Laclau y otros académicos sobre la actualidad nacional y sobre los desafíos que enfrentan las democracias en Latinoamérica. Hoy continúan las actividades.
“Múltiples modernidades en un mundo multipolar.” Ese es el tema del tercer ciclo de filosofía y política Debates y Combates, que empezó ayer en Tecnópolis, subvirtiendo ligeramente su nombre: primero vinieron los combates y después los debates. La jornada la abrieron el secretario de Cultura, Jorge Coscia, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, quienes centraron sus discursos en la actualidad política nacional y, en un lugar no menor, en reclamar que se cumpla con la ley de medios audiovisuales. Después, Ernesto Laclau y otros académicos del país y del exterior reflexionaron sobre la experiencia democrática reciente en Latinoamérica.
–¿Qué? ¿Ahora sos intelectual? –le preguntó Cristina Fernández a Zannini, antes de darle “recreo”, según él mismo contó, para participar del encuentro organizado por Cultura.
–No, yo voy para la parte de los combates –respondió Zannini.
Tras presentarse como “un producto de la educación pública y gratuita argentina”, el secretario Legal y Técnico dijo que iba a hacer una introducción para los extranjeros presentes en el salón, colmado por unas 200 personas. Dijo que si los medios de comunicación no se abren “a todas las expresiones, a la pluralidad, a la mayor diversidad, no hay democracia viable para transformar la Argentina”. También dijo que hoy se está librando “una batalla política y cultural” y, fue al grano, que “el Grupo Clarín prefiere tratar de voltear un gobierno antes que cumplir la ley”, porque “son implacables en la custodia de sus privilegios”. Luego recordó a Néstor Kirchner y, en la primera mención al hecho más citado en las mesas de ayer, celebró la reelección de Hugo Chávez en Venezuela: “Triunfamos todos, porque en caso contrario era el comienzo de la contraofensiva neoliberal en toda América latina”.
Antes de Zannini, Coscia había inaugurado esta tercera edición de Debates y Combates describiendo lo que entiende es “un momento particular de América latina, que contradice su supuesto destino marginal”, “los tiempos del Bicentenario”, “uno de los períodos de mayor construcción de autonomía, justicia y democracia que se recuerde en la historia de nuestro continente”. El secretario de Cultura destacó la “sincronía de este proceso emancipatorio” en la región, llamó a “poner en cuestión el pensamiento eurocéntrico” y a superar “la balcanización de nuestro autoconocimiento”, para recuperar la identidad común de los pueblos latinoamericanos.
Con la intervención del filósofo y politólogo Ernesto Laclau, las ponencias cambiaron de tono y pasaron a un registro más académico. El autor de La razón populista contó que tanto el ciclo de debates como la revista que lleva el mismo nombre, y que él dirige, aspiran a “dar un fundamento teórico e intelectual” al proceso de reunión de los pueblos latinoamericanos, a “ligar el psicoanálisis, el posmarxismo, la teoría política para buscar nuevos caminos a los problemas que la democracia enfrenta”. Sucintamente, adelantó las cuestiones que desarrollará en su presentación de hoy (ver aparte): ¿qué implica la democracia en un mundo plural, en sociedades heterogéneas y diversificadas?; ¿cómo analizar las lógicas de articulación entre la pluralidad de movimientos sociales y los aparatos estatales?; ¿cuál es el papel de los imaginarios colectivos?; ¿cómo abordar el problema de la representación política?
