Camaño: Marcha de fiscales es en contra del gobierno

Dra. Cristina Camaño sobre la marcha de fiscales



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palabras d ela Presidenta sobre el caso Nisman

ENERO 22, 2015 AMIA y la denuncia del fiscal NismanLos espías que no eran espías. Los interrogantes que se convierten en certeza. El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio.



Ayer, los argentinos tomamos conocimiento de la denuncia completa del fiscal Nisman. Siempre se ha dicho que el idioma inglés, a diferencia del español, no tiene tanta diversidad de palabras para definir objetos, situaciones, adjetivos, etc. Y es cierto. Pero debo reconocer que en esta oportunidad, al ver y leer en el día de la fecha la tapa del diario porteño Buenos Aires Herald, la economía de vocabulario tiene también sus ventajas.

En efecto, el referido matutino expresa su opinión sobre la denuncia del fiscal Nisman y lo hace con precisión quirúrgica, o tal vez lingüística. Sobre un facsímil del dictamen, dos palabras inapelables: “Nothing new”. En español: “Nada nuevo”.



Por si no bastaba, agrega como subtítulo: “El reporte de Nisman fracasa en avivar las llamas de conspiración”. Fracaso y conspiración, dos palabras que si hubiera utilizado esta Presidenta sería objeto de las peores críticas. Creo que nadie podrá acusar al periódico de habla inglesa de ser un medio afín o cooptado por el gobierno.

Podría mencionar también el análisis de Horacio Verbitsky: ¨Alerta roja¨, publicado en Página 12 también en el día de la fecha, o el de Raúl Kollmann, en el mismo diario, páginas 2 y 3… pero ya se sabe, no faltarían quienes los impugnaran pese a ser ambos periodistas quienes han analizado y seguido el caso AMIA desde sus orígenes. Inclusive Horacio Verbitsky preside el CELS, que representa a familiares de víctimas del atentado, que integran el colectivo Memoria Activa.

Bueno Aires Herald, Página 12 y otros medios (no quiero ser injusta con nadie), derribaron como un castillo de naipes lo que fue presentado como “la denuncia del siglo”, que demostraría nada más ni nada menos que la complicidad de la Presidenta de la República, de su Canciller, y del Secretario General de La Cámpora, en el encubrimiento de los iraníes acusados de haber participado en el atentado a la AMIA hace 21 años.

Por mi parte, debo confesar que una rápida lectura de la denuncia publicada en el CIJ, sitio informático de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hizo más que confirmar mis peores sospechas, y encontrar respuesta a muchos de los interrogantes que planteé el día 19 del corriente en la ÚNICA carta que escribí y compartí con el Pueblo argentino: “AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes”.

ÚNICA en mayúsculas se debe a que se publicó y habló de “una nueva carta de Cristina” (sic). NO. La carta fue una sola, difundida por distintos sistemas de la red. Basta con leer el texto, pero en la Argentina, tal como siempre lo afirmo, todos los días hay que volver a explicar lo obvio y simple.

Esta es la segunda, y con motivo, precisamente, de haber conocido finalmente el texto de la denuncia, al igual que el resto de los argentinos. Saludable signo democrático: la Presidenta denunciada se entera al mismo tiempo que el resto de los 40 millones a los que tiene la responsabilidad de representar.

Decía que la lectura de la misma no hizo más que confirmar mis peores sospechas. Tenía razón el Buenos Aires Herald: Nada nuevo. Pero también por otras razones: al informe de Nisman le “plantaron” información falsa. Casi una réplica de lo que me tocó ver en la comisión que seguía la investigación de la causa principal. Los presuntos agentes de Inteligencia que Nisman identificaba como miembros de una “SIDE paralela” en conexión “directa” con la Presidenta, Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia, NUNCA habían pertenecido a la Secretaría de Inteligencia, bajo ningún carácter. Es más, con fecha 12 de noviembre de 2014, la Secretaría de Inteligencia denunció criminalmente al Sr. Bogado por la posible comisión del delito de “tráfico de influencias”, ya que se presentaba ante funcionarios de Aduana como personal de Inteligencia. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9.

Por si fuera poco, el 7 de agosto de 2013 se recibió en la Secretaría de Inteligencia un oficio librado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 en una causa por el delito de “extorsión” en el cual se solicitaba saber si Ramón Allan Bogado prestaba servicios en dicha dependencia, y en caso afirmativo, debía concurrir al Tribunal a declarar. Todo lo precedentemente detallado fue informado al juez Lijo a requerimiento del mismo, por haber quedado radicada la denuncia de Nisman en el juzgado a su cargo.

Dichas actuaciones tuvieron lugar antes de que asumieran las actuales autoridades de la Secretaría y quien puso en conocimiento de las mismas a sus superiores fue precisamente el entonces Director General de Operaciones, Ing. Antonio Horacio Stiusso, el día 10 de noviembre de 2014. La denuncia fue presentada al día siguiente.

Aquí es bueno recordar declaraciones del fiscal Nisman realizadas el 14 de enero de 2015 en el programa “A dos voces” del canal de cable TN (ya saben de quiénes se trata). Allí, ante una pregunta sobre el Ing. Stiusso de Alfano: -“¿Y que hizo Stiusso?”, Nisman contesta: -“Absolutamente todo lo que yo le pedía. Con quien coincidía muchas veces y tenía muchísimas discrepancias. Stiusso en un excelente profesional, no tengo dudas, pero a veces Stiusso como todo hombre de Inteligencia venía y me decía “tengo ésta prueba, en tal hecho participó fulano” y la explicación que me daba cuando me hablaba era coherente, la prueba la daba un informante de la triple frontera, “pero escúcheme, para Inteligencia es bárbara ésta prueba, yo tengo que ir ante un tribunal, me sacan corriendo, qué digo, ¿me lo dijo el señor Stiusso?” y se generaban discusiones. Yo solamente validaba jurídicamente a lo que le podía dar validez judicial”. Textual.

Si Stiusso era el que le daba toda la información que Nisman pedía y tenía, es más que evidente que fue el propio Stiusso el que le dijo (¿o le escribió?) que Bogado e Yrimia eran agentes de Inteligencia. ¿Es posible que se haya olvidado que él mismo lo había denunciado en noviembre del año pasado y se había iniciado causa judicial? Y si se había olvidado un hombre tan memorioso ¿no consultó con la oficina de Recursos Humanos?

Aquí cobran especial importancia las declaraciones del juez de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral, quien se ha referido críticamente a la participación del Ing. Stiusso, manifestando que en lugar de colaborar, terminó dirigiendo la investigación. Personalmente creo que hacía algo más que dirigirla. Los hechos hablan por sí solos.

Si entonces todo es falso; si los agentes no son agentes; si Interpol, en la persona de su ex jefe Ronald Noble, demolió la acusación sobre las alertas rojas afirmando que lo que decía Nisman era falso; si el comercio con Irán decrece en vez de aumentar luego del Memorándum; si los que venden granos no son ni la Presidenta, ni el Canciller, ni el Secretario General de La Cámpora, sino en forma privada y sin intervención del Estado, entre otras, las firmas: Bunge, Cargill, Nidera, Oleaginosa Moreno de la firma suiza Glencore, Aceitera General Deheza, Molinos Rio de La Plata, Vicentin, e inclusive el Sr. Jorge Aranda, directivo de Clarín, quién triangula operaciones de venta de arroz a Irán a través de la firma Molinos Libres S.A. Como se verá, empresas y empresarios que no son precisamente “amigos” del Gobierno, como gusta adjetivar Clarín a algunos que no responden a sus directivas o invitaciones.

Si además el Gobierno nunca compró petróleo a Irán; si además el supuesto agente iraní Jorge Alejandro Khalil aparece asociado comercialmente a su hermano Alberto Amado Edgardo Khalil, quién se desempeñó como Director General de Asuntos Jurídicos de la Legislatura porteña, designado por el entonces Vicepresidente de la Legislatura Santiago de Estrada y el entonces Secretario Administrativo Oscar Moscariello (hoy Vicepresidente de Boca Jrs. y dirigente del PRO). Luego, por Decreto, se le otorgó Poder General Judicial para representar al Gobierno de la Ciudad, y renuncia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 8 días después del procesamiento y dictado de prisión efectiva al ex Jefe de la Policía Metropolitana Jorge “el fino” Palacios por espionaje telefónico, entre otras personas, a familiares de víctimas de la causa AMIA.

Resulta extraño que quien profesa con tanto fervor la fe islámica, lo cual merece mi mayor respeto, y es un incondicional defensor de la República Islámica de Irán, algo completamente legal en Argentina, se asocie con dirigentes de un partido manifiestamente anti-iraní. Porque si bien los parientes no se eligen, los socios comerciales sí.

