Proyecto de Ley del Marco Regulatorio de Papel para Diario
El día de la fecha el PEN presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.
El proyecto también contempla la creación en el ámbito del H. Congreso de la Nación, la COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PASTA CELULOSA Y DE PAPEL PARA DIARIOS, que tendrá el carácter de Comisión Permanente.
A los fines de la elaboración del Marco Regulatorio de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios, se dispone la creación de un CONSEJO CONSULTIVO FEDERAL, a cuya integración se invitará a los representantes de los diarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Los criterios a los que deberá adecuarse el Marco Regulatorio son los siguientes:
1. Establecer las condiciones tendientes a asegurar la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios, con materia prima nacional.
2. Disponer las medidas que permitan el abastecimiento de todos los medios de información gráficos que lo requieran, en condiciones igualitarias, asegurando el respeto de la igualdad en los precios de compraventa del producto y demás condiciones de contratación, debiendo evitarse la distorsión de los precios de mercado.
3. Promover el desarrollo de la prensa independiente, garantizando los medios para la publicación de ideas y opiniones y contribuyendo al derecho de libertad de expresión.
4. Resguardar el acceso de todos los ciudadanos a las noticias.
5.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL.
ARTICULO 6º.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
BOLETIN OFICIAL.
ARTICULO 6º.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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ueves, 26 de agosto de 2010 | Hoy
EL PAIS › EL GOBIERNO DEFINE EL MODO DE LLEVAR EL CASO A LOS TRIBUNALES
El camino de la Justicia
Los encargados de definir la estrategia son el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde. El primer paso sería una presentación en el juzgado platense a cargo de Arnaldo Corazza.
Bajo instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner, el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, comenzaban ayer a diseñar la estrategia judicial que seguirán en función del informe que denuncia la compra de las acciones de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1976, durante la dictadura militar. El punto de partida será, probablemente, una presentación en el juzgado de La Plata de Arnaldo Corazza, quien investiga los crímenes cometidos en centros clandestinos del llamado “circuito Camps”, entre ellos las privaciones ilegales de la libertad y torturas sufridas por directivos de la empresa proveedora de papel e integrantes de la familia Graiver, que era dueña de la mayor parte de su paquete accionario. La denuncia, todo indica, vinculará los secuestros con la transferencia compulsiva de las acciones de la empresa.
En realidad, ya hubo una primera denuncia para que se investigue si hubo delito en la venta de las acciones de Papel Prensa que hizo el Juzgado Civil y Comercial 2, de Eduardo Malde, a cargo de un expediente por la administración de la empresa. Malde había recibido la notificación de los testimonios que dieron en una asamblea de accionistas Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover, viuda y ex testaferro, respectivamente, de David Graiver, que era socio mayoritario de Papel Prensa. Ambos vincularon la persecución que sufrieron entre 1976 y 1977 y con la venta de la firma. El caso le tocó al juez Daniel Rafecas, quien el 7 de julio último se declaró incompetente y planteaba girar el caso al juzgado de Corazza. Su resolución decía que no se pueden escindir “los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieron por víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones de esa empresa que se encontraban en propiedad, ya sea por sí o por terceros, de la familia Graiver”.
Entre marzo y abril de 1977 fueron detenidos varios miembros de la familia de David Graiver –quien murió el 7 de agosto de 1976 en un extraño accidente aéreo en México–, entre ellos su padre, su madre, su esposa y su hermano. Los secuestraron grupos de tareas que reportaban a Ramón Camps y Miguel Etchecolatz y estuvieron en el centro clandestino Puesto Vasco. Un tiempo antes habían firmado el traspaso de las acciones de Papel Prensa a Fapel (que nucleaba a Clarín, La Nación y La Razón). Rafecas, pese a desprenderse de la causa, deslizó conceptos significativos, en base a los testimonios que tuvo en su poder. Las detenciones ilegales en cuestión, para el juez, aparecen “claramente motivadas en las finalidades de apropiación de las acciones de la empresa”. Dijo que aun cuando no habían sido consumados los secuestros, la sola amenaza de “su futura concreción” funcionaba como “coerción dirigida a conseguir la suscripción de los convenios” y luego, ya concretado el delito contra la libertad, como un mecanismo destinado a asegurar y “perfeccionar la operatoria sin obstáculos”.
El texto de Rafecas deja en claro la posible comisión de delitos de lesa humanidad que, de todos modos, ya fue definida cuando fue sentenciado a presión perpetua el ex capellán Cristian Von Wernich como partícipe de la privación ilegal de la libertad y tormentos, entre otros, de Osvaldo Papaleo (hermano de la viuda de David Graiver), Eva Gitnatch de Graiver (madre de David) y Enrique Brodsky (suegro de Isidoro Graiver, hermano de David). Una de las cuestiones con las que se topará Corazza son las diferentes versiones que hay de dos sectores de la familia: mientras la viuda de Graiver y su hermano se han referido a la venta forzosa de Papel Prensa, Isidoro Graiver negó haber tenido presiones para la venta de parte de la dictadura.
En la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos están analizando los hechos y pruebas documentales que permitan sostener la conexión entre las detenciones y el traspaso accionario. En la Secretaría de Comercio preferían que la denuncia se hiciera ante el procurador general, Esteban Righi, y creen que tarde o temprano irá al fuero federal porteño, donde tramitó, en el juzgado 6, la investigación hecha en 1986 por el fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas. Lo que es seguro es que serán denunciados Videla, Massera, Martínez de Hoz, otros funcionarios de entonces y todos los empresarios y apoderados de los diarios vinculados a la compraventa de Papel Prensa.
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LA JUSTICIA EL FISCAL RICARDO MOLINAS Y PAPEL PRENSA AÑO 1988
EN CLARIN
LA JUSTICIA EL FISCAL RICARDO MOLINAS Y PAPEL PRENSA AÑO 1988
EN CLARIN
Molinas y Papel Prensa
26/08/10
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* Molinas,
* Papel Prensa
Fernando, hijo del fallecido fiscal de Investigaciones Administrativas del gobierno de Raúl Alfonsín, Ricardo Molinas, sostuvo ayer que “no es cierto” que en el trabajo que realizara su padre sobre Papel Prensa no hubiera encontrado irregularidades. Molinas hijo detalló una serie de cuestionamientos del entonces fiscal a Alejandro Lanusse, David Graiver, Montoneros, Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti, Raymundo Podestá y José Alfredo Martínez de Hoz, y al gobierno de Raúl Alfonsín en su relación con Papel Prensa. Sin embargo, Molinas padre no efectuó imputación alguna a los diarios compradores de las acciones en 1976 ni solicitó la nulidad de la operación. De la lectura del informe, surge además que Molinas afirmó, respecto de los tres diarios, que “no existe prueba alguna contra ellos que permita formularles un cargo concreto, apareciendo –prima facie- como terceros de buena fe.
ISIDORO GRAIVER, NOTICIAS FALSEADAS Y UNA PREGUNTA PARA RICARDO ALFONSIN - Aug 26 incluye nota sobre el Fiscal Molinas
ENTREVISTA DE NELSON CASTRO A OSVALDO PAPALEO - DICHOS ISIDORO GRAIVER - Y EL PAPEL DE LA OPOSICION - Aug 27
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Magdalena 27 08 2010 Fernando Molinas
http://www.divshare.com/download/12398268-444
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ENTREVISTA DE NELSON CASTRO A OSVALDO PAPALEO - DICHOS ISIDORO GRAIVER - Y EL PAPEL DE LA OPOSICION - Aug 27
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Magdalena 27 08 2010 Fernando Molinas
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Noticia
Pregunta para Ricardo Alfonsín y la UCR: ¿Qué hicieron con el informe del fallecido fiscal Ricardo Molinas?
Pregunta para Ricardo Alfonsín y la UCR: ¿Qué hicieron con el informe del fallecido fiscal Ricardo Molinas?El fiscal Molinas pidió anular la transferencia, recordó su hijo
El fallecido fiscal Ricardo Molinas, que durante la gestión de Raúl Alfonsín investigó la transferencia del paquete accionario de la empresa Papel Prensa a sus actuales socios privados, pidió formalmente la anulación de esa operación y realizó las correspondientes denuncias penales, recordó hoy su hijo y entonces secretario, Fernando Molinas.
