Miércoles, 24 de octubre de 2012
EL PAIS › OPINION
Comunicación audiovisual, todo lo que hay que saber
Por Damián Loreti *, Diego de Charras ** y Luis Lozano ***
La sanción de la ley 26.522 (http://www.afsca.gob.ar/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual-26-522/) puso en juego la facultad del Estado para regular la actividad de los medios de comunicación audiovisuales desde un paradigma de derechos humanos. Desde que comenzó a debatirse el proyecto hasta hoy pasaron más de tres años y esta potestad estatal todavía resulta cuestionada, tanto desde las empresas mediáticas con posiciones dominantes en el mercado como por parte de algunos referentes políticos. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana han señalado en más de una oportunidad que la actividad de los medios de comunicación no sólo puede, sino que debe ser regulada por el Estado a través de políticas públicas respetuosas de los estándares internacionales (http://bit.ly/RL0nrK). Las medidas estatales deben tener como finalidad el fomento del pluralismo y la diversidad de voces y deben tender a garantizar condiciones de igualdad en el acceso al debate público. En esta línea, los Estados no sólo están obligados a abstenerse de limitar el ejercicio del derecho a la comunicación por cualquier medio, sino que además deben implementar políticas públicas destinadas a revertir las asimetrías existentes en el acceso al debate público. La intervención de los Estados se torna, por lo tanto, imprescindible para garantizar un reparto equitativo de los medios y reconocer la diversidad de las manifestaciones culturales.
En este sentido, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) promueve la participación de diferentes actores en la prestación de servicios de comunicación y garantiza que el sector comercial siga siendo económicamente viable. Sin embargo, una arquitectura legal construida a lo largo de más de tres décadas a la medida de quienes debían ser regulados y controlados por el Estado indica que democratización no era una variable a tener en cuenta a la hora de pensar los medios y su vínculo con el acceso al debate público. En este escenario, el cambio de paradigma que implicó la sanción de la LSCA requiere un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad civil para generar políticas públicas que impulsen el proceso democratizador.
Concentración, pluralismo y diversidad
El fomento de la diversidad de voces y el pluralismo como presupuestos básicos del ejercicio del derecho a la comunicación se ha convertido en un desafío central frente a las lógicas de globalización, integración comercial y libre comercio. En sus Indicadores de Desarrollo Mediático aprobados en 2008, la Unesco sostiene que para incrementar el pluralismo y la diversidad en un sistema de medios “las autoridades responsables de ejecutar las leyes antimonopolios cuentan con las atribuciones suficientes, por ejemplo, para negar las solicitudes de licencias y para exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad” (http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102s.pdf). Cualquier parecido con la realidad argentina es pura coincidencia.
La concentración de la propiedad de medios de comunicación, no absoluta pero sí tendencialmente, deviene en homogeneización de contenidos, marginación de voces disidentes a partir de alianzas comerciales y/o políticas, subsidios cruzados que canibalizan mercados, competencia desleal e incremento de las barreras de entrada para nuevos actores. Algo que en Argentina ya vivimos.
Sin embargo, los cultores de la autorregulación encuentran sólo deficiencias coyunturales del mercado, cuya solución ubican en la propia matriz mercadocéntrica y la mayoría de las veces aparece asociada a una ampliación de las posibilidades tecnológicas. La experiencia de las últimas décadas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, ha demostrado la escasa validez de estas posturas: en ningún caso el avance tecnológico ha implicado, por su mera aparición, una democratización de las comunicaciones.
El rol de los medios y los procesos de concentración de la propiedad, así como el análisis de las alianzas políticas y económicas y su impacto sobre los contenidos, definen un escenario en el que, una vez más, la intervención del Estado se vuelve imprescindible para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación, entendido como un derecho humano fundamental.
Miradas desde el paradigma de derechos humanos
La LSCA puso de manifiesto la necesidad de construir un consenso social amplio que garantice el reconocimiento de la comunicación y la cultura como elementos centrales en el marco de un Estado de derecho, que de ninguna manera pueden quedar supeditados a las lógicas de la explotación comercial en desmedro del bienestar común. Así lo entendieron los principales actores de los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, quienes opinaron sobre la ley desde una perspectiva de defensa de la libertad de expresión. Al respecto aparecen dos referencias clave.