Asimismo, llama la atención que el fiscal Nisman, o quienes lo asesoraban en la investigación, se hayan interesado únicamente en escuchar telefónicamente a Khalil cuando hablaba con determinadas personas. En cualquier parte del mundo una investigación antiterrorista seria, lo primero que hace es determinar vínculos comerciales, de financiamiento, etc.

Es más, si algún juez o jueza profundiza la investigación sobre este ciudadano, además de escuchar su teléfono, tal vez se encuentre con información que nada tiene que ver con la religión, con Irán y con todas las cosas que parecen ser. Porque en la Argentina, como en todos lados, no todo lo que parece es, y viceversa.

En síntesis, la acusación de Nisman no sólo se derrumba, sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico. Y ahí está una de las claves. El fiscal Nisman no sabía que los agentes de Inteligencia que él denunciaba como tales, no lo eran. Mucho menos que uno de ellos había sido denunciado por el propio Stiusso. Tampoco investigó, fuera de las escuchas que le suministraba Stiusso, al ciudadano Jorge Alejandro Khalil.

A esta altura, los interrogantes que me planteaba el 19, se van convirtiendo en certezas, igual que cuando se avanzaba en la investigación de la causa AMIA.

La denuncia del fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el Gobierno. Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la Presidenta, a su Canciller y al Secretario General de La Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista a la AMIA.

El estrépito de la denuncia, sumado al marco internacional por lo sucedido en Francia, que aún sin pruebas ni sustento, plagada de información “plantada”, quedaba sepultada por la muerte del fiscal. Eso sí, bajo la forma de aparente suicidio. Recurso que ya ha sido utilizado en muchos casos tristemente célebres. Quiero recordar uno en especial para retomarlo más adelante, el de Lourdes Di Natale quién se “suicidara” tirándose por un balcón.

Al fiscal Nisman no lo hacen volver sólo para denunciar algo que sabían no tenía sustento y que no podía perdurar. Cuando la periodista Sandra Russo analiza el caso en Página 12 bajo el título “El truco de la confusión” y afirma que “quisieron usar vivo a Nisman y ahora lo usarán muerto”, se equivoca. Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible.

Porque surgen nuevos interrogantes a medida que se hacen públicas muchas cosas. ¿Por qué habría de suicidarse alguien que escribe un mensaje en su chat como el que escribe el fiscal Nisman cuando explica a un grupo cerrado de amigos su regreso intempestivo al país? En un tono casi épico, reflejando que venía a cumplir una tarea “para la que se había preparado pero no se la imaginaba tan pronto”.



¿Por qué se iba a suicidar alguien que en su chat explica que la tenía pensada hace tiempo pero que la había tenido que adelantar? ¿Tal vez lo hicieron venir por lo ocurrido en Francia? ¿O estaba pensada para la campaña presidencial? ¿O tal vez se adelantó por los cambios efectuados en la Secretaría de Inteligencia?

¿Por qué se iba a suicidar alguien que el sábado a las 18:27 le envió una foto a Wolff, miembro de la DAIA, de una imagen de su escritorio donde se ven papeles y resaltadores, y le aseguraba que se estaba preparando para la reunión del día lunes en Diputados? El propio Wolff expresa textualmente: “Le escribí para consultarle sobre quién debía levantar el secreto de sumario sobre los miembros de los servicios de Inteligencia. El me respondió que quien lo tenía que hacer era el Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, y me envió una foto del escritorio en el que estaba trabajando”.



¿Por qué se iba a suicidar si no sabía que era falsa la información que estaba en el informe? Estas respuestas seguramente las podrán dar quienes lo convencieron de que tenía en sus manos “la denuncia del siglo” proporcionándole datos falsos.

Pero además, si hubiera tenido sospechas de falsedad de información o de falta de sustento en el supuesto de que se lo habían escrito “otros” ¿Por qué se iba a suicidar alguien que ya había sido acusado por numerosos familiares de las víctimas del atentado en la AMIA o directamente lo habían recusado? ¿En qué hubiera cambiado su vida si el informe no tenía sustento y el juez a cargo, como es común, corriente y sucede a diario, le dicta un “téngase presente y resérvese hasta que se adjunte más prueba”?

¿Por qué se iba a suicidar alguien que siendo fiscal gozaba, él y su familia, de una excelente calidad de vida? Pero además, ¿por qué iba a pedir prestada un arma para suicidarse cuando el fiscal tiene registradas dos armas a su nombre en el RENAR? Una pistola semiautomática marca Bersa calibre 22 plg largo rifle (similar a la que fue hallada junto a su cuerpo) y un revólver acción doble marca Rossi calibre 38.

Resulta imposible no observar que en cualquier lugar del mundo, si alguien aparece muerto por un arma que está registrada a nombre de otra persona y esa misma persona resulta ser la última que estuvo con él en vida, le entregó el arma en el mismo lugar del hecho, su casa, y es un íntimo colaborador suyo especialista en informática que trabaja también en la causa AMIA desde el año 2007, resulta cuanto menos raro. Muy raro. Por eso es más que conveniente que se le otorgue mucha protección al Sr. Diego Ángel Lagomarsino.

Como también resulta muy conveniente que se ordenen sumarios e investigaciones lo más rápidamente posible sobre la propia custodia del fiscal Nisman. Esto es: los 10 policías federales. ¿Si informaron inmediatamente de descubierto el hecho al 911 o a sus superiores? ¿Cómo se permitió el ingreso al lugar donde estaba el cuerpo del fiscal Nisman a un médico privado de una obra social antes de dar cuenta al juez, a sus superiores, a los forenses?

Interrogantes estos y otros que deberán ser investigados por la jueza y la fiscal de la causa. Sí, ya sé. Llegaron a mí la publicaciones en Twitter y Facebook de la jueza interviniente. Manifestaciones no solamente de neto corte opositor hacia el gobierno nacional, sino que diría hasta ofensivas hacia la figura presidencial que revisten mayor gravedad proviniendo de una funcionaria pública de otro Poder. Dicho sea de paso, también tuvo expresiones hacia su propia institución, cuanto menos, poco felices.

Pero lo que más me inquieta es que es la misma ueza que trató la causa del “suicidio” de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma, quien lo denunció por pago de coimas y fue una figura clave en la venta ilegal de armas. La causa se cerró y Lourdes sigue “suicidada”.

No fue casual que en la única nota que publiqué el 19 de enero, antes de conocer la denuncia de Nisman, en el segundo párrafo, y refiriéndome concretamente a la muerte del Fiscal Nisman, escribí con signo de interrogación “¿suicidio?”.

Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Había que traerlo urgente al país para aprovechar el estrépito internacional provocado por los actos terroristas ocurridos en Francia. Nisman mismo lo expresa en su chat cuando dice que no lo imaginaba tan pronto refiriéndose a lo que venía a hacer en su retorno imprevisto. Lo que nunca pudo imaginar es que el tiempo no solamente había comenzado a correr para la “denuncia del siglo”, sino también para su propia vida.

En varios medios de comunicación se recordaron, en estos días, casos de “suicidios” que nunca se esclarecieron: el Brigadier Etchegoyen que investigaba en la Aduana un caso de narcotráfico, mientras la aeronáutica era conducida por su camarada José Antonió Juliá (padre de los dos condenados en España por narcotráfico); el Capitán de Navío Horacio Pedro Estrada que estaba imputado en la causa por venta ilegal de armas; Marcelo Cataneo, acusado de pagar coimas en el caso de Banco Nación-IBM; el caso de la propia Lourdes Di Natale que mencioné en párrafos anteriores.

Sin embargo, el caso del fiscal Nisman es diferente. Todos los casos mencionados remiten a cuestiones de corrupción y dinero. El caso AMIA es otra cosa. Es el mayor atentado terrorista que sufrió nuestro país y cobró la vida de 85 argentinos. Las víctimas y sus familiares esperan justicia hace 21 años y es precisamente desde allí, desde el Poder Judicial, único encargado de investigar, acusar, juzgar y condenar a los responsables de tanta tragedia, desde donde se puede cumplir esa demanda permanente de Verdad y Justicia.

Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación Argentina



http://www.cfkargentina.com/amia-y-la-denuncia-del-fiscal-nisman/

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ENERO 19, 2015 AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes.
Hoy más que nunca, no se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal.



La muerte de una persona, siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos, y consternación en el resto. El suicidio provoca, además, en todos los casos, primero: estupor, y después: interrogantes. ¿Qué fue lo que llevo a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?.