Molinas hijo salió así al cruce de un comunicado de Clarín y La Nación según el cual la venta de acciones de la familia Graiver y testaferros a los nuevos socios "fue investigada ya en democracia por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que no encontró irregularidades".
"Tal afirmación no es cierta", dijo el hijo del entonces fiscal para recordar que su padre "formuló diversas denuncias penales y solicitó la nulidad de la adjudicación recaída en los diarios", y así se lo manifestó formalmente al presidente Alfonsín, además de radicar una causa en el juzgado federal 3 de la Capital Federal.
En un comunicado, Molinas hijo transcribió textualmente las conclusiones del dictamen emitido por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en 1984 tras analizar las denuncias de "presuntas irregularidades en la transferencia de las acciones de Papel Prensa" hechas por el entonces diputado Norberto Imbelloni.
En el cuarto punto de aquel dictamen, el fiscal Molinas consideró que los miembros de la Junta Militar habían cometido el "delito de encubrimiento" al autorizar la venta de Graiver a Clarín, La Nación y La Razón a fines de 1976 "a pesar de conocer y estar investigando, según sus propios dichos, aquella vinculación entre Graiver y Montoneros", que le habían aportado 10 millones de dólares producto del secuestro de los Born.
Esa autorización, resaltó Ricardo Molinas, se consumó "apenas un mes antes de la detención, desaparición e interdicción de aquellos (los Graiver).., ocultando todo lo referente a dicha vinculación hasta que la transacción quedó concretada".
Otras irregularidades detectadas por Molinas refieren a la actitud de "los representantes estatales en la empresa, el Directorio del BANADE, el Secretario de Estado de Desarrollo Industrial, Raymundo Juan Pío Podestá, y del Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz".
Molinas hijo también contrastó la actitud de su padre luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contencioso Administrativo decretara en agosto de 1984 el cese de la interdicción de bienes de los Graiver y su libre disposición "retrotrayendo las cosas al estado que se encontraban con anterioridad al desapoderamiento consumado mediante la aplicación de las llamadas Actas Institucionales y Ley 21.670, ordenando establecer de común acuerdo el valor de los bienes".
Invocando dar cumplimiento a esta sentencia judicial, se suscribieron, entre el Estado Nacional representado por el Procurador General del Tesoro, Héctor Fassi, y Juan Gravier, Eva G. de Graiver y Lidia Papaleo, esposa de David Graiver, por si y por su hija menor María Sol Graiver, cuatro convenios relativos a las distintas empresas del grupo, entre ellas la editorial Olta, editora de La Opinión.
En este grupo se incluyeron, en forma expresa, las acciones de Papel Prensa S.A. que habían sido vendidas a los diarios y que estaban en esa época a nombre de Rafael Ianover, testaferro de Graiver y a nombre de la sucesión.
Dichas acciones fueron tasadas de común acuerdo y pagadas por el Estado Nacional que aprobó los convenios por Decreto Nº 2530 de fecha 30 de diciembre de 1985, firmado por el presidente Alfonsín.
"Como consecuencia de ello, en el mismo expediente se ordenó un sumario administrativo para que se deslindaran las responsabilidades de los funcionarios actuantes y se remitió copia del dictamen al Presidente de la República a fin de que se adoptasen los recaudos pertinentes para lograr la nulidad de los convenios, en lo relativo a Papel Prensa S.A.", puntualizó Molinas hijo.
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Politica
El poder al otro lado del espejo
31-10-2009 / Papel Prensa: Ricardo y Fernando Molinas hicieron historia desde la Fiscalía en los ’80.
Por Verona Demaestri
politica@miradasalsur.com
Los libros son casi iguales a los nuestros, pero las palabras están puestas exactamente al revés. ¡Qué hermoso sería poder dar un paseo por el otro lado del espejo!”. Con esta frase de Lewis Carroll de A través del espejo –continuación de Alicia en el País de las Maravillas–, Ricardo Francisco (fallecido en 2006) y Fernando Horacio Molinas inician su libro Detrás del Espejo. Quince años de despojo al patrimonio nacional (1993).
Padre e hijo fueron Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y Secretario Privado en la Fiscalía; abogado –dedicado principalmente a la defensa de los derechos humanos–, uno, y abogado en derecho penal especializado en delitos de cuello blanco, el otro. Ocuparon esos puestos desde 1984 hasta que el Fiscal Molinas fue echado en 1991 por un decreto de Carlos Menem que fue “declarado inconstitucional en primera y segunda instancia”, según recuerda su hijo. “La Justicia ordenó la reincorporación pero la Corte Suprema menemista lo impidió. Durante siete años la Fiscalía estuvo inactiva. Eso necesitaba Menem para llevar adelante su plan de vaciamiento del Estado.”
En esos años, padre e hijo decidieron “dar un paseo por el otro lado del espejo”: investigar, emitir dictamen y dejar testimonio de los más emblemáticos casos de corrupción contra el Estado Nacional. Los resultados de esas investigaciones evidenciaron un vaciamiento al Estado “que significó pérdidas por 105 mil millones de dólares” hasta principio de los ’90.
“La materia propia de la Fiscalía es la investigación de irregularidades administrativas en el Estado Nacional pero cuando mi viejo asumió, el Estado era distinto, había sociedades y empresas del Estado, era competente para investigar Aerolíneas, YPF, la Ciudad de Buenos Aires que dependía de la administración Nacional. Después de Menem eso quedó reducido”, detalla Fernando.
El libro refleja un compendio de casos en rubros como medicamentos, autopistas, parques nacionales o la industria del papel. El emblemático Caso de la empresa Papel Prensa es “uno de los más graves de nuestra historia y sirve, como pocos, para poner de manifiesto las relaciones y procedimientos de los grandes grupos. Es un extraordinario buceo por las entrañas del poder económico, político y militar de nuestro país”. El dictamen es una verdadera fotografía de la alianza entre estos poderes, en momentos en que Clarín tenía sólo el diario y Papel Prensa, compartido con La Nación y un grupo de acciones Clase B del Estado.
–¿Por qué este caso tiene un lugar destacado en su libro?
–Atravesaba todas las estructuras de poder, del ex dictador Lanusse hasta el mismo gobierno de Raúl Alfonsín a partir del acuerdo con los herederos de David Graiver –el operador financiero de Montoneros– por el cual se le reintegran los bienes de la empresa que les quitaron durante la Dictadura a pesar de ser, parte de ellos, producto del secuestro que hiciera la organización armada a Juan y Jorge Born, quienes por otro lado nunca reclamaron esa parte. Pero lo más grave es el origen de Papel Prensa que fue creado con una planta de papel que abasteciera al mercado local pero ajeno al control de quienes usan el papel, y no como es hoy bajo dominio de Clarín y La Nación.
–¿Podría reseñar brevemente los puntos que detalla el dictamen sobre Papel Prensa?
–El 29 de febrero de 1988 la Fiscalía emitió un dictamen que indicaba que Lanusse había hecho abuso de autoridad y malversado caudales públicos al entregar a dedo y tras un concurso público que declaró desierto, la empresa Papel Prensa S.A. a César Civita, Alberto Doretti, Luis Rey, editorial Abril, y autorizar la instalación de la planta con producción por debajo de lo que se pedía como condición. Además acusaba al grupo Graiver de usar testaferros para adquirir acciones Clase A desde 1973 hasta la oscura muerte de David Graiver en 1976, violando el pliego de condiciones. A la Junta Militar de encubrimiento y omisión de denuncia por la transferencia de acciones de los Graiver a Clarín, La Nación y La Razón apenas un mes antes de la desaparición de los herederos Graiver hasta que la transacción quedó cerrada. Nosotros tuvimos el recaudo de no dar por válidos los testimonios que nos traían al juzgado cuando estuvieron desaparecidos y los hicieron declarar. A los representantes del Estado por no haber cumplido su rol de contralor e informar esto a los órganos competentes. Finalmente, que a pesar de ser público que Montoneros le dio plata a Graiver para que los administrara y con ellos compró parte de las acciones de Papel Prensa, las autoridades nacionales no investigaron el hecho y restituyeron los bienes de los herederos. Cuatro años después del dictamen la causa penal fue sobreseída por prescripción, es decir, por inacción judicial.