Límites e inclusión
Después de un breve break, la siguiente mesa de debate se dedicó a “Nuevas prácticas democráticas en América del Sur”. La politóloga brasileña Sonia Fleury habló sobre los límites y las potencialidades de la democracia en su país, en especial bajo el gobierno de Lula da Silva, al que definió como “un proceso de inclusión sin rupturas”, sin rupturas con los movimientos sociales ni con los sectores conservadores. Se refirió también al ensanchamiento de las capas medias en Brasil y advirtió sobre su adscripción a “una cultura muy conservadora” e individualista. Fleury le cedió el micrófono a la británica Doreen Massey, geógrafa, cuya ponencia intentó desmontar el discurso neoliberal que sostiene que “no hay alternativas, no hay futuros múltiples” posibles. Rastreó las causas de la derrota del modelo socialdemócrata europeo como alternativa al neoliberalismo y luego se explayó sobre la esperanza que “algunos europeos” depositan en Latinoamérica: “Vemos el desarrollo de algo distinto, vemos un reto a la lógica del mercado, alianzas de mutualidad y cooperación entre naciones, tan diferente a lo que vemos en Europa, la construcción de una identidad continental”. Massey destacó además “la presencia importante de los movimientos sociales” y su articulación con los Estados, “el desarrollo del poder popular” y los “experimentos con democracia directa y participativa”.
Con calma y matiz polemista, las palabras del comunicador Hugo Moldiz Mercado, boliviano, plantearon la necesidad de remontar la mirada histórica más allá, repusieron la existencia de pueblos originarios en América antes de la constitución de las naciones que ahora celebran sus aniversarios centenarios: “Las prácticas participativas están en la memoria colectiva, tienen mucho que ver con la democracia comunitaria de nuestros pueblos”. El segundo tramo de su exposición estuvo dedicado a Bolivia, a “la democracia radical”, al “socialismo comunitario como transición hacia el vivir bien”, que a su juicio encarna Evo Morales.
El último orador de la jornada fue Eduardo Rinesi, politólogo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La sociedad argentina, ensayó, recorrió cuatro grandes modos de usar la palabra “democracia” desde 1983 a la actualidad. En la inmediata posdictadura, “pensábamos la democracia como una utopía, como un modelo al que se trataba de llegar”. Diez años más tarde, para los días del Pacto de Olivos, “empezamos a usar la idea de democracia menos como utopía a alcanzar que como una costumbre o una rutina”. En un tercer momento, “muy vigoroso, alrededor de 2001-2002”, ubicó a “la democracia del espasmo”, “práctica viva para los ciudadanos”, “una experiencia breve, intensa, que aún no ha sido suficientemente estudiada”. Finalmente, “de 2003 a esta parte, asistimos a un modo de pensar la democracia como proceso. Hablamos menos de democracia y más de democratización”. Rinesi se concentró en contrastar aquel primer momento con el último. “La idea de movimiento asociada a la transición posdictadura ahora se ha desplazado a la propia idea de aquello en que consiste la democracia.” Mientras hace treinta años “la democracia estaba en el futuro, asociada a un valor fundamental, la libertad”, con un fuerte imaginario “antiestatalista” (porque “la imagen del Estado era aún la de Videla”), hoy “la democracia no es una utopía, sino un proceso en permanente profundización. Hoy la gran preocupación es la ampliación y realización de un conjunto de derechos sociales, civiles, previsionales, educativos. Si en los ‘80 el Estado era una amenaza a la libertad, hoy la democratización nos lleva a ver al Estado como la condición de posibilidad de nuestros derechos y de la democracia. Y eso pertenece a la mejor tradición republicana”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205376-2012-10-12.html
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Domingo, 11 de noviembre de 2012 | Hoy
ESPECTACULOS DEPORTES PSICOLOGIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPA
ECONOMIA › OPINION
Menos desigualdad
Por Alfredo Zaiat
El documento del Banco Mundial “La disminución de la desigualdad en América latina en la década de 2000. Los casos de Argentina, Brasil y México” ofrece un oportuno análisis para comprender el ciclo político abierto en la región que sectores conservadores combaten con perplejidad, porque tienen el poder económico, los grandes medios de comunicación, ahora también capacidad de movilización y la voluntad de orientar la agenda pública, pero no logran debilitarlo, ni en la gestión diaria ni a la hora del recuento de votos. No lo han conseguido por el momento debido a que, pese a lo que afirman representantes de la derecha y de la izquierda, la mayoría de la población en Latinoamérica, postergada por décadas de neoliberalismo, hoy están mejor que ayer. El trabajo de investigación, presentado el mes pasado por el área de Pobreza, Equidad y Género, América Latina y el Caribe del Banco Mundial, destaca que de los 17 países para los que existen datos comparables, 13 experimentaron un descenso de la desigualdad en términos del coeficiente de Gini, mientras que aumentó en otras partes del mundo, como en China, India, Estados Unidos y Europa.
