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CONFERENCIA DE VIDO - FIBERTEL


De Vido Fibertel
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http://www.dailymotion.com/video/xei7hl_de-vido-fibertel_news

Publicado el 21 de Agosto de 2010

El documento Exclusivo que revela la información que prefieren ocultar a la opinión pública.

Pese a ello, el multimedio continuó vendiendo el servicio a miles y miles de usuarios, ocultando que podían quedarse sin conexión a Internet porque la empresa no tenía personería jurídica para seguir operando.

Este reconocimiento se desprende de un informe de 200 páginas que el Grupo Clarín presentó el 11 de octubre de 2007 a la Bolsa de Londres. Era para poder cotizar en este mercado y conseguir dinero fresco que les permitiera financiar su proceso de expansión en el mercado interno.

El extenso informe también reconoce de manera explícita que “la Sociedad puede no recibir todas las aprobaciones regulatorias necesarias en relación con las adquisiciones anteriores” y que “no puede asegurar que podrá mantener las licencias de telecomunicaciones de ciertas subsidiarias”, entre las que puede incluirse a la propia Fibertel.

El Grupo Clarín hace estas consideraciones cuando le explica a los futuros inversores los “riesgos relacionados con las actividades de la Sociedad”.

En realidad, el multimedios trabajaba sin licencia desde el año 2003, pero daba por descontado que podría aprovechar su poder de lobby para garantizarse el uso de la licencia a posteridad. Ayer, el Grupo Clarín, a través de toda su artillería de medios de comunicación, liderada por el canal TN, repitió hasta el hartazgo que el gobierno quería dejar sin servicio a los usuarios de Fibertel. Por su parte, el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá salió al cruce de la información difundida por el Grupo Clarín. “Lo primero que quiero aclarar es que el gobierno no está prohibiendo a Fibertel. El servicio caducó porque Fibertel no tiene personería jurídica, se disolvió. Ellos pidieron la fusión por absorción y la Secretaría de Comunicaciones jamás la autorizó”, señaló durante una entrevista que mantuvo con el diario Tiempo Argentino en su despacho del piso 19, en la calle Piedras 131.

El funcionario también explicó que “cualquier cambio accionario tiene que contar con la aprobación de las autoridades de aplicación y en caso contrario la caducidad de la licencia se da automáticamente”. En este sentido, Ceferino Namuncurá dijo que “si un usuario tiene un problema legal, no hay nadie que pueda poner la cara, porque Fibertel no existe”.

“Desde el punto de visa de los usuarios, están gozando de un servicio de una empresa que no tiene personería jurídica. ¿Ante cualquier reclamo contra quién iban a presentar la demanda?”, se preguntó, además, Namuncurá. En otro tramo, el informe del Grupo Clarín ante la Bolsa de Valores de Londrés admite que “la capacidad de la sociedad de operar eficazmente depende del mantenmiento de sus licencias”.

Pese a todas estas consideraciones, el Grupo Clarín insistió ayer en que el gobierno hizo desaparecer la empresa y que nunca supo nada sobre la posibilidad de que no renovaran una licencia que ya había caducado.

Publicado el 21 de Agosto de 2010

El ministro de Planificación, Julio De Vido, afirmó que la empresa Cablevisión presta “en forma trucha” el servicio de Internet a través de la marca Fibertel, sobre cuya licencia el gobierno ordenó la caducidad. “Hay una violación flagrante de una ley. No estamos en pelea contra un grupo determinado, sino que estamos dando un debate político e institucional, y una firme decisión de evitar concentraciones monopólicas, sean del signo que sean y en la actividad que fuere.” Destacó que “la ley no habla de que hay que intimar, sino que dice que ante la inexistencia de persona jurídica, el servicio automáticamente no hay quién lo preste”. El titular de Planificación indicó que “se esperó un tiempo prudencial” para resolver, y puso de relieve que “hace un mes se le impidió (a Cablevisión), a través de una resolución, seguir vendiendo el servicio, a ver si recapacitaban y normalizaban la situación. Y no sólo no lo hicieron, sino que al otro día pusieron publicidad en los diarios ofertando el servicio.”

