Viernes, 22 de noviembre de 2013 | Hoy
PORTES PSICOLOGIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPA
EL PAIS › DICTAMEN A FAVOR DE LA DEFENSA DE AMADO BOUDOU EN LA CAUSA DE LA IMPRENTA CICCONE
Para el fiscal del caso, el delito no existió
La fiscalía consideró que debe cerrarse la investigación en contra del vicepresidente, dado que el supuesto plan de pagos para favorecer el levantamiento de la quiebra de Ciccone estaba en manos de la AFIP y no de Boudou.
Por Raúl Kollmann
El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, dictaminó ayer que debe hacerse lugar a una presentación de la defensa del vicepresidente Amado Boudou, que sostiene que la investigación en su contra por el caso Ci-ccone debe cerrarse porque no hay ninguna definición sobre cuál sería el delito que cometió. En términos técnicos se denomina “falta de acción penal”. De Luca señala que el hecho por el que se imputó a Boudou es que dictaminó o emitió una opinión sobre un plan de pagos que la AFIP preveía darle a Ciccone para levantar la quiebra de esa empresa y se pregunta cuál sería el delito. El fiscal se responde a sí mismo: el responsable de otorgar o no el plan de pagos era el titular de la AFIP, no Boudou, de manera que éste no pudo cometer ningún delito. Del lado de la AFIP, además, sostienen que planes de pago similares se les dieron a otras 24 empresas y que, en el caso de Ciccone, finalmente no se le otorgó.
En la causa por la imprenta que produce billetes hay varias vertientes distintas y quien instruye el expediente es el juez Ariel Lijo. A Boudou se le imputan negociaciones incompatibles con la función pública partiendo de la hipótesis de que quien encabezó el rescate de la quebrada Ciccone fue Alejandro Vandenbroele, cuya ex esposa sostiene que él es testaferro del vicepresidente. Boudou contestó a eso que no conoce a Vandenbroele y que nunca habló con él. Por ahora no aparecieron pruebas de ese vínculo: no existen llamadas ni fotos y sólo aparece el alquiler de un departamento por interpósita persona, algo muy débil para sostener que una persona es testaferro de otra.
Pero el fiscal De Luca ni siquiera entró en estas evaluaciones. Afirma que, para que haya negociaciones incompatibles con el cargo que ostenta un funcionario, éste debe tener el poder legal de beneficiar a quien supuestamente quiere beneficiar. En el caso Ciccone, Boudou no tenía el poder legal de otorgar el plan de pagos –finalmente no otorgado–, sino que estaba en manos de la AFIP. Por lo tanto, Boudou no pudo cometer el delito.
En las últimas semanas, Lijo analiza un entrecruzamiento de llamadas con el que se demostraría que a Boudou le informaban de cada paso que se daba respecto de la imprenta. La defensa del vicepresidente afirma que ninguna de las líneas fue usada por él. Sin embargo, esto no alteraría la visión del fiscal: quien tenía el poder legal de convalidar el plan de pagos y el levantamiento de la quiebra era la AFIP.
Hay otra vertiente del caso relacionada con investigar si Boudou se enriqueció en forma ilícita. En este aspecto, el juez puso en marcha pesquisas, el vicepresidente hizo una larga presentación espontánea explicando el origen de sus bienes y Lijo resolverá en base a las pericias contables que ordenó. Esta parte del expediente corre por cuerda separada. Hace pocas semanas, la Cámara de Casación –ante la cual De Luca presentó ahora su dictamen– confirmó la validez de la declaración de la ex esposa de Vandenbroele Laura Muñoz. El pedido de nulidad fue presentado por Vandenbroele, pero los camaristas argumentaron que la defensa del abogado-empresario no explicó qué daño le causaba el testimonio de su ex, quien por otra parte dijo no saber nada del caso Ciccone. En ese fallo, uno de los camaristas, Juan Carlos Gemignani, señaló que Muñoz había sido amenazada e incluyó, de hecho, a Boudou en el grupo que supuestamente amenazó a la mujer. Los otros dos camaristas, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, no convalidaron ese enfoque. Los abogados del vicepresidente recusaron a Gemignani por considerar que no hay en la causa ni un solo elemento que vincule a Boudou con las amenazas que menciona Muñoz. La Sala IV de Casación deberá resolver primero sobre esa recusación y luego tendrá que evaluar el dictamen del fiscal De Luca.
raulkollmann@hotmail.com
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-234115-2013-11-22.html
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Lunes, 09 de junio de 2014
La Cámara ordenó investigar "otras aristas de los hechos"
La Cámara Federal porteña solicitó al juez Ariel Lijo que profundice el análisis de la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra de la entonces Ciccone Calcográfica S.A.
En resolución dictada en coincidencia con la toma de indagatoria al vicepresidente Amado Boudou, la sala I del tribunal resolvió por mayoría requerir al juez que avance "respecto a otras aristas de los hechos que, hasta el momento, han permanecido inescrutadas" en el expediente.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler sostuvieron en su voto que "tocará al juez de grado evaluar las diversas presentaciones" y "aquellos dictámenes que proponen internarse en el análisis de la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra de la entonces Ciccone Calcográfica S.A."
Requiere por ello que avance "en el estudio de las capacidades financieras de las personas físicas y jurídicas a ellos vinculadas que en el expediente ha formulado quien detenta la titularidad sobre el ejercicio de la acción penal (la fiscalía) respecto a otras aristas de los hechos que, hasta el momento, han permanecido inescrutadas".
En su voto de minoría, el camarista Eduardo Farah fue más allá al solicitar que sean llamados a indagatoria los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito, junto a colaboradores de ambos, así como el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El voto mayoritario resolvió además hoy declarar abstracto el pedido de la defensa del vicepresidente Amado Boudou para que se considere nula la declaración prestada como testigo por Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick en la causa por la transferencia de esa empresa.
El fallo declara ya carente de fundamento el pedido en virtud de que Ciccone y Reinwick ya fueron citados a indagatoria por el juez Ariel Lijo. Tanto Ciccone como Reinwick acusaron a Boudou siendo aun testigos en la causa pero en su última resolución, en que llamó a declarar al vicepresidente, el juez los imputó como sospechosos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subnotas/248209-68260-2014-06-09.html
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Domingo, 8 de junio de 2014 | Hoy
GIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPAEL PAIS › OPINION
El truco y otros juegos
La indagatoria a Boudou, un hecho sin precedentes. Los juicios mediáticos, sumarios e inapelables. Macri, semejanzas y diferencias. Movidas del juez, cambios de fecha. Los recursos de poder de los jueces federales, un largo camino. Un bullying mediático. Los porvenires factibles, en Tribunales y en la política.
Por Mario Wainfeld
La indagatoria al vicepresidente en ejercicio Amado Boudou es un hecho sin precedentes, que demuestra muchos datos a menudo negados. Entre otros, que en la Argentina es enorme el poder de los jueces y que el Gobierno no es omnipotente ni, mucho menos, dictatorial. Las instituciones funcionan, con un siempre opinable grado de eficiencia, pero funcionan.
El impacto político del hecho es enorme, cualquiera fuera su desarrollo ulterior.
Es valioso que se pueda investigar a cualquier ciudadano, lo que abarca a aquellos que tienen representación popular. El servicio de justicia, en cambio, suele ser deplorable, larguero.
Dos juicios se sustancian, al mismo tiempo, en el expediente y en los medios. El que se dirime en Tribunales está regido por la presunción de inocencia, aunque esto se soslaye. Todo indica que la duración será prolongada en exceso, lo que desnaturaliza cualquier desenlace. A diferencia de los vinos, las sentencias empeoran con el largo añejamiento.
Los veredictos mediáticos tienen otras cadencias. Se dictan de inmediato, son inapelables. No esperan la acumulación de las pruebas ni la palabra de las defensas. Al adversario o enemigo, ni tiempo ni justicia.
Las sentencias periodísticas convalidan alineamientos previos. En esa esfera Boudou está condenado de antemano por los medios dominantes. La “sentencia” conlleva la exigencia de licencia o renuncia si se produce el procesamiento del vicepresidente. Es curioso porque el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, tiene procesamiento firme desde hace un tiempo largo y no se le aplica el mismo baremo ni desde la Vulgata mediática ni desde otras vertientes de la oposición política. El senador radical Ernesto Sanz explicó esa diferencia, de modo pintoresco. A su ver, Macri no tiene por qué dimitir ya que su caso fue armado por el juez Norberto Oyarbide. Además de saltarse la confirmación por la Cámara Federal, el líder mendocino innova con un criterio institucional: la vara para valorar una decisión judicial es la conveniencia electoral del radicalismo. Hay jueces y jueces, espiga el mendocino, sólo algunos merecen ser reverenciados por las boinas blancas. Desde luego, la doble vara está sobredeterminada por las conveniencias electorales y el amplio arco de alianzas potenciales del Frente Amplio-Unen (FA-Unen) que incluye al ahora progresista “Mauricio”.
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La espada de Damocles: El Foro, en general, es moroso en los trámites. El fuero Federal Penal agrava esa tendencia, dato del que pueden dar fe entre otros muchos los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. El atentado a la AMIA ocurrido en 1994 sigue sin sentencias firmes, ni siquiera para los acusados por encubrimiento.
Los precedentes y la conducta predecible de las partes, los magistrados y los funcionarios indica que faltan años para llegar a sentencia firme en el expediente que lleva el juez Ariel Lijo. Que sucederá mucho, pero mucho después de que termine el mandato de Boudou.
Los magistrados federales ya no son solo, ni preponderantemente, los de la “servilleta” de Carlos Corach. Algunos quedan, en formidable ejercicio de supervivencia. Otros son de nuevas camadas, con otras historias. De cualquier modo, hay un sustrato común que se mantiene: es el grado de poder que detentan. No son un colectivo homogéneo: los hay mejores o peores. Pero todos se rigen por un conjunto de reglas fácticas y jurídicas que los convierten en protagonistas de primer nivel.