En el conjunto de los 17 países de la región estudiados, el coeficiente de Gini para los ingresos per cápita de los hogares disminuyó del promedio ponderado 0,530 a finales de 1990 a 0,497 en 2010 (indicador entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad –todos tienen los mismos ingresos– y donde el valor 1 es la máxima desigualdad). Los autores Nora Lustig, Luis F. López-Calva y Eduardo Ortiz-Juárez señalan que la magnitud de esa declinación es muy relevante en un continente marcado por la desigualdad. Mencionan que en 11 de esos países la disminución de la desigualdad en la década de 2000 fue mayor que el aumento en la década de 1990. El caso de Argentina es el de las variaciones más pronunciadas, con empeoramiento del coeficiente de Gini en 8,2 por ciento en el período 1992-2002, y mejora del 9,0 por ciento en el lapso 2002-2010, porcentajes muy por encima del promedio registrado en ese grupo de países. En los años posteriores continuó la mejora, hasta ubicarse en 0,375 en el primer trimestre de este año.
El estudio del BM indica que los motivos de la desigualdad en América latina están relacionados con el comportamiento de “las elites depredadoras (textual en el texto: linked to state-capture on the part of predatory elites), las imperfecciones del mercado de capitales, la desigualdad de oportunidades (en particular, en términos de acceso a la educación de alta calidad), la segmentación del mercado laboral y la discriminación contra las mujeres y los no blancos”.
La región se ha destacado históricamente en la comparación internacional por ser el continente de más alta y persistente desigualdad en el ingreso. Desde el 2000, en coincidencia con la irrupción de gobiernos progresistas –en su más amplia definición–, la desigualdad empezó a caer, según el documento del Banco Mundial. Este proceso permite comprender la adhesión mayoritaria de los sectores postergados a los gobiernos resistidos por las influyentes capas medias y altas.
La explicación de los investigadores de la disminución de la desigualdad es por dos razones principales:
1) la caída en la brecha de ingresos entre los trabajadores calificados y los poco calificados, y
2) el aumento de las trasferencias de dinero del Estado a los pobres.
La reducción de la brecha de ingresos se debió principalmente a la expansión de la cobertura en educación básica que se ha dado durante las últimas dos décadas. Mencionan que también fue por el resultado de la desaparición del efecto generado por el cambio tecnológico de los noventa, el cual demandaba trabajadores con habilidades específicas.
El análisis particular de la Argentina sugiere que la expansión del empleo, por la fuerte recuperación económica, fue un aspecto importante, además de la disminución de la desigualdad en los ingresos laborales. No fue así en Brasil y México.
Las transferencias del Estado a los pobres es el segundo efecto igualador. En México fue la expansión de la cobertura del programa Progresa/Oportunidades que implica giro de dinero en efectivo abarcando a unos 5,8 millones de hogares, equivalente al 19 por ciento del total de hogares en 2012. En Brasil, el plan Bolsa Familia explica la caída de la desigualdad por ingresos, al ampliar a casi el 30 por ciento de la población brasileña la que recibe aportes del sistema de seguridad social. De 1998 a 2009, el coeficiente de Gini disminuyó de 0,592 a 0,537, que representa una mejora de 5,4 por ciento. Por su parte, en Argentina actuó como un potente igualador de ingresos el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, luego la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de la cobertura provisional a personas en edad de jubilarse sin los aportes correspondientes.