Para el relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, “la Argentina está sentando un precedente muy importante. No sólo en el contenido de la ley, porque el proyecto original que vi es lo más avanzado que hay en el mundo en ley de telecomunicaciones, sino además en el procedimiento que se siguió, el proceso de consulta a nivel popular. Me parece que ésta es una ley realmente consultada con su pueblo”. En cuanto al texto de la ley, La Rue reconoció que “garantiza el pluralismo, que todas las voces tengan acceso. Reconoce que tiene que haber tres tipos de medios: comerciales, comunitarios y públicos. Y los convierte en ley. Ante una progresiva concentración monopólica y oligopólica de medios, no sólo en América latina, creo que esta ley es un gran avance” (http://bit.ly/Xytv9V).
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA sostuvo, en su informe del año 2009, que “esta reforma legislativa representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. En efecto, bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas” (http://bit.ly/h3IEah).
Pese a los insistentes argumentos respecto del supuesto control que la ley impondría sobre los contenidos de los medios audiovisuales, a diferencia de otras legislaciones o proyectos de la región, no aparece en toda la norma ningún artículo que pueda resultar incompatible con las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre este punto. Tampoco contempla, dentro de los diferentes tipos de servicios de comunicación, restricciones en cuanto a potencia, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento ni establece un plazo de duración de los permisos excesivamente breve que impida la realización de los proyectos comunicacionales presentados al momento de concursar la licencia o que dificulte, en el caso de los medios comerciales, el desarrollo de un negocio rentable. Es decir que, en sintonía con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, la ley asegura previsibilidad y certeza jurídica para quienes poseen o adquieren una licencia. Los derechos y obligaciones establecidos en la norma son claros y precisos; se contemplan procedimientos transparentes y respetuosos del debido proceso –que permiten, entre otras cosas, revisar judicialmente cualquier decisión adoptada en el ámbito administrativo– y garantiza que mientras se usa la frecuencia no serán exigidos más requerimientos que los establecidos en la ley.
La LSCA incorpora un enfático reconocimiento acerca de la importancia del pluralismo y la diversidad. Además de los compromisos recogidos por la ratificación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco (http://bit.ly/S8hlDl), la ley recoge lo dicho por los relatores de Libertad de Expresión de ONU, OEA, Europa y Africa que, en el año 2001, en su Declaración Conjunta (http://bit.ly/T34ui2) recomendaron: “La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión”.
En relación con la universalidad del acceso a los medios de comunicación como un soporte fundamental para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, que la ley establece en los artículos 2, 3, 72 y 153, afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85: “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar” (http://bit.ly/hvuZ5w).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pasado 22 de mayo, al resolver el resonado expediente por la vigencia de la medida cautelar por el artículo 161 para el Grupo Clarín, entendió que “no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Ello resulta necesario, porque en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación, sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico. Debe existir una afectación concreta de la libertad de expresión para invalidar una norma de regulación de la competencia, lo que en el caso no se ha demostrado” (http://bit.ly/KJRX4y).
El espacio público construido por los medios de comunicación asume hoy una centralidad primordial para conformar nuestra percepción de la realidad social y política, para determinar la agenda pública de necesidades a ser atendidas y desde donde la ciudadanía obtiene buena parte de las herramientas que la ayudan a aprehender el universo de la cotidianidad. Ese debe ser el lugar de la democracia, el pluralismo y la diversidad. Los negocios son otra cosa.
* Docente de Cs. de la Comunicación (UBA), secretario de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
** Docente de Cs. de la Comunicación (UBA-UNLP), director del área de Comunicación del CELS.
*** Docente de Cs. de la Comunicación (UBA).
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206213-2012-10-24.html
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Domingo, 14 de octubre de 2012 | Hoy
EL PAIS › EL CASO DE OSTROPOLSKY
Consejero y parte
Daniel Ostropolsky, integrante del Consejo de la Magistratura, que durante las últimas semanas formó parte del grupo que bloquea la designación de jueces, es hermano de Aldo Ostropolsky, un importante empresario de medios de Mendoza, que retransmite Radio Mitre, del Grupo Clarín, en esa provincia. Pero lo notorio es que la licencia de esa radio FM (100.3) es directamente de Clarín, lo que significa que Aldo Ostropolsky opera una radio del grupo al que su hermano está beneficiando en el Consejo. El empresario retiene el 50 por ciento de las acciones de Blitz Media Sociedad Anónima y el mismo porcentaje del Grupo Jornada, que edita un diario, tiene varios portales y dos radios, una de las cuales es la repetidora de Mitre.