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GacetaMercantil.com.ar es un nuevo sitio web, dirigido por Julio Villalonga, periodista que, además, se desempeñó en el Grupo Cablevisión cuando era propiedad de Hicks, Muse, Tate & Furst, y de Liberty Global. Por eso se reproduce su nota acerca de los acontecimientos por Fibertel:

| 20/08/2010 | 20:39

Gabriel Mariotto, titular del Comfer.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Gaceta Mercantil). El anuncio de ayer (jueves 19/08) del ministro de Planificación, Julio De Vido, de establecer la caducidad de la licencia de Fibertel, la empresa proveedora de Internet del Grupo Clarín, no fue una sorpresa para los que siguen el tema pero provocó una gran confusión entre los miles de usuarios del servicio, confusión que como se verá también fue promovida por la empresa.

De Vido anunció que por una resolución, la 100, Fibertel "ya no existe más" debido a que CableVisión "incumplió la ley nacional" y "usurpó" la licencia.

La fusión de Fibertel con Cablevisión "nunca fue aprobada por el Estado Nacional", sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa que brindó en el microcine del Palacio de Hacienda.

El ministro se refirió de este modo a la fusión por absorción de Fibertel por parte de Cablevisión, ocurrida en 2002, cuando sus dueños eran Liberty Media y el fondo Hicks, Muse, Tate & Furst y su gerente general el abogado Mariano Ibáñez. Hasta ese momento, Cablevisión y Fibertel eran dos empresas separadas aunque de los mismos accionistas. ¿Por qué era así? Porque la legislación lo determinaba: la primera era una compañía de TV por cable que sólo podía brindar ese servicio y estaba regida por las normas que emanaban del COMFER; y la segunda, una empresa de provisión de servicios de Internet que debía atenerse a lo establecido por la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Entonces bien, ¿cómo era que CableVisión ofrecía los dos servicios? Porque le alquilaba su red a Fibertel, que tanto era una compañía "independiente" que se cuidaba bien de facturar su servicio aparte.

Según la empresa, "se trata de una medida claramente abusiva y enmarcada en el plan de trabas y hostigamiento administrativo del Gobierno contra Cablevisión". La resolución, añade, "es violatoria de los derechos de la empresa como continuadora universal de Fibertel". Y termina asegurando que la absorción societaria se realizó en 2002, "mucho antes de la fusión con Multicanal, y fue aprobada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que es el organismo competente para este tipo de operaciones".

Aquí es donde la compañía de Clarín busca mezclar todo para que nadie entienda nada. En primer lugar, la IGJ sólo podía opinar sobre la absorción, nunca sobre si la licencia de Fibertel podía ser explotada por Cablevisión, lo cual claramente no estaba permitido por la ley. Claro, ni la Secretaría de Comunicaciones ni el COMFER, en aquella época, opinaban sobre prácticamente nada y mucho menos ejercían el poder de policía que les impone la ley. En segundo término, no hace falta aclarar que aquella absorción de 2002 se produjo "mucho antes de la fusión con Multicanal", que en efecto tuvo lugar en 2006, cuatro años más tarde. Salvo que se quiera confundir una fusión con otra.

Clarín advierte que esta segunda fusión, la que reunió todos los activos de cable e Internet de las dos empresas, Cablevisión y Multicanal, obtuvo la aprobación de los entes de regulación pertinentes. Esto es parcialmente cierto: la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) la autorizó, pero el COMFER no opinó sobre el punto. La decisión de la CDC fue un escándalo porque forzó los criterios que consideran o no si existe una posición dominante (monopólica) diluyendo el porcentaje de clientes de las dos empresas en el total de los clientes de la TV paga del país, sin analizar la situación región por región como correspondía. Pero corrián tiempos de idilio entre el Grupo de Magnetto y el entonces presidente Kirchner.

Tanto Clarín como La Nación subieron a sus versiones digitales notas parecidas, en las que subrayaban que esta decisión se tomó en el marco del enfrentamiento entre el Gobierno y el conglomerado que conduce Héctor Magnetto. Es absolutamente cierto. Ninguna de las decisiones que toma la Administración Kirchner en este terreno son ajenas a esa disputa de poder, pero algunas no tienen asidero legal y otras sí. La de Fibertel entra claramente en la segunda categoría.

