Macri propone estatizar deuda privada
Los empresarios argentinos, según el titular de Socma, han acumulado deudas pagando intereses absurdos y teniendo que enfrentar dificultades absurdas
Por eso propone el traspaso de esos pasivos al Estado
Francisco Macri propuso ayer estatizar la deuda de los empresarios privados. La medida, dijo, apunta a generar crecimiento.
En declaraciones a Radio Mitre, el empresario señaló que "deberían tomarse medidas drásticas, como por ejemplo estatizar toda la deuda privada, y tener un banco del tipo que hay en el mundo, un banco que atienda especialmente los proyectos industriales y analizar proyecto por proyecto."
El empresario precisó luego que se refería a la "deuda que todo el empresariado argentino ha acumulado, pagando intereses absurdos y teniendo que enfrentar dificultades absurdas".
El titular del Grupo Socma, que controla el concursado Correo Argentino, respondió así a una pregunta sobre si debía renegociarse la deuda externa. "Yo creo que el tema lo tenemos que resolver los argentinos acá adentro", dijo, para proponer luego la estatización de la deuda.
"Los argentinos —agregó— somos una población sumamente preparada, una de las mejores poblaciones que tiene Latinoamérica. Cada argentino es un empresario potencial y puede presentar a partir del momento que haya orden, que haya crédito, proyectos chicos, medianos y grandes. Y a través de esos proyectos crecer. Crecer y crecer es la única solución dentro de un orden general que empieza por combatir la evasión."
La estatización de la deuda privada propuesta por Macri remite a un proceso similar llevado a cabo por el actual ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuando fue titular del Banco Central, en 1982.
Macri condujo uno de los grupos empresarios líderes del país, pero en los últimos años vendió algunos de sus activos más importantes: su automotriz Sevel se dividió en dos partes, una es ahora propiedad de Fiat y la otra es controlada por Peugeot. Vendió su parte de Movicom a Bellsouth. Y se desprendió de la alimenticia Canale. Su venta más reciente fue Autopistas del Sol. Sin embargo, controla activos importantes como la concesión del Correo Argentino, emprendimientos agroalimentarios, la constructora Sideco, Pago Fácil, y empresas alimenticias de peso en Brasil.
—¿Qué hay que hacer para salir de la si tuación", le preguntó el conductor Néstor Ibarra a Macri ayer al mediodía.
—"Hay muchas medidas, hay mucho orden que poner en el país. Pero básicamente es imprescindible que se puedan cobrar los impuestos al 100 %, o sea, combatir la evasión. Es imprescindible combatir el trabajo en negro. y es imprescindible poner en marcha el crecimiento, basándose en los empresarios argentinos, tratando de resolver los principales problemas que el empresariado argentino tiene con respecto a poder encarar nuevos proyectos a través de mayor producción, crecer. Que es, principalmente, la falta de crédito y el costo del crédito. Entonces el país va a crecer y va a volver por la senda correcta", respondió.
Créditos
—¿Devaluación, dolarización o mantener las cosas como están?", le volvieron a preguntar al empresario.
— Absurdo, por ahora todos eso... no es necesario tocarlo. No trae ningún tipo de ventaja. El crédito barato y un tratamiento muy especial con respecto a la deuda que todo el empresariado argentino ha acumulado, pagando intereses absurdos y teniendo que enfrentar dificultades absurdas".
Correo Argentino, una de las mayores empresas de Socma se presentó en concurso de acreedores el 19 de setiembre por un pasivo de $ 740 millones. Adeuda 260 millones al Estado Nacional por el canon. Y otros 276 millones a los bancos Galicia, Río, Citi, BID, Mundial y Nación.
http://edant.clarin.com/diario/2001/10/24/e-02401.htm
Por tercera vez, Cavallo - haciendo memoria
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La dictadura estatizó la deuda de los Macri. Ahora son parte de la deuda externa que debe pagar el país
14/01/2013 | Revista Norte
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La presidenta reveló esa nómina cuando respondió críticas del PRO sobre la pulseada con los fondos buitre
Socma y Sevel, entre más de 70 firmas beneficiadas por la dictadura militar
Las empresas que pertenecían a Franco Macri, padre del jefe de gobierno porteño, forman parte de un extenso listado de compañías favorecidas con la estatización de su deuda privada. Cifras de un negocio vil y millonario.