–¿El libro tuvo rebote en aquel momento?
–La idea de los diarios implicados era que cuanto menos revuelo, mejor. Nosotros ya no teníamos nada más que hacer más que seguir las causas judiciales. Era importante dejar testimonio, ayudó a esclarecer una parte importante de la historia.
Un toque de atención. “Sabemos que Clarín es un enemigo acérrimo. Frente a tanto negativismo, si el Pueblo y la Nación fueran lo que el Clarín dice que es estaríamos todos destrozándonos entre nosotros”. El ex presidente Alfonsín pronunció estas palabras el 13 de febrero de 1987, un año antes de que se diera a conocer el dictamen de la Fiscalía Nacional de Investigaciones sobre el Caso Papel Prensa. “Alfonsín tenía sus diferencias con Clarín, pero nosotros tampoco teníamos buena relación con los medios. En esa época ni siquiera tenían Radio Mitre. La verdadera concentración fue con un decreto de Menem, en plena democracia”, recuerda Molinas.
–¿Cuál fue la relación de usted y de su padre con el gobierno de Alfonsín?
–Fraternal desde lo personal. Obviamente no le gustaron algunas investigaciones pero Alfonsín nunca dijo “pará tal cosa”. Y eso que hubo momentos de mucha tensión, pero siempre nos dejó trabajar.
–¿Y con Menem?
–Cuando fue electo lo primero que hizo fue ir a la Fiscalía a felicitarlo a mi viejo por sus tareas. Un tiempito después no tuvo problema en echarlo. Necesitaba que no hubiera fiscalía.
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GIL LAVEDRA
Yo le preguntaria a Gil Lavedra, ya que él dIce que los militares no necesitaban una venta... ¿Si se insiste en que se efectuó una venta, será que los que necesitaban la figura de la venta eran Clarin y La Nación?
Y no le resulta contradictorio decir que si no necesitaban una venta, hayan dicho que la Papel Prensa fue comprada?
http://www.youtube.com/watch?v=STzQOKrn0Yw
VER MAS ACA:
ENTREVISTA DE NELSON CASTRO A OSVALDO PAPALEO - DICHOS ISIDORO GRAIVER - Y EL PAPEL DE LA OPOSICION - Aug 27
EL APOYO DE FONTEVECCHIA A MAGNETTO Y LA VOZ DE MORENO EN PAPEL PRENSA - Aug 15-----------------
ISIDORO GRAIVER
http://www.youtube.com/watch?v=zflAq1LZWIE
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EL INFORME PAPEL PRENSA LA VERDAD
Descargas Documento Final (Documento Final al 23-08-2010 hora 13)
Lidia Papaleo de Graiver
Rafael Ianover
José Pirillo
Victor Javkin
Lidia Papaleo de Graiver
Rafael Ianover
José Pirillo
Victor Javkin
fuente:
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informe papel prensa
Papel Prensa: "La Verdad" de Clarín y La Nación
Clarín y La Nación dieron difusión a una serie de documentos por medio de los cuales buscan desmentir irregularidades en la compra de las acciones.
El primer documento emitido por los accionistas privados comienza: "El ex Presidente Néstor Kirchner está desarrollando un plan para controlar y dominar a los medios que no le son afines. Esta política se acentuó luego de la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas del año pasado, cuando Kirchner culpó del resultado electoral a la posición editorial de los medios".
PAPEL PRENSA DOCUMENTO 2010.pdf, PAPEL PRENSA DOCUMENTOS RESPALDATORIOS PARTE 1.pdf
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El caso Papel Prensa
Clarín, el pulso y la memoria de Lilita
Publicado el 28 de Agosto de 2010
Por Ricardo Ragendorfer
Periodista.
Lo cierto es que en la solidez argumental de Lilita se advierte que su fuente no fue otra que el esclarecedor libro Caso Timerman-Punto final, escrito nada menos que por el general Ramón Camps.
Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín; en ello no me temblará la mano”, aseguró el miércoles la diputada Elisa Carrió, luego de que Cristina Fernández de Kirchner presentara el informe sobre Papel Prensa. Y con una dicción lenta, como para acentuar su tono reflexivo, apeló ante el micrófono de Radio El Mundo al revisionismo histórico: “Todo empezó con el secuestro de los Born, por el que se pagaron 60 millones de dólares a la organización terrorista Montoneros.” En este punto ensayó una breve pausa, antes de agregar: “Una parte de ese dinero lo pusieron en un banco de Cuba, y a la vez le pidieron a José Ber Gelbard asesoramiento para ver dónde colocaban unos 17 millones; entonces él les recomendó a David Graiver, quien con ese dinero compraría Papel Prensa.” Cuando el empresario murió, Montoneros –según la legisladora– empezó a amenazar a la familia, la cual “ignoraba que Graiver había manejado dinero de la guerrilla”. Carrió dio por concluida su versión de los hechos con la siguiente certeza: “En esas circunstancias se decidió la venta urgente de Papel Prensa.” Lo cierto es que en la solidez argumental de Lilita se advierte que su fuente no fue otra que el esclarecedor libro Caso Timerman-Punto final (Editorial Roca, 1982), escrito nada menos que por el general Ramón Camps.
Cuando dicha obra salió a la venta, la actual líder de la Coalición Cívica era una abogada de 26 años, con una promisoria carrera en la justicia del Chaco. De hecho, en 1979, el mismísimo interventor de esa provincia, general Antonio Serrano, la nombró por decreto asesora de la Fiscalía del Estado. Tiempo después atribuiría su etapa como funcionaria judicial de la dictadura a una razón atendible: “Yo necesitaba una obra social”. Es que poco antes había sufrido un accidente. “Si no hubiera aceptado esa tarea, hoy no estaría con vida”, fueron sus palabras.
En 1980, sería designada secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia, un cargo con nivel y jerarquía de juez de Cámara. En esa ocasión tuvo que cumplir con una pequeña formalidad: jurar por las actas del Proceso. Y tampoco le tembló el pulso.
Tres décadas más tarde, ya convertida en un paradigma de los valores democráticos, no dudó en fustigar al gobierno nacional por la orden de detención librada por la justicia misionera contra el coronel retirado Luis Sarmiento. El hecho de que este sea el progenitor de la jueza María José Sarmiento –quien saltó a la fama por suspender el decreto para crear el Fondo del Bicentenario– bastó para que Carrió pusiera el grito en el cielo. “Se trata de una maniobra del oficialismo para intimidar magistrados”, fue su lectura al respecto, a pesar de que el anciano militar –conocido entre sus camaradas de armas como “El mago de la picana”– es en realidad investigado desde enero de 2008, nada menos que por 43 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por torturas seguidas de muerte, las cuales ocurrieron durante su gestión como ministro de gobierno de Misiones, entre 1976 y 1977. Lilita también recurriría a su fineza humanitaria para abordar otro costado del asunto: “Presionar de este modo a la familia; usar a una persona de 85 años muy enferma, es terrible.” Y lo dijo sin un ápice de duda; como si el advenimiento de la vejez, acompañada por una leve chochera, pudiese atenuar el carácter criminal de una vida.
Lo cierto es que Lilita es una fuente inagotable de polémicas. Por caso, supo en su momento irritar a los residentes paraguayos en la Argentina cuando sostuvo que “durante el régimen de Alfredo Stroessner la libertad estaba limitada, aunque el dictador no mandó a matar opositores”. No menos desafortunadas fueron sus declaraciones acerca de la ley de extracción obligatoria de ADN. “Ello no apunta a proteger los Derechos Humanos, sino que su intención tiene nombre y apellido: los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble; esto es fascismo puro”, apuntó la diputada. Por semejante concepto, sería expulsada de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, además de merecer el repudio de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
También es de destacar su empeño en custodiar la pureza de las instituciones republicanas. Al respecto, resaltan las misivas que envió a las embajadas de los Estados Unidos y los países de Europa, en las que denunció al gobierno nacional por “una inusitada escalada de violencia”, asegurando asimismo que “la oposición tiene una pesada responsabilidad: la de ayudar a la presidenta a terminar su mandato”.