Tienen a mano un rebusque único, del que muy pocos se privan. Es el de mantener los expedientes sin avanzar o avanzando poco o avanzando para retroceder. La espada de Damocles, en versión jurídica, digamos. Las causas abiertas, sin desenlace, permiten un juego amplio, fortifican al magistrado y precaven de reacciones. Las sentencias o decisiones importantes son susceptibles de recursos, pueden ser revocadas o descalificadas. Con esos papeles en la mano se pueden activar jurys de enjuiciamiento. El limbo de las causas abiertas es más tranquilo para los magistrados y más inquietante para los acusados o implicados.
Lijo no hizo excepción a esa regla de oro: venía durmiendo el partido. La perspectiva posible de una nulidad que le aparejara la pérdida de competencia lo motivó a acelerar el trámite.
Determinó una lejana fecha de indagatoria. Fundó largamente la convocatoria a Boudou, algo que no es habitual ni está prohibido.
Su intención es acusarlo de haberse quedado o haberse querido quedar con la empresa Ciccone. Es un ángulo novedoso, muy sofisticado y arduo para probar, que coincide como un calco con el relato de los dueños de la empresa y sus allegados. Ciccone, señalemos, es una contratista estatal de oscura trayectoria. Al comenzar este tramo de la historia estaba quebrada, esto es, privada del manejo de su patrimonio.
Lijo hizo zapping con los miembros de la familia Ciccone. Los citó como testigos, se prendó de sus relato y ahora los procesa. La inconsecuencia le es funcional para gambetear cuestionamientos procesales: el testigo declara bajo juramento, si miente comete delito. En cambio, el indagado no está obligado a declarar ni a incriminarse y está relevado de jurar. Una debilidad de la táctica del juez es que el testimonio de un cosospechoso no es la mejor prueba posible, por decirlo con un eufemismo. Quienes son acusados por un mismo delito pueden querer zafar involucrando a un tercero, su interés propio es preponderante.
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La tele y el adelanto: Boudou pidió la televisación de la audiencia, lo que desató una de las tantas polémicas súper técnicas que florecen en estas pampas y gozan de sus cinco días de fama.
La tradición y el secretismo son proverbiales en el procedimiento, Lijo se basó en ellos para denegar el planteo. Está dentro de sus facultades. Es interesante señalar que hubo jueces y fiscales que consideraron viable el pedido, argumentando que el resguardo de la indagatoria es en favor del sospechoso, que puede renunciar a él. En todo caso, no hubo desmesura sino un reclamo que también buscaba intervenir en la esfera mediática y sincerar el contenido político del pleito. La judicialización de la política es, en espejo, la táctica de los medios o de la oposición.
Más llamativa fue la corrección de la fecha de las citaciones. Lijo las había diferido para mediados de julio, una vez terminado el Mundial. Olía a maniobra para tener sobre ascuas a la opinión pública. En el oficialismo aseguran que Su señoría, además, tiene previsto ir a Brasil, un derecho innegable aunque llamativo en el contexto.
Como sea, ante el reclamo de Boudou, el magistrado anticipó la fecha de todas las indagatorias, que avanzaron hasta antes del debut de la Selección Argentina. Los patos de esa boda podrían ser los abogados de los demás citados. De sopetón, fueron privados del lapso largo que tenían para preparar sus defensas. No dijeron ni pío, en parte porque el poder del juez en esta etapa es omnímodo. Acaso también reparen en que son partiquinos en la causa, que parece centrarse solo en un protagonista.
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Tener códigos: Hay un aspecto central que precede a este asunto y lo trasciende. Es el Código Procesal Federal, vetusto y disfuncional. Hay proyectos para cambiarlo, hubo uno muy razonable confeccionado durante la presidencia de Néstor Kirchner. No avanzó y ya es hora de hacerlo.
Entre otras rarezas, el régimen permite que el juez de primera instancia elija si cumple sus funciones estrictas o si asume las de fiscal. En juicios de envergadura, ceder el control puede ser leído políticamente como una debilidad. Pero el magistrado con doble comando (fiscal y juez a la vez) distorsiona las funciones. Es medio clavado que, llegado el momento, se incline por el procesamiento que fue construyendo, de lo contrario borraría con el codo lo que escribió con la mano. En el caso que nos ocupa, Lijo relegó al fiscal Jorge Di Lello a un rol segundón, cual si fuera un lineman o, mejor, un cuarto árbitro.
La reforma está prevista, en base al procedimiento acusatorio en el que (dicho en sencillo) los jueces hacen de jueces y los fiscales de fiscales. De ese modo éstos dejarían de estar “pintados” en demasiadas ocasiones y los magistrados tendrían potestades menos exorbitantes. Es un buen proyecto, no el mundo real-existente.
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Doble standard: El multimedios Clarín es, ya se dijo, fiscal, querellante y tribunal de última instancia en la causa mediática. Embestir contra Boudou es de manual para el Grupo, zaherido pero no acabado. La batalla contra el Gobierno no tiene pausas, ni acepta neutralidades. Apartándose de una tendencia histórica, Clarín propala malas ondas contra la selección de fútbol y va por la cabeza del DT Alejandro Sabella. Si llega a esos extremos, qué no hará contra el vicepresidente.
Las posturas forman parte de la libertad de expresión, que admite tolerancia incluso ante ciertos abusos. Lo que atravesó cualquier raya fue la operación del periodista Jorge Lanata contra los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal: Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros. Detonó cuando se difundió, de modo prematuro y deliberado, que éstos debatían apartar a Lijo del expediente como consecuencia de irregularidades procesales. Lanata convocó a hacer bullying contra los hijos de los magistrados en edad escolar. Recordó sus apellidos, interpeló a sus compañeritos. Un acto de barbarie que Freiler, damnificado, comparó con los de una dictadura.
Los camaristas fueron descriptos como “jueces K” aunque semanas atrás habían declarado la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. Una resolución discutible, muy severa y opuesta a la política oficial. La ponderación de los jueces o las Cámaras fluctúa en cada fallo. Su apelativo también: cuando se expiden contra las posiciones o políticas oficiales se los llama “La Justicia”.
La oposición política, que se rasga las vestiduras por la intangibilidad de los jueces, silbó bajito ante el llamado a linchar. Los clubes o grupos políticos republicanos, los opineitors opositores que se hacen cruces por el sistema democrático, no se interesaron en esa barbarie.
La Asociación de Magistrados tampoco se pronunció por escrito. Su presidente, Luis Cabral, masculló críticas por alguna radio y hasta allí llegó el amor. En cambio, frente a las movidas de Boudou de la semana, los Magistrados difundieron un comunicado con su marca de fábrica: altisonante, furibundo, pomposo.
El gremio de los jueces se pone intratable con el Ejecutivo, pero es manso con Clarín. Acaso sea en función de coincidencias políticas. Quizá también incidan elementos materiales: el Grupo o sus filiales patrocinan con munificencia actividades de la Asociación, hasta bancan viajes de placer de togados de renombre. Donde se come, no se cuestiona o se hace con reticencia.
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Compromisos: Lijo es, según los apologistas que ha sabido ganarse en los medios, un gran jugador de truco. Ha de ser, es su deber, un hombre atento a la coyuntura política: la causa que maneja lo obliga a conocerla. Con ese bagaje, fue una torpeza o una provocación haber fijado la indagatoria para el remoto mes de julio, justo cuando Boudou estaría en ejercicio de la presidencia.
Reculó y mañana tendrá un día resonante. Habrá que ver si el indagado le propone filmar por su cuenta la audiencia, una perspectiva considerada válida por varios juristas.
Luego deberá definir el futuro de la causa. Sobreseer a Boudou está fuera del radar, hacerlo con los Ciccone tal vez lo exponga a nulidades.
La perspectiva más factible es que decrete el procesamiento, según el cálculo compartido del Gobierno, de los baqueanos de Comodoro Py y de los periodistas que cubren el caso.
El jurista Lucas Arrimada recuerda que hay otra posibilidad, en un artículo publicado en el portal Infobae. Es dictar “falta de mérito”, o sea establecer que no hay elementos ni para absolver ni para procesar. La condición procesal quedaría en latencia, algo bastante congruente con los manejos (espada de Damocles) que se mencionan líneas arriba. Da la impresión de que el clima político no favorece ese juego intermedio: Lijo quizá perdería el favor de los medios hegemónicos sin granjearse la simpatía del oficialismo.
Como sea, son sus facultades. Sin conocer todos los elementos que acopió, es prematuro sopesar cuán fundado es su caso, que requeriría pruebas muy variadas y sólidas. Por ahora, no se conocen.
El expediente seguirá su lento trayecto. La política tiene otra velocidad y otros imperativos. Es cantado que Boudou no contará con la transigencia que arropa a Macri. El resto está por verse.
La oposición política usa el juicio como eje de sus campañas. Es válido reconocer que, en medio de la contienda, ha tenido un gesto sistémico en defensa de la gobernabilidad y sustentabilidad económica. Hablamos de la comitiva que viaja a Nueva York junto al presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez. La integran diputados del PRO, del Frente Renovador y de Compromiso Federal (peronismo federal). Martín Lousteau se diferenció del FA-Unen que integra y resolvió sumarse. Sus correligionarios optaron por un documento acompañando al Estado argentino, algo es algo.
Siempre cabe esperar responsabilidad de la “clase política”, lo que no obsta a saludarla cuando se concreta.