Después de analizar esos dos factores igualadores de ingresos que intervinieron en la primera década del nuevo siglo en Latinoamérica, los investigadores avisan que “el impulso redistributivo puede ser difícil de sostener”. Señalan que si bien el nivel de instrucción se ha vuelto significativamente más equitativo, no puede decirse lo mismo de la distribución de la calidad de la educación.“La experiencia de los Estados Unidos debería servir a América latina como una advertencia”, al explicar que en ese país la desigualdad de ingresos aumentó significativamente desde la década de 1980 debido a esa divergencia entre cobertura y calidad educativa, como credencial de entrada al mundo laboral. La baja calidad de la educación en el nivel secundario derivó en que muchos graduados no estuvieran “listos para la universidad”, estancándose la mejora de las cualidades laborales. Lo que no se detalla en esa investigación es que el ingreso a las universidades estadounidenses es restrictivo por los elevados aranceles, al igual que en varias universidades de la región. No es el caso de la universidad pública en Argentina.
Para sostener la igualdad a través del tiempo se requiere un esfuerzo permanente de redistribución a través del gasto público progresivo y de impuestos a los ingresos altos. La experiencia indica que la política fiscal progresiva es consistente con la prosperidad. Los gobiernos latinoamericanos que lograron romper con la histórica tendencia al aumento de la desigualdad en la década de 2000 tienen entonces el desafío de mantener ese proceso de avance de las condiciones materiales de los pobres con gasto público e impuestos progresivos y con la mejora en la calidad de los servicios públicos, como la educación, clave para continuar en el tránsito hacia sociedades más equitativas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-207601-2012-11-11.html
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El milagro brasileño
Domingo, 23 de junio de 2013
ECONOMIA › OPINION
Transporte público
Por Alfredo Zaiat
Emir Sader advierte que quien quiera captar de inmediato todas las dimensiones y proyecciones futuras de las masivas movilizaciones en Brasil tendrá una visión reduccionista del fenómeno, forzando la realidad para defender planteos previamente elaborados, para confirmar sus argumentos, sin dar cuenta del carácter multifacético y sorprendente de este acontecimiento. En un artículo publicado en su blog alojado en Carta Maior, Sader, cientista político y miembro de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), ofrece diez reflexiones para iniciar el análisis de las movilizaciones de miles de brasileños en decenas de ciudades. Una de ellas es que el movimiento “puso en discusión una cuestión esencial en la lucha contra el neoliberalismo: la polarización entre intereses públicos y privados, y el tema de quién debe financiar los costos de un servicio público esencial que, como tal, no debería estar sometido a los intereses de las empresas privadas, movidas por el lucro”. Este tema alude a la calidad, el precio del boleto, el rol del Estado y de los privados y, por consiguiente, los fondos necesarios para mantener el servicio de transporte público de pasajeros en los centros urbanos. La cuestión deriva entonces en la magnitud del gasto público destinado a los subsidios para el transporte.
En San Pablo, ciudad donde comenzó la protesta por el aumento de veinte centavos de real, al subir de 3,00 a 3,20 el boleto de colectivo, el alcalde, Fernando Haddad, afirmó que dar marcha atrás con el ajuste –lo que ya sucedió– y mantenerlo sin variación demandaría un gasto equivalente a más de 3720 millones de dólares hasta 2016. Lo que significa aumentar los subsidios, afirmó con sesgo crítico.
El pensamiento económico convencional asocia subsidios con medidas populistas y, por lo tanto, nocivas de la estabilidad fiscal. Desgravaciones impositivas millonarias a grandes empresas o inmensos paquetes financieros de rescate a bancos y banqueros son, en cambio, políticas para garantizar el mejor funcionamiento de la economía. Involucran también muchos recursos pero no están demonizados como los subsidios. Mientras los subsidios al consumo de energía eléctrica, gas, agua y al transporte público beneficia a millones de personas, lo que define el carácter de populista en términos estrictos sin (des)calificación, los fondos para empresas y bancos son para unos pocos.
Los subsidios tienen un objetivo económico y un componente político. No son gastos que el Estado debe ahorrar para no generar distorsiones, como insiste la ortodoxia y no pocos miembros considerados heterodoxos. Unos y otros recortan el significado central de los subsidios. Estos son una herramienta importante de la gestión económica para incentivar el consumo masivo, la producción y la distribución del ingreso.