Su postura ante la aprobación del matrimonio de personas del mismo género tampoco tiene desperdicios. En tal sentido, salió en defensa de la jueza pampeana Marta Covella, quien hizo pública su decisión de no casar a nadie en esas condiciones. Y las palabras de Carrió fueron: “Es saludable que exista la objeción de conciencia, porque no hay que confrontar; por el contrario, debemos hermanarnos.”
Ya se sabe que Lilita es profundamente católica. Y que ello tiene una razón de peso. Durante una comida ofrecida en la casa de un prominente hombre de la cultura que integraba el ARI antes de pasarse al kirchnerismo, Lilita, tras vaciar su copa de vino, dijo: “A mí, Dios se me apareció dos veces.” Al concluir la frase, volvió a llenar la copa. Los otros comensales asimilaron la confidencia cruzándose miradas incómodas; en cambio, el anfitrión atenuó la tirantez del momento con una fingida curiosidad. Ello bastó para que la mujer ampliara el asunto sin ahorrar detalles. Entonces aseguró que las visitas divinas habían ocurrido de madrugada y que para ella habían sido “muy angustiosas”. Al fin soltó: “En ambas ocasiones, Dios me pidió que fuera presidenta.” Lo que se dice, una historia con final abierto.
http://tiempo.elargentino.com/notas/clarin-pulso-y-memoria-de-lilita
PARA SABER: EL ABOGADO DE LA CAUSA NOBLE HERRERA PIDE HUESOS Y EL DESCONOCIMIENTO DEL ANALISIS DE ADN PARA DETERMINAR PARENTESCO ENTRE ABUELAS Y NIETOS - Jul 02
GABRIEL CAVALLO, EL ABOGADO DE LOS NOBLE ¿ES LA MISMA PERSONA QUE DECIA: "VIVIR EN LA MENTIRA PROVOCA MAYORES PERJUCICIOS, ELLA TENIA DERECHO A SABER QUIEN ERA"... ? - Jul 05
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VER
PROYECTO DE LEY MARCO REGULATORIO DE PAPEL PARA DIARIO Y EL CAMINO A LA JUSTICIA - Aug 28
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texto mencionado en el proyecto de ley marco regulatorio sobre papel de diario
DIA DEL PERIODISTA
UNA MISIÓN DE LA SIP CONSTATÓ EN 1978 QUE PARA LOS EDITORES DE DIARIOS LA SEGURIDAD NACIONAL TENÍA PRIORIDAD SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Cooperación- "Otros editores y directores dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que van a cooperar".
Una foja del informe original de la SIP de 1978
Un documento invalorable para una reflexión sin autoindulgencia ni hipocresía.
Hoy es el Día del Periodista y los medios se cantan y se celebran a sí mismos. Pero hace veinte años una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los dueños de periódicos del continente, constató que los principales editores de diarios argentinos asignaban prioridad a la seguridad nacional sobre la libertad de expresión, justificaban la censura alegando que compartían los objetivos de la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento, asociándose con el Estado en la explotación de una fábrica de papel. Ese documento excepcional, redactado por los dueños de dos diarios estadounidenses, fue ocultado por la prensa argentina, que llegó a rechazar un premio otorgado por la SIP.
En el Día del Periodista, los medios argentinos se cantan y se celebran a sí mismos. No muestran el mismo entusiasmo por la revisión del pasado. Cuando la encaran, como hizo hace dos meses el presidente de ADEPA, Claudio Escribano, aducen que "no fuimos recios en la crítica contra los hombres que se excedieron en el ejercicio del poder. Debemos lamentar no haber alzado más la voz, porque hubiéramos contribuido a la salud de la República". En ese contexto de autoindulgencia, contribuye a la salud de la República la divulgación de un documento excepcional, redactado hace ahora veinte años por dos periodistas norteamericanos, que visitaron la Argentina como representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los propietarios de periódicos de todo el continente. Edward Seaton, propietario del diario "Mercury" de Kansas, e Ignacio Lozano, de "La Opinión" de Los Angeles, constataron que para los editores argentinos la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de expresión, que justificaban la censura porque se declaraban de acuerdo con la dictadura militar (dentro de la cual distinguían entre duros y moderados y con la cual deseaban cooperar), que se negaban a informar sobre la desaparición de personas y que se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel. La prensa argentina ocultó ese documento y varios de sus representantes expresaron su desacuerdo con él rechazando un premio que la SIP confirió a los periodistas argentinos con la intención de ayudarlos en una lucha por la libertad de expresión, que los editores no estaban interesados en librar.
"Absoluta libertad"
La SIP describió a la prensa argentina como "un grupo de periodistas desesperados que escriben y editan en condiciones extremadamente difíciles" pero se sorprendió de que aceptaran "las reglas de la censura impuesta directa o indirectamente por el gobierno militar. Nuestra misión chocó a cada paso con la opinión de que la Argentina", por citar a un editor, "goza de absoluta libertad de prensa dadas las circunstancias". Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978 la misión entrevistó a más de cinco docenas de personas que se refirieron a "una situación de guerra" en la que "el país se acercaba a un estado de anarquía". La guerrilla controlaba hasta "territorios próximos a Buenos Aires". Antes del golpe "no había ley ni Justicia" y los secuestros y asesinatos eran tan comunes "que la información sobre ellos pasó a ser como la de los accidentes de tránsito, agrupados en los diarios de a cinco o seis por día bajo un único título. La gente se volvió tan insensible a la muerte, a los secuestros y asesinatos que, de acuerdo con varios directores, el país llegó al borde de la barbarie".
La mayoría de las fuentes consultadas por los visitantes dijo que sin la intervención militar el país hubiera sucumbido a la guerrilla. Después del golpe, se arresta a los sospechosos "a menudo sin proceso". El ministro del interior, general Albano Harguindeguy, dijo a la misión de la SIP que "1500 de esos ‘desaparecidosí estaban detenidos sin proceso por las autoridades militares" y que no serían liberados o juzgados porque eran "prisioneros de guerra". Fuentes extraoficiales "sugieren que su número puede ser de tres a seis veces mayor" y el propio gobierno reconoce en privado que hasta un 20 por ciento de esas detenciones "se deben a confusiones de identidad u otros errores". Harguindeguy dijo que en muchos casos no era posible formular cargos porque las pruebas, "aunque convincentes para los militares, no se sostendrían ante la Justicia". La misión citó un informe de Amnesty International acerca de 39 periodistas desaparecidos hasta enero de 1978, 40 detenidos y otros 22 asesinados, la clausura o suspensión temporaria de más de 60 publicaciones y la clausura permanente de otras tres docenas. Cuatro diarios fueron intervenidos, "La Opinión" de Buenos Aires, "La Opinión" de Trenque Lauquen, "El Independiente" de La Rioja y "El Norte" de Resistencia. "Esas cuatro publicaciones dirigidas ahora por autoridades militares y las publicaciones privadas que sobreviven enfrentan una situación de 'posguerra' dominada por el miedo y la autocensura".
Prioridades- "Es difícil que los observadores externos se sientan bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión".
Ministerio del miedo
Según la SIP, "no rigen las garantías constitucionales y el gobierno tiene amplias facultades para confiscar tiradas completas, cerrar publicaciones y disponer arrestos". Sin embargo, la censura no es tanto el resultado de un decreto como de "la proliferación del miedo. Miedo personal a sufrir daño, miedo a la clausura u otro castigo oficial, y miedo a debilitar a los elementos moderados del gobierno que quieren el retorno a la democracia. Cada una de esas fuentes de temor contribuye a la extendida autocensura que practica la prensa del país. La increíble inseguridad que enfrentan editores, directores y periodistas, ha inducido a la mayoría de ellos a no asumir riesgos", aunque "muchos reconocen que mucho de lo que no publican probablemente podría publicarse sin provocar las iras del gobierno". Los editores "también deben contemplar la posibilidad de represalias paraoficiales por elementos militares que actúan fuera del control de las autoridades superiores. Un periodista se refirió a este fenómeno como 'gangsterismo gubernamental'. Además, deben temer represalias de los grupos terroristas completamente ajenos al gobierno".