De los poderes fácticos no se puede esperar ni ese compromiso.
mwainfeld@pagina12.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-248153-2014-06-08.html
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ábado, 24 de mayo de 2014 | Hoy
I
House of cards
Por Luis Bruschtein
El primer capítulo de la serie favorita de Barack Obama, House of cards, comienza con una operación mediática que le hace el político villano Francis Underwood a uno de sus adversarios. Le filtra a un periodista un proyecto progresista de reforma educativa. El terrorismo mediático destroza el proyecto calificándolo de izquierdista y denunciando que se financiará con aumentos de impuestos. El resultado es una reforma educativa conservadora. Las operaciones mediáticas, la manipulación de la información en función de disputas de poder político o económico están absolutamente visualizadas por la sociedad, no se puede decir que se practican en forma clandestina o ante la ingenuidad pasiva de la comunidad. Lo extraño es que al mismo tiempo que se visualizan esos mecanismos, se ha podido construir una especie de religión mediática, de mito urbano, que se basa sobre la fe en la palabra de los medios y en sus sacerdotes o periodistas, que resultan más creíbles cuanto más ocultan lo que es tan visible: que los medios son grandes empresas con intereses políticos y económicos, y que en ese sistema, la información circula como una moneda de poder. Si un periodista que no profesa esa religión dice que las cosas son así, que son como son, entonces es rápidamente calificado de “periodista militante”, una especie de apóstata que ha perdido el cielo. Lo del cielo es discutible. Lo que sí perderá ese periodista son muchas posibilidades de trabajo.
En esa serie sobre la política en Estados Unidos, capítulo por medio está dedicado a operaciones mediáticas: la fotografía desnuda de la esposa del vicepresidente, la militancia juvenil izquierdista de un aspirante a secretario de Estado, la hija extramatrimonial de un jefe de bancada. Algunas son ciertas, otras falsas y otras exageradas, pero todas tienen un objetivo político o económico. Para que una serie popular como House of cards describa con tanto desparpajo estos mecanismos es porque todo el mundo ya sabe que existen y que se trata de una práctica extendida.
En Argentina no hay una serie de televisión de ese tipo, pero en cambio en la vida real se produjo una saga todavía más reveladora, un escenario que dejó expuestos casi con obscenidad estos mecanismos. La guerra entre los grupos de medios más importantes y el gobierno nacional arrasó hasta con los mínimos resortes profesionales de resguardo de la credibilidad. Desde antagonismos ideológicos hasta disputas de poder y diferencias por la pauta publicitaria llevaron a estos grupos de medios a salirse de su Iglesia, ese lugar “independiente” y “aséptico” que habían construido como parte del mito sistémico, para ocupar un espacio en la tribuna política y conformar una oposición abierta y expuesta. El Gobierno no debate con ellos como si todavía fueran aquella “Iglesia mediática”, sino como con una oposición política.
La serie de televisión no existe aquí, pero sí esta saga de varios capítulos de la política de los últimos años, que se polarizó aún más con el debate por la ley de medios. Los medios opositores ocuparon un espacio tan claro que es muy difícil negarlo desde un lugar racional. La información aparece en ese cuadro subordinada absolutamente a este antagonismo y la credibilidad quedó restringida a una pura creencia por afinidad ideológica. Todos los resguardos profesionales o de oficio quedaron a un lado. Ni siquiera dejaron en pie al famoso dicho “dos de cal y una de arena”. Todo lo que publican es contra el Gobierno y no hay la mínima concesión a su favor. Se sabe que todo lo que se publica es para eso. Se trastrocaron funciones que siempre existieron, pero en otro orden: La prioridad no es “informar”, sino desgastar y destruir al Gobierno.
No es difícil coincidir con un cuadro de situación tan evidente. En ese contexto se involucra la Justicia, que en las últimas décadas se fue haciendo cada vez más sensible a los medios que pueden levantar o destruir la carrera de los funcionarios judiciales. La convergencia de esos dos procesos –la polarización mediática como partido de oposición y la mayor proximidad de la Justicia con los medios– es letal para la Justicia. En esa confluencia se produjo la acusación contra el fiscal José María Campagnoli. Una de las acusaciones más graves es que el borrador de un dictamen de Campagnoli, relacionado con casos que estaba ventilando Clarín, había sido parte de la presentación de los abogados de Clarín en otra causa previa. Una de dos: o Campagnoli presentó después, como propio, un dictamen que le habían confeccionado los abogados de Clarín; o antes de presentarlo, Campagnoli les había dado el borrador a esos abogados. En ambos casos se plantea una relación problemática entre un fiscal y una empresa de medios. Por otra parte, ese borrador fue leído en uno de los programas de Canal 13 al mismo tiempo que era presentado en la causa, por lo que se presume que Clarín lo tenía antes de que eso sucediera. En un cuadro de guerra contra el Gobierno por parte de ese grupo mediático cuya credibilidad ya sólo es aceptada por afinidad ideológica, esa relación del fiscal no parece ingenua. Y menos si se tiene en cuenta que su hermana, Marcela Campagnoli, es dirigente bonaerense del partido político de Elisa Carrió, que defendió la posición de Clarín contra la ley de medios y que ha sido la encargada de presentar denuncias judiciales con las denuncias mediáticas que hace el Grupo Clarín contra funcionarios del Gobierno. El móvil de un fiscal no puede ser que el investigado se relacione o piense políticamente distinto que él.
Es un capítulo del House of cards argentino. Otro fue la aparición repentina de un testigo de la causa Ciccone, otra de las que fogonean los grupos de medios opositores. Sospechosamente, apareció una entrevista en Clarín, pero por Skype, a José Capdevila, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Misteriosamente, Capdevila aseguró que se había tenido que escapar de la Argentina porque lo amenazaban. Pero Capdevila es testigo de la defensa. Respaldó el consejo que envió Amado Boudou desde Economía a la AFIP para que no cierren Ciccone. “¿Usted va a cambiar su declaración?” “Por ahora no.” “¿Entonces no fue gente del Gobierno la que lo amenazó?” “Tampoco se puede descartar, las cosas han cambiado mucho.” “¿Si usted no cambiará la declaración, qué es lo que cambió?” “Yo antes era empleado del ministerio, después me echaron, ahora estoy en banda.” Es un diálogo que publicó el diario La Nación. Capdevila dice que va a pensar si cambia su declaración. No dice que la va a cambiar. Y en todo caso dice que si lo hace será porque lo trataron mal. Es todo muy oscuro, lo suficiente como para ensuciar mediáticamente a Boudou sin necesidad de acciones judiciales que podrían comprometer al prófugo Capdevila.
La culpabilidad o la inocencia de Lázaro Báez y de Amado Boudou no tienen nada que ver con estas movidas protagonizadas por Campagnoli y Capdevila como si siguieran un guión escrito previamente por los medios. Con ese material se podrían hacer algunos capítulos de House of cards: la confrontación entre un gobierno con una poderosa corporación mediática que, a pesar de haber perdido la puja por la desmonopolización del grupo a partir de la aplicación de la ley de medios, mantiene una ofensiva capítulo tras capítulo. En la primera temporada perdió la puja después de dar batalla no solamente en el plano mediático sino también usando jueces y políticos amigos que defendían sus intereses. Y con esos respaldos logró retrasar cuatro años la aplicación de una ley que había sido aprobada en forma democrática y que planteaba la democratización de la información al cuestionar la posición dominante del Grupo Clarín y de otros grupos de medios en el mercado.
En la segunda temporada está usando las mismas influencias judiciales y políticas en un momento que tiene como horizonte el 2015 y es esencialmente electoral.
El papel determinante que han comenzado a jugar los medios de comunicación en el mundo está pasando por su cenit. Es un momento en el que se producen desequilibrios profundos en las sociedades a partir de los cuales los gobiernos deberán intervenir para regular, democratizar, equilibrar y establecer nuevos consensos para el flujo democrático de la información. La herramienta más fuerte para consolidar ese proceso será garantizar la diversidad y al mismo tiempo es la condición más difícil de preservar en un sistema donde el medio más fuerte tiende a hacer desaparecer a los más chicos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-246994-2014-05-24.html
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EL PAIS › DICTAMEN A FAVOR DE LA DEFENSA DE AMADO BOUDOU EN LA CAUSA DE LA IMPRENTA CICCONE
Para el fiscal del caso, el delito no existió
La fiscalía consideró que debe cerrarse la investigación en contra del vicepresidente, dado que el supuesto plan de pagos para favorecer el levantamiento de la quiebra de Ciccone estaba en manos de la AFIP y no de Boudou.
Por Raúl Kollmann
El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, dictaminó ayer que debe hacerse lugar a una presentación de la defensa del vicepresidente Amado Boudou, que sostiene que la investigación en su contra por el caso Ci-ccone debe cerrarse porque no hay ninguna definición sobre cuál sería el delito que cometió. En términos técnicos se denomina “falta de acción penal”. De Luca señala que el hecho por el que se imputó a Boudou es que dictaminó o emitió una opinión sobre un plan de pagos que la AFIP preveía darle a Ciccone para levantar la quiebra de esa empresa y se pregunta cuál sería el delito. El fiscal se responde a sí mismo: el responsable de otorgar o no el plan de pagos era el titular de la AFIP, no Boudou, de manera que éste no pudo cometer ningún delito. Del lado de la AFIP, además, sostienen que planes de pago similares se les dieron a otras 24 empresas y que, en el caso de Ciccone, finalmente no se le otorgó.
En la causa por la imprenta que produce billetes hay varias vertientes distintas y quien instruye el expediente es el juez Ariel Lijo. A Boudou se le imputan negociaciones incompatibles con la función pública partiendo de la hipótesis de que quien encabezó el rescate de la quebrada Ciccone fue Alejandro Vandenbroele, cuya ex esposa sostiene que él es testaferro del vicepresidente. Boudou contestó a eso que no conoce a Vandenbroele y que nunca habló con él. Por ahora no aparecieron pruebas de ese vínculo: no existen llamadas ni fotos y sólo aparece el alquiler de un departamento por interpósita persona, algo muy débil para sostener que una persona es testaferro de otra.