Si tu papá era empresario y se hicieron cargo de su deuda, por lo menos hay que guardar respetuoso silencio.” Las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández el pasado jueves desde la Casa Rosada y dirigidas al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hacían alusión al oscuro prontuario financiero de las empresas Socma y Sevel. Ambas firmas fueron beneficiadas durante la dictadura con la estatización de su deuda privada, y todavía eran propiedad del empresario Franco Macri.
Sin embargo, no fueron las únicas favorecidas en los años de plomo. Socma y Sevel forman parte de un extenso listado de más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos hacia las arcas del Estado entre 1979 y 1983. La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.
Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, entre las firmas nacionales más importantes se encuentran la mencionada Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citibank y Supervielle, entre otros.
Algunas de las empresas favorecidas estaban vinculadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo como líder a Domingo Cavallo, el orquestador de la estatización de la deuda externa (ver aparte). Allí aparecen Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras.
El perjuicio que las compañías asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado fue calculado en 1983: 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares.
“Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias”, aseguró a Tiempo Argentino uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.
Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en la dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. “Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia”, explicó Olmos Gaona.
Mediante este régimen, el Banco Central les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió.
“El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central les cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal”, sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina.
La trama de esta operación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros. “Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio”, afirmó el magistrado en la causa Nº 14.467, donde pesquisó el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar.
Además, Ballesteros determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, pero los funcionarios estatales jamás reclamaron el dinero. Así, según las pericias, “con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas”. Pero ni el Central ni el Banco Nacional de Desarrollo “iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas”.
El empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el Central durante los años de plomo, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballesteros detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos. Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma, del Grupo Macri.
También fueron señaladas Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.
Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, “sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir, el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado.”
Pese a los intentos por condenar a los políticos y empresarios que participaron de esta oscura operación, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.
A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada. Allí planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación, no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas. Pero, hasta el momento, el pedido del fiscal no fue considerado.
En su discurso del pasado jueves, la presidenta Cristina Fernández dijo: “Tengo el listado de las empresas en las cuales el gobierno argentino se hizo cargo de la deuda privada.” Si el Estado Nacional decidiera tomar las acciones necesarias para condenar a los responsables de esta gran estafa, al menos una deuda quedaría saldada: la de la justicia. «
Al pueblo Estafa
“Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino”, dijo el ex diputado Mario Cafiero.
La cifra
23 mil millones de dólares es el perjuicio que, según se calculó en 1983, las empresas asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado Nacional.