Según relata La Nación, "a comienzos de este mes, la agencia estatal Télam difundió que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), detrás de la que está el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, daría a conocer una resolución que ordena a Cablevisión 'abstenerse' de ofrecer el servicio porque es una 'distribuidora de TV por cable y no cuenta con licencia para operar en el área de las telecomunicaciones'".

Continuó el diario de la familia Saguier. "La supuesta resolución ordenaba, siempre según la agencia estatal, que Cablevisión debería 'abstenerse de contratar nuevos usuarios o modificar los servicios que se están dando'". Y completa: "Esa información se conoció la misma semana en que, en su calidad de vicepresidente de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), el máximo ejecutivo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, participó de una reunión de esa entidad y la Unión Industrial Argentina (UIA). Magnetto también fue anfitrión en su casa de un encuentro de los principales dirigentes del Peronismo Federal y de Pro, dos fuerzas políticas opositoras".

Este es el contexto político. Pero el comunicado de Cablevisión añade que "la fusión (del 2006) fue aprobada por la Secretaría de Comercio Interior y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Casi cuatro años más tarde, el Gobierno considera ahora que aquellas compañías no pueden hacer converger sus operaciones". En efecto, el Gobierno de Cristina Kirchner se decidió a hacer cumplir la ley. Y esto, naturalmente, fastidió al Grupo Clarín porque afecta sus intereses y porque el Gobierno "se ha puesto quisquilloso" con los papeles.

Las notas de La Nación y Clarín apuntan que "no es la primera medida de este tipo" ya que "la CNC impuso el mes pasado multas de $ 2,5 millones a Cablevisión y Multicanal 'por haber concertado un reparto de mercado en la ciudad de Santa Fe en relación con el servicio de televisión por cable'. En tanto, el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) resolvió quitarle a Cablevisión las licencias para operar en varias ciudades del país con el argumento de que no puede tener más de un permiso por localidad".

Y aquí lo que se viene. La caducidad de la licencia de Fibertel, según advierten los dos medios, se enmarca en una ofensiva nacional. En rigor, esa ofensiva busca hacer cumplir la todavía vigente ley de Radiodifusión, que no autorizaba a las empresas de cable a brindar servicios de conexión a Internet, y tampoco permitía que una misma sociedad explotara dos licencias de TV por cable en la misma área geográfica, tal como ocurre en las principales ciudades del país (Capital Federal, Córdoba, Rosario y Santa Fe, por ejemplo). Se trata de abuso de posición dominante, según la ley, y pone a los usuarios en situación de indefensión puesto que no pueden acceder a otras ofertas y deben exponerse a los caprichos comerciales de esa única compañía (suba de precios, reducción de la oferta de canales, etc.).

Si la Ley de Medios comienza a regir, Clarín deberá desprenderse además de cientos de miles de abonados en aquellas ciudades en las que tenga las dos licencias, como ya ocurrió en otras partes del mundo cuando se aplicaron leyes antimonopólicas (Estados Unidos es un buen ejemplo pero no es el único).

Entretanto, los abogados del Grupo trabajan para trabar con una medida cautelar la aplicación de la resolución 100 anunciada por De Vido. Pero el Gobierno le pegó un zarpazo a los negocios futuros, los más rentables, aquellos que podrían hacer atractivo al Grupo en una eventual venta.

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Viernes, 20 de agosto de 2010 | Hoy

El argumento oficial es que el Grupo Clarín disolvió esa sociedad en enero de 2009 y desde entonces brinda el servicio de manera irregular a través de la firma Cablevisión. La compañía denunció una “persecución” y aseguró que apelará ante la Justicia.

Por Fernando Krakowiak

El Gobierno declaró ayer la caducidad de la licencia que tenía Fibertel para brindar Internet y les dio noventa días a los clientes de la firma para migrar hacia otro prestador. El argumento oficial es que el Grupo Clarín disolvió esa sociedad en enero de 2009 y desde entonces brinda el servicio de manera irregular a través de la firma Cablevisión, sin tener la autorización del organismo regulatorio. La compañía denunció una “brutal actitud de hostigamiento” y adelantó que “ejercerá todas las acciones administrativas y judiciales, tanto en el fuero civil como penal, para defender sus legítimos derechos y velar por la continuidad de sus servicios”. El Grupo Clarín acusó el golpe y sus acciones cayeron 5,7 por ciento.