Pero el fiscal De Luca ni siquiera entró en estas evaluaciones. Afirma que, para que haya negociaciones incompatibles con el cargo que ostenta un funcionario, éste debe tener el poder legal de beneficiar a quien supuestamente quiere beneficiar. En el caso Ciccone, Boudou no tenía el poder legal de otorgar el plan de pagos –finalmente no otorgado–, sino que estaba en manos de la AFIP. Por lo tanto, Boudou no pudo cometer el delito.
En las últimas semanas, Lijo analiza un entrecruzamiento de llamadas con el que se demostraría que a Boudou le informaban de cada paso que se daba respecto de la imprenta. La defensa del vicepresidente afirma que ninguna de las líneas fue usada por él. Sin embargo, esto no alteraría la visión del fiscal: quien tenía el poder legal de convalidar el plan de pagos y el levantamiento de la quiebra era la AFIP.
Hay otra vertiente del caso relacionada con investigar si Boudou se enriqueció en forma ilícita. En este aspecto, el juez puso en marcha pesquisas, el vicepresidente hizo una larga presentación espontánea explicando el origen de sus bienes y Lijo resolverá en base a las pericias contables que ordenó. Esta parte del expediente corre por cuerda separada. Hace pocas semanas, la Cámara de Casación –ante la cual De Luca presentó ahora su dictamen– confirmó la validez de la declaración de la ex esposa de Vandenbroele Laura Muñoz. El pedido de nulidad fue presentado por Vandenbroele, pero los camaristas argumentaron que la defensa del abogado-empresario no explicó qué daño le causaba el testimonio de su ex, quien por otra parte dijo no saber nada del caso Ciccone. En ese fallo, uno de los camaristas, Juan Carlos Gemignani, señaló que Muñoz había sido amenazada e incluyó, de hecho, a Boudou en el grupo que supuestamente amenazó a la mujer. Los otros dos camaristas, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, no convalidaron ese enfoque. Los abogados del vicepresidente recusaron a Gemignani por considerar que no hay en la causa ni un solo elemento que vincule a Boudou con las amenazas que menciona Muñoz. La Sala IV de Casación deberá resolver primero sobre esa recusación y luego tendrá que evaluar el dictamen del fiscal De Luca.
raulkollmann@hotmail.com
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-234115-2013-11-22.html
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Lunes, 09 de junio de 2014
La Cámara ordenó investigar "otras aristas de los hechos"
La Cámara Federal porteña solicitó al juez Ariel Lijo que profundice el análisis de la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra de la entonces Ciccone Calcográfica S.A.
En resolución dictada en coincidencia con la toma de indagatoria al vicepresidente Amado Boudou, la sala I del tribunal resolvió por mayoría requerir al juez que avance "respecto a otras aristas de los hechos que, hasta el momento, han permanecido inescrutadas" en el expediente.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler sostuvieron en su voto que "tocará al juez de grado evaluar las diversas presentaciones" y "aquellos dictámenes que proponen internarse en el análisis de la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra de la entonces Ciccone Calcográfica S.A."
Requiere por ello que avance "en el estudio de las capacidades financieras de las personas físicas y jurídicas a ellos vinculadas que en el expediente ha formulado quien detenta la titularidad sobre el ejercicio de la acción penal (la fiscalía) respecto a otras aristas de los hechos que, hasta el momento, han permanecido inescrutadas".
En su voto de minoría, el camarista Eduardo Farah fue más allá al solicitar que sean llamados a indagatoria los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito, junto a colaboradores de ambos, así como el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El voto mayoritario resolvió además hoy declarar abstracto el pedido de la defensa del vicepresidente Amado Boudou para que se considere nula la declaración prestada como testigo por Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick en la causa por la transferencia de esa empresa.
El fallo declara ya carente de fundamento el pedido en virtud de que Ciccone y Reinwick ya fueron citados a indagatoria por el juez Ariel Lijo. Tanto Ciccone como Reinwick acusaron a Boudou siendo aun testigos en la causa pero en su última resolución, en que llamó a declarar al vicepresidente, el juez los imputó como sospechosos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subnotas/248209-68260-2014-06-09.html
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Domingo, 8 de junio de 2014 | Hoy
GIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPAEL PAIS › OPINION
El truco y otros juegos
La indagatoria a Boudou, un hecho sin precedentes. Los juicios mediáticos, sumarios e inapelables. Macri, semejanzas y diferencias. Movidas del juez, cambios de fecha. Los recursos de poder de los jueces federales, un largo camino. Un bullying mediático. Los porvenires factibles, en Tribunales y en la política.
Por Mario Wainfeld
La indagatoria al vicepresidente en ejercicio Amado Boudou es un hecho sin precedentes, que demuestra muchos datos a menudo negados. Entre otros, que en la Argentina es enorme el poder de los jueces y que el Gobierno no es omnipotente ni, mucho menos, dictatorial. Las instituciones funcionan, con un siempre opinable grado de eficiencia, pero funcionan.
El impacto político del hecho es enorme, cualquiera fuera su desarrollo ulterior.
Es valioso que se pueda investigar a cualquier ciudadano, lo que abarca a aquellos que tienen representación popular. El servicio de justicia, en cambio, suele ser deplorable, larguero.
Dos juicios se sustancian, al mismo tiempo, en el expediente y en los medios. El que se dirime en Tribunales está regido por la presunción de inocencia, aunque esto se soslaye. Todo indica que la duración será prolongada en exceso, lo que desnaturaliza cualquier desenlace. A diferencia de los vinos, las sentencias empeoran con el largo añejamiento.
Los veredictos mediáticos tienen otras cadencias. Se dictan de inmediato, son inapelables. No esperan la acumulación de las pruebas ni la palabra de las defensas. Al adversario o enemigo, ni tiempo ni justicia.
Las sentencias periodísticas convalidan alineamientos previos. En esa esfera Boudou está condenado de antemano por los medios dominantes. La “sentencia” conlleva la exigencia de licencia o renuncia si se produce el procesamiento del vicepresidente. Es curioso porque el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, tiene procesamiento firme desde hace un tiempo largo y no se le aplica el mismo baremo ni desde la Vulgata mediática ni desde otras vertientes de la oposición política. El senador radical Ernesto Sanz explicó esa diferencia, de modo pintoresco. A su ver, Macri no tiene por qué dimitir ya que su caso fue armado por el juez Norberto Oyarbide. Además de saltarse la confirmación por la Cámara Federal, el líder mendocino innova con un criterio institucional: la vara para valorar una decisión judicial es la conveniencia electoral del radicalismo. Hay jueces y jueces, espiga el mendocino, sólo algunos merecen ser reverenciados por las boinas blancas. Desde luego, la doble vara está sobredeterminada por las conveniencias electorales y el amplio arco de alianzas potenciales del Frente Amplio-Unen (FA-Unen) que incluye al ahora progresista “Mauricio”.
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La espada de Damocles: El Foro, en general, es moroso en los trámites. El fuero Federal Penal agrava esa tendencia, dato del que pueden dar fe entre otros muchos los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. El atentado a la AMIA ocurrido en 1994 sigue sin sentencias firmes, ni siquiera para los acusados por encubrimiento.
Los precedentes y la conducta predecible de las partes, los magistrados y los funcionarios indica que faltan años para llegar a sentencia firme en el expediente que lleva el juez Ariel Lijo. Que sucederá mucho, pero mucho después de que termine el mandato de Boudou.
Los magistrados federales ya no son solo, ni preponderantemente, los de la “servilleta” de Carlos Corach. Algunos quedan, en formidable ejercicio de supervivencia. Otros son de nuevas camadas, con otras historias. De cualquier modo, hay un sustrato común que se mantiene: es el grado de poder que detentan. No son un colectivo homogéneo: los hay mejores o peores. Pero todos se rigen por un conjunto de reglas fácticas y jurídicas que los convierten en protagonistas de primer nivel.
Tienen a mano un rebusque único, del que muy pocos se privan. Es el de mantener los expedientes sin avanzar o avanzando poco o avanzando para retroceder. La espada de Damocles, en versión jurídica, digamos. Las causas abiertas, sin desenlace, permiten un juego amplio, fortifican al magistrado y precaven de reacciones. Las sentencias o decisiones importantes son susceptibles de recursos, pueden ser revocadas o descalificadas. Con esos papeles en la mano se pueden activar jurys de enjuiciamiento. El limbo de las causas abiertas es más tranquilo para los magistrados y más inquietante para los acusados o implicados.
Lijo no hizo excepción a esa regla de oro: venía durmiendo el partido. La perspectiva posible de una nulidad que le aparejara la pérdida de competencia lo motivó a acelerar el trámite.
Determinó una lejana fecha de indagatoria. Fundó largamente la convocatoria a Boudou, algo que no es habitual ni está prohibido.
Su intención es acusarlo de haberse quedado o haberse querido quedar con la empresa Ciccone. Es un ángulo novedoso, muy sofisticado y arduo para probar, que coincide como un calco con el relato de los dueños de la empresa y sus allegados. Ciccone, señalemos, es una contratista estatal de oscura trayectoria. Al comenzar este tramo de la historia estaba quebrada, esto es, privada del manejo de su patrimonio.
Lijo hizo zapping con los miembros de la familia Ciccone. Los citó como testigos, se prendó de sus relato y ahora los procesa. La inconsecuencia le es funcional para gambetear cuestionamientos procesales: el testigo declara bajo juramento, si miente comete delito. En cambio, el indagado no está obligado a declarar ni a incriminarse y está relevado de jurar. Una debilidad de la táctica del juez es que el testimonio de un cosospechoso no es la mejor prueba posible, por decirlo con un eufemismo. Quienes son acusados por un mismo delito pueden querer zafar involucrando a un tercero, su interés propio es preponderante.