En el caso del ¿suicidio? Del Fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no sólo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura, y por sobre todas las cosas, muy sórdida. La tragedia del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina.

En lo personal me retrotrae a épocas pasadas y también duras: el 18 de julio de 1994 era Diputada Provincial en Santa Cruz y Convencional Nacional Constituyente en Santa Fe por mi provincia. Florencia, mi hija, recién había cumplido 4 años y Máximo estaba finalizando la secundaria. Viajaba todas las semanas a Santa Fe, y aquel lunes 18, el horror modificó todas nuestras rutinas.

Tampoco puedo olvidar que dos días después del atentado, me entero en Santa Fe que el 20 de julio, y con motivo del atentado, se había creado la Secretaría de Seguridad y nombrado al frente de la misma al Brigadier Andrés Antonietti.
Confieso que al enterarme de esa designación, un frío me corrió por la espalda. Aún recordaba nítidamente a esa persona. En 1980, durante el mes de noviembre en Río Gallegos, colocaron en nuestro estudio jurídico un artefacto explosivo de relojería y, además, rompieron todos los caños de gas de los calefactores dejando fluir el mismo y convirtiendo a nuestro estudio en una gigantesca bomba, que de haber detonado hubiera causado un verdadero desastre. Sólo un milagro permitió que eso no sucediera.

El Sr. Antonietti, en esos momentos, creo que era vice comodoro y segundo jefe de la Fuerza Aérea que gobernaba la Provincia de Santa Cruz. Habíamos mantenido un breve intercambio telefónico que terminó cuando le corté el teléfono. En ese momento nuestro estudio llevaba juicios contra contratistas de obra pública de dicha fuerza y concesionarios de servicios de la Agrupación Aérea. Me veo todavía, después de tanto tiempo, prestando declaración ante el Oficial Instructor de la Policía y recolectando firmas de repudio para una solicitada por el atentado.

Y recuerdo también, una memorable entrevista con el entonces Jefe de Policía, un Tte. Coronel de apellido Claro, ya que era el Ejercito el que manejaba la seguridad y la inteligencia. Con él mantuve una conversación tensa, por mis declaraciones, que involucraban a un Oficial de otra fuerza y nuestra decisión de publicar una solicitada. Si, aunque parezca mentira, no se aceptaba ni siquiera la publicación de solicitadas denunciando atentados.

Lejos estaba de pensar en esa oportunidad (año 1980), que la explosión en la AMIA me devolvería al Brigadier Antonietti, 14 años después, con el cargo de Secretario de Seguridad de los Argentinos. Y más aún lejos estaba de imaginar que en 1996 iba a formar parte, como Senadora Nacional y luego como Diputada, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los atentados de la Embajada y AMIA.

Mi participación, que se extendió hasta la finalización de la Comisión en el 2001, estuvo signada siempre por honrar la memoria, encontrar la verdad y que se haga justicia. Los primeros tiempos nos fuimos interiorizando de los hechos, de las circunstancias, de la tragedia. El testimonio de los familiares, de testigos, etc… Luego comenzaron a desfilar por la Comisión todo tipo de personajes, hipótesis, teorías, al mismo tiempo que cada vez más crecían las contradicciones, las falencias, los ¨errores¨. Más tarde, y en plena campaña política presidencial: el plantar pruebas, la desaparición de otras. En fin, la confusión, la tergiversación, el ocultamiento o la ¨aparición¨ de ¨pruebas¨, como método permanente.

Cada vez más en lugar de aclarar, todo se oscurecía. Se complicaba y crecía la sensación, al menos en mí, de estar en un teatro de operaciones de la política nacional e internacional, en el que a pocos le importaban las víctimas y mucho menos la verdad. Tal cual lo declaré más tarde como testigo en el Juicio Oral.

La tensión crecía y las discusiones también, y mi percepción de estar frente a la ¨fabricación de un Juicio¨ fue creciendo hasta transformarse en convicción. Ocurre entonces un hecho determinante como fue la memorable reunión donde declaró el Dr. Claudio Lifschitz, quien fuera Secretario del Juez Juan José Galeano y diera cuenta de las graves irregularidades cometidas por el Juez y varios de sus funcionarios.

En esa declaración, que duró horas, fue como si de repente todas las piezas de un rompe cabezas que no podía armar se unieran para llegar a una sola conclusión: estábamos ante el fraude material y procesal más importante del que se tenga memoria. Tan importante fue esa declaración, que a raíz de la misma se inicia una segunda causa por encubrimiento contra los funcionarios que se desempeñaban en la época del atentado.

Podría contar numerosos hechos y discusiones, pero todo se condensa en el 3er informe de la comisión, que firmé en soledad y con disidencia total, afirmando: que ya no tenía dudas. Que nada de lo hecho y actuado por el Juez Galeano pasaría por la prueba del Juicio Oral y Público. Ya se sabe, los papeles aguantan cualquier cosa. Las pruebas son otra cosa.
Desgraciadamente no me equivoqué. En el año 2004 el Tribunal Oral Federal nro. 3 demolió, literalmente, el expediente de Galeano y todo volvió a fojas cero, en la causa principal.

Sin embargo, en el año 2000, se inicia formalmente la causa de encubrimiento a raíz de las declaraciones públicas del Dr. Lifschitz. La causa estuvo paralizada durante años y el Juez a cargo Claudio Bonadío fue apartado de la misma, recayendo la misma en el juzgado del Dr. Lijo. Hoy, después de casi ¡15 años! de iniciada la causa de encubrimiento y 12 excusaciones de magistrados, se presume que ¨posiblemente¨ (el encomillado no es casual) se inicie el juicio oral y público en el mes de Junio de éste año.

Los imputados son:
1) Juan José Galeano (ex juez): por los delitos de peculado – malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato.

2) Hugo Alfredo Anzorreguy (ex Secretario de Inteligencia): por los delitos de peculado, encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público.

3) Eamon Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia (ex fiscales): por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, peculado y coacción.

4) Carlos Alberto Telleldín (reducidor de autos), Víctor Stinfale (abogado), Ana María Boragni (pareja de Telleldín), Rubén Ezra Beraja (ex Presidente de la DAIA), Patricio Finnen (ex agente de la SIDE): Por el delito de peculado.

5) Carlos Saúl Menem: por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad.

6) José Alberto ¨el fino¨ Palacios (ex PFA): por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba.

7) Juan Carlos Anchézar (ex Subsecretario de Inteligencia): por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

8) Carlos Antonio Castañeda (ex PFA): por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológica.

Resta indagar a un grupo de Secretarios de Galeano y al Dr. Carlos Corach quien fuera sobreseído por el Juez Lijo, pero revocada dicha sentencia por la Cámara de alzada.

Curiosa y sugestivamente, cuando está a punto de iniciarse el juicio oral y público por encubrimiento, largamente demandado por la sociedad en general y los familiares en especial, surge el intento de convertir al Gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento del atentado, no sólo en apertura de archivos, relevo del impedimento para declarar por parte de agentes de inteligencia, asignación de recursos humanos y económicos como nunca antes había contado la investigación. Reclamos, presentaciones y actuaciones en el orden internacional y ante la ONU sin precedentes, que ningún otro Presidente había hecho.

Repito, curiosa y sugestivamente se intenta convertir, 21 años más tarde, en encubridores por tratar de que se le pueda tomar declaración a los imputados iraníes mediante un Tratado Internacional aprobado por Ley del Congreso.

Me parece que es demasiado. No se puede violar la ley con la aprobación del Congreso. No se puede violar la ley cuando lo que se quiere es que declaren los imputados, sobre todo porque es la única manera de que la causa salga del estancamiento y retroceso de casi 21 años. O acaso no se recuerda cuando en cumplimiento de las alertas rojas logradas durante nuestro Gobierno contra los iraníes acusados fue detenido por Interpol en Londres, el ex Embajador iraní ante Argentina Heidi Soleimanpour, y la justicia inglesa lo liberó por falta de pruebas debiendo pagar la Argentina USD 25.000 de indemnización.

Podría mencionar las recientes declaraciones del ex Director General de la Interpol que intervino en toda la etapa de las alertas rojas u órdenes de detención o del Departamento Legal que opinó sobre el Memorándum, diciendo que era conveniente para el esclarecimiento del atentado.

Pero creo que los más importante es advertir que se intenta hacer con el Juicio de encubrimiento lo que se hizo con el juicio principal 21 años atrás: desviar, mentir, tapar, confundir. Si en aquel juicio ¨desaparecían¨ los cassettes que probarían que la SIDE estaba al tanto de que se estaba preparando un atentado, ahora ¨aparecen¨ cassettes de personajes públicamente simpatizantes de Irán a los que ni siquiera es necesario intervenir un teléfono para saber lo que hacen o lo que piensan. Basta con encender la radio y escucharlos, o mirar televisión y leer los diarios.