El pasado 5 de agosto, el Gobierno retomó ese argumento y le prohibió a Cablevisión seguir incorporando clientes a su servicio de Internet por no tener una licencia vigente. Este diario informó entonces que esa fundamentación incluso le podía servir para prohibirle a la firma prestar el servicio. Al no haberlo hecho parecía que la decisión oficial era preservar al menos el statu quo para no complicar a los usuarios, pero ayer quedó claro que aquella medida era sólo la punta del iceberg.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, comunicó la novedad ayer por la mañana. “Desde el 15 de enero del año pasado, Cablevisión ha venido utilizando la licencia de Fibertel sin estar autorizada”, aseguró antes de dejar en claro que ya no podrá hacerlo. Informó que los usuarios tendrán tres meses para cambiar de proveedor y difundió una línea telefónica a la que podrán llamar para asesorarse (ver aparte).

El origen del conflicto se remonta a 2003, cuando Cablevisión, controlada entonces por Liberty Media y el grupo texano HMT&F, absorbió Fibertel. La operación fue aprobada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y se le comunicó a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que se expida, aunque, según afirman en la empresa, no era necesario esperar la autorización de este organismo para avanzar con el traspaso de la licencia de telecomunicaciones. “La autorización se requiere cuando hay un cambio de titularidad, pero en ese caso no lo hubo porque Cablevisión ya controlaba Fibertel”, afirmó a Página/12 Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión. Según el ejecutivo, las firmas habían surgido separadas porque la regulación no autorizaba que el titular de una licencia de radiodifusión tuviera también una licencia de telecomunicaciones, pero cuando se flexibilizó la norma se procedió a la fusión. Luego Cablevisión pasó a manos del Grupo Clarín, quien el 15 de enero de 2009 directamente disolvió la sociedad Fibertel ante la IGJ.

El Gobierno rechaza esa explicación y sostiene que el traspaso de la licencia de Fibertel a Cablevisión requería la autorización del organismo regulatorio, la cual nunca se otorgó. Por lo tanto, cuando el Grupo Clarín disolvió Fibertel quedó en la cuerda floja, porque el Reglamento General de Licencias contempla la caducidad de la autorización para operar ante la declaración de quiebra, disolución y/o liquidación del prestador. En la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones se aclara incluso que el trámite de inscripción de la fusión ante la IGJ no es suficiente, porque “el régimen general de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 debe convivir y ser armonizado con las regulaciones especiales del sector de las telecomunicaciones”.

Desde Cablevisión, en cambio, aseguraron que la medida forma parte de una “persecución ilegal”. “Sin dudas, se trata de un nuevo y gravísimo capítulo dentro de la escalada, cada vez más totalitaria, de ataques del Gobierno contra las empresas del Grupo Clarín”, dijeron a través de un comunicado. En esa serie incluyen la anulación de la fusión Multicanal-Cablevisión, el intento por regular los precios del abono del cable y la multa de cinco millones de pesos que se le aplicó a la compañía por prácticas anticompetitivas en Santa Fe.

“El primer objetivo es hacerle daño al Grupo Clarín, pero eso va a terminar generando un monopolio extranjero porque la medida beneficiará a las telefónicas”, aseguró Moltini a este diario. Desde el Gobierno, en cambio, remarcan que no fueron ellos quienes disolvieron la empresa en la IGJ y afirman que la medida no está pensada para favorecer a las telefónicas porque en el mercado hay más de 200 proveedores inscriptos en condiciones de ofrecer Internet.

Cablevisión ahora jugará todas sus fichas en la Justicia para tratar de que la decisión oficial al menos quede en suspenso. También ven con buenos ojos la presión que pueda ejercer la oposición desde el Parlamento. De hecho, ayer varios referentes de ese sector hicieron fila para solidarizarse con el Grupo Clarín y prometieron seguir durante los próximos días.