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La tele y el adelanto: Boudou pidió la televisación de la audiencia, lo que desató una de las tantas polémicas súper técnicas que florecen en estas pampas y gozan de sus cinco días de fama.
La tradición y el secretismo son proverbiales en el procedimiento, Lijo se basó en ellos para denegar el planteo. Está dentro de sus facultades. Es interesante señalar que hubo jueces y fiscales que consideraron viable el pedido, argumentando que el resguardo de la indagatoria es en favor del sospechoso, que puede renunciar a él. En todo caso, no hubo desmesura sino un reclamo que también buscaba intervenir en la esfera mediática y sincerar el contenido político del pleito. La judicialización de la política es, en espejo, la táctica de los medios o de la oposición.
Más llamativa fue la corrección de la fecha de las citaciones. Lijo las había diferido para mediados de julio, una vez terminado el Mundial. Olía a maniobra para tener sobre ascuas a la opinión pública. En el oficialismo aseguran que Su señoría, además, tiene previsto ir a Brasil, un derecho innegable aunque llamativo en el contexto.
Como sea, ante el reclamo de Boudou, el magistrado anticipó la fecha de todas las indagatorias, que avanzaron hasta antes del debut de la Selección Argentina. Los patos de esa boda podrían ser los abogados de los demás citados. De sopetón, fueron privados del lapso largo que tenían para preparar sus defensas. No dijeron ni pío, en parte porque el poder del juez en esta etapa es omnímodo. Acaso también reparen en que son partiquinos en la causa, que parece centrarse solo en un protagonista.
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Tener códigos: Hay un aspecto central que precede a este asunto y lo trasciende. Es el Código Procesal Federal, vetusto y disfuncional. Hay proyectos para cambiarlo, hubo uno muy razonable confeccionado durante la presidencia de Néstor Kirchner. No avanzó y ya es hora de hacerlo.
Entre otras rarezas, el régimen permite que el juez de primera instancia elija si cumple sus funciones estrictas o si asume las de fiscal. En juicios de envergadura, ceder el control puede ser leído políticamente como una debilidad. Pero el magistrado con doble comando (fiscal y juez a la vez) distorsiona las funciones. Es medio clavado que, llegado el momento, se incline por el procesamiento que fue construyendo, de lo contrario borraría con el codo lo que escribió con la mano. En el caso que nos ocupa, Lijo relegó al fiscal Jorge Di Lello a un rol segundón, cual si fuera un lineman o, mejor, un cuarto árbitro.
La reforma está prevista, en base al procedimiento acusatorio en el que (dicho en sencillo) los jueces hacen de jueces y los fiscales de fiscales. De ese modo éstos dejarían de estar “pintados” en demasiadas ocasiones y los magistrados tendrían potestades menos exorbitantes. Es un buen proyecto, no el mundo real-existente.
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Doble standard: El multimedios Clarín es, ya se dijo, fiscal, querellante y tribunal de última instancia en la causa mediática. Embestir contra Boudou es de manual para el Grupo, zaherido pero no acabado. La batalla contra el Gobierno no tiene pausas, ni acepta neutralidades. Apartándose de una tendencia histórica, Clarín propala malas ondas contra la selección de fútbol y va por la cabeza del DT Alejandro Sabella. Si llega a esos extremos, qué no hará contra el vicepresidente.
Las posturas forman parte de la libertad de expresión, que admite tolerancia incluso ante ciertos abusos. Lo que atravesó cualquier raya fue la operación del periodista Jorge Lanata contra los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal: Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros. Detonó cuando se difundió, de modo prematuro y deliberado, que éstos debatían apartar a Lijo del expediente como consecuencia de irregularidades procesales. Lanata convocó a hacer bullying contra los hijos de los magistrados en edad escolar. Recordó sus apellidos, interpeló a sus compañeritos. Un acto de barbarie que Freiler, damnificado, comparó con los de una dictadura.
Los camaristas fueron descriptos como “jueces K” aunque semanas atrás habían declarado la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. Una resolución discutible, muy severa y opuesta a la política oficial. La ponderación de los jueces o las Cámaras fluctúa en cada fallo. Su apelativo también: cuando se expiden contra las posiciones o políticas oficiales se los llama “La Justicia”.
La oposición política, que se rasga las vestiduras por la intangibilidad de los jueces, silbó bajito ante el llamado a linchar. Los clubes o grupos políticos republicanos, los opineitors opositores que se hacen cruces por el sistema democrático, no se interesaron en esa barbarie.
La Asociación de Magistrados tampoco se pronunció por escrito. Su presidente, Luis Cabral, masculló críticas por alguna radio y hasta allí llegó el amor. En cambio, frente a las movidas de Boudou de la semana, los Magistrados difundieron un comunicado con su marca de fábrica: altisonante, furibundo, pomposo.
El gremio de los jueces se pone intratable con el Ejecutivo, pero es manso con Clarín. Acaso sea en función de coincidencias políticas. Quizá también incidan elementos materiales: el Grupo o sus filiales patrocinan con munificencia actividades de la Asociación, hasta bancan viajes de placer de togados de renombre. Donde se come, no se cuestiona o se hace con reticencia.
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Compromisos: Lijo es, según los apologistas que ha sabido ganarse en los medios, un gran jugador de truco. Ha de ser, es su deber, un hombre atento a la coyuntura política: la causa que maneja lo obliga a conocerla. Con ese bagaje, fue una torpeza o una provocación haber fijado la indagatoria para el remoto mes de julio, justo cuando Boudou estaría en ejercicio de la presidencia.
Reculó y mañana tendrá un día resonante. Habrá que ver si el indagado le propone filmar por su cuenta la audiencia, una perspectiva considerada válida por varios juristas.
Luego deberá definir el futuro de la causa. Sobreseer a Boudou está fuera del radar, hacerlo con los Ciccone tal vez lo exponga a nulidades.
La perspectiva más factible es que decrete el procesamiento, según el cálculo compartido del Gobierno, de los baqueanos de Comodoro Py y de los periodistas que cubren el caso.
El jurista Lucas Arrimada recuerda que hay otra posibilidad, en un artículo publicado en el portal Infobae. Es dictar “falta de mérito”, o sea establecer que no hay elementos ni para absolver ni para procesar. La condición procesal quedaría en latencia, algo bastante congruente con los manejos (espada de Damocles) que se mencionan líneas arriba. Da la impresión de que el clima político no favorece ese juego intermedio: Lijo quizá perdería el favor de los medios hegemónicos sin granjearse la simpatía del oficialismo.
Como sea, son sus facultades. Sin conocer todos los elementos que acopió, es prematuro sopesar cuán fundado es su caso, que requeriría pruebas muy variadas y sólidas. Por ahora, no se conocen.
El expediente seguirá su lento trayecto. La política tiene otra velocidad y otros imperativos. Es cantado que Boudou no contará con la transigencia que arropa a Macri. El resto está por verse.
La oposición política usa el juicio como eje de sus campañas. Es válido reconocer que, en medio de la contienda, ha tenido un gesto sistémico en defensa de la gobernabilidad y sustentabilidad económica. Hablamos de la comitiva que viaja a Nueva York junto al presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez. La integran diputados del PRO, del Frente Renovador y de Compromiso Federal (peronismo federal). Martín Lousteau se diferenció del FA-Unen que integra y resolvió sumarse. Sus correligionarios optaron por un documento acompañando al Estado argentino, algo es algo.
Siempre cabe esperar responsabilidad de la “clase política”, lo que no obsta a saludarla cuando se concreta.
De los poderes fácticos no se puede esperar ni ese compromiso.
mwainfeld@pagina12.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-248153-2014-06-08.html
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ábado, 24 de mayo de 2014 | Hoy
I
House of cards
Por Luis Bruschtein
El primer capítulo de la serie favorita de Barack Obama, House of cards, comienza con una operación mediática que le hace el político villano Francis Underwood a uno de sus adversarios. Le filtra a un periodista un proyecto progresista de reforma educativa. El terrorismo mediático destroza el proyecto calificándolo de izquierdista y denunciando que se financiará con aumentos de impuestos. El resultado es una reforma educativa conservadora. Las operaciones mediáticas, la manipulación de la información en función de disputas de poder político o económico están absolutamente visualizadas por la sociedad, no se puede decir que se practican en forma clandestina o ante la ingenuidad pasiva de la comunidad. Lo extraño es que al mismo tiempo que se visualizan esos mecanismos, se ha podido construir una especie de religión mediática, de mito urbano, que se basa sobre la fe en la palabra de los medios y en sus sacerdotes o periodistas, que resultan más creíbles cuanto más ocultan lo que es tan visible: que los medios son grandes empresas con intereses políticos y económicos, y que en ese sistema, la información circula como una moneda de poder. Si un periodista que no profesa esa religión dice que las cosas son así, que son como son, entonces es rápidamente calificado de “periodista militante”, una especie de apóstata que ha perdido el cielo. Lo del cielo es discutible. Lo que sí perderá ese periodista son muchas posibilidades de trabajo.
En esa serie sobre la política en Estados Unidos, capítulo por medio está dedicado a operaciones mediáticas: la fotografía desnuda de la esposa del vicepresidente, la militancia juvenil izquierdista de un aspirante a secretario de Estado, la hija extramatrimonial de un jefe de bancada. Algunas son ciertas, otras falsas y otras exageradas, pero todas tienen un objetivo político o económico. Para que una serie popular como House of cards describa con tanto desparpajo estos mecanismos es porque todo el mundo ya sabe que existen y que se trata de una práctica extendida.