"La justificación para el castigo rara vez se explica en forma clara". Por ejemplo, "La Opinión" fue clausurada por publicar que "el Ejército había decidido proclamar como el próximo presidente a su representante en la Junta, el general Jorge Videla". La ironía es que el diario está dirigido por las propias Fuerzas Armadas. El funcionario a cargo renunció tres semanas después y fue reemplazado. "Crónica", un vespertino de Buenos Aires, levantó la historia, suponiendo que provenía de los militares. El decreto de clausura de ambos diarios dijo que la nota presentaba "disfrazada como un rumor, una temeraria afirmación acerca de decisiones unilaterales de una institución" que después la realidad confirmó. "El Día" de La Plata "enfrenta un tipo distinto de represalia, porque aparentemente desagrada a las autoridades locales de esa ciudad. El gobierno provincial retiró la publicidad oficial, estimada en unos 100.000 dólares por año; los periodistas de "El Día" no son admitidos en los despachos oficiales y se han enviado minuciosas inspecciones a su sede en busca de evidencias sobre infracciones edilicias menores".
Kafka y Walsh
"Nadie está ni siquiera seguro acerca de quién es responsable de las desapariciones y las muertes que, aunque menos frecuentes últimamente, han llegado a ser lugar común. Debido a este aspecto de la realidad argentina, la atmósfera es la de una sociedad totalitaria, aunque no demasiado bien organizada. Es como vivir en una novela de Franz Kafka. Hay gente que muere, gente que desaparece y luego reaparece. El periodista Julián Delgado, director del principal diario económico, 'El Cronista Comercial', por ejemplo, desapareció recientemente junto con su auto. No se encontraron rastros de ninguno de ellos. Los secuestros de medianoche por personas vestidas de civil a veces terminan con arrestos reconocidos luego por las autoridades. Pero en muchos casos tal reconocimiento no se produce y, sin embargo, la policía no los investiga".
"El caso de Rodolfo Walsh ilustra lo que puede ocurrir. Walsh es uno de los más conocidos periodistas investigativos del país y un abierto y activo partidario del peronismo de izquierda". El día anterior a su secuestro "difundió una Carta Abierta a la Junta Militar denunciando, en el primer aniversario del golpe, las violaciones a los derechos humanos y deplorando el impacto de su gobierno sobre la Argentina. La carta fue la más poderosa y detallada denuncia del gobierno aparecida desde el golpe". La responsabilidad por tales actos "nunca es clara. Varios periodistas bien informados dijeron a nuestra misión que creen que el gobierno no se propone perseguir a los periodistas. Su sospecha es que militares de jerarquías inferiores puedan estar actuando por su cuenta en esos casos. Nuestras fuentes dijeron que en muchos casos los máximos líderes militares no pueden controlar a sus subordinados y que en realidad la Argentina no tiene uno sino el equivalente a seis o siete gobiernos. Además, algunos asesinatos y secuestros también pueden ser responsabilidad de los terroristas de izquierda, dicen".
"Esta situación de extrema inseguridad parece estar mejorando", dice el informe. "El número de asesinatos y desapariciones se ha reducido. Y desde abril, fecha de la más reciente clausura de una publicación, las represalias oficiales han disminuido". El secretario de información pública, almirante Franco, prometió a la misión que no habría más clausuras y que "de ahora en más los llamados desde su oficina se limitarían a pedidos, antes que advertencias o reprimendas". Otros "signos alentadores" mencionados fueron la derogación de dos decretos que prohibían publicar o difundir noticias sobre el país escritas por agencias extranjeras y comentarios sobre el país publicados en el exterior, y el anuncio de "planes para devolver a manos privadas todas las estaciones de radio y televisión excepto un canal cultural no comercial en Buenos Aires y uno en cada capital provincial", algo que no ocurrió.
Zonas grises
"La mayoría de los diarios ignoran la mayoría de los secuestros. Por ejemplo, pocos quisieron cubrir la desaparición de diez dirigentes de las llamadas Madres Locas que se reúnen los jueves frente a la sede presidencial". Luego de referirse a una desaparición en la que habría autoridades comprometidas, la misión consignó que "ningún diario quiere publicar los hechos de los que se deriva esta implicación ni designar un equipo de investigación para ir a fondo. Como expresó un editor, 'si publico los datos de ese caso que conozco, el que desaparece soy yo'. Tres días después de nuestra partida, el director de la revista 'Confirmado', Horacio Agulla, fue muerto a tiros mientras estacionaba su auto en un barrio de clase alta de Buenos Aires". El mismo día "otro periodista, Juan Ramón Nazar, que fue editor del diario 'La Opinión' de Trenque Lauquen fue liberado luego de más de un año desde su secuestro".
"La Argentina está bien lejos de haber vuelto a la normalidad. Muy pocas publicaciones están dispuestas a asumir el riesgo de cubrir la violencia que permea la sociedad. Sólo unos pocos diarios publican en forma habitual noticias sobre secuestros y actividades subversivas. La mayoría de los editores que nuestra misión entrevistó se justificaron por no publicar noticias sobre desaparecidos con afirmaciones como esta: 'De tan común no es noticia'. El director que dijo esto, el mismo día publicó en su diario informaciones sobre secuestros y asesinatos en el exterior. Otros editores y directores dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que "van a cooperar". La extensión de esta actitud quedó demostrada en mayo [de 1978] cuando "La Prensa" publicó la lista de 2.500 personas que habían "desaparecido". De acuerdo con un vocero del organismo de derechos humanos que pagó la solicitada, la lista había sido rechazada antes por lo menos en otros tres diarios de Buenos Aires. Y pocos diarios de Buenos Aires informaron de que se hubiera publicado semejante lista". Durante el campeonato mundial de fútbol "fue colocada una bomba en la planta fabril de un gran diario de Buenos Aires, que no publicó la noticia. Cuando explotó otra en el edificio del 'Buenos Aires Herald', el único diario que lo cubrió fue el propio 'Herald'. La prohibición "de toda información independiente sobre actividades subversivas se ha ido relajando". Pero el problema "consiste en saber dónde está el límite. Implicar a los militares en las desapariciones está claramente fuera del límite, aun cuando el propio presidente Videla haya admitido públicamente que la lucha contra la subversión condujo a excesos que deben ser controlados. Los pocos diarios dispuestos a correr riesgos, exploran en forma constante esta zona gris, en busca del límite. Pero la mayoría acepta las normas del gobierno sin quejarse, y en las zonas grises son muy prudentes. Una notable excepción a la ausencia de cobertura de esos crímenes es el "Buenos Aires Herald", el valiente David que recibió el premio Mergenthaler en nuestra última reunión", que se publica en inglés y cuyo director, Robert Cox, fue arrestado y detenido durante 24 horas bajo acusación de violar una ley de seguridad por informar en la tapa acerca de una conferencia de prensa de extremistas argentinos en Roma. Luego del retiro de la misión, Cox marchó al exilio. Según Seaton y Lozano "en este cuadro sombrío no faltan signos alentadores". La promesa de que no habrá más clausuras y las declaraciones oficiales acerca de que "la prensa no tiene nada que temer del gobierno, son estimulantes. Pero es difícil que los observadores externos encuentren algún consuelo en los comentarios de editores y directores de que vivieron la mayor parte de su vida bajo estado de sitio, de modo que la situación actual no es necesariamente anormal. Tampoco pueden sentirse bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión".