Principales beneficiados
01 – Cogasco SA 1.348.000.000
02 – Autopistas Urbanas SA 951.000.000
03 – Celulosa Argentina SA 836.000.000
04 – Acindar SA 649.000.000
05 – Banco Río 520.000.000
06 – Alto Parana SA 425.000.000
07 – Banco de Italia 388.000.000
08 – Banco de Galicia 293.000.000
09 – Bridas SA 238.000.000
10 – Alpargatas SA 228.000.000
11 – CitiBank 213.000.000
12 – Cía. Naviera Perez Companc 211.000.000
13 – Dalmine Siderca 186.000.000
14 – Banco Francés 184.000.000
15 – Papel De Tucumán 176.000.000
16 – Juan Minetti SA 173.000.000
17 – Banco Mercantil 167.000.000
18 – Aluar SA 163.000.000
19 – Banco Ganadero 157.000.000
20 – Celulosa Puerto Piray 156.000.000
21 – Banco Crédito Argentino 153.000.000
22 – Banco Comercial del Norte 137.000.000
23 – Banco de Londres 135.000.000
24 – Banco Tornquist 134.000.000
25 – Banco Español 134.000.000
26 – Sade 125.000.000
27 – Sevel 124.000.000
28 – Banco de Quilmes 123.000.000
29 – Parques Interama 119.000.000
30 – Cía. De Perforaciones Río Colorado 119.000.000
31 – Swift Armour 115.000.000
32 – IBM 109.000.000
33 – Banco Sudameris 107.000.000
34 – First National Bank Of Boston 103.000.000
35 – Astra A Evangelista SA 103.000.000
36 – Mercedes Benz 92.000.000
37 – Banco De Crédito Rural 92.000.000
38 – Deutsche Bank 90.000.000
39 – Industrias Metalúrgicas Pescarmona 89.000.000
40 – Banco Roberts 89.000.000
41 – Banco General de Negocios 87.000.000
42 – Alianza Naviera Argentina 82.000.000
43 – Propulsora Siderúrgica 81.000.000
44 – Ford 80.000.000
45 – Astilleros Alianza SA de Construc. 80.000.000
46 – Masuh SA 80.000.000
47 – Continental Illinois National Bank 76.000.000
48 – Banco Shaw 73.000.000
49 – Pirelli 70.000.000
50 – Deere and Company 69.000.000
51 – Cemento Noa 67.000.000
52 – Banco Supervielle 65.000.000
53 – Alimentaria San Luis 65.000.000
54 – Loma Negra 62 .000.000
55 – Selva Oil Incorporated 61.000.000
56 – Macrosa 61.000.000
57 – Sideco Argentina 61.000.000
58 – Chase Manhattan Bank 61.000.000
59 – Bank Of America 59.000.000
60 – Astra Cía. Argentina de Petroleo 59.000.000
61 – Deminex Argentina 57.000.000
62 – Industrias Pirelli 56.000.000
63 – Esso 55 La Penice S A 53.000.000
64 – Manufactures Hanover Trust 53.000.000
65 – Petroquímica Comodoro Rivadavia 52.000.000
66 – Cia General Fabril Financiera 52.000.000
67 – Panedile Argentina 51.000.000
68 – Fiat 51.000.000
69 – Banco Pcia. de Buenos Aires 50.000.000
Otros 11.116.000.000
TOTAL: u$s 23.000.000.000
http://revistanorte.com.ar/?p=6780
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ELECCIONES 2015 24.07.15 | 17:52
Macri: “Si este Gobierno propone estatizar una calesita, voto en contra porque la chocan”
El precandidato presidencial habló de su giro discursivo y exigió al Gobierno que resuelva el conflicto con los buitres. “El Estado más presente es el la Ciudad, no el de la Provincia que esta ausente o el de la Nación que funciona pésimo, dijo.
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Macri: “Si este Gobierno propone estatizar una calesita, voto en contra porque la chocan”
Macri: “Si este Gobierno propone estatizar una calesita, voto en contra porque la chocan”
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El precandidato presidencial del PRO, Mauricio Macri, aseguró hoy que “lo central no es si una empresa es pública o privada, sino que funcione bien”, al tiempo que afirmó que “si este Gobierno propone estatizar una calesita, votaría en contra porque la chocan”.
“Quieren que discutamos si las empresas son públicas o privadas para que no se vea lo mal que han hecho”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.
En declaraciones radiales, Macri se refirió a su giro discursivo y resaltó: “Siento que el cambio que proponemos es muy profundo. Nuestro planteo no es un librito ideológico, sino ponernos ante el problema en forma pragmática para darle una mejor respuesta a la gente”, subrayó
el jefe de Gobierno, luego de las críticas que recibió por el discurso formulado el domingo pasado tras la victoria de Horacio Rodríguez Larreta por escaso margen en la Ciudad.