En Argentina no hay una serie de televisión de ese tipo, pero en cambio en la vida real se produjo una saga todavía más reveladora, un escenario que dejó expuestos casi con obscenidad estos mecanismos. La guerra entre los grupos de medios más importantes y el gobierno nacional arrasó hasta con los mínimos resortes profesionales de resguardo de la credibilidad. Desde antagonismos ideológicos hasta disputas de poder y diferencias por la pauta publicitaria llevaron a estos grupos de medios a salirse de su Iglesia, ese lugar “independiente” y “aséptico” que habían construido como parte del mito sistémico, para ocupar un espacio en la tribuna política y conformar una oposición abierta y expuesta. El Gobierno no debate con ellos como si todavía fueran aquella “Iglesia mediática”, sino como con una oposición política.
La serie de televisión no existe aquí, pero sí esta saga de varios capítulos de la política de los últimos años, que se polarizó aún más con el debate por la ley de medios. Los medios opositores ocuparon un espacio tan claro que es muy difícil negarlo desde un lugar racional. La información aparece en ese cuadro subordinada absolutamente a este antagonismo y la credibilidad quedó restringida a una pura creencia por afinidad ideológica. Todos los resguardos profesionales o de oficio quedaron a un lado. Ni siquiera dejaron en pie al famoso dicho “dos de cal y una de arena”. Todo lo que publican es contra el Gobierno y no hay la mínima concesión a su favor. Se sabe que todo lo que se publica es para eso. Se trastrocaron funciones que siempre existieron, pero en otro orden: La prioridad no es “informar”, sino desgastar y destruir al Gobierno.
No es difícil coincidir con un cuadro de situación tan evidente. En ese contexto se involucra la Justicia, que en las últimas décadas se fue haciendo cada vez más sensible a los medios que pueden levantar o destruir la carrera de los funcionarios judiciales. La convergencia de esos dos procesos –la polarización mediática como partido de oposición y la mayor proximidad de la Justicia con los medios– es letal para la Justicia. En esa confluencia se produjo la acusación contra el fiscal José María Campagnoli. Una de las acusaciones más graves es que el borrador de un dictamen de Campagnoli, relacionado con casos que estaba ventilando Clarín, había sido parte de la presentación de los abogados de Clarín en otra causa previa. Una de dos: o Campagnoli presentó después, como propio, un dictamen que le habían confeccionado los abogados de Clarín; o antes de presentarlo, Campagnoli les había dado el borrador a esos abogados. En ambos casos se plantea una relación problemática entre un fiscal y una empresa de medios. Por otra parte, ese borrador fue leído en uno de los programas de Canal 13 al mismo tiempo que era presentado en la causa, por lo que se presume que Clarín lo tenía antes de que eso sucediera. En un cuadro de guerra contra el Gobierno por parte de ese grupo mediático cuya credibilidad ya sólo es aceptada por afinidad ideológica, esa relación del fiscal no parece ingenua. Y menos si se tiene en cuenta que su hermana, Marcela Campagnoli, es dirigente bonaerense del partido político de Elisa Carrió, que defendió la posición de Clarín contra la ley de medios y que ha sido la encargada de presentar denuncias judiciales con las denuncias mediáticas que hace el Grupo Clarín contra funcionarios del Gobierno. El móvil de un fiscal no puede ser que el investigado se relacione o piense políticamente distinto que él.
Es un capítulo del House of cards argentino. Otro fue la aparición repentina de un testigo de la causa Ciccone, otra de las que fogonean los grupos de medios opositores. Sospechosamente, apareció una entrevista en Clarín, pero por Skype, a José Capdevila, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Misteriosamente, Capdevila aseguró que se había tenido que escapar de la Argentina porque lo amenazaban. Pero Capdevila es testigo de la defensa. Respaldó el consejo que envió Amado Boudou desde Economía a la AFIP para que no cierren Ciccone. “¿Usted va a cambiar su declaración?” “Por ahora no.” “¿Entonces no fue gente del Gobierno la que lo amenazó?” “Tampoco se puede descartar, las cosas han cambiado mucho.” “¿Si usted no cambiará la declaración, qué es lo que cambió?” “Yo antes era empleado del ministerio, después me echaron, ahora estoy en banda.” Es un diálogo que publicó el diario La Nación. Capdevila dice que va a pensar si cambia su declaración. No dice que la va a cambiar. Y en todo caso dice que si lo hace será porque lo trataron mal. Es todo muy oscuro, lo suficiente como para ensuciar mediáticamente a Boudou sin necesidad de acciones judiciales que podrían comprometer al prófugo Capdevila.
La culpabilidad o la inocencia de Lázaro Báez y de Amado Boudou no tienen nada que ver con estas movidas protagonizadas por Campagnoli y Capdevila como si siguieran un guión escrito previamente por los medios. Con ese material se podrían hacer algunos capítulos de House of cards: la confrontación entre un gobierno con una poderosa corporación mediática que, a pesar de haber perdido la puja por la desmonopolización del grupo a partir de la aplicación de la ley de medios, mantiene una ofensiva capítulo tras capítulo. En la primera temporada perdió la puja después de dar batalla no solamente en el plano mediático sino también usando jueces y políticos amigos que defendían sus intereses. Y con esos respaldos logró retrasar cuatro años la aplicación de una ley que había sido aprobada en forma democrática y que planteaba la democratización de la información al cuestionar la posición dominante del Grupo Clarín y de otros grupos de medios en el mercado.
En la segunda temporada está usando las mismas influencias judiciales y políticas en un momento que tiene como horizonte el 2015 y es esencialmente electoral.
El papel determinante que han comenzado a jugar los medios de comunicación en el mundo está pasando por su cenit. Es un momento en el que se producen desequilibrios profundos en las sociedades a partir de los cuales los gobiernos deberán intervenir para regular, democratizar, equilibrar y establecer nuevos consensos para el flujo democrático de la información. La herramienta más fuerte para consolidar ese proceso será garantizar la diversidad y al mismo tiempo es la condición más difícil de preservar en un sistema donde el medio más fuerte tiende a hacer desaparecer a los más chicos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-246994-2014-05-24.html
Clarin.comEconomía 18/08/10
Ciccone quebró; Boldt y Casa de Moneda van por su planta
LA AFIP LE RECLAMA A LA RESPONSABLE DE CONFECCIONAR PASAPORTES UNA DEUDA DE $ 239 MILLONESEl síndico decide si acepta la oferta de la empresa de pagar sueldos por un año.
Ciccone quebró; Boldt y Casa de Moneda van por su planta
Boldt, la tercer mayor empresa del negocio del juego del país (después de Casino Club y Codere) presentó ayer una oferta para alquilar la planta que Ciccone Calcográfica posee en Don Torcuato. Esta firma está en quiebra por un reclamo de la AFIP, a la que le adeuda $ 239 millones . Y la competencia de Boldt en esa carrera es contra la Casa de la Moneda , dependiente del Ministerio de Economía.
La fábrica de Ciccone tiene capacidad para imprimir papel para cheques y otros documentos comerciales, además de billetes de curso legal y bonos de la deuda pública. Se calcula que su funcionamiento demanda $ 1 millón mensual sólo para pagar los sueldos de los empleados. Quienes visitaron la planta dicen que tiene una maquinaria moderna.
El síndico que lleva la quiebra evaluará la conveniencia de aceptar la propuesta de Boldt, que quiere hacer uso de las maquinarias allí existentes (y pagar los sueldos de los trabajadores) por un año y después ver cómo continúa el asunto. Pero la empresa de la familia Tabanelli tiene enfrente a la Casa de la Moneda, que también quiere la planta de Ciccone.
La quiebra de la empresa viene envuelta con cierta polémica. La firma, que en los 90 fue atribuida por Domingo Cavallo al grupo Yabrán, pertenecía a los hermanos Héctor y Nicolas Ciccone. De hecho, como señal de que había cometido un error con ese señalamiento, el ex ministro de Economía asistió a un aniversario de la empresa, en 2000.
En noviembre de 2008, Ciccone recibió la extensión de la concesión para seguir confeccionando los pasaportes , una actividad que desempeña desde 1995, gracias a un decreto de Carlos Menem. Sin embargo, para poder seguir llevando adelante esa función debía tener su relación con el Estado al día. Algo que no sucedió porque la empresa se consideró víctima de la “pesificación asimétrica”: el Estado (su principal cliente) le debía dólares, pero quería pagarle en pesos, como sucedió con el resto de los acreedores.
Para salir de ese atolladero, los Ciccone trataron de buscar un acercamiento con el Gobierno nacional, pero las respuestas fueron diversas.
Los allegados a Aníbal Fernández tenían interés en rescindir el contrato de Ciccone y pasárselo a Casa de la Moneda desde la época en que el actual jefe de Gabinete de ministros se desempeñaba en la cartera de Justicia.
Hace dos años, cuando le extendieron el contrato de los pasaportes, Nicolás Ciccone estuvo muy cerca de arreglar el ingreso de un fondo de inversión en esa compañía. Se trataba de una firma estadounidense, poco conocida en el mercado. Es más, un ejecutivo de ese origen hasta llegó a la planta de Don Torcuato. Igual, sus competidores sospechaban que Eduardo Eurnekián estaba por meter un pie allí, algo que el empresario de AA 2000 desmintió tajantemente.
Ahora, con los Ciccone fuera de cuadro, el futuro está entre Boldt y el Gobierno.
http://www.clarin.com/economia/Ciccone-quebro-Boldt-Casa-Moneda_0_319168121.html
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"Hay nexos entre Boldt, Clarin y La Nación"
El síndico general de la Nación, Daniel Reposo, expuso en CN23 el vínculo entre esas tres empresas. El contador Matías María Brea es directivo del casino Trilenium, una de las empresas del Grupo Boldt, y tiene fluidos contactos con los diarios Clarín y La Nación desde hace por lo menos 12 años.