Por otra parte, Ostropolsky representa a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que instó en un comunicado a que el Consejo funcione como corresponde y que, tal como es su función, designe jueces. En otra parte del comunicado, la FACA señala que “nunca ha adoptado una posición que implique bloquear el nombramiento de jueces”. Ostropolsky había dicho que su comportamiento respondía a un mandato de FACA, lo que ahora fue desmentido.
En realidad, las posturas de Ostropolsky están orientadas hasta ahora a que no se nombre jueces y a que, mientras tanto, la Cámara Civil intente designar uno que beneficie al Grupo Clarín en la cuestión de fondo de una ley votada en el Congreso hace tres años. Ostropolsky es un abogado mendocino de origen radical, que fue director del Banco Nación en épocas de Fernando de la Rúa.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205568-2012-10-14.html
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15 de octubre de 2012
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Sábado, 6 de octubre de 2012 | Hoy
EL PAIS › CUESTIONAMIENTOS AL RADICAL OSCAR AGUAD
“Debería abstenerse de participar”
El intendente de Corrientes, Carlos “Camau” Espínola, y el diputado nacional Fabián Ríos, salieron a cuestionar ayer al diputado radical Oscar Aguad, luego del conflicto que protagonizó en el Consejo de la Magistratura. Ambos dirigentes recordaron que Aguad está procesado en una causa que investiga el manejo irregular de 60 millones de dólares durante la intervención que encabezó en la ciudad de Corrientes y consideraron que esa situación es “incompatible” con su función en el Consejo de la Magistratura. “Al menos éticamente hay una incompatibilidad, porque está sujeto a una investigación de carácter complejo por su actuación como funcionario federal”, señaló Ríos.
Junto a otros consejeros, Aguad participó el jueves pasado de la maniobra para bloquear la designación definitiva de un magistrado en el juzgado que deberá resolver la cuestión de fondo en la causa iniciada por el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con el concurso suspendido, el juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 quedaría a cargo del magistrado jubilado Raúl Tettamanti, convocado a subrogar para este fallo. Para evitar que no se encuentre un reemplazo definitivo al juez Edmundo Carbone, el oficialismo había ofrecido retirar de la terna a María Lorena Gagliardi, la candidata objetada por la oposición, pero la propuesta fue rechazada y descartado todo el concurso.
“A cualquier correntino que se le pregunte por Aguad, lo va a recordar justamente por los malos momentos que se vivieron durante su intervención”, afirmó Camau y agregó “por esta deuda que nos dejó”. Camau Espínola señaló que “éticamente no corresponde” la presencia de Aguad en el Consejo de la Magistratura y consideró que “debería abstenerse de participar en el nombramiento de jueces”. Por su parte, Ríos recordó que la investigación por la actuación de Aguad durante el gobierno de la Alianza todavía se encuentra abierta y que el diputado radical fue interventor del municipio de la capital en el 2000 y posteriormente de la provincia.
En junio de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó el procesamiento de Aguad en la causa en la que se investiga el destino de 60 millones de dólares de un crédito que el legislador tomó, cuando se desempeñaba como interventor federal de la Municipalidad de Corrientes. Los 60 millones de dólares fueron canjeados en su totalidad por bonos Cecacor (certificados de cancelación de deudas) y nunca se rindieron, según consta en el expediente. En 2009, al asumir como intendente Camau Espínola, la Municipalidad de Corrientes se constituyó como querellante y apeló el sobreseimiento, que fue finalmente revocado por el STJ en un fallo del mes marzo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205022-2012-10-06.html
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23/09/2009
Lanata Dixit:
"Era mejor recibir publicidad oficial y callarse la boca"
"Acá no estamos discutiendo la libertad de prensa o por lo menos no solo, estamos discutiendo la libertad de prensa en el peor de los casos, se está discutiendo grandes negocios. Esta es una discusión que afecta mucha plata y esto quiere decir mucho poder y la posibilidad de influir en la sociedad durante décadas"
"¿Quién puede estar a favor de un monopolio?"
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Entrevista con Ignacio Ramonet: “Los medios pueden falsificar la democracia”
GR: ¿Por qué los dirigentes políticos han cedido tanto poder a los grupos financieros y mediáticos?