Y aquí es donde comienzan los interrogantes:
¿Quién fue el que ordenó volver al país al Fiscal Nisman el día 12 de Enero, dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas, interrumpiendo vacaciones familiares y licencia en el trabajo que habían comenzado el 1ro de Enero y debían finalizar más allá del 20?

¿Quién puede creer que alguien que tenía tan grave denuncia institucional contra la Presidenta, su Canciller, que profesa la Fe Judía y es Judío, o contra el Secretario General de una organización juvenil que cuando ocurrió el atentado estaba en 5to año del secundario, se fue de vacaciones y de repente las interrumpe y en plena feria judicial, sin avisarle al Juez de la causa presenta una denuncia de 350 fojas que evidentemente debía tener preparadas con anterioridad?

¿O será que alguien se las dio cuando volvió? Que por una de esas raras casualidades es al día siguiente de la marcha en Francia por los actos terroristas en ParÍs.

¿Es casualidad también que ese mismo día 12, que el fiscal regresa imprevistamente al País, que el diario Clarín titula: Más de 4 millones de pie contra el terror en Francia?







¿Es casualidad que al día siguiente, martes 13, y casi secuencialmente el mismo diario titule en su tapa: “Timerman recibió orden de no asistir a la gran marcha en París”? Desmentida por la presencia del Canciller y nuestra Embajadora en la marcha.






¿Es casualidad que el miércoles 14 el fiscal presenta ¿su? escrito de 350 páginas sin avisarle al Juez Canicoba Corral, Juez de la causa principal, y directamente las remita al Juez Lijo? Sí, el mismo que sobreseyó a Corach por encubrimiento.







¿Es casualidad que la 3ra tapa secuencial de Clarín sea precisamente este hecho?

¿Cómo pueden decir que el fiscal volvió porque temía que la Procuradora Fiscal lo removiera de su cargo si el propio Nisman admitió, nada más ni nada menos que en TN (el cable del monopolio y feroz detractor de la Procuración), que la Dra. Gils Carbó lo llamo para ofrecerle más protección y si necesitaba más custodia.

Como decía al principio: interrogantes que el Poder Judicial DEBE investigar, como también el hecho que sea un empleado de la fiscalía el que le suministra el día sábado el arma calibre 22 que le provoca la muerte. ¿Para defensa? ¿Un arma calibre 22? Cuando el fiscal vivía en la Torre Le Parc de Puerto Madero, con sistemas de vigilancia inteligentes, con códigos de ingreso, monitoreo de cámaras y custodia constante de Prefectura, y contaba además con custodia propia de 10 agentes de la Policía Federal.

Hoy más que nunca, no se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal. Porque se descubrirá a los autores del atentado cuando se sepa quiénes los encubrieron. Porque los delitos no tienen razones, sólo tienen móviles, y en Argentina todavía debemos explicar lo más obvio y simple.

Creo que los argentinos nos merecemos no ser tan subestimados en nuestra inteligencia y mucho menos cuando 85 víctimas y sus familiares todavía esperan justicia después de 21 años.



Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Presidenta de la Nación Argentina

http://www.cfkargentina.com/amia-otra-vez-tragedia-confusion-mentira-e-interrogantes/


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ENERO 26, 2015 Cristina anunció un proyecto de reforma que disuelve la Secretaría de Inteligencia (Ex Side)A mi no me van a extorsionar, a mi no me van a intimidar, yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien, no me interesa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado.



Mensaje a la Nación Argentina. La presidenta anunció el envío de un proyecto de ley para disolución de la SI (Ex Side) y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Lunes, 26 de Enero de 2015.







Muy buenas tardes a todos y a todas, este es un lugar de posición un tanto inusual para comunicarme con ustedes, pero bueno contingencias de la salud y de prescripciones médicas me obligan a hacerlo de esta manera.

Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, en el día de la fecha, especialmente desde los comienzos de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos, diría – año 2003 – el 25 de mayo del año 2003, el Presidente Néstor Kirchner, cuando asumía ante la Asamblea Legislativa, habló de algo nuevo, en la Argentina, que era necesario cambiar y que este cambio era en nombre del futuro, dijo que lo hacíamos, además, “por voluntad popular, por comprensión histórica y por voluntad política, por decisión política”. Y creo que una de las características precisamente de aquellos tiempos fue abordar el tema de la impunidad en la Argentina como uno de los estigmas que arrastrábamos desde los inicios de la democracia, allá por el año 1983, combatir la impunidad se convirtió en uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno. Y precisamente en esa Argentina, que le tocó recibir a Néstor Kirchner, había dos hitos de la impunidad, en la República Argentina: el terrorismo de Estado, lo representaban miles y miles de argentinos detenidos-desaparecidos, torturados, encarcelados o exiliados y cuyos responsables, los responsables del terrorismo de Estado no habían sido ni juzgados, ni condenados y estaban en libertad.

El otro hito, de esa impunidad, sin lugar a dudas, lo constituían dos atentados del terrorismo internacional. Fíjense terrorismo de Estado y terrorismo internacional y era la voladura de la Embajada de Israel, en el año 1992, que cobró la vida de 29 argentinos, de 29 personas y un sinfín de heridos y más tarde, el 18 de julio de 1994, el atentado de la mutual, de origen israelí, AMIA, que cobró la vida de 85 víctimas. Estos eran los hitos, ahora bien el compromiso de nuestros gobiernos precisamente fue combatir esa impunidad, porque para nosotros era imposible hablar de democracia en un país, donde quienes habían violado los más sagrados derechos, que son los derechos humanos de las personas – los derechos a la vida, fundamentalmente – pudieran convivir con nosotros, en la calle o quedar libres, o quedar impunes. Así, en conjunto con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, pudieron derogarse las Leyes de Obediencia Debida, Punto Final, los indultos y comenzar precisamente los juicios por lesa humanidad, que nos convirtieron realmente a los argentinos y a la República Argentina como un modelo a imitar en materia de derechos humanos, en todo el mundo.

Hoy, desde aquel 25 de mayo de 2003, donde había una impunidad total hemos ya celebrado más de 16 juicios de lesa humanidad, algunas son mega-causas, algunas ya terminadas, otras en trámites, hay – al mes de diciembre – 558 condenados, más de 900 procesados y más de mil y pico de detenidos. Sin embargo, de los otros dos atentados del terrorismo internacional: la voladura de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA no hay ni un solo condenado y ni siquiera ni un solo detenido.

En el caso de la voladura de la Embajada de Israel, la competencia originaria, excluyente y exclusiva para llevar a cabo la investigación, el juzgamiento y la condena es, porque así lo establece la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, yo integré – desde el año 1996 hasta el año 2001 – la Comisión Bicameral de Seguimiento de ambos atentados: la Embajada y la AMIA.

También se comenzó un juicio, que terminó en un juicio oral, un juicio en el cual yo fui muy crítica siendo miembro de esa comisión y el tercer informe de esa comisión lo firmé en absoluta soledad diciendo que en realidad se había fabricado un juicio, pero no había verdad, no había interés en identificar quiénes eran realmente los autores y los móviles fundamentalmente de aquel terrible atentado, que cobró 85 vidas.

A poco de asumir el Presidente Kirchner, el Tribunal Oral Federal, que juzgaba a todos los detenidos, que en ese momento, eran acusados de haber intervenido en la voladura de la AMIA, quedaron en libertad. El tribunal en una sentencia que es para la lectura de juristas, de abogados, de jueces y fiscales demolió todo lo que fue la instrucción por nulidad de las pruebas, bueno por cosas que si alguien tiene interés puede leer el fallo, que es más que interesante. Este fallo tuvo lugar el 2 de septiembre del año 2004 y precisamente a raíz de ese fallo es que el día 13 de septiembre, es decir a los muy pocos días se conforma lo que voy a leer y que es la Unidad Especial de Investigación y leo la parte resolutiva que habla de “crear una Unidad Fiscal, para actuar de manera conjunta o alternativa con las fiscalías que correspondan en la tramitación de la causa principal que se investiga, el atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994, con la sede de la AMIA, en trámites ante el juzgado” y bueno menciona el juzgado; “designándose al señor Fiscal General ante los tribunal orales, en la Criminal Federal, de Capital Federal, al señor Doctor Alberto Nisman y al señor Fiscal Nacional, en lo correccional, Doctor Marcelo Antonio Burgos”. Es la resolución, número 84, del 13 de septiembre del 2004, firmado por el Procurador General de la Nación sustituto, Eduardo Ezequiel Casal.