COMENTARIOS
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INFOnews
El Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, en declaraciones a CN23 explicó que desde su organismo observaron irregularidades en los balances de Papel Prensa. Justamente el contador Matías María Brea era empleado de Clarín y actuaba como auditor externo en Papel Prensa. Además, explicó Reposo, Brea integra el directorio de fundaciones junto a directivos de La Nación.
La relación entre las tres firmas se explica ya que Brea además de ser director titular del casino Trilenium del Grupo Boldt es socio principal de la firma Brea, Solans & Asociados, la consultora que audita a Papel Prensa. Es la misma consultora que el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, intentó apartar –sin éxito– de la empresa papelera, acusándola de formar parte de la dupla Clarín-La Nación.
Reposo indicó en sus declaraciones televisivas que el vinculo entres las firmas explica los ataques contra Boudou de Clarin y La Nación. "El grupo Boldt hizo hace muchos años los pasaportes y perdió licitaciones. Hoy los hace la Casa de Monedas", dijo.
"Clarin y La Nación están acompañando al Grupo Boldt para quedarse con los negocios de los pasapartes y del papel moneda", explicó y señaló que esos medios "utilizan las denuncias de Boldt para tratar de desarticular un proyecto nacional, por eso todos los día están intentado mellar el nomber del vicepresidente Amado Boudou".
http://www.infonews.com/2012/03/20/politica-14820-hay-nexos-entre-boldt-clarin-y-la-nacion.php
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Sábado, 7 de abril de 2012 | Hoy
EL PAIS › EL DIPUTADO PEROTTI LE RECLAMO A BINNER POR UNA ADJUDICACION A BOLDT
“Que explique su relación”
El reclamo es por una adjudicación directa a Boldt y una empresa del Grupo Clarín para la impresión de boletas electorales en Santa Fe. El ex gobernador sostuvo que esas empresas eran las que ofrecían mejor precio.
Desde Santa Fe
El diputado Perotti lanzó ayer sus cuestionamientos a Hermes Binner por su relación con Boldt.
Hermes Binner se dio ayer por aludido ante las acusaciones de Amado Boudou, quien –en su descargo público– mencionó la adjudicación directa de un negocio de 24 millones de pesos a los grupos Boldt y Clarín para la impresión de la boleta única que se utilizó en las elecciones del año pasado en la provincia. “Me llamó mucho la atención que nadie siguiera este tema, parece que hay personas a las que hay que proteger”, tiró el vicepresidente al denunciar “un entramado mafioso”, con vínculos en Tribunales, la política y las finanzas. Binner le recomendó a Boudou “ponerse a disposición de la Justicia y no prender el ventilador acusando a todo el mundo”, dijo. Pero en la pelea se metió el diputado nacional Omar Perotti, quien sugirió al ex gobernador que “explique a los santafesinos cuál es su verdadera relación con el grupo Boldt”. “Antes de criticar y buscar la paja en el ojo ajeno, Binner debería ver la viga en el propio”, sorprendió Perotti.
En su defensa por lo que consideró un “brutal ataque contra las instituciones”, Boudou denunció los negocios de Boldt y Clarín en Santa Fe y Buenos Aires. Y en el caso de la provincia, mencionó la impresión de la boleta única que Binner adjudicó a ambos grupos el año pasado por 24 millones de pesos. El decreto 0487 del 4 de abril de 2011 fue firmado por el ministro de Economía, Angel Sciara, y su colega de Justicia, Héctor Superti, quien reemplazó en la gestión al entonces ministro de Gobierno y hoy gobernador, Antonio Bonfatti.
“La boleta única la pagó el gobierno de Santa Fe”, dijo Boudou. Recordó que hubo “una adjudicación directa a dos empresas: Boldt y Artes Gráficas del Litoral, que es una empresa que la mitad es de Clarín y la mitad del diario El Litoral de Santa Fe. Será por eso que a algunos candidatos los tratan bien y a otros mal. Será por eso que algunos candidatos salen siempre sonriendo, y otros salimos siempre mal, en los diarios”, dijo el vicepresidente en obvia referencia a Binner. “Igual, el pueblo argentino tiene claro estas cosas. Y no tuvo ningún problema en saltear el cerco mediático a la hora de votar”, completó.
“Me llamó la atención que nadie siguiera este tema (de Santa Fe). Me llamó la atención que nadie siguiera el juego en la provincia de Buenos Aires, donde desde el año 1993 hay negocios millonarios, y no tiene ninguna licitación. Me llama mucho la atención. Parece ser que hay personas a las que hay que proteger”, acusó Boudou.
Ayer, Binner se dio por aludido y explicó que la impresión de las boletas que se adjudicó a Boldt y Artes Gráficas del Litoral fue una “contratación directa” en la que se invitó a participar “a todos los proveedores del Estado”. “Esas dos empresas tenían el mejor precio, se pidió una mejora y se bajó un millón de pesos”, señaló. Según el decreto 0487/11, Binner le adjudicó a Boldt la impresión de boletas para las primarias del 22 de mayo de 2011 por 12.100.000 y a AGL (la empresa de Clarín y El Litoral) la provisión de las boletas que se utilizaron en la general del 24 de julio por 11.035.000 pesos. “Todo esto fue aprobado por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Electoral, con la ley respectiva y el asesoramiento y la aprobación del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y observadores de la OEA”, agregó.
Binner dijo que Boudou “no es una persona común y corriente de la calle, es la segunda figura presidencial”. Y sugirió que debería invertirse la carga de la prueba. La Constitución garantiza que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero, según Binner, con el vicepresidente debería ser al revés. “Debería cambiarse el sistema y que sea el propio sospechado el que tiene que presentarse a la Justicia. Que se ponga a disposición para declarar”, insistió.
En la pelea se metió también Perotti. “Binner pasa su tiempo en los medios nacionales, donde lo tratan muy bien y no le preguntan las cuestiones que los santafesinos queremos conocer con mayor profundidad. Por ejemplo, el enorme rojo que tienen las cuentas provinciales, que llevó a Bonfatti a pedir más endeudamiento y preparar un impuestazo, la creciente inseguridad, la connivencia de su policía con el narcotráfico y que aclare cuál es su real relación con la empresa Boldt”, sorprendió Perotti.
Binner tendría que “dar explicaciones sobre los problemas que heredamos de su gestión”, entre ellos el déficit fiscal que el año pasado trepó a 1665 millones de pesos y la deuda flotante que en septiembre superó los 3002 millones de pesos. Pero “en lugar de brindar esas explicaciones, prefiere criticar en estos momentos al vicepresidente de la Nación, de quien rescatamos su hombría de bien y de quien estamos convencidos de su accionar como funcionario público y como vicepresidente de la Nación. Boudou está sufriendo un fuerte ataque en estos momentos, atacándose así la fortaleza institucional de un gobierno votado mayoritariamente”.
“Nos gustaría un ex gobernador más comprometido en ver cómo ayuda a los santafesinos a superar este difícil momento, en lugar de estar buscando la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio”, concluyó Perotti.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-191299-2012-04-07.html
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Miércoles, 7 de marzo de 2012 | Hoy
EL PAIS › EL VICEPRESIDENTE AMADO BOUDOU RESPONDE A LAS ACUSACIONES
“La Justicia va a determinar que no tengo nada que ver”
Boudou asegura que el grupo Boldt, al que vincula con el duhaldismo, motoriza las denuncias en su contra porque busca quedarse con los negocios de impresión de billetes.
Por Fernando Cibeira y Nicolás Lantos
El vicepresidente Amado Boudou explica que sale a responder las acusaciones que se le hicieron sobre Ciccone Calcográfica recién ahora porque no quería seguir la agenda de los medios opositores. Pero que teniendo en cuenta todo lo que se fue publicando y que ya está en marcha un expediente judicial considera que la situación cambió. Boudou recibe a Página/12 en su despacho en el Banco Nación, provisto de varios papeles donde tiene anotaciones sobre la historia del grupo Boldt, al que denuncia como su acusador en las sombras. “Que el pueblo argentino sepa que se están moviendo intereses muy oscuros por detrás de toda esta trama, que siempre encuentran la forma de no poner la cara”, sostiene.
–¿Cuál es su relación con Alejandro Vandenbroele?
–No lo conozco a Alejandro Vandenbroele, no es mi amigo.
-¿Nunca lo vio?
–Yo no lo recuerdo, no lo conozco. Así que hablar de amigo...
–En cambio sí conoce a José María Nuñez Carmona.
–Nuñez es mi amigo desde los 7 años. Además es mi socio, tal cual se desprende de lo que he presentado en la Oficina Anticorrupción todos los años, no es algo que alguien tenga que investigar para conocerlo.
–¿Usted sabía que Vandenbroele y Nuñez Carmona tienen o tuvieron una relación profesional?
–No, la verdad que no. Si todas las personas que yo conozco no pudieran moverse más sería muy difícil, sería algo muy extraño.
–¿Por qué cree que la ex mujer de Vandenbroele denuncia que él es su testaferro y que tiene conversaciones que lo probarían?
–No tengo ni idea.
–¿Cómo ve la operación que involucró a Ciccone Calcográfica, en la que la AFIP había pedido su quiebra y luego se levantó para que la adquiriera el grupo The Old Fund?
–Es una operación en la que no influí ni tuve ninguna participación directa. Además, hay un juez comercial interviniendo –que no conozco tampoco– y que habrá tomado resoluciones conforme a derecho. Por lo que he leído del caso tengo entendido que incluso hubo resoluciones que fueron recurridas a tribunales superiores y han tenido su avance en la causa.
–¿Por lo que sabe del tema le parece una operación transparente o puede haber irregularidades?