El líder del PRO consideró que la posición de su espacio frente a las estatizaciones “tiene que ver con quién las va a llevar a cabo”. A la vez, el precandidato presidencial del frente Cambiemos rechazó que el kirchnerismo sea “el paladín que defiende al Estado”.
“Todos entendemos que tiene que haber un Estado presente. El Estado más presente es el de la Ciudad de Buenos Aires, no el de la Provincia que está ausente o el de la Nación que funciona pésimo. Por eso, yo quiero discutir por qué el Estado con ellos no funciona, dilapida, miente información y el país no crece”, enfatizó.
Por otra parte, el mandatario porteño se refirió a la disputa con los fondos buitre e instó al Gobierno a que resuelvan la situación “antes de irse”.
“Han manejado las cosas muy mal. Antes de irse tienen que resolver el tema de la deuda. Espero que lo hagan, mejor de lo que lo hicieron con el Club de París, al que le pagamos el doble de lo que le debíamos”, añadió Macri.
http://www.cronista.com/elecciones2015/Macri-Si-este-Gobierno-propone-estatizar-una-calesita-voto-en-contra-porque-la-chocan-20150724-0092.html
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Martes, 1 de junio de 2010 | Hoy
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Una Puerta abierta para Macri
Mientras bajo el mandato de Ramón Puerta empresas del Grupo Macri fueron contratadas para realizar diversas obras públicas en Misiones, desde 2008 dos compañías de esa provincia se adjudicaron licitaciones para construcciones en la ciudad.
Por Gustavo Veiga
El segundo hogar de Mauricio Macri alguna vez fue el primero. Quedaba en la estancia Iporá, sobre la ruta nacional 105, a unos 30 kilómetros de Posadas. En la Justicia electoral de Misiones todavía recuerdan con precisión el dato, que lleva a otro dato: esa residencia se levanta en el municipio de Garupá, y es de Federico Ramón Puerta, su amigo y socio político. El jefe de Gobierno porteño se tentó con la carrera política allá por 1999 cuando aspiraba a ser senador por la provincia con el ardid del cambio de domicilio. Donde intentó empezar su largo viaje hacia una candidatura presidencial, ahora puede dilapidarla por la causa de las escuchas ilegales: de la Justicia misionera provenían las órdenes fraguadas para justificar el espionaje realizado desde la administración de la ciudad. En aquella tierra tan fértil en bosques como en intrigas, Macri y Puerta edificaron una relación que superó la mera amistad. Hicieron buenos negocios, robustecieron sus influencias y sembraron sospechas. Como ingenieros que se precian de tales (egresaron de la Universidad Católica, donde se conocieron), la obra pública les resulta funcional. Puerta gobernador fue a Macri y sus empresas lo que este último, en el Ejecutivo de la ciudad, a ciertas constructoras misioneras.
En Misiones todavía se recuerda que el puente Encarnación-Posadas lo construyó Sideco Americana, el holding diversificado del Grupo Socma, aun antes de que Puerta llegara a la gobernación. Ya en el poder, durante su primer mandato (1991-1995), el misionero les concedió a los Macri el manejo de la represa Urugua-í, construida a 8 km de la desembocadura del Paraná. La empresa eléctrica provincial, EMSA, le pagaba un canon de 340 mil pesos mensuales hasta 2000, generara o no electricidad para ser utilizable en el territorio misionero. El sucesor de Puerta, Carlos Rovira, desplazó en 2004 a la UTE que había armado el grupo, difundió la noticia como un acto de soberanía y aseguró que su gobierno bajaría el precio que pagaba por la energía.
Los negocios para Macri continuaron gracias a la costanera de Posadas Monseñor Kemerer, hoy transformada en el paseo obligado de sus habitantes. En febrero de 1998 se le adjudicó la obra a Iecsa, otra compañía del grupo: el primer tramo de la construcción costó 12,5 millones de dólares, aunque el Estado provincial terminó pagando casi el doble. Un proveedor de materiales de ese emprendimiento describió ante este diario a aquella empresa como “una estructura mínima que pagaba mal los materiales, casi a precio de costo. Ni siquiera cuando terminaron el trabajo fueron capaces de invitar un asado. Lo pagamos los proveedores”. La costanera se amplió con dos tramos más y resta completar el cuarto, que finalizará en el puente internacional entre Posadas y el Paraguay. En estas etapas trabajó también la constructora JCR, del empresario Juan Carlos Relats, un millonario al que se atribuye estrecha relación con Néstor Kirchner.