Esta resolución, la leo precisamente porque en los últimos días, he leído como que al Fiscal Nisman lo había designado el Presidente Kirchner; solamente una ignorancia supina o una manifiesta mala intención pueden creer que precisamente – luego de la reforma del 94 – el Presidente de la Nación puede designar a un Fiscal en una causa. Fue designado por la Procuración Fiscal de la Nación, ministerio extra-poder que no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Es precisamente eso, un ministerio extra-poder.

En ese momento, el Procurador General era el Doctor Esteban Righi, pero no pudo firmar esto porque tuvo que excusarse, porque en su estudio su familia, o su hijo o su mujer, no lo recuerdo muy bien, habían actuado, o él mismo creo antes de ser Procurador, había actuado como defensor del entonces Secretario General de la SIDE, Anzorreguy, en la Causa AMIA. Por lo tanto, el Procurador Fiscal, de aquel entonces, tuvo que excusarse porque había sido defensor del Doctor Anzorreguy, en la misma causa AMIA, que ahora tenía que designar a un fiscal. Creo que nadie se le ocurrirá decir que por ejercicio de esta defensa el Doctor Righi tiene que ver con el encubrimiento o con alguna participación en el atentado AMIA. Digo esto para aclarar definitivamente que la designación de Nisman de ninguna manera y en ningún momento dependió del Poder Ejecutivo, simplemente porque constitucional y legalmente no lo podía hacer.

A partir de allí se constituyó la Unidad Legal, a la que se la asignaron ingentes recursos económicos y humanos, para que pudiera llevar adelante la investigación.

Nosotros – por otra parte – comenzamos intensamente, sobre todo a partir del 2007, a hacer un reclamo permanente en Naciones Unidas, una vez que el fiscal de la causa, acusó formalmente a ciudadanos iraníes de haber participado precisamente en el atentado a la AMIA. Creo que fue a partir del año 2007, la primera mención la hace el Presidente Kirchner, y luego… perdón, si bien digo: 2007, yo no había asumido todavía como Presidenta, recién lo hice el 10 de diciembre de 2007. Fue año 2007, año 2008, año 2009, año 2010, año 2011, año 2012, seis años reclamando en Naciones Unidas, con el apoyo de la comunidad judía y también de los familiares de las víctimas reclamándole a la República Islámica de Irán cooperación judicial para que el juez precisamente pudiera tomarle declaración a los acusados y de esa manera la causa saliera del estancamiento que teníamos, porque bueno es recordar que hoy todavía, este próximo 18 de julio, se van a cumplir 21 años y todavía no hay un solo detenido, ni un solo condenado por ninguno de los dos atentados y muy en especial por el de la AMIA. Recuerden cómo hemos trabajado en materia de derechos humanos tratándose también de terrorismo de Estado.

Esto evidencia claramente la voluntad, como pilar fundamental de nuestro gobierno de esclarecer… voluntad que en el caso personal mío, más allá de lo institucional era un involucramiento que tuve desde el primer momento en que formé parte de esa Comisión Bicameral, en 1996; primero como Senadora, luego como Diputada y luego nuevamente como Senadora, en donde bueno las discusiones internas eran constantes, inclusive con algunas con algunos miembros de la comunidad, inclusive con los apoderados de la causa, que luego no pudieron demostrar – en el juicio oral – ninguna de las hipótesis ni de las acusaciones que habían formulado en papel. Porque como yo siempre digo: los papeles aguantan cualquier cosa; las pruebas en materia procesal son otra cosa.

Luego de muchos reclamos permanentes, duros reclamos finalmente los representantes de la República Islámica de Irán, se contactan y públicamente manifiestan – públicamente manifiestan – que están dispuestos por primera vez, porque Irán nunca admitía que el tema AMIA formara parte de ninguna agenda. De hecho recuerdo una reunión del Grupo de los 15, en Caracas, Venezuela, cuando el entonces presidente de Irán solicitó una audiencia con el entonces Presidente Kirchner y cuando Kirchner le planteó – a través de protocolo – que en la agenda debía estar la cuestión AMIA, la reunión no se pudo hacer. Logramos que la República Islámica de Irán aceptara sentarse a discutir un acuerdo, un Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Judicial. ¿Para lograr qué cosa? Para lograr que los ciudadanos iraníes, que hasta ahora solamente tenían alertas rojas y órdenes de detención, que también debemos decir fueron tramitadas por nuestro gobierno, sostenidas por nuestro gobierno y además como lo contara – hace muy poco tiempo – el Doctor Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior, fue el que sostuvo fervientemente ante el fiscal, el Doctor Nisman, y quien lo acompañaba en ese entonces, el señor Stiusso, miembro de la ex SIDE, que era necesario dejar al año para sostener y fundamentar precisamente estas órdenes o alertas rojas. Estas órdenes o alertas rojas salen y se mantienen permanentemente.

Ustedes habrán visto, hace muy poco tiempo, las declaraciones del ex director de INTERPOL, un hombre insospechado de cualquier vinculación con cualquier tipo de terrorismo, no solamente por haber sido – durante 14 años – titular de la INTERPOL, sino por haber sido también Jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, es decir de los servicios que custodian la seguridad del Presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos y de todos los funcionarios de los Estados Unidos, e inclusive de los presidentes que concurrimos – anualmente – a las reuniones de la Asamblea General. Ronald Noble aclaró y dijo muy plenamente cuál había sido la actitud del gobierno argentino: mantener permanentemente las alertas rojas, aclaración que tal vez no hubiera sido necesaria, porque bastaba con leer el Reglamento de INTERPOL, y solamente los que pueden pedir alertas rojas son jueces, son órdenes judiciales, por lo tanto esas alertas rojas únicamente podían ser levantadas por el mismo juez, que las había pedido y que las había obtenido. Así todo – y como siempre digo – en la Argentina hay que terminar aclarando lo obvio y lo más simple.

Lo cierto es que habíamos obtenido precisamente un principio, un Memorándum de Entendimiento para que finalmente la causa saliera de la parálisis en que estaba también desde el año 2004, porque no se lograba tomar declaraciones a los acusados y no hay posibilidad en nuestro país, por nuestro orden constitucional de que alguien sea juzgado y condenado si no es, además, interrogado e indagado, no puede haber juicios en ausencia. Además, la ley de la República Islámica de Irán prohíbe, al igual que la de la República Federativa de Brasil, que sean extraditados ciudadanos de ese origen. En el caso de Irán, iraníes; en el caso de Brasil, brasileros para ser juzgados fuera del país, deben ser juzgados dentro del país. Habíamos dado un salto cualitativo muy importante y allí fue que se desataron todos los demonios: quien había solicitado precisamente que necesitaba tomarle declaración a los ciudadanos iraníes impulsa la declaración de inconstitucionalidad, junto a otras entidades, también representativas del sector de la comunidad israelita para que se declare inconstitucional un acuerdo, celebrado entre Argentina y otro país – facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional – y ratificado por ley, del Congreso Nacional, como corresponde en la Constitución.

Hay dos actores ineludibles e indispensables para que cualquier acuerdo tenga vigencia, no basta con que la Presidenta o el ministro firme un acuerdo, sí el Congreso Nacional lo rechaza ese acuerdo no tiene ninguna validez. Pero además, cuando se produce la firma de un convenio y la ratificación del Congreso, el acto se convierte en no judiciable. Esto también es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dicho que los tratados internacionales, que son dictados y sancionados conforme lo dice la Constitución, no son materia judiciable.

Sin embargo, se declara la inconstitucionalidad en segunda instancia. Porque también debo reconocer que el juez que lleva la causa, el doctor Canicoba Corral, declaró que no era inconstitucional y esa decisión fue apelada por el entonces Fiscal Nisman y la Cámara de Alzada confirmó la inconstitucionalidad que esta vuelta a apelar, pero virtualmente el Memorándum hubiera permitido iniciar el procedimiento de receptar la declaración en Teherán de los imputados, está paralizado.

Podríamos también afirmar que durante todo ese transcurso de los gobiernos 2004, se abrieron todos, absolutamente todos los archivos de todos los organismos de inteligencia también desclasificado toda la información respecto de la AMIA. También relevamos a todos los agentes de inteligencia de su obligación de guardar secreto para que pudieran ir a declarar a Tribunales. En fin, creo que nadie, absolutamente nadie puede dudar con honestidad intelectual de todo lo que pusimos y todo lo que hicimos para que esta causa fuera adelante. El mismo empeño, la misma convicción que pusimos también contra el terrorismo de Estado. Porque estamos convencidos que una sociedad no puede vivir sitiada por el miedo y mucho menos por la extorsión.