El Movimiento Passe Livre fue el impulsor de las movilizaciones en San Pablo contra el aumento del boleto. Reclama desde sus inicios en 2003 boletos subsidiados para estudiantes y se define como una organización política, un movimiento social autónomo, horizontal, independiente y apartidario que lucha por un transporte público gratuito. El pedido tiene su origen en que el costo del boleto en Brasil es muy caro absorbiendo una porción importante del presupuesto de los grupos sociales más vulnerables. La diferencia del costo del transporte entre San Pablo y Buenos Aires es muy importante.
El boleto de colectivo en San Pablo sin el ajuste es de 3,00 reales, equivalente a 7,30 pesos, que hubiera sido de 7,80 en caso de haberse mantenido la pretensión inicial de elevarlo a 3,20 reales (el mínimo en Buenos Aires es de 1,50 pesos pero el pago usual es 1,60 o 1,70 pesos, con la tarjeta SUBE. En el conurbano y en otras ciudades como Rosario y Córdoba es como mínimo el doble). El costo del transporte en relación al ingreso de los trabajadores es muy elevado en el caso brasileño. El salario mínimo de 678 reales (unos 310 dólares a la paridad de 2,20 reales) es equivalente a 1660 pesos, mientras el salario mínimo vital y móvil argentino es de 2875 pesos (538 dólares, estimado a un tipo de cambio de 5,35). En un par de meses ese piso subirá por lo menos un 20 por ciento, a 3450 pesos, ¿cuánto representa el boleto de colectivo en el ingreso mínimo de los trabajadores? En Brasil, 0,442 por ciento, mientras que en Argentina, 0,052 por ciento (boleto a 1,50 pesos). Esto significa que el costo del transporte en San Pablo es 8,5 veces más caro que en Capital Federal en términos del salario mínimo de los trabajadores.
Los subsidios en el transporte público son transferencias de ingresos monetarios, o sea salarios indirectos, a trabajadores. Sader lo refleja cuando dice que “la conquista de la anulación del aumento se traduce en un beneficio para las capas más pobres de la población, que son las que usualmente utilizan el transporte público”. La política de subsidios tiene impacto sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en la canasta de consumo. El presupuesto destinado a transporte en San Pablo (40 viajes mensuales) representa casi el 19 por ciento del monto del salario mínimo; en tanto, en Buenos Aires involucra apenas el 2,2 por ciento del salario mínimo vital y móvil.
Los subsidios a servicios públicos tienen también un efecto indirecto sobre el crecimiento de la economía, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo dinamizando la demanda agregada. Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminar o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de esa expansión.
En Brasil predomina una política económica de rasgos ortodoxos en materia fiscal y monetaria, provocando elogios del mundo financiero. En los últimos años, esa estrategia tuvo como saldo un desempeño económico mediocre. En 2011 y 2012 las tasas de crecimiento fueron del 2,4 por ciento y 0,8 por ciento, respectivamente, y la evolución de las variables macroeconómicas en lo que va de este año muestran también un pobre rendimiento. La economía brasileña crece menos que el promedio mundial y tiene una de las tasas de aumento del PBI más bajas de América del Sur.
Las movilizaciones que nacieron en San Pablo y se extendieron a las principales ciudades brasileñas abren el debate sobre el desempeño económico de la principal potencia de la región, pero, como advierte Sader, evitando la visión reduccionista tan común en corrientes conservadores que durante años han puesto a Brasil como modelo a imitar. Es indudable que ha mejorado la distribución del ingreso por los aumentos del salario mínimo y la expansión del programa Bolsa Familia. Millones de brasileños pudieron salir de la pobreza extrema. Ha habido una mejora sustancial en la calidad de vida de grupos sociales históricamente postergados. El salario promedio real en Brasil en el período 2006-2011 creció un 3,0 por ciento por año, con un pico de 4,0 por ciento en 2006 y un piso de 2,7 por ciento en 2011, según el último informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo.