Una documentada investigación de la revista misionera Superficie denunció que Iecsa mantiene a 30 kilómetros de Oberá, la segunda ciudad de la provincia, una mina a cielo abierto que contamina el medio ambiente y provoca efectos devastadores sobre algo más de 200 familias que viven en la periferia del obrador Acaraguá. Los más pequeños son los más afectados: sufren problemas respiratorios, enfermedades cutáneas y alergias. Pero los daños no sólo se computan en materia de salud. Las explosiones con dinamita para conseguir el material rocoso que Iecsa utilizará después en la construcción de caminos y puentes ha destruido una buena parte de los bienes de estas familias.
Iecsa es una de las sociedades de las que se desprendió Franco Macri en 2007, un tiempo antes de que su hijo Mauricio accediera a la jefatura del gobierno porteño. La controla desde entonces Angelo Calcaterra, sobrino de Franco y arquitecto de profesión. La constructora también se especializa en obras de compleja ingeniería; provee servicios al Estado nacional, que le encarga desde rutas hasta centrales eléctricas.
Antes como ahora, los integrantes del clan Macri son figuras omnipresentes en la fecunda tierra colorada. Ciertas versiones sobre presuntos negociados entre Puerta y su amigo de Barrio Parque surgieron del audio de una supuesta conversación entre el actual diputado nacional por Misiones y Miguel Angel Toma, jefe de la SIDE bajo la presidencia de Eduardo Duhalde y hombre de consulta del jefe de Gobierno porteño. En esa grabación –que se puede encontrar en YouTube.com–, Puerta le habría dicho a su interlocutor: “Mauricio por ser amigo mío pagó un alto precio... no pudo construir mientras fui gobernador... lo que no dije que cobraba lo mismo sin construir, pero bueno... je je je, ésa es otra historia”. Quienes la escucharon aseguran que ésa es la voz del diputado, aunque él desmintió la conversación.
Toma y Guillermo Oscar Rodríguez, el ignoto secretario administrativo de la Policía Metropolitana, tienen algo en común. Fueron procesados por el juez Norberto Oyarbide en una causa donde se investigan contrataciones directas realizadas entre 1997 y 1999, cuando ambos cumplían funciones en la Secretaría de Seguridad Interior menemista. Una de esas operaciones con fondos públicos investigadas por la Justicia Federal iba a tener como beneficiaria a la localidad misionera de Puerto Iguazú, la cuarta de la provincia. Nunca se construyó lo pautado: un puesto fronterizo en una zona sensible como la triple frontera. Iba a costar 650 mil dólares y jamás se colocó un ladrillo. Doce obras fueron adjudicadas de modo directo a Kainer Construcciones SRL y, si se analiza el caso de Puerto Iguazú, el monto comprometido obligaba a los funcionarios procesados a llamar a una licitación, ya que la suma superaba los 100 mil pesos.
Misiones porteñas
Una pieza clave para comprender el entramado de vinculaciones políticas y negocios es el abogado Humberto Schiavoni. Presidente de la Corporación del Sur y jefe de la campaña electoral de Macri para 2011, pasó por distintos cargos durante la gestión de Puerta como gobernador. Es hijo del juez misionero homónimo que en el jury contra los magistrados José Luis Rey y Horacio Gallardo por la causa de las escuchas votó a favor de ambos y contra su destitución.