Pero fue aquí, precisamente a partir del año 2013, donde comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la SIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo. Es allí también – porque hay que señalarlo – cuando se intensifica con una intensidad, si se me permite, estoy siendo redundante, pero en la serie denuncias contra esta Presidente de lo más insólitas.

Hasta ese momento habíamos tenido denuncias que siempre versaban sobre la declaración patrimonial pública, presentada por nosotros mismos. A partir de allí, comienzan a sucederse con un ritmo de vértigo, con la complicidad de grupos de fiscales, de grupos de jueces, de los consabidos denunciantes anónimos y también de los periodistas amplificadores o medios de desinformación, amplificadores de estas denuncias de todo tipo, desde cuentas en lugares exóticos hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas de euros o de dólares, en fin, todo tipo de denuncias contra esta Presidenta de una manera como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia.

Basta corroborar la crónica para comprender cómo se comenzó a actuar desde el año 2013, a partir del memorándum de entendimiento contra esta Presidenta. Y la verdad que esto se comenzó a hacer desde algunas oficinas desde el propio Estado nacional. Y esto toma un cariz muy evidente que es precisamente, el que me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex SIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones.

La primera: el desplazamiento de muchos de esos agentes, que vuelvo a decir, venían desde el año 83.

Este tema del sistema de inteligencia nacional, no es un problema que nace en el año 2003; es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983 y las personas que hacían estas cosas, estaban precisamente desde el advenimiento inclusive de la democracia, ya formaban parte de esa institución.

Las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario o subsecretario de esta Secretaría, no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales.

Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar. Este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China, este fin de semana, y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias, a partir del 1° de febrero, para el tratamiento de este tema.

El proyecto – entre otras cosas – presenta en primer término, la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como SIDE. Porque, en realidad, todo el mundo siempre, pese a que se le había cambiado el nombre de Secretaría de Inteligencia de Estado a SI, siempre le siguió llamando SIDE. Es que el cambio de nombre no modifica nada, sino se modifican las prácticas.

Y vuelvo a decir: esta es una deuda que tenía la democracia de todos los que hemos sido gobierno desde el año 1983. Tal vez, me toca a mí reformar – como con tantas otras cosas hemos hecho – y creo que también es necesario que la Justicia, que ha rechazado parte de las reformas que hemos efectuado, comience también a repensarse. Porque hemos visto, fundamentalmente, en estos días, una suerte de calesita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces que evidentemente ha quedado al descubierto, estos momentos, y que es necesario cortar de cuajo.

Por eso, he tomado la resolución que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector, que requerirán para ocupar el cargo, acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tales.

También quiero leer que en esta nueva ley, este nuevo sistema de inteligencia se cambian y se establecen principios rectores o paradigmas totalmente diferentes a los vigentes en materia de sistema de inteligencia nacional. Porque establece que “la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollen sus actividades los organismos de inteligencia conforma la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías”.

También establece que “la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica, referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes”. Y tipifica, específicamente, de qué estamos hablando, “para la prevención de amenazas internacionales, provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, cyber-delitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad, organizada en forma internacional”.

Estamos fijando un ámbito concreto, casi de defensa, frente a ataques externos o frente a flagelos de la complejidad por su globalización, de la trata de personas, del narcotráfico, del ciber-delito, de los delitos económicos.

Las actividades de inteligencia interna, “solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional, que prevé el artículo 36 de la Constitución nacional”. Esto es una reforma muy importante que introdujimos en el año 1994, cuando se estableció que se deben considerar traidores a la Patria todos aquellos que atenten contra el orden constitucional, contra las autoridades legal y constitucionalmente constituidas, mediante el voto popular. En síntesis, contra la democracia.

También se establece claramente que “la Agencia Federal de Inteligencia, será el órgano superior, que estará a cargo de estas tareas, en la persona de su director general y también su subdirector”. Y se establece también la transferencia a la Procuración del Ministerio Fiscal, o sea la Procuración Nacional, Ministerio Público Fiscal, de lo que es el Sistema de Observaciones Judiciales – conocido normalmente con el nombre de OJOTA – algo desconocido tal vez para el ciudadano común, pero que es el sistema de escuchas, que ordenen los jueces y que hoy están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escuchas, o sea, cuando se escuchan los teléfonos, cuando se “pinchan” los teléfonos por órdenes judiciales, precisamente al Ministerio Público Fiscal.

¿Por qué el Ministerio Público Fiscal? Por una razón muy sencilla: por lo que decía al principio, es el único Ministerio extra-poder. No depende del Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende el Poder Legislativo. Y es muy importante que alguien, al que la Constitución Nacional le asignó, en la reforma del año 94, la responsabilidad de velar sobre la seguridad de la Nación y los habitantes y sobre la legalidad de los actos, que sea de ahora en más quien sea responsable del Sistema de Observaciones Judiciales. De ahora en más, todo juez o fiscal que pueda pedir una escucha, deberá dirigirse al Ministerio de la Procuración Fiscal.

También quiero decirles que he pedido que este proyecto establezca un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia.

También se establece por ley, clasificación de la información, que va a ser confidencial; secreta; reservada o pública, según las distintas categorías. Pero al mismo tiempo también – no quiero que se aburran pero creo que es muy importante que estas cosas se sepan – se transfiere a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende – en estos momentos – del Ministerio de Seguridad, ya que tendrá como función la producción de inteligencia criminal. Por lo tanto, no tiene que estar en el Ministerio de Seguridad, sino precisamente en lo que va a ser la Agencia Federal de Inteligencia.

También se crea y esto es muy importante, una limitante: la que establece que toda relación o actuaciones entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, vinculadas a las actividades reguladas por la presente ley, sólo podrán ser ejercidas por el director general o por el subdirector. En español simple: ya nadie va a poder contactarse, ni jueces ni fiscales ni ministros, ni ningún tipo de funcionarios locales, municipales, provinciales o nacionales con tal agente, con tal persona. No, la única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser, precisamente, la institucional en la persona de su director general y su subdirector que – reitero – requerirán acuerdo del Senado.

Al mismo tiempo también, desclasificar la información, como les dije, se crean los Bancos de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia, que tendrán los siguientes objetivos: controlar el ingreso y salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal, asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley, sean destruidos y garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera. Se crea entonces, un banco también de protección de datos y archivos.

También, se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no excarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objeto de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos, o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido y nos enteramos a través de los diarios.

Y también, serán reprimidos todos aquellos empleados o funcionarios que tomen -ahí se crea un nuevo delito- precisamente contacto con los servicios de inteligencia, por afuera de los canales institucionales.

Yo quisiera también referirme fundamentalmente a dos cuestiones que tienen que ver con la denuncia, que se hizo el día 14 de enero pasado, contra la Presidenta de la República y su Canciller por parte del entonces Fiscal Nisman, en la que se nos acusa de confabular un memorándum internacional con el propósito de desincriminar a los acusados iraníes a cambio del comercio de granos, a cambio de compra de petróleo y no sé qué otras cosas más.

Yo he leído profusamente los diarios siempre y siempre que pasa algo hay un abogado que sale a fundamentar a favor y otro en contra. He leído todo y no hay un solo abogado, no hay un solo doctrinario, no hay un solo magistrado que, una vez que se conoció la denuncia, creo que fue el día 20 – si mal no recuerdo – cuando se publicó en la página de la Suprema Corte y hayamos podido leer en ese momento la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal.

Realmente, no solamente es descabellado desde lo político pensar que nuestro Gobierno, que ha sido fundamental en todo lo que ha sido la lucha contra el terrorismo de Estado e internacional en todos los foros internacionales, en la causa AMIA, pueda si quiera ser sospechado de una maniobra semejante. Más aún, cuando los argumentos son absurdos.

Hoy leía que un prestigioso procesalista y penalista, el doctor Julio Mayer, decía que es tan absurda la denuncia que aún cuando hubieran tenido lugar las conductas o los hechos que allí se describen, tampoco habría delito. Es que no puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir, firmando un tratado internacional, aprobado por el Congreso.

Pero además, si se hubieran tomado la molestia de consultar a la Interpol habrían visto que fue precisamente la Argentina la que sostuvo siempre en vigencia esas alertas rojas, que parecían constituir el meollo de la presunta denuncia, que alguien dijo que ni siquiera es acusación en términos de un fiscal, podrían haber averiguado con datos duros, objetivos, que el comercio bilateral entre Irán y la República Argentina fue más alto en el año 2010 y que fue decayendo, inclusive a partir de la firma del Memorándum; deberían saber que lo que nosotros importamos en materia de combustible es mayormente combustible, porque nuestro principal problema es que necesitamos fuel oil y combustible, pero deberían saber además que nunca compramos petróleo a Irán porque además el petróleo iraní no sirve por los componentes que tiene para ser tratado en la República Argentina, que el principal problema que tiene no es solamente la producción de crudo, porque estamos exportando crudo, sino la capacidad de refinación porque lo que se importa es precisamente petróleo refinado, jamás crudo.