IR: En efecto, en muchas regiones del mundo, los dirigentes políticos han cedido poder a esos grupos. Por ejemplo, todo el fenómeno que llamamos privatizaciones no es más que una transferencia del poder del Estado al poder privado, es decir que el gran enfrentamiento en esta época de la globalización es el enfrentamiento entre el mercado y el Estado. El Estado se había mantenido un poco protegido por los dirigentes políticos pero ahora, como en un Caballo de Troya, en el Estado se han introducido empresarios o políticos con mentalidad empresarial que en realidad son los que están vaciando al Estado de muchas de sus prerrogativas, en particular de su función de actor económico. En ese contexto, los medios de comunicación tienen como función principal: convencer al conjunto de las poblaciones de que hay que hacer esas reformas, así como de votar por aquellos que estén dispuestos a llevarlas a cabo. Obviamente los medios, como grupos industriales y económicos, van a beneficiarse de esas reformas. Por consiguiente, vemos que existe una alianza entre el mensaje de la globalización en favor de lo privado y en favor del capital, y esos grupos mediáticos que encuentran su provecho difundiéndolo.
GR: El poder de los medios y su influencia en la opinión pública, ¿están vaciando a la democracia de su sentido?
IR: Es una cuestión que hoy se plantea en muchas sociedades. Por ejemplo, ¿votamos libremente? ¿Es mi libre albedrío el que me conduce a votar por este señor o por esta señora, o bien, en realidad, es porque me han metido en la cabeza una serie de ideas que hacen que yo, como una marioneta, voy a votar por lo que me han dicho? Esta pregunta es evidentemente importante hoy día, en la medida en que las cosas se han complicado enormemente. Hoy es extremadamente difícil comprender la economía y la política. Por ejemplo, en Europa, es muy difícil distinguir lo que depende de la autonomía de cada Estado y lo que corresponde a la influencia de la Unión Europea; y si a esto le agregamos el aspecto social, donde muchas leyes responden a las exigencias del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OMC, de la OCD, etcétera, nos damos cuenta de que el panorama mundial se ha vuelto enormemente complejo. Sin embargo, frente a esta complejidad tenemos unos medios de comunicación que exigen la simplificación absoluta, reduciendo esa complejidad a una lectura elemental de las cosas. Esta contradicción ha producido un mensaje muy maniqueo, muy elemental, y ese mensaje tiene efecto en su traducción política. Entonces, nos damos cuenta de que, de hecho, los medios pueden falsificar la democracia. Está probado que la credibilidad de las informaciones televisadas es más elevada en la medida en que el nivel socioeconómico y cultural de los telespectadores es más bajo. Las capas sociales más modestas apenas consumen otros medios de comunicación y casi nunca leen periódicos; por eso no pueden cuestionar la versión de los hechos propuesta por la televisión.
El telenoticiero constituye la información del pobre. En esto estriba su importancia política. Manipula más fácilmente a los que menos defensa cultural tienen.
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El periodismo del nuevo siglo - Ramonet
Informar no es sólo interesarse por ciertos ámbitos considerados importantes, como la economía, la política, la cultura o la ecología, sino también por la propia información y la comunicación. Es necesario que los medios de comunicación analicen su propio funcionamiento. Los medios ya no pueden presentarse simplemente como un ojo que mira, y que no puede verse. Es cierto que el ojo ve y no puede verse, pero esta metáfora no puede aplicarse a los medios de comunicación, porque han dejado de tener esa característica propia del periscopio o de cualquier instrumento óptico privilegiado. Todo el mundo los ve y todo el mundo sabe de alguna manera que no son perfectos. La gente espera de los medios que hagan una autocrítica, que se analicen a sí mismos. De la misma manera que los medios pueden ser exigentes con tal o cual profesión o sector, ¿por qué no lo son con ellos mismos?
Estoy convencido de que los medios de comunicación deberían proceder a análisis más serios sobre su propio funcionamiento, aunque sólo fuera para que todo el mundo supiera cómo trabajan y que no son reacios a la inspección, la introspección y la crítica. No han de tener una posición privilegiada. No están sólo para juzgar a los demás, sin poder ser juzgados a su vez. Es importante que, cuando se cometen errores, se reconozcan. Sólo así se hace pedagogía. Esta idea avanzará, aunque sea lentamente, porque es muy cómodo juzgar sin ser juzgado.
