Martes 02 de Junio | 05:22
Florencia Halfon Laksman
"La violencia de género es un problema de la sociedad y requiere de la organización popular para acelerar los procesos y combatirla", opina Mariana Gras, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, que depende del Poder Ejecutivo.
"La violencia de género es un problema de la sociedad y requiere de la organización popular para acelerar los procesos y combatirla", opina Mariana Gras, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, que depende del Poder Ejecutivo. Planea asistir mañana a la movilización en el Congreso para manifestarse en contra de los femicidios, y lo hará con una columna del Frente para la Victoria, que va a terminar luego en las escalinatas de Tribunales "porque hace falta una solución integral".
Asegura que "mientras haya una mujer en situación de violencia, queda mucho por hacer", pero defiende el trabajo que lleva a cabo el organismo que preside. En diálogo con Tiempo Argentino, Gras cuenta que se está construyendo un registro oficial al respecto; aclara que la ley de Protección Integral de Mujeres está reglamentada desde 2010; desgrana su visión sobre los cinco puntos que se impulsan en la concentración; y celebra la convocatoria "porque pone el tema en agenda y hace que todos se vean obligados a cumplir con la ley".
–El petitorio de la movilización solicita, entre otros puntos, estadísticas oficiales.
–El Indec está trabajando en eso hace un año y siete meses (ver aparte). Hablamos de un registro de femicidios y otro de violencia. En los países, el promedio de construcción de esto es entre cuatro y cinco años. Nosotros creemos que en septiembre vamos a poder tener los primeros datos de violencia. Lo que tiene que ver con femicidios lo estamos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
–También se pide que haya verdadero acceso a la justicia.
–Eso no le corresponde al Ejecutivo, pero sí se está trabajando en la sensibilización del Poder Judicial y que se cumpla con la Ley 26.485. Un ejemplo típico: la ley prohíbe las audiencias de conciliación y mediación en casos de violencia de género pero el 70% de los jueces y fiscales siguen llamando a esas audiencias. De esto hablamos cuando nos referimos a la "justicia machista".
–Otro punto solicita monitorear el Plan de Acción del que habla la ley.
–Hay falta de información. La ley se sancionó en 2009. En 2010, se inició un trabajo para la reglamentación, con el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y organizaciones. Eso llevó más de siete meses, con la participación de todo el país. A partir de esa estructura se reglamentó la ley. Lo que pasa es que hay un capítulo de los Códigos Procesales, cuya modificación les corresponde a las provincias. La ley no requiere adhesión en las políticas públicas y prevención, pero sí en el capítulo procesal. Todavía hay cuatro provincias que no adhirieron (Córdoba, San Juan, Misiones y Catamarca). San Juan puede llegar a aprobarlo esta semana y eso es el "efecto marcha" porque hace tiempo que venimos intentándolo sin respuesta. Y lo otro que no está reglamentado es lo que ya tiene reglamentación en otra norma, como la "violencia mediática", que está en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Otro tema es que haya cosas que modificar de la reglamentación actual, porque es una problemática que va evolucionando. Será cuestión de escuchar propuestas.
–¿Hay suficientes recursos para su implementación?
–No tengo problemas presupuestarios. Trabajamos de manera integral con todos los ministerios, con presupuestos propios y de esas carteras. Pero si a mí me ponés un presupuesto, yo creo que me limitás. Ahora, en la Argentina se están construyendo 24 hogares de protección integral. Cada uno cuesta entre 3,5 y 4 millones de pesos y se hacen con cooperativas de trabajo. El promedio de equipamiento va de 1 a 2 millones de pesos. Tenemos el programa Ellas Hacen, que es el único en el mundo que tiene como sujeto político a las mujeres que sufren violencia. Hay 60 mil inscriptas. Más del 40% se separó al cobrar el segundo sueldo, porque para solucionar la violencia de género se requiere independencia económica. Tenemos el programa Ayuda Directa Urgente, para colaborar económicamente con quien está en una situación de emergencia, con traslados, pañales, ropa o lo que haga falta. Tenemos línea directa con el Ministerio del Interior para hacer el DNI en menos de 24 horas. Todo eso es la primera vez que se hace, lo que no quiere decir que no falten millones de cosas y que no tengamos que seguir profundizando las políticas. Hay que hacerlo mientras haya una mujer asesinada.