–Es una operación con trámite judicial donde se define una cuestión comercial. Yo desconozco el expediente, no lo he seguido, pero debe tener un trámite normal, no tengo por qué pensar una cosa distinta.
–¿Sabe si su amigo Nuñez Carmona realizó gestiones con los acreedores de Ciccone para pedir que acepten el ingreso de The Old Fund?
–Lo desconozco, pero la verdad es que todo lo que se dice es una gran mentira. Hasta ahora no había hablado porque es tal la sarta de mentiras que es muy difícil ponerse a desmentir afirmaciones que, de lo propio que uno va leyendo en el tiempo, confunden funcionarios con socios de una empresa, dueños con empleados. Toda una operación construida alrededor de mentiras. Lo importante es que ahora también tiene un trámite judicial que va a permitir dilucidar las cosas tal como son, que es que yo no tengo nada que ver.
–¿Irá a declarar al juzgado si lo citan?
–Debe haber pocos funcionarios como yo que han participado cada vez que lo han llamado. En un juzgado, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con los medios periodísticos, para poner la cara. Pongo la cara siempre y en todo lugar porque estoy convencido de por qué y para qué estoy en la política, que es para acompañar a este proyecto. Muchas veces peleamos contra poderes ocultos, poderes que se esconden atrás de sectores de la prensa, del trabajo que hace el Grupo Clarín y el diario La Nación utilizándolos a veces para hacer trastadas políticas –por ejemplo, el duhaldismo y el duhaldismo residual–, a veces para hacer negocios y negociados. Y me estoy refiriendo al grupo Boldt, que está detrás de todo esto, y que tienen un camino recorrido en común por lo menos desde 1993.
–¿Usted sostiene que el grupo Boldt está detrás de las denuncias que le vienen haciendo?
–Sin dudas. Hay que dejar en claro que el señor (Antonio) Tavanelli y el señor (Guillermo) Gabella, que es su operador, tienen un nivel de operación dentro de la política y de los medios permanente. Son los mismos periodistas que están diciendo que la empresa Boldt sería la damnificada de todo esto. ¿Qué tiene que ver Boldt si no tiene ninguna participación en el expediente?
–¿Y dónde entrarían Boldt y Tavanelli con esto que usted llama una operación?
–Esto tiene varios ejes interesantes. El más novedoso es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para poner la Casa de Moneda en valor. La Casa de Moneda es un organismo que venía perdiendo dinero y trabajando con mucha dificultad, lo que no es casualidad, sino que tiene que ver con algunas decisiones que se habían tomado. Por ejemplo, desde el Banco Central durante la presidencia de Martín Redrado buscando que los billetes se produjeran en el exterior, o en su intento por comprar máquinas por valores sobre los 150 millones de dólares. La verdad es que el deterioro de la Casa de Moneda tenía que ver con que desde el grupo Boldt se habían ido captando tareas que la Casa de Moneda le son propias como la impresión de los cartones de lotería y de bingo, los padrones electorales, los pasaportes. Hemos trabajado para recuperar el rol del Estado y el valor de la Casa de Moneda, igual que pasó en la Anses con las AFJP. Este es un caso en algún sentido parecido, lo que pasa es que aquí pelean desde las sombras Tavanelli, Gabella y sus socios políticos, que le fueron permitiendo un crecimiento impresionante a esta empresa desde el año ’93.
–¿Quiénes son sus socios políticos?
–Hay que mirar con mucha atención al sistema del duhaldismo y al posduhaldismo, y como ellos operan en conjunto con estos personajes que trabajan en las sombras, nunca ponen la cara, no los conoce nadie, y son los que sacan ventaja cuando el que pierde es el Estado, que en definitiva es el conjunto de los argentinos.
–¿Habla del duhaldismo o del propio Eduardo Duhalde como quien estaría detrás de esta empresa?
–Si uno mira lo que ocurrió, por ejemplo el 8 de octubre de 2010, cuando el diario Clarín publica que podrían faltar billetes de 50 y 100 pesos, verá que el día 16 Clarín pone “sube la tasa de interés por la falta de billetes”, cosa que en principio no tendría que tener mucho que ver porque la tasa de interés no se define sólo por la falta de billetes sino por la situación de todo el sistema financiero. Esto quiere decir que estaban preparando un terreno –como esas operaciones que han hecho con el azúcar o la nafta– para la famosa profecía autocumplida. Decimos que falta algo para que termine faltando. El grupo de (Héctor) Magnetto es especialista en este tipo de operaciones y ha trabajado en otras etapas con Duhalde. Duhalde llegó a ser presidente de una manera muy parecida a ésta, llegó a intendente de Lomas de Zamora también de una forma parecida luego de ser electo segundo concejal: trabajó para que destituyeran al intendente, al primer concejal y él se quedó con la intendencia. Hay un modus operandi. Si uno piensa, además, que Redrado estaba en el Banco Central –y termina siendo cabeza de la lista de Duhalde, que afortunadamente no fue acompañada por el pueblo argentino– cuando se preparó un clima para que hubiera faltante de billetes. Redrado todos los años solicitaba a la Casa de Moneda cantidades menores a las necesarias para sostener el stock en un país que estaba creciendo, por lo que iba cayendo el circulante. Una situación que se empieza a corregir cuando Mercedes Marcó del Pont llega al Banco Central y se empieza a trabajar articuladamente con la Casa de Moneda. Acá había una operación política, mediática y un intento de perjudicar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la etapa que más hacen falta billetes que es el verano. Buscaron que se produjera una situación de caos, que por la capacidad de gestión que tiene este gobierno logramos solucionar haciendo una UTE con Brasil. Desde Clarín fue muy criticada la UTE con Brasil y se decía que los billetes los podía hacer Boldt en la Argentina. El punto es que Boldt no tenía una planta para hacerlo, tenía un alquiler por sobre la planta de Ciccone por sólo doce meses. La Casa de Moneda perdió plata durante un montón de años hasta que nosotros la recuperamos con tareas que son propias y hacía Boldt, al punto de que en 2011 la Casa de Moneda ganó 58 millones de pesos. Por eso digo que hay que pegarle al chancho para que salte Boldt.
–Uno de los cuestionamientos que se viene haciendo es que este año se imprimirán billetes de 100 pesos por valor de 50 millones de dólares en Ciccone Calcográfica y que no se hizo licitación.
–Los billetes en la República Argentina los debe hacer solamente la Casa de Moneda. Esto es muy importante porque antes era así legalmente, hasta que en 2003 el ex presidente interino Duhalde saca el decreto 777 por el cual cambia el objeto de la Casa de Moneda y entonces deja de ser obligatorio para el Estado requerir las impresiones de seguridad allí. Por un pequeño cambio legal sólo debe hacerse lo que es requerido a la Casa de Moneda. Este cambio, que pasó inadvertido porque en apariencia se estaba aumentando las atribuciones de la Casa de Moneda, en realidad abría la puerta a que tuviera que competir con empresas privadas que podían sacar ventajas, con un gobierno en ese momento que tenía una tradición de trabajar para Boldt con contrataciones directas en temas tan sensibles como el juego de la provincia de Buenos Aires.
–También se cuestionó que la Casa de Moneda enviara a Ciccone el papel y la tinta especiales para hacer billetes antes de que se le adjudicara el trabajo.
–Es que en cualquier cuestión preparatoria hay que hacer pruebas. Sería una irresponsabilidad avanzar sin saber fehacientemente que técnicamente se puede hacer algo. Pero, repito, para nosotros la única entidad que debe imprimir y hacer el acabado de la moneda en la Argentina es la Casa de Moneda.
–¿Entonces Ciccone no va a imprimir los billetes de 100 pesos este año?
–Los billetes los va a hacer y los va a poner en circulación la Casa de Moneda a través del Banco Central.
–¿Cuál es el sentido de las pruebas que se hicieron en Ciccone entonces?
–Si hubiera alguna tarea parcial que se pudiera realizar, que estuviera en condiciones de hacerla.
–¿La salida de Benigno Vélez del directorio del Banco Central tuvo relación con la impresión de los billetes?
–No, tiene que ver con el cumplimiento de una etapa de un funcionario que había ingresado al Banco Central justamente en la crisis que provocó Martín Redrado. Fue un funcionario que en un momento muy difícil, y sin ser especialista en temas monetarios, tomó esa responsabilidad. Esa etapa se cumplió. Seguramente va a tener nuevas tareas con nosotros.
–¿Por qué dejó pasar tanto tiempo sin responder sobre las acusaciones que se le hicieron sobre este tema?
–Esto es un montaje que realizó el diario Clarín junto con La Nación y la colaboración de Perfil también. Yo no suelo prestarme a la agenda que plantean estos medios, que es una agenda claramente intencionada contra el Gobierno como jefes de una oposición que no está planteada desde la política, sino desde un grupo económico concentrado. Pero viendo todo lo que fue saliendo y que ya hay una causa, creo que es el momento adecuado para salir a contar estas cosas. Que el pueblo argentino sepa que se están moviendo intereses muy oscuros por detrás de toda esta trama, que siempre encuentran la forma de no poner la cara.
–¿Habló con la Presidenta de este tema? Hay versiones que dicen que su relación personal se enfrió.
–Soy el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, el vicepresidente de los argentinos acompañando a Cristina, esto es un orgullo tremendo. La historia de los vicepresidentes en general ha sido bastante triste y yo voy a ser el mejor vicepresidente que ha habido porque voy a estar acompañándola hasta el último día y formando parte de este proyecto político. Nací en la política dentro de este proyecto político y hasta el último día voy a seguir llevando adelante esta tarea con el máximo de responsabilidad y con la interpretación clara de cuál es el lugar: la fórmula presidencial es una y soy el vice de esta Presidenta.
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