Son datos que están a la mano de cualquiera, son datos públicos, hubiera bastado ver eso para no incurrir en los groseros errores, más aún también en el caso de haber mencionado como agentes de inteligencia, vinculados directamente a esta Presidenta, a personas que habían sido denunciadas por los propios agentes de inteligencia, que proveían de información al Fiscal Nisman, como falsos agentes y por tráfico de influencias, que habían sido denunciados penalmente. Esto recién lo conocimos el día que se conoció la denuncia, no se supo el día 14, y probablemente tal cual lo afirmé en una de las dos cartas, que dirigí a la comunidad y que tampoco el Fiscal Nisman haya podido enterarse.

A propósito de esas dos cartas, y si se me permite la digresión: se intentó decir que en la segunda había cambiado de opinión, respecto de la muerte del Fiscal Nisman, porque decía que en la primera había afirmado que era un suicidio y en la segunda que no. Una lectura rápida o detenida de la misma ve claramente que en la primera carta – en el segundo párrafo – cuando hablo en el primer párrafo en términos generales de la muerte y del suicidio y cuando me refiero concretamente al caso del Fiscal Nisman – en el segundo párrafo – pongo suicidio entre signos de interrogación. Ese párrafo, en la transcripción de algunos diarios, del monopolio, el monopolio concretamente dicho omitió el párrafo, donde pongo ya en la primera carta suicidio entre signos de interrogación.

También debo decir y manifestarme de acuerdo a lo que fue el lamentable hecho de la muerte del Fiscal Nisman y también de todo lo que aconteció después. Yo me enteré de que algo estaba sucediendo, no de la muerte del Fiscal Nisman, el lunes a la madrugada, exactamente a las 0.30 horas cuando se comunica conmigo la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y me dice: “perdone Presidenta que la moleste a estas horas, pero tengo que informarle que ha sucedido un incidente-así me lo dijo si mal no recuerdo-en el departamento o en la casa del Fiscal Nisman”, “¿cómo un incidente, qué incidente?, le pregunté yo. “Está la madre, está el juez, están esperando que llegue la fiscal o el fiscal”, me dijo: “y hay en el baño un charco de sangre que sale por abajo de la puerta, sale sangre por abajo de la puerta y se ve un dedo”. Yo primero pensé que era un chiste de madrugada, “¿María Cecilia, vos me estás tomando el pelo o me estás hablando en serio?” “No doctora le estoy diciendo la verdad”, “¿pero quién está del otro lado?”, “no sabemos porque el juez no quiere entrar hasta que llegue la fiscal”, “pero cómo no van a poder entrar, si está el juez pueden entrar, puede haber una persona que se ha hecho daño, que entre”, “no, el juez no quiere entrar hasta que llegue hasta que no llegue la fiscal”.

Recién me confirman aproximadamente 2.30, yo no quiero mentir la hora pero 2.30, 3 de la mañana que era el cuerpo del Fiscal Nisman que estaba en un charco de sangre, a esa hora se enteró la presidenta de la República desde el desgraciado suceso.

Más tarde comenzaron aparecer nuevos datos, los datos eran que la pistola que había producido la muerte del Fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia Fiscalía experto en informática y que tenía intima relación con el fiscal, que fue la última persona que lo vio con vida, que estuvo con él, que habló con él, es última persona que lo vio con vida, que habló con él, que además era de su íntima confianza, de su íntima amistad, que concurría asiduamente a su departamento según pudimos saber, fue el que le dio su propia arma 22, que está registrada como tal en el RENAR, que es donde está el Registro de Armas. Esta persona además, fue, podemos decir, un feroz opositor al gobierno, todo el mundo tiene derecho a ser opositor al gobierno, pero pudimos advertir por sus twitter las groserías y los insultos, que no voy a reproducir porque es impropio de una presidenta, pero esos insultos, esos agravios casi con un contenido machista, están dirigidos precisamente a la persona de la Presidenta de la República. Tenemos entonces una persona de la íntima confianza del Fiscal, que es la que le provee el arma, que es la última persona que lo ve.

Twitter de Lagomarsino.

La primera que entra al departamento es su madre, porque al Fiscal lo encuentran muerto en su propia casa y la que lo encuentra muerto y lo ve por primera vez – después pudimos enterarnos – fue su propia madre. No sé qué otras personas, antes de que llegaran las autoridades judiciales. Y también pudimos enterarnos que esta persona, el señor Diego Ángel Lagomarsino, no es solamente un feroz opositor y tiene todo su derecho de serlo, sino que además es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Saenz Valiente, socio del Grupo Clarín. Todos recordarán aquellos cuadros que presentara Martín Sabbatella, donde las sociedades compartida entre Clarín y los Saenz Valiente, es el gerente de informática del Grupo Clarín.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué esos datos no salieron a la luz? Esos datos pueden observase en internet al ingresar a la página de dicho estudio, y ningún periodista, absolutamente nadie, lo ha mencionado. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿si en lugar de que el arma perteneciera al señor Lagomarsino, íntimo amigo del fiscal y miembro de la Fiscalía, que investiga AMIA, un opositor a este gobierno, y hermano de un importante ejecutivo de las empresas vinculadas al Grupo Clarín, hubiera sido de un fervoroso militante del Frente Para la Victoria, y además de eso hubiera tenido un hermano con un importantísimo cargo en el Poder Ejecutivo Nacional, ¿qué se estaría diciendo? Por eso realmente todos estos días de un verdadero aquelarre informativo, confusiones que realmente conllevan a desconcertar a la gente y a hacerla indignarse frente a las cosas, tienen un propósito muy definitorio que es la desinformación, la confusión y fundamentalmente que haya un gran pesimismo en la gente, frente a la labor que puede cumplir la Justicia.

Por eso, en otra de mis cartas pedí especial protección Diego Ángel Lagomarsino. Uno leía los diarios y decían que estaba en un hotel, con más de 15 custodios, que se turnaban rotativamente. Todos ustedes lo deben haber leído o escuchado hasta el cansancio en un cable de noticias. El otro día nos enteramos que el señor no tenía custodia, cuando la Fiscal no lo podía ubicar y se ordenó su no salida del país. A propósito de la salida del país: también tenemos información, a través de la oficina del Ministerio del Interior, en la parte de pasaportes, que el señor Diego Ángel Lagomarsino comenzó a tramitar su pasaporte, el día 14 de enero, día en que el Fiscal Nisman presentó su renuncia. Por supuesto, ese pasaporte – dado los hechos que son de público y notorio – fue retenido y no fue entregado al señor Diego Ángel Lagomarsino. Seguramente la fiscal o la jueza de la causa requerirán información al Ministerio del Interior, que es el que maneja todo el tema de los pasaportes.

Podríamos también agregar al respecto que en realidad no hay que pensar que no es posible investigar y saber qué es lo que pasó. Porque digo, porque también en el año 2010 tuvimos un asesinato terrible: el del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Todavía recuerdo las palabras de mi hijo, diciendo que “la bala que mató a Mariano Ferreira rozó también la cara y el corazón de Néstor Kirchner, el Presidente”.

Me acuerdo que teníamos muchos menos elementos, en ese momento, había sido una escaramuza entre dirigentes o militantes de un sector del sindicato y el Partido Obrero y teníamos el muerto, un asesinato. Y recuerdo que cuando la familia vino a verme a mí, su padre, su madre que lloraba, su hermana, su hermano Pablo Ferreira me preguntaron si iba a proteger a alguien, que si también se iba a proteger a quien era entonces secretario del gremio de ese sindicato. Eso me lo preguntó Pablo Ferreira y yo le dije, mirándole a la cara que “no estaba casada con nadie”. Y desde el gobierno acompañamos todos los elementos que habían llegado a nosotros porque esto pudo esclarecerse a partir de una persona que había participado en los hechos y testimonió bajo protección. Recordarán, inclusive, que hubo varias discusiones y que hasta un perito en balística resultó procesado porque intentó desviar la investigación y decir que la bala, en realidad, que había matado a Mariano Ferreira era una bala que había venido rebotada. No me acuerdo cómo era. Pero lo cierto es que es posible, cuando se pone la Justicia a investigar en serio, encontrar a los responsables y encontrar a los culpables.