Si pese a todo la firma no logra ponerle freno a la medida, 1,1 millón de abonados al servicio de banda ancha de Fibertel deberán cambiar de empresa. Es difícil pensar que esa migración se pueda concretar en apenas noventa días, como se anunció ayer. Las firmas suelen adecuar su infraestructura a la tasa de crecimiento esperada y ni el más optimista de los competidores de Fibertel se debe haber imaginado un escenario así. Por lo tanto, es complicado predecir si estarán en condiciones de garantizarle el servicio en tiempo record a la diáspora de Fibertel. Tampoco está claro si el propio Grupo Clarín podrá absorber parte de esos abonados con la licencia de telecomunicaciones que tiene Multicanal. Por ahora, se limitaron a resaltar que resistirán la decisión oficial, pero apelar a su otra licencia podría ser un plan B si sus reclamos no tienen eco en la Justicia.

Diputados del radicalismo, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el PRO,el socialismo y el GEN se presentaron en conferencia de prensa y criticaron en duros términos la medida del Gobierno. Pino Solanas sumó sus argumentos.

Por Sebastián Premici

La caducidad de la licencia de Fibertel para ofrecer servicios de Internet, anunciada anteayer por el Gobierno, tendrá su debate parlamentario. Para allanar el camino de esa discusión, los diputados del Grupo A –PJ disidente, PRO, UCR, Coalición Cívica, PS y el GEN– realizaron una conferencia de prensa en la cual se mostraron solidarios con la compañía del Grupo Clarín y cuestionaron al Ejecutivo por la decisión tomada. “Esto forma parte de un ataque certero y sistemático contra la libertad de expresión”, afirmó Oscar Aguad (UCR). Por su parte, Pino Solanas, líder de Proyecto Sur, también defendió a la compañía. “No existe libertad si no hay opciones para los consumidores”, manifestó el legislador. El conglomerado opositor presentará un proyecto de ley para intentar derogar la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, desde el oficialismo relativizaron la posibilidad que tiene el Congreso de derogar una decisión administrativa que le compete “exclusivamente” al Ejecutivo y sobre la cual no pesa ninguna facultad delegada.

“Se trata de un abuso de uno de los poderes del Estado. Seguramente los jueces nacionales actuarán con el fin de restablecer el orden jurídico violado”, manifestó Aguad, durante la conferencia de prensa que se realizó ayer al mediodía en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados. Los legisladores anunciaron que intentarán revocar la decisión del Ejecutivo a través de un proyecto de ley. De hecho, la cívica Patricia Bullrich adelantó a Página/12 que ya tiene elaborado un predictamen.

“Si una empresa recibe el visto bueno de la Inspección General de Justicia (IGJ) luego de una fusión, como fue el caso de Cablevisión y Fibertel, y a la vez solicita la transferencia de la licencia de telecomunicaciones pero el Estado se demora ocho años en responder, el acto administrativo queda firme de hecho y la compañía está en condiciones de ofrecer sus servicios por la licencia que solicitó”, manifestó Bullrich a este diario. Es decir, la oposición interpreta que el no pronunciamiento del Estado durante ese tiempo sería equivalente a “una aprobación de hecho”. Este será uno de los argumentos que utilizarán a la hora de plantear la derogación de la Resolución 100, que coincide con la posición asumida por la empresa.

Según manifestó Federico Pinedo durante la conferencia de prensa, el plazo de 90 días que otorgó el Gobierno para realizar la migración coincide con el tiempo que demandará la Justicia en expedirse sobre el tema, luego de la medida cautelar presentada por Cablevisión. “Para cuando el prestador se vuelva a hacer cargo del servicio, la empresa ya podría estar vaciada por el señor Moreno, por el señor De Vido y por el señor Kirchner, que se habrán llevado los clientes a otras empresas que sean amigas suyas”, manifestó el diputado, con tono irónico.

Quien también se expresó a favor de la empresa, aunque por fuera de la conferencia de prensa, fue Pino Solanas. El diputado aseguró que los consumidores dejarán de tener libertad “al no contar con opciones para acceder al servicio de Internet”. “Lo que se esconde detrás es otorgarles a los amigos del Gobierno más poder en los medios de comunicación. De esta manera se está conformando otro monopolio, que son las telefónicas”, vaticinó, en una línea conceptual similar a Pinedo y el resto de los opositores del Grupo A.