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EL PAIS › OPINION
Comunicación audiovisual, todo lo que hay que saber
Por Damián Loreti *, Diego de Charras ** y Luis Lozano ***
La sanción de la ley 26.522 (http://www.afsca.gob.ar/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual-26-522/) puso en juego la facultad del Estado para regular la actividad de los medios de comunicación audiovisuales desde un paradigma de derechos humanos. Desde que comenzó a debatirse el proyecto hasta hoy pasaron más de tres años y esta potestad estatal todavía resulta cuestionada, tanto desde las empresas mediáticas con posiciones dominantes en el mercado como por parte de algunos referentes políticos. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana han señalado en más de una oportunidad que la actividad de los medios de comunicación no sólo puede, sino que debe ser regulada por el Estado a través de políticas públicas respetuosas de los estándares internacionales (http://bit.ly/RL0nrK). Las medidas estatales deben tener como finalidad el fomento del pluralismo y la diversidad de voces y deben tender a garantizar condiciones de igualdad en el acceso al debate público. En esta línea, los Estados no sólo están obligados a abstenerse de limitar el ejercicio del derecho a la comunicación por cualquier medio, sino que además deben implementar políticas públicas destinadas a revertir las asimetrías existentes en el acceso al debate público. La intervención de los Estados se torna, por lo tanto, imprescindible para garantizar un reparto equitativo de los medios y reconocer la diversidad de las manifestaciones culturales.
En este sentido, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) promueve la participación de diferentes actores en la prestación de servicios de comunicación y garantiza que el sector comercial siga siendo económicamente viable. Sin embargo, una arquitectura legal construida a lo largo de más de tres décadas a la medida de quienes debían ser regulados y controlados por el Estado indica que democratización no era una variable a tener en cuenta a la hora de pensar los medios y su vínculo con el acceso al debate público. En este escenario, el cambio de paradigma que implicó la sanción de la LSCA requiere un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad civil para generar políticas públicas que impulsen el proceso democratizador.
Concentración, pluralismo y diversidad
El fomento de la diversidad de voces y el pluralismo como presupuestos básicos del ejercicio del derecho a la comunicación se ha convertido en un desafío central frente a las lógicas de globalización, integración comercial y libre comercio. En sus Indicadores de Desarrollo Mediático aprobados en 2008, la Unesco sostiene que para incrementar el pluralismo y la diversidad en un sistema de medios “las autoridades responsables de ejecutar las leyes antimonopolios cuentan con las atribuciones suficientes, por ejemplo, para negar las solicitudes de licencias y para exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad” (http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102s.pdf). Cualquier parecido con la realidad argentina es pura coincidencia.
La concentración de la propiedad de medios de comunicación, no absoluta pero sí tendencialmente, deviene en homogeneización de contenidos, marginación de voces disidentes a partir de alianzas comerciales y/o políticas, subsidios cruzados que canibalizan mercados, competencia desleal e incremento de las barreras de entrada para nuevos actores. Algo que en Argentina ya vivimos.
Sin embargo, los cultores de la autorregulación encuentran sólo deficiencias coyunturales del mercado, cuya solución ubican en la propia matriz mercadocéntrica y la mayoría de las veces aparece asociada a una ampliación de las posibilidades tecnológicas. La experiencia de las últimas décadas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, ha demostrado la escasa validez de estas posturas: en ningún caso el avance tecnológico ha implicado, por su mera aparición, una democratización de las comunicaciones.
El rol de los medios y los procesos de concentración de la propiedad, así como el análisis de las alianzas políticas y económicas y su impacto sobre los contenidos, definen un escenario en el que, una vez más, la intervención del Estado se vuelve imprescindible para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación, entendido como un derecho humano fundamental.
Miradas desde el paradigma de derechos humanos
La LSCA puso de manifiesto la necesidad de construir un consenso social amplio que garantice el reconocimiento de la comunicación y la cultura como elementos centrales en el marco de un Estado de derecho, que de ninguna manera pueden quedar supeditados a las lógicas de la explotación comercial en desmedro del bienestar común. Así lo entendieron los principales actores de los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, quienes opinaron sobre la ley desde una perspectiva de defensa de la libertad de expresión. Al respecto aparecen dos referencias clave.