El papel del crédito
"Otro aspecto de la situación que perturbó a la misión es el crédito a largo plazo que el gobierno concedió a los diarios para una planta de papel". Seaton y Lozano entendieron el deseo de los diarios de desarrollar su propia provisión de papel, "de modo de no estar sujetos a los caprichos de la importación controlada por el Estado", pero expresaron "graves reservas sobre el proyecto emprendido por tres grandes diarios de Buenos Aires. 'La Nación', 'La Razón' y 'Clarín' compraron acciones en la nueva planta" mediante un "generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno". El informe dedica dos de sus 18 hojas al caso de Jacobo Timerman, "un propietario y director de diario arrancado de su casa en medio de la noche, torturado, privado de su propiedad, juzgado y absuelto por la justicia militar, que sigue prisionero pese a que la Corte Suprema ordenó su libertad" mientras su diario "La Opinión" es dirigido por un coronel. "Todos debemos preguntar cómo llegó Jacobo Timerman a una situación tan desesperada y qué implica esto para el resto de la prensa en la Argentina". Su caso "no es especial porque él sea periodista ni porque sea único. Muchos otros periodistas están presos sin proceso, porque se considera que tienen conexiones con los terroristas, como se pensaba que Timerman las tenía. La diferencia es que Timerman fue juzgado y absuelto por un tribunal militar por delitos subversivos, y sin embargo sigue bajo arresto". Harguindeguy, "quien parece tener completo control sobre estas cosas", informó a la misión que Timerman aún "debía aclarar sus asuntos financieros ante la justicia civil. Normalmente, los juicios civiles no son causa de detención. En consecuencia, la situación de Timerman representa muy claramente el caso de un prominente director y editor arrestado sin causa, cuyo diario "La Opinión" ha sido confiscado". Aunque las acusaciones de conexión con los subversivos han sido refutadas "su diario no le fue devuelto. Timerman cree categóricamente que su detención es un simple caso de antisemitismo. Otras fuentes coinciden con esta evaluación. Timerman está desilusionado por lo que siente como falta de apoyo de los demás editores argentinos. Sin embargo, nueve meses antes de nuestra visita ADEPA, la organización de los editores de diarios, aprobó una declaración exhortando al gobierno a liberar a Timerman y dispuso que sus directivos pidieran una audiencia con el presidente Videla para expresarle su preocupación. Hasta el momento de nuestra visita la audiencia con Videla aún no había tenido lugar", concluye el muy moderado documento de la SIP. A dos décadas de distancia y en una situación por fortuna muy distinta, su lectura ayuda a rememorar la viscosidad del pantano en que la sociedad argentina hozaba entonces. Hoy es el día apropiado.
LAS NEGRITAS
El informe fue presentado a la 34° Asamblea de la SIP, que sesionó en Miami entre el 9 y el 13 de octubre de 1978. Ese último día "La Nación" tituló su crónica "Firme posición de la Argentina ante la asamblea de la SIP", en la que informó que ADEPA había rechazado el premio SIP Mergenthaler, ofrecido en forma colectiva "a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución". La delegación argentina propuso que se cambiara aquel texto por éste: "A los periodistas argentinos en la figura de Alberto Gainza Paz, quien nunca claudicó en la lucha por los principios que sostiene la SIP". La SIP no aceptó y nadie retiró la plaqueta, que quedó colocada en la sede central de la organización.
Según "Clarín" los asistentes argentinos dijeron que la aceptación del premio "sólo contribuiría a la campaña lanzada por ciertos elementos de la prensa internacional para denigrar el buen nombre del país". El mismo diario dijo que "el restablecimiento de la libertad de prensa registró progresos en la Argentina pero dista mucho de llegar a una total normalidad". El artículo reprodujo tres párrafos genéricos del documento (el de los periodistas desesperados, el de la atmósfera totalitaria y los seis o siete gobiernos, y otro en el que se afirma que la prensa afronta una situación compleja) y destacó con negritas el párrafo sobre los "signos alentadores". Entre ellos mencionó "la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel" convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de "graves reservas". Las negritas también resaltaron la posibilidad de que "los grupos terroristas tengan responsabilidad en los secuestros de periodistas" y una declaración de Jorge Remonda, de "La Voz del Interior", según quien existía "una insidiosa campaña contra la Argentina desatada en el exterior y aberrantes deformaciones de medios extranjeros de comunicación".
"La Nación" también informó que "la representación de la prensa argentina" había rechazado el informe porque "parecería que en vez de ir a la Argentina a cerciorarse de si existe libertad de prensa se ocupó esencialmente del caso de Jacobo Timerman, quien se encuentra a disposición de la Justicia (sic) por hallarse supuestamente mezclado en el 'affaire Graiver'". El diario reseñó sucintamente el documento y luego se extendió en las respuestas indignadas de los argentinos, entre ellos Remonda, quien dijo que en la Argentina no había antisemitismo. En sus crónicas "La Opinión", confiscada por la Junta Militar, destacó una afirmación de la propietaria de "La Nueva Provincia", Diana Julio de Massot, según quien Timerman "estaba detenido por sus notorios vínculos con manejos financieros que aún hoy el gobierno nacional sigue investigando". Según "La Nueva Provincia", Annuar Jorge dijo que "para algunos parece más importante qué clase de gobierno tenemos que el hecho de que hayamos eliminado a los guerrilleros". Los autores del documento respondieron que "no somos miembros de una conspiración internacional contra la Argentina".
http://www.pagina12.com.ar/1998/98-06/98-06-07/pag10.htm
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texto mencionado en el proyecto de ley marco regulatorio sobre papel de diario
DIA DEL PERIODISTA
UNA MISIÓN DE LA SIP CONSTATÓ EN 1978 QUE PARA LOS EDITORES DE DIARIOS LA SEGURIDAD NACIONAL TENÍA PRIORIDAD SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Cooperación- "Otros editores y directores dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que van a cooperar".
Una foja del informe original de la SIP de 1978
Un documento invalorable para una reflexión sin autoindulgencia ni hipocresía.
Hoy es el Día del Periodista y los medios se cantan y se celebran a sí mismos. Pero hace veinte años una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los dueños de periódicos del continente, constató que los principales editores de diarios argentinos asignaban prioridad a la seguridad nacional sobre la libertad de expresión, justificaban la censura alegando que compartían los objetivos de la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento, asociándose con el Estado en la explotación de una fábrica de papel. Ese documento excepcional, redactado por los dueños de dos diarios estadounidenses, fue ocultado por la prensa argentina, que llegó a rechazar un premio otorgado por la SIP.
En el Día del Periodista, los medios argentinos se cantan y se celebran a sí mismos. No muestran el mismo entusiasmo por la revisión del pasado. Cuando la encaran, como hizo hace dos meses el presidente de ADEPA, Claudio Escribano, aducen que "no fuimos recios en la crítica contra los hombres que se excedieron en el ejercicio del poder. Debemos lamentar no haber alzado más la voz, porque hubiéramos contribuido a la salud de la República". En ese contexto de autoindulgencia, contribuye a la salud de la República la divulgación de un documento excepcional, redactado hace ahora veinte años por dos periodistas norteamericanos, que visitaron la Argentina como representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los propietarios de periódicos de todo el continente. Edward Seaton, propietario del diario "Mercury" de Kansas, e Ignacio Lozano, de "La Opinión" de Los Angeles, constataron que para los editores argentinos la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de expresión, que justificaban la censura porque se declaraban de acuerdo con la dictadura militar (dentro de la cual distinguían entre duros y moderados y con la cual deseaban cooperar), que se negaban a informar sobre la desaparición de personas y que se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel. La prensa argentina ocultó ese documento y varios de sus representantes expresaron su desacuerdo con él rechazando un premio que la SIP confirió a los periodistas argentinos con la intención de ayudarlos en una lucha por la libertad de expresión, que los editores no estaban interesados en librar.