–El petitorio también demanda garantizar la educación sexual integral.
–La primera vez que se incorporó la temática en las currículas fue con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En el manual había un breve texto de violencia en el noviazgo. El año pasado el Ministerio de Educación de la Nación puso un capítulo entero trabajado con nosotros sobre violencia de género. Y la semana pasada, como marca la ley, sacamos una resolución acordada con las provincias que obliga a darles cupo escolar en cualquier momento del año a los hijos de mujeres víctimas de violencia que requieran una mudanza. Antes había muchas limitaciones.
–¿La educación contra la violencia se cumple en todos los colegios?
–Es la misma pelea que la educación sexual. El problema es que hay provincias que, cuando mandás los materiales, los dejan en un subsuelo. Es lo mismo que nos pasaba con los preservativos. Tiene que ver con el poder político provincial y hay que seguir transformándolo. Por eso también es importante la marcha: va a obligar a que, aunque no sea por convencimiento sino por condicionamiento y obligación del mandato popular, cumplan la ley. El 25 y 26 de junio vamos a hacer dos jornadas de capacitación con los docentes. Nadie te va a decir que está a favor de la violencia de género pero hay quienes no aplican la ley. Hay un manto de hipocresía.
–El último punto impulsa que se garantice la protección a las víctimas mediante el monitoreo electrónico de los victimarios.
–Nos parece fantástico. Es el mismo proceso que tiene Uruguay. Venimos hablando con la Corte Suprema para eso pero nos dicen que atenta contra el denunciado porque no tiene sentencia firme. Yo propongo que demos la pelea y sentemos jurisprudencia. «
Registro Único de casos
Desde hace más de un año, el Consejo Nacional de las Mujeres trabaja con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para crear el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer y tener en septiembre las primeras cifras de ese estudio.
Según explica Ana Nora Feldman, directora nacional de Planificación y Coordinación Estadística del Indec, “el registro recolecta la información disponible de los organismos, a nivel federal y nacional. Cada provincia, en general, tiene algún registro de mujeres que hacen una denuncia o piden asistencia”.
El proceso está ahora en la búsqueda de convenios con gobernaciones, municipios, juzgados y la Oficina de Violencia Doméstica (con quien por ahora no hay acuerdo). Cuenta Feldman: “Hemos convenido con 12 provincias, ocho organismos y un municipio, que nos están enviando datos.”
La especialista detalla que, por ahora, llevan cerca de 42.400 casos registrados entre 2013 y 2015.
“Son quienes se acercan a denunciar, no todas. Casi la mitad de ellas tiene entre 30 y 49 años. Pero el 34% tiene entre 18 y 29 años. La mitad de las víctimas está desocupada y casi la mitad tiene título secundario o más, pero eso puede tener que ver con el lugar donde por ahora registramos. Sobre el agresor, el 50% es la pareja y el 33% es la ex pareja, así que es mucha la vulnerabilidad de la víctima”, describe Feldman.
A ella se suma la abogada Susana Orsino, asesora del Consejo de las Mujeres, apasionada por ese espacio: “Ahora escucho por todos lados que el Consejo no existe. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, esto estaba destruido. Él nos pidió que ninguna mujer se fuera de acá sin respuesta institucional. Y trabajamos por años con el mínimo sueldo. Hay un crecimiento increíble”, dice.
http://www.infonews.com/nota/203175/la-movilizacion-pone-el-tema-en-agenda-y-obliga-a-que-todos-cumplan-la-ley
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