Para el relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, “la Argentina está sentando un precedente muy importante. No sólo en el contenido de la ley, porque el proyecto original que vi es lo más avanzado que hay en el mundo en ley de telecomunicaciones, sino además en el procedimiento que se siguió, el proceso de consulta a nivel popular. Me parece que ésta es una ley realmente consultada con su pueblo”. En cuanto al texto de la ley, La Rue reconoció que “garantiza el pluralismo, que todas las voces tengan acceso. Reconoce que tiene que haber tres tipos de medios: comerciales, comunitarios y públicos. Y los convierte en ley. Ante una progresiva concentración monopólica y oligopólica de medios, no sólo en América latina, creo que esta ley es un gran avance” (http://bit.ly/Xytv9V).
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA sostuvo, en su informe del año 2009, que “esta reforma legislativa representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. En efecto, bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas” (http://bit.ly/h3IEah).
Pese a los insistentes argumentos respecto del supuesto control que la ley impondría sobre los contenidos de los medios audiovisuales, a diferencia de otras legislaciones o proyectos de la región, no aparece en toda la norma ningún artículo que pueda resultar incompatible con las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre este punto. Tampoco contempla, dentro de los diferentes tipos de servicios de comunicación, restricciones en cuanto a potencia, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento ni establece un plazo de duración de los permisos excesivamente breve que impida la realización de los proyectos comunicacionales presentados al momento de concursar la licencia o que dificulte, en el caso de los medios comerciales, el desarrollo de un negocio rentable. Es decir que, en sintonía con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, la ley asegura previsibilidad y certeza jurídica para quienes poseen o adquieren una licencia. Los derechos y obligaciones establecidos en la norma son claros y precisos; se contemplan procedimientos transparentes y respetuosos del debido proceso –que permiten, entre otras cosas, revisar judicialmente cualquier decisión adoptada en el ámbito administrativo– y garantiza que mientras se usa la frecuencia no serán exigidos más requerimientos que los establecidos en la ley.
La LSCA incorpora un enfático reconocimiento acerca de la importancia del pluralismo y la diversidad. Además de los compromisos recogidos por la ratificación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco (http://bit.ly/S8hlDl), la ley recoge lo dicho por los relatores de Libertad de Expresión de ONU, OEA, Europa y Africa que, en el año 2001, en su Declaración Conjunta (http://bit.ly/T34ui2) recomendaron: “La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión”.
En relación con la universalidad del acceso a los medios de comunicación como un soporte fundamental para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, que la ley establece en los artículos 2, 3, 72 y 153, afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85: “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar” (http://bit.ly/hvuZ5w).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pasado 22 de mayo, al resolver el resonado expediente por la vigencia de la medida cautelar por el artículo 161 para el Grupo Clarín, entendió que “no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Ello resulta necesario, porque en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación, sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico. Debe existir una afectación concreta de la libertad de expresión para invalidar una norma de regulación de la competencia, lo que en el caso no se ha demostrado” (http://bit.ly/KJRX4y).
El espacio público construido por los medios de comunicación asume hoy una centralidad primordial para conformar nuestra percepción de la realidad social y política, para determinar la agenda pública de necesidades a ser atendidas y desde donde la ciudadanía obtiene buena parte de las herramientas que la ayudan a aprehender el universo de la cotidianidad. Ese debe ser el lugar de la democracia, el pluralismo y la diversidad. Los negocios son otra cosa.
* Docente de Cs. de la Comunicación (UBA), secretario de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
** Docente de Cs. de la Comunicación (UBA-UNLP), director del área de Comunicación del CELS.
*** Docente de Cs. de la Comunicación (UBA).
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206213-2012-10-24.html
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Domingo, 14 de octubre de 2012 | Hoy
EL PAIS › EL CASO DE OSTROPOLSKY
Consejero y parte
Daniel Ostropolsky, integrante del Consejo de la Magistratura, que durante las últimas semanas formó parte del grupo que bloquea la designación de jueces, es hermano de Aldo Ostropolsky, un importante empresario de medios de Mendoza, que retransmite Radio Mitre, del Grupo Clarín, en esa provincia. Pero lo notorio es que la licencia de esa radio FM (100.3) es directamente de Clarín, lo que significa que Aldo Ostropolsky opera una radio del grupo al que su hermano está beneficiando en el Consejo. El empresario retiene el 50 por ciento de las acciones de Blitz Media Sociedad Anónima y el mismo porcentaje del Grupo Jornada, que edita un diario, tiene varios portales y dos radios, una de las cuales es la repetidora de Mitre.