"Absoluta libertad"
La SIP describió a la prensa argentina como "un grupo de periodistas desesperados que escriben y editan en condiciones extremadamente difíciles" pero se sorprendió de que aceptaran "las reglas de la censura impuesta directa o indirectamente por el gobierno militar. Nuestra misión chocó a cada paso con la opinión de que la Argentina", por citar a un editor, "goza de absoluta libertad de prensa dadas las circunstancias". Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978 la misión entrevistó a más de cinco docenas de personas que se refirieron a "una situación de guerra" en la que "el país se acercaba a un estado de anarquía". La guerrilla controlaba hasta "territorios próximos a Buenos Aires". Antes del golpe "no había ley ni Justicia" y los secuestros y asesinatos eran tan comunes "que la información sobre ellos pasó a ser como la de los accidentes de tránsito, agrupados en los diarios de a cinco o seis por día bajo un único título. La gente se volvió tan insensible a la muerte, a los secuestros y asesinatos que, de acuerdo con varios directores, el país llegó al borde de la barbarie".
La mayoría de las fuentes consultadas por los visitantes dijo que sin la intervención militar el país hubiera sucumbido a la guerrilla. Después del golpe, se arresta a los sospechosos "a menudo sin proceso". El ministro del interior, general Albano Harguindeguy, dijo a la misión de la SIP que "1500 de esos ‘desaparecidosí estaban detenidos sin proceso por las autoridades militares" y que no serían liberados o juzgados porque eran "prisioneros de guerra". Fuentes extraoficiales "sugieren que su número puede ser de tres a seis veces mayor" y el propio gobierno reconoce en privado que hasta un 20 por ciento de esas detenciones "se deben a confusiones de identidad u otros errores". Harguindeguy dijo que en muchos casos no era posible formular cargos porque las pruebas, "aunque convincentes para los militares, no se sostendrían ante la Justicia". La misión citó un informe de Amnesty International acerca de 39 periodistas desaparecidos hasta enero de 1978, 40 detenidos y otros 22 asesinados, la clausura o suspensión temporaria de más de 60 publicaciones y la clausura permanente de otras tres docenas. Cuatro diarios fueron intervenidos, "La Opinión" de Buenos Aires, "La Opinión" de Trenque Lauquen, "El Independiente" de La Rioja y "El Norte" de Resistencia. "Esas cuatro publicaciones dirigidas ahora por autoridades militares y las publicaciones privadas que sobreviven enfrentan una situación de 'posguerra' dominada por el miedo y la autocensura".
Prioridades- "Es difícil que los observadores externos se sientan bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión".
Ministerio del miedo
Según la SIP, "no rigen las garantías constitucionales y el gobierno tiene amplias facultades para confiscar tiradas completas, cerrar publicaciones y disponer arrestos". Sin embargo, la censura no es tanto el resultado de un decreto como de "la proliferación del miedo. Miedo personal a sufrir daño, miedo a la clausura u otro castigo oficial, y miedo a debilitar a los elementos moderados del gobierno que quieren el retorno a la democracia. Cada una de esas fuentes de temor contribuye a la extendida autocensura que practica la prensa del país. La increíble inseguridad que enfrentan editores, directores y periodistas, ha inducido a la mayoría de ellos a no asumir riesgos", aunque "muchos reconocen que mucho de lo que no publican probablemente podría publicarse sin provocar las iras del gobierno". Los editores "también deben contemplar la posibilidad de represalias paraoficiales por elementos militares que actúan fuera del control de las autoridades superiores. Un periodista se refirió a este fenómeno como 'gangsterismo gubernamental'. Además, deben temer represalias de los grupos terroristas completamente ajenos al gobierno".
"La justificación para el castigo rara vez se explica en forma clara". Por ejemplo, "La Opinión" fue clausurada por publicar que "el Ejército había decidido proclamar como el próximo presidente a su representante en la Junta, el general Jorge Videla". La ironía es que el diario está dirigido por las propias Fuerzas Armadas. El funcionario a cargo renunció tres semanas después y fue reemplazado. "Crónica", un vespertino de Buenos Aires, levantó la historia, suponiendo que provenía de los militares. El decreto de clausura de ambos diarios dijo que la nota presentaba "disfrazada como un rumor, una temeraria afirmación acerca de decisiones unilaterales de una institución" que después la realidad confirmó. "El Día" de La Plata "enfrenta un tipo distinto de represalia, porque aparentemente desagrada a las autoridades locales de esa ciudad. El gobierno provincial retiró la publicidad oficial, estimada en unos 100.000 dólares por año; los periodistas de "El Día" no son admitidos en los despachos oficiales y se han enviado minuciosas inspecciones a su sede en busca de evidencias sobre infracciones edilicias menores".
Kafka y Walsh
"Nadie está ni siquiera seguro acerca de quién es responsable de las desapariciones y las muertes que, aunque menos frecuentes últimamente, han llegado a ser lugar común. Debido a este aspecto de la realidad argentina, la atmósfera es la de una sociedad totalitaria, aunque no demasiado bien organizada. Es como vivir en una novela de Franz Kafka. Hay gente que muere, gente que desaparece y luego reaparece. El periodista Julián Delgado, director del principal diario económico, 'El Cronista Comercial', por ejemplo, desapareció recientemente junto con su auto. No se encontraron rastros de ninguno de ellos. Los secuestros de medianoche por personas vestidas de civil a veces terminan con arrestos reconocidos luego por las autoridades. Pero en muchos casos tal reconocimiento no se produce y, sin embargo, la policía no los investiga".
"El caso de Rodolfo Walsh ilustra lo que puede ocurrir. Walsh es uno de los más conocidos periodistas investigativos del país y un abierto y activo partidario del peronismo de izquierda". El día anterior a su secuestro "difundió una Carta Abierta a la Junta Militar denunciando, en el primer aniversario del golpe, las violaciones a los derechos humanos y deplorando el impacto de su gobierno sobre la Argentina. La carta fue la más poderosa y detallada denuncia del gobierno aparecida desde el golpe". La responsabilidad por tales actos "nunca es clara. Varios periodistas bien informados dijeron a nuestra misión que creen que el gobierno no se propone perseguir a los periodistas. Su sospecha es que militares de jerarquías inferiores puedan estar actuando por su cuenta en esos casos. Nuestras fuentes dijeron que en muchos casos los máximos líderes militares no pueden controlar a sus subordinados y que en realidad la Argentina no tiene uno sino el equivalente a seis o siete gobiernos. Además, algunos asesinatos y secuestros también pueden ser responsabilidad de los terroristas de izquierda, dicen".
"Esta situación de extrema inseguridad parece estar mejorando", dice el informe. "El número de asesinatos y desapariciones se ha reducido. Y desde abril, fecha de la más reciente clausura de una publicación, las represalias oficiales han disminuido". El secretario de información pública, almirante Franco, prometió a la misión que no habría más clausuras y que "de ahora en más los llamados desde su oficina se limitarían a pedidos, antes que advertencias o reprimendas". Otros "signos alentadores" mencionados fueron la derogación de dos decretos que prohibían publicar o difundir noticias sobre el país escritas por agencias extranjeras y comentarios sobre el país publicados en el exterior, y el anuncio de "planes para devolver a manos privadas todas las estaciones de radio y televisión excepto un canal cultural no comercial en Buenos Aires y uno en cada capital provincial", algo que no ocurrió.
Zonas grises
"La mayoría de los diarios ignoran la mayoría de los secuestros. Por ejemplo, pocos quisieron cubrir la desaparición de diez dirigentes de las llamadas Madres Locas que se reúnen los jueves frente a la sede presidencial". Luego de referirse a una desaparición en la que habría autoridades comprometidas, la misión consignó que "ningún diario quiere publicar los hechos de los que se deriva esta implicación ni designar un equipo de investigación para ir a fondo. Como expresó un editor, 'si publico los datos de ese caso que conozco, el que desaparece soy yo'. Tres días después de nuestra partida, el director de la revista 'Confirmado', Horacio Agulla, fue muerto a tiros mientras estacionaba su auto en un barrio de clase alta de Buenos Aires". El mismo día "otro periodista, Juan Ramón Nazar, que fue editor del diario 'La Opinión' de Trenque Lauquen fue liberado luego de más de un año desde su secuestro".