Yo creo, sinceramente, que se denuncia sin ningún fundamento, sin ningún asidero y la muerte del fiscal Nisman están directamente vinculadas con el antecedente del Memorándum de Entendimiento y con la impunidad del atentado de la AMIA. Porque parece ser, que en realidad, nadie quisiera que se investigara a fondo o se tomara declaración a alguien, es como un constante investigar, un constante decir, un constante acusar pero no lograr los instrumentos, ni provocar las conductas y los comportamientos que nos permitan arribar a la verdad y obviamente al enjuiciamiento, a la condena y al castigo de quienes fueron responsables del peor atentado terrorista que tuvo la Argentina y reitero la vida de 85 personas.

Por eso no se entiende, o tal vez se entiende porque me tocó participar a mí durante toda la Comisión y vi cómo se plantaban pruebas, cómo se creaban pistas que eran falsas, cómo cosas que luego no pudieron demostrarse en el juicio oral y todo volvió a foja cero. Hace 21 años del atentado y hoy alguien pretendió con una denuncia sin fundamento que nosotros queríamos desviar la investigación y ocultar a los iraníes. ¿Por la venta de granos, qué granos? Si los únicos que les venden granos a los iraníes son aceitera General Deheza, Cargill, Bunge y Born, Nidera, Noble, inclusive Molinos Libre, que también vende arroz, proveniente tal vez de alguna empresa del mismo grupo, pese a las desmentidas porque hacen también triangulación. Nadie pensará también de que algunas de esas empresas es amiga del gobierno ni tengo propiedad de ningún campo que produzca granos, por lo tanto no hay ningún tipo de esos intereses que han querido confundir a la sociedad. Seguimos como estamos, en el año 2003, queremos saber y para saber se necesita tomar declaración, la cooperación judicial que le reclamamos durante año a la República Islámica de Irán, y cuando se firma el entendimiento la Justicia Argentina – producto de presiones – y de movimientos de fiscales, de jueces lo declara inconstitucional. Entonces los iraníes dicen:”no, lo declaran inconstitucional, no se mueve absolutamente nada”.

El otro día, inclusive, leí un reportaje del “New York Times”, donde se hablaba de constituir una comisión internacional de juristas prestigiosos, es evidente que ni siquiera han leído el artículo 1ero, del Memorándum de Entendimiento, que establece la constitución de una comisión, de cinco juristas de prestigio internacional, que no podían ser ni argentinos ni iraníes, no para juzgar porque no pueden hacerlo, no para intervenir porque no lo pueden hacer, sino simplemente para opinar sobre la prueba recolectada. Esto que se estaba proponiendo es precisamente el artículo 1ero, del Memorándum de Entendimiento. Pero lo que más me llamó la atención absolutamente de esa denuncia es la mención, que se hace como presuntos agentes de la SIDE, con vinculación directa con esta Presidenta y con una suerte de SIDE paralela, a dos presuntos agentes que el propio proveedor de información del Fiscal Nisman, había denunciado ante la justicia penal, como usurpadores de títulos que no tenían y traficantes de influencias, ante funcionarios de la Aduana. Cómo es que se le informa el fiscal un nombre como presunto agente de contacto con la Presidente, cuando al mismo tiempo unos meses antes de noviembre, se los ha denunciado como agentes falsos en causa penal. Incomprensible, o tal vez demasiado comprensible: había que presentar la denuncia el 14, en el marco de los sucesos y de la conmoción que había en el mundo por los sucesos de París. Por eso también el retorno imprevisto del fiscal y por eso no se introdujo el nombre de los agentes que habrían intervenido, precisamente porque la mención de esos agentes impedía que se hiciera pública inmediatamente la denuncia.

Por eso digo, que tal vez, todo lo que ha sucedido lo que yo llamo el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna es una leyenda de la mitología griega, que consiste fundamentalmente en cómo se sale de un laberinto en la Isla de Creta. Allí había un laberinto, donde había un monstruo, un minotauro que reclamaba todos los años que se le entregarán siete jóvenes para el sacrificio. Y nadie podía escapar de ese laberinto, sin embargo una mujer, Ariadna, le dio a Teseo para que entrara un hilo para que fuera poniendo el hilo por todo el laberinto y luego de acabar con el minotauro pudiera salir. Tal vez este lamentable y desgraciado suceso de la muerte del Fiscal Nisman constituya el hilo de Ariadna, que nos permita de una buena vez y por todas dar respuestas a las 85 víctimas y a sus familiares.

Este gobierno es un gobierno comprometido absolutamente con los derechos humanos, es paradigma en el mundo en respeto a los derechos humanos, es paradigma en el mundo en materia de lucha y combate contra el terrorismo. Salvo algún otro presidente, en los Estados Unidos de Norteamérica, o tal vez de Israel hayan nombrado a la República Islámica de Irán acusándola de algo en el seno de Naciones Unidas. Los presidentes de Argentina, Néstor Carlos Kirchner y quien le habla fueron los primeros que lo hicieron, desde el año en que el atentado sucedió: 1994. En qué cabeza puede caber que quienes precisamente fueron los primeros en acusar y en lograr y en tratar de que la República Islámica de Irán coopere mencionándolos y acusándolos en base a lo que el fiscal de la causa suministraba pueden, ahora, intentar – no se sabe por qué cosa – distraer o desviar la investigación.

Por favor, no subestimen la inteligencia de los argentinos y porque no subestimamos tampoco la inteligencia del Estado ni de los argentinos es que también hemos tomado estas decisiones, que espero esta disolución de la Secretaría de Inteligencia, esta reformulación de todos los organismos de inteligencia, esta transferencia del sistema de escuchas judiciales, no ya al ámbito del Poder Ejecutivo, sino al ámbito del Ministerio Público Fiscal, esta decisión de también de que los agentes no puedan tener ningún contacto con ningún otro miembro del Estado, en cualquiera de sus tres poderes, ni tampoco de particulares sino es a través de las figuras de sus directores y otras reformas que también se introducen a todo el sistema. Es una deuda que teníamos pendiente con la democracia, como tantas otras que nos ha tocado cumplir, como fue no solamente la recuperación de los recursos de los trabajadores, para que puedan ser administrados por el Estado, como también lo fue la Asignación Universal por Hijo, como lo fue el desendeudamiento y reestructuración de la deuda argentina.

Ah y me olvidaba, otras de las acusaciones eran de las empresas de los fondos buitres en Nevada y vengo reclamando, permanentemente, que de una buena vez y por todas nos digan los nombres de esas empresas porque también los argentinos queremos conocerlas. Pero he aquí que cuando se descubren 4.040 cuentas, como se descubrieron, por ejemplo, a partir de una colaboración con la República francesa, 4.040 cuentas en serio, no que aparecen en los diarios, hay un silencio absoluto, ocultamiento y desinformación por parte de la prensa. Me parece que lo que les interesa no es precisamente atacar o perseguir la corrupción, sino atacar y perseguir al gobierno, y en especial – dentro del gobierno – a esta Presidenta.

Yo quiero también decirles algo, a los argentinos, a mí no van a extorsionar, a mí no me van a intimidar, yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien no me interesa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado, que no se puede seguir manejando a la República Argentina de esta manera, que es necesaria una profunda reforma también en el Poder Judicial, que desgraciadamente muchas veces fue declarada inconstitucional, no aplicada, pero es necesario que los tres poderes del Estado exhibamos transparencia absoluta.



Cristina Fernandez de Kirchner



Y en este caso, el fiscal Nisman el Poder Judicial tiene un gran desafío, como lo tuvo cuando se produjo el asesinato de Mariano Ferreira, demostrar que es posible encontrar a quien mató a alguien, que es posible enjuiciarlo con los jueces de la Constitución, que es posible condenarlo de acuerdo con lo que prescribe nuestro Código Penal y que es posible reconstruir la confianza de todos los argentinos en su Poder Judicial. Esto tenía que decirlo porque yo no puedo permitir que de ninguna manera se tenga sitiada a la democracia con el miedo y la extorsión, ni tampoco se extienda una mancha sobre la democracia, pensando en las cosas que se han escrito y visto, en estos últimos tiempos. Por eso creo que la demanda es muy fuerte y yo creo que hay una magnífica oportunidad no sólo de esclarecer la muerte del Fiscal Nisman, sino que este esclarecimiento nos comience a conducir – como el hilo de Ariadna – a la salida del laberinto.

Muchas gracias.



Cristina Fernández de Kirchner

http://www.cfkargentina.com/cristina-kirchner-cadena-nacional-amia-justicia-ex-side-y-la-denuncia-del-fiscal-nisman/