Por otra parte, Ostropolsky representa a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que instó en un comunicado a que el Consejo funcione como corresponde y que, tal como es su función, designe jueces. En otra parte del comunicado, la FACA señala que “nunca ha adoptado una posición que implique bloquear el nombramiento de jueces”. Ostropolsky había dicho que su comportamiento respondía a un mandato de FACA, lo que ahora fue desmentido.
En realidad, las posturas de Ostropolsky están orientadas hasta ahora a que no se nombre jueces y a que, mientras tanto, la Cámara Civil intente designar uno que beneficie al Grupo Clarín en la cuestión de fondo de una ley votada en el Congreso hace tres años. Ostropolsky es un abogado mendocino de origen radical, que fue director del Banco Nación en épocas de Fernando de la Rúa.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205568-2012-10-14.html
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15 de octubre de 2012
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Sábado, 6 de octubre de 2012 | Hoy
EL PAIS › CUESTIONAMIENTOS AL RADICAL OSCAR AGUAD
“Debería abstenerse de participar”
El intendente de Corrientes, Carlos “Camau” Espínola, y el diputado nacional Fabián Ríos, salieron a cuestionar ayer al diputado radical Oscar Aguad, luego del conflicto que protagonizó en el Consejo de la Magistratura. Ambos dirigentes recordaron que Aguad está procesado en una causa que investiga el manejo irregular de 60 millones de dólares durante la intervención que encabezó en la ciudad de Corrientes y consideraron que esa situación es “incompatible” con su función en el Consejo de la Magistratura. “Al menos éticamente hay una incompatibilidad, porque está sujeto a una investigación de carácter complejo por su actuación como funcionario federal”, señaló Ríos.
Junto a otros consejeros, Aguad participó el jueves pasado de la maniobra para bloquear la designación definitiva de un magistrado en el juzgado que deberá resolver la cuestión de fondo en la causa iniciada por el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con el concurso suspendido, el juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 quedaría a cargo del magistrado jubilado Raúl Tettamanti, convocado a subrogar para este fallo. Para evitar que no se encuentre un reemplazo definitivo al juez Edmundo Carbone, el oficialismo había ofrecido retirar de la terna a María Lorena Gagliardi, la candidata objetada por la oposición, pero la propuesta fue rechazada y descartado todo el concurso.
“A cualquier correntino que se le pregunte por Aguad, lo va a recordar justamente por los malos momentos que se vivieron durante su intervención”, afirmó Camau y agregó “por esta deuda que nos dejó”. Camau Espínola señaló que “éticamente no corresponde” la presencia de Aguad en el Consejo de la Magistratura y consideró que “debería abstenerse de participar en el nombramiento de jueces”. Por su parte, Ríos recordó que la investigación por la actuación de Aguad durante el gobierno de la Alianza todavía se encuentra abierta y que el diputado radical fue interventor del municipio de la capital en el 2000 y posteriormente de la provincia.
En junio de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó el procesamiento de Aguad en la causa en la que se investiga el destino de 60 millones de dólares de un crédito que el legislador tomó, cuando se desempeñaba como interventor federal de la Municipalidad de Corrientes. Los 60 millones de dólares fueron canjeados en su totalidad por bonos Cecacor (certificados de cancelación de deudas) y nunca se rindieron, según consta en el expediente. En 2009, al asumir como intendente Camau Espínola, la Municipalidad de Corrientes se constituyó como querellante y apeló el sobreseimiento, que fue finalmente revocado por el STJ en un fallo del mes marzo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205022-2012-10-06.html
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23/09/2009
Lanata Dixit:
"Era mejor recibir publicidad oficial y callarse la boca"
"Acá no estamos discutiendo la libertad de prensa o por lo menos no solo, estamos discutiendo la libertad de prensa en el peor de los casos, se está discutiendo grandes negocios. Esta es una discusión que afecta mucha plata y esto quiere decir mucho poder y la posibilidad de influir en la sociedad durante décadas"
"¿Quién puede estar a favor de un monopolio?"
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Entrevista con Ignacio Ramonet: “Los medios pueden falsificar la democracia”
GR: ¿Por qué los dirigentes políticos han cedido tanto poder a los grupos financieros y mediáticos?