La evolución positiva en materia de distribución del ingreso y salarial, teniendo en cuenta que Brasil aún registra uno de los peores índices de reparto de riqueza de la región, ha provocado la definición marketinera de haberse convertido en un país de clase media. “El milagro brasileño” merece precisiones para comprender, al menos una faceta del actual estado de movilización social. Las estadísticas oficiales (de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) consideran una familia de clase media cuando el ingreso familiar per cápita es de 291 reales (708 pesos) como mínimo y 1019 reales (2478 pesos) como máximo. Con esa base, según un documento divulgado por el Instituto Data Favela, en 2011 el 65 por ciento de las favelas brasileñas podrían considerarse económicamente integrantes de la clase media.
Si el cuadro social es definido de esa forma tan amplia, entonces la vieja y nueva clase media salió a protestar por las ciudades brasileñas.
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http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-222879-2013-06-23.html
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Sábado, 26 de Mayo de 2007 Hoy
ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
Conflicto vital
Por Alfredo Zaiat
Los reclamos salariales con más exposición mediática, que tienen una previsible amplificación por la crispación política que acompaña cualquier año electoral, reciben respuestas, a veces sin inhibiciones y otras en forma solapada, de que esas demandas son exageradas. Los comentarios “¿cuánto quieren ganar?”, “ya tienen sueldos altos” o “cobran salarios muy buenos y piden más” han empezado a filtrarse en el análisis de importantes comunicadores sociales, con aval del elenco estable de economistas de la city, empresarios y un sector de la clase política. Esa puja cultural, de consolidación de un discurso en la sociedad, quedó de manifiesto en tono brutal con los trabajadores de subterráneos. La empresa concesionaria de los subtes y el ramal Urquiza de tren, Metrovías, publicó una solicitada detallando los salarios de las diferentes categorías. Ese objetivo de informar las sumas que cobran los trabajadores para hacer impopular la protesta, montos desmentidos con recibos de sueldos en la mano, tiene ese aroma de soberbia del poderoso que refleja la convicción de que el salario es una concesión del amo a agradecer. Más allá del conflicto de subtes, que reúne condimentos particulares por el enfrentamiento de delegados de bases con la conducción de la UTA, la idea de que superado cierto umbral de ingresos los trabajadores deben moderar sus reclamos se parece mucho a una concepción reaccionaria del mundo, ignorando que el actual contexto de recuperación se da luego de varios hachazos al salario padecidos en los últimos treinta años. No es sólo con los trabajadores de subterráneos, también se menciona a los camioneros, siderúrgicos o de la industria automotriz. La mirada sutil de la Revista Barcelona resumió ese tipo de reacciones de un sector de la sociedad, en la tapa de la edición Nº 101 del 2 de febrero de este año: “Reactivación: la clase media recupera su nivel histórico de fascismo”.
El conflicto es la característica básica de la relación capital-trabajo. No es una situación buena ni mala, simplemente existe y hay que tener en cuenta que no desaparecerá, aunque ése pueda ser el deseo de algunos. Los niveles de tensión de ese vínculo dependen de las condiciones políticas, económicas y sociales de cada momento. La dictadura inaugurada en 1976, por ejemplo, tuvo como objetivo desarticular la organización sindical y deprimir fuertemente los salarios. Más cerca, el recuerdo de la hiperinflación de Alfonsín en el gobierno de Carlos Menem, con la convertibilidad que implicó un salto del desempleo, actuó como un potente disciplinador social para el reclamo sobre el poder adquisitivo. La megadevaluación de Duhalde significó una caída brutal del salario. Y en la actualidad, en un escenario de crecimiento económico y disminución del desempleo, los trabajadores van abandonando posiciones defensivas y, por ese motivo, la conflictividad por salarios y condiciones laborales está en aumento. En ese ineludible proceso se pone a prueba los grados de (in)tolerancia social, que tan bien expresa la mayoría de los grandes medios. Antes era con los piqueteros, manifestación de los excluidos del mercado; ahora, con los trabajadores, que aspiran a mejorar su calidad de vida.