"La Argentina está bien lejos de haber vuelto a la normalidad. Muy pocas publicaciones están dispuestas a asumir el riesgo de cubrir la violencia que permea la sociedad. Sólo unos pocos diarios publican en forma habitual noticias sobre secuestros y actividades subversivas. La mayoría de los editores que nuestra misión entrevistó se justificaron por no publicar noticias sobre desaparecidos con afirmaciones como esta: 'De tan común no es noticia'. El director que dijo esto, el mismo día publicó en su diario informaciones sobre secuestros y asesinatos en el exterior. Otros editores y directores dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que "van a cooperar". La extensión de esta actitud quedó demostrada en mayo [de 1978] cuando "La Prensa" publicó la lista de 2.500 personas que habían "desaparecido". De acuerdo con un vocero del organismo de derechos humanos que pagó la solicitada, la lista había sido rechazada antes por lo menos en otros tres diarios de Buenos Aires. Y pocos diarios de Buenos Aires informaron de que se hubiera publicado semejante lista". Durante el campeonato mundial de fútbol "fue colocada una bomba en la planta fabril de un gran diario de Buenos Aires, que no publicó la noticia. Cuando explotó otra en el edificio del 'Buenos Aires Herald', el único diario que lo cubrió fue el propio 'Herald'. La prohibición "de toda información independiente sobre actividades subversivas se ha ido relajando". Pero el problema "consiste en saber dónde está el límite. Implicar a los militares en las desapariciones está claramente fuera del límite, aun cuando el propio presidente Videla haya admitido públicamente que la lucha contra la subversión condujo a excesos que deben ser controlados. Los pocos diarios dispuestos a correr riesgos, exploran en forma constante esta zona gris, en busca del límite. Pero la mayoría acepta las normas del gobierno sin quejarse, y en las zonas grises son muy prudentes. Una notable excepción a la ausencia de cobertura de esos crímenes es el "Buenos Aires Herald", el valiente David que recibió el premio Mergenthaler en nuestra última reunión", que se publica en inglés y cuyo director, Robert Cox, fue arrestado y detenido durante 24 horas bajo acusación de violar una ley de seguridad por informar en la tapa acerca de una conferencia de prensa de extremistas argentinos en Roma. Luego del retiro de la misión, Cox marchó al exilio. Según Seaton y Lozano "en este cuadro sombrío no faltan signos alentadores". La promesa de que no habrá más clausuras y las declaraciones oficiales acerca de que "la prensa no tiene nada que temer del gobierno, son estimulantes. Pero es difícil que los observadores externos encuentren algún consuelo en los comentarios de editores y directores de que vivieron la mayor parte de su vida bajo estado de sitio, de modo que la situación actual no es necesariamente anormal. Tampoco pueden sentirse bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión".
El papel del crédito
"Otro aspecto de la situación que perturbó a la misión es el crédito a largo plazo que el gobierno concedió a los diarios para una planta de papel". Seaton y Lozano entendieron el deseo de los diarios de desarrollar su propia provisión de papel, "de modo de no estar sujetos a los caprichos de la importación controlada por el Estado", pero expresaron "graves reservas sobre el proyecto emprendido por tres grandes diarios de Buenos Aires. 'La Nación', 'La Razón' y 'Clarín' compraron acciones en la nueva planta" mediante un "generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno". El informe dedica dos de sus 18 hojas al caso de Jacobo Timerman, "un propietario y director de diario arrancado de su casa en medio de la noche, torturado, privado de su propiedad, juzgado y absuelto por la justicia militar, que sigue prisionero pese a que la Corte Suprema ordenó su libertad" mientras su diario "La Opinión" es dirigido por un coronel. "Todos debemos preguntar cómo llegó Jacobo Timerman a una situación tan desesperada y qué implica esto para el resto de la prensa en la Argentina". Su caso "no es especial porque él sea periodista ni porque sea único. Muchos otros periodistas están presos sin proceso, porque se considera que tienen conexiones con los terroristas, como se pensaba que Timerman las tenía. La diferencia es que Timerman fue juzgado y absuelto por un tribunal militar por delitos subversivos, y sin embargo sigue bajo arresto". Harguindeguy, "quien parece tener completo control sobre estas cosas", informó a la misión que Timerman aún "debía aclarar sus asuntos financieros ante la justicia civil. Normalmente, los juicios civiles no son causa de detención. En consecuencia, la situación de Timerman representa muy claramente el caso de un prominente director y editor arrestado sin causa, cuyo diario "La Opinión" ha sido confiscado". Aunque las acusaciones de conexión con los subversivos han sido refutadas "su diario no le fue devuelto. Timerman cree categóricamente que su detención es un simple caso de antisemitismo. Otras fuentes coinciden con esta evaluación. Timerman está desilusionado por lo que siente como falta de apoyo de los demás editores argentinos. Sin embargo, nueve meses antes de nuestra visita ADEPA, la organización de los editores de diarios, aprobó una declaración exhortando al gobierno a liberar a Timerman y dispuso que sus directivos pidieran una audiencia con el presidente Videla para expresarle su preocupación. Hasta el momento de nuestra visita la audiencia con Videla aún no había tenido lugar", concluye el muy moderado documento de la SIP. A dos décadas de distancia y en una situación por fortuna muy distinta, su lectura ayuda a rememorar la viscosidad del pantano en que la sociedad argentina hozaba entonces. Hoy es el día apropiado.
LAS NEGRITAS
El informe fue presentado a la 34° Asamblea de la SIP, que sesionó en Miami entre el 9 y el 13 de octubre de 1978. Ese último día "La Nación" tituló su crónica "Firme posición de la Argentina ante la asamblea de la SIP", en la que informó que ADEPA había rechazado el premio SIP Mergenthaler, ofrecido en forma colectiva "a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución". La delegación argentina propuso que se cambiara aquel texto por éste: "A los periodistas argentinos en la figura de Alberto Gainza Paz, quien nunca claudicó en la lucha por los principios que sostiene la SIP". La SIP no aceptó y nadie retiró la plaqueta, que quedó colocada en la sede central de la organización.
Según "Clarín" los asistentes argentinos dijeron que la aceptación del premio "sólo contribuiría a la campaña lanzada por ciertos elementos de la prensa internacional para denigrar el buen nombre del país". El mismo diario dijo que "el restablecimiento de la libertad de prensa registró progresos en la Argentina pero dista mucho de llegar a una total normalidad". El artículo reprodujo tres párrafos genéricos del documento (el de los periodistas desesperados, el de la atmósfera totalitaria y los seis o siete gobiernos, y otro en el que se afirma que la prensa afronta una situación compleja) y destacó con negritas el párrafo sobre los "signos alentadores". Entre ellos mencionó "la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel" convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de "graves reservas". Las negritas también resaltaron la posibilidad de que "los grupos terroristas tengan responsabilidad en los secuestros de periodistas" y una declaración de Jorge Remonda, de "La Voz del Interior", según quien existía "una insidiosa campaña contra la Argentina desatada en el exterior y aberrantes deformaciones de medios extranjeros de comunicación".
"La Nación" también informó que "la representación de la prensa argentina" había rechazado el informe porque "parecería que en vez de ir a la Argentina a cerciorarse de si existe libertad de prensa se ocupó esencialmente del caso de Jacobo Timerman, quien se encuentra a disposición de la Justicia (sic) por hallarse supuestamente mezclado en el 'affaire Graiver'". El diario reseñó sucintamente el documento y luego se extendió en las respuestas indignadas de los argentinos, entre ellos Remonda, quien dijo que en la Argentina no había antisemitismo. En sus crónicas "La Opinión", confiscada por la Junta Militar, destacó una afirmación de la propietaria de "La Nueva Provincia", Diana Julio de Massot, según quien Timerman "estaba detenido por sus notorios vínculos con manejos financieros que aún hoy el gobierno nacional sigue investigando". Según "La Nueva Provincia", Annuar Jorge dijo que "para algunos parece más importante qué clase de gobierno tenemos que el hecho de que hayamos eliminado a los guerrilleros". Los autores del documento respondieron que "no somos miembros de una conspiración internacional contra la Argentina".
http://www.pagina12.com.ar/1998/98-06/98-06-07/pag10.htm