IR: En efecto, en muchas regiones del mundo, los dirigentes políticos han cedido poder a esos grupos. Por ejemplo, todo el fenómeno que llamamos privatizaciones no es más que una transferencia del poder del Estado al poder privado, es decir que el gran enfrentamiento en esta época de la globalización es el enfrentamiento entre el mercado y el Estado. El Estado se había mantenido un poco protegido por los dirigentes políticos pero ahora, como en un Caballo de Troya, en el Estado se han introducido empresarios o políticos con mentalidad empresarial que en realidad son los que están vaciando al Estado de muchas de sus prerrogativas, en particular de su función de actor económico. En ese contexto, los medios de comunicación tienen como función principal: convencer al conjunto de las poblaciones de que hay que hacer esas reformas, así como de votar por aquellos que estén dispuestos a llevarlas a cabo. Obviamente los medios, como grupos industriales y económicos, van a beneficiarse de esas reformas. Por consiguiente, vemos que existe una alianza entre el mensaje de la globalización en favor de lo privado y en favor del capital, y esos grupos mediáticos que encuentran su provecho difundiéndolo.
GR: El poder de los medios y su influencia en la opinión pública, ¿están vaciando a la democracia de su sentido?
IR: Es una cuestión que hoy se plantea en muchas sociedades. Por ejemplo, ¿votamos libremente? ¿Es mi libre albedrío el que me conduce a votar por este señor o por esta señora, o bien, en realidad, es porque me han metido en la cabeza una serie de ideas que hacen que yo, como una marioneta, voy a votar por lo que me han dicho? Esta pregunta es evidentemente importante hoy día, en la medida en que las cosas se han complicado enormemente. Hoy es extremadamente difícil comprender la economía y la política. Por ejemplo, en Europa, es muy difícil distinguir lo que depende de la autonomía de cada Estado y lo que corresponde a la influencia de la Unión Europea; y si a esto le agregamos el aspecto social, donde muchas leyes responden a las exigencias del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OMC, de la OCD, etcétera, nos damos cuenta de que el panorama mundial se ha vuelto enormemente complejo. Sin embargo, frente a esta complejidad tenemos unos medios de comunicación que exigen la simplificación absoluta, reduciendo esa complejidad a una lectura elemental de las cosas. Esta contradicción ha producido un mensaje muy maniqueo, muy elemental, y ese mensaje tiene efecto en su traducción política. Entonces, nos damos cuenta de que, de hecho, los medios pueden falsificar la democracia. Está probado que la credibilidad de las informaciones televisadas es más elevada en la medida en que el nivel socioeconómico y cultural de los telespectadores es más bajo. Las capas sociales más modestas apenas consumen otros medios de comunicación y casi nunca leen periódicos; por eso no pueden cuestionar la versión de los hechos propuesta por la televisión.
El telenoticiero constituye la información del pobre. En esto estriba su importancia política. Manipula más fácilmente a los que menos defensa cultural tienen.
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El periodismo del nuevo siglo - Ramonet
Informar no es sólo interesarse por ciertos ámbitos considerados importantes, como la economía, la política, la cultura o la ecología, sino también por la propia información y la comunicación. Es necesario que los medios de comunicación analicen su propio funcionamiento. Los medios ya no pueden presentarse simplemente como un ojo que mira, y que no puede verse. Es cierto que el ojo ve y no puede verse, pero esta metáfora no puede aplicarse a los medios de comunicación, porque han dejado de tener esa característica propia del periscopio o de cualquier instrumento óptico privilegiado. Todo el mundo los ve y todo el mundo sabe de alguna manera que no son perfectos. La gente espera de los medios que hagan una autocrítica, que se analicen a sí mismos. De la misma manera que los medios pueden ser exigentes con tal o cual profesión o sector, ¿por qué no lo son con ellos mismos?
Estoy convencido de que los medios de comunicación deberían proceder a análisis más serios sobre su propio funcionamiento, aunque sólo fuera para que todo el mundo supiera cómo trabajan y que no son reacios a la inspección, la introspección y la crítica. No han de tener una posición privilegiada. No están sólo para juzgar a los demás, sin poder ser juzgados a su vez. Es importante que, cuando se cometen errores, se reconozcan. Sólo así se hace pedagogía. Esta idea avanzará, aunque sea lentamente, porque es muy cómodo juzgar sin ser juzgado.
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