Esa recomposición del tejido laboral también incorpora tensiones a su interior, que responden al reacomodamiento de la representación sindical motorizada por avances en el mercado de trabajo. El surgimiento de movimientos de bases con posiciones políticas de izquierda que no responden a las conducciones es el resultado de una dinámica propia de crecimiento de la organización sindical en un marco de estabilidad económica. La pelea en subtes o la de los docentes de Santa Cruz son las más visibles. Hubo otras como la de obreros de las fábricas Terrabusi-Kraft, que la semana pasada cortaron la Panamericana. Además de pedir un alza salarial superior a la pactada por su sindicato reclamaban la efectivización de los tercerizados y contratados. Esas rebeldías contra las conducciones siguen siendo igualmente minoritarias en el universo sindical, pero son expresiones de que van modificado el escenario de las relaciones capital-trabajo. Esta tendencia emerge luego de una profunda crisis económica y social con aún una extensa reserva excedente de mano de obra –sub y desempleados–, una parte importante de los trabajadores no registrados –en negro– y una franja considerable de empleados independientes de bajos ingresos –cuentapropistas–. Los mayores o menores niveles que registran esos indicadores van definiendo los límites del campo del conflicto.
Lo cierto es que en un horizonte de alza del Producto, las demandas de los trabajadores y sindicatos serán cada vez más complejas. En la salida de la crisis, el reclamo era por la elevación de los salarios nominales. Ahora, se dirigen a la expectativa de recuperación del salario real, que implica ganarle a la inflación y mejorar la distribución de los frutos del crecimiento y la productividad. Los investigadores Héctor Palomino y David Trajtemberg, funcionarios técnicos del Ministerio de Trabajo, señalaron que “se observan cambios en el comportamiento de los actores sociales”. En un documento que titularon Una nueva dinámica de las relaciones laborales y la negociación colectiva en Argentina, publicado en Revista de Trabajo (año 2, número 3 –nueva época–, 2006), destacan que “en relación con los sindicatos fue posible observar en numerosos conflictos laborales registrados en 2006 y también en no pocos acuerdos colectivos, la disposición sindical a incorporar al personal de empresas tercerizadas a sus filas”. Agregan que “esto revela el interés actual de no pocos sindicatos en controlar la oferta laboral, modificando una actitud prescindente o delegativa –transfiriendo la responsabilidad al Estado– que prevaleció en los ’90”. Y concluyen que “la multiplicación de estos eventos es un indicador elocuente de las renovadas expectativas sociales para mejorar las condiciones de empleo e ingresos y acotar la precarización laboral”.
En 2005 se homologaron 568 negociaciones colectivas comprendiendo a unos 2,2 millones de trabajadores. Al año siguiente, fueron avalados 930 convenios y acuerdos colectivos entre sindicatos y trabajadores, la cifra más alta de los últimos quince años. Auge, inaugurado en 2003, que transita por el período más largo de negociación colectiva sin interrupciones desde su instauración en 1953. Se abre la oportunidad entonces, además, de discutir salarios, de adaptar varios convenios colectivos a las nuevas formas de organización del trabajo. Conceptos como polivalencia, modalidades de contratación atípicas, jornadas rotativas, células, equipos de trabajo, remuneración variable son lastres del proceso de precarización. No mucho se ha avanzado en desarmar esa estructura de flexibilización, andamiaje sostenido por el temor al desempleo y acompañado, en forma pasiva o entusiasta dependiendo del caso, por gran parte de los capos sindicales.
En ese ámbito de discusión de las relaciones laborales se requiere, por lo tanto, potenciar la capacidad de los trabajadores para ampliar los márgenes de la actual política de negociación colectiva. Más aún teniendo en cuenta que el funcionamiento fragmentado del mercado laboral acota los alcances de ese proceso, puesto que los asalariados formales, sobre los que inciden los convenios, representan el 35 por ciento de la fuerza laboral total. Pero como las relaciones sociolaborales no son estáticas, sino que tienen una dinámica propia, se permite simultáneamente avanzar en la formalización del trabajo, en la recuperación salarial y en la eliminación de cláusulas de flexibilización. En ese contexto, el conflicto pasará a ser parte del paisaje cotidiano como una muestra de vitalidad de la sociedad y no de caos, como piensan aquellos que se molestan por “¡cuánta plata que ganan!” los trabajadores.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-85532-2007-05-26.html
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Subido el 09/01/2008
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