Un empresario que coincidió con Schiavoni (h) en la Asociación de Productores de Misiones (Apicafom) asegura que mientras fue presidente de esa entidad se vinculó al gobernador Puerta y así llegó a convertirse en jefe de Gabinete, durante la efímera presidencia provisional de la Nación que ejerció aquél en 2001. En su provincia ya había sido ministro de Economía, interventor del banco local y presidente del Comité de Privatizaciones de Empresas Provinciales, todos cargos muy sensibles.
Como un futbolista que pasa a préstamo entre dos clubes amigos, el actual presidente de la Corporación del Sur se desplazó a Buenos Aires para trabajar a las órdenes de Macri. Desde ese puesto, no abandonó a los comprovincianos que decidieron apostar en la ciudad. En 2008, la constructora Ingeniero Florentino Mercado SA ganó tres licitaciones para levantar centenares de viviendas en los barrios de Lugano y Villa Soldati (Schiavoni ya la había beneficiado con obras cuando dirigió el ente binacional Yacyretá), en un proceso que generó suspicacias. ¿La razón? El origen de la sociedad. Está radicada en Posadas. Al igual que otra compañía favorecida: Nosiglia Construcciones, de la familia del Coti, el político radical que como el ingeniero Puerta es nativo de Apóstoles, en el sur de la provincia.
El diputado provincial Alberto Tito Alvarez, hombre de Rovira, describe los negocios de Macri de un modo más descarnado: “Sus primeras ganancias millonarias las hizo en Misiones con obras no realizadas que hoy están denunciadas, comprobadas”.
Adolfo Claudio Wipplinger (h) es diputado provincial por el PRO y dueño del diario Primera Edición. En las últimas elecciones se diferenció de Puerta, quien ingresó al Congreso como candidato por una fuerza de nombre similar, Unión Pro Dignidad, aunque los dos fueron colectoras del mismo espacio de derecha. Mario D’Arpino, editor responsable del periódico semanal Día 7, sostiene que el jefe de Gobierno porteño, si tiene que consultar el trazo grueso de la política en Misiones, “lo hace con Puerta y no con Wipplinger”. Eso da la pauta de cuál es la relación que privilegia el ingeniero procesado en la causa de las escuchas.
Con todo, Primera Edición mantiene la noticia de los teléfonos pinchados por el espía Ciro James y Jorge “Fino” Palacios en las páginas de la sección Policiales, un modo de minimizar la envergadura política del escándalo. En sus páginas, Día 7 describió que, sobre el tema, en Misiones hay un “silencio casi unánime de la prensa local”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-146745-2010-06-01.html
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A 30 años de su paso por la presidencia del Banco Central
Cavallo y su rol en la estatización de la deuda privada en la dictadura
Manuel Alfieri 01 de Julio de 2012 | 12:00
En el ’82, al frente de esa entidad, tomó medidas que prepararon el terreno para el traspaso a las arcas públicas de pasivos millonarios contraídos por 70 empresas en el exterior. Desde Yale, el ex ministro negó toda responsabilidad.
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@fotoD@ Mañana se cumplirán exactamente 30 años desde el día en que Domingo Felipe Cavallo asumió la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 2 de julio de 1982, durante la dictadura que encabezaba Reynaldo Bignone. Por su desempeño en ese cargo, Cavallo es señalado como responsable, junto con otros funcionarios, de una de las mayores tragedias económicas de la historia nacional: la estatización de la deuda externa privada. Es decir, el traspaso a las arcas del Estado de pasivos contraídos por empresas nacionales y extranjeras, con el objetivo de beneficiar a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy y pese a la intervención de la justicia, no fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.
Muchos economistas lo definieron, con ironía, como “el mayor acto de socialización” que haya ocurrido en la Argentina. Y fue, también, una muestra clara del fuerte componente cívico-militar que caracterizó a los años de plomo.
De acuerdo con los documentos a los que accedió Tiempo Argentino, gracias a la estatización de la deuda privada fueron beneficiadas más de 70 empresas. Entre las firmas nacionales más importantes se encuentran Sevel, por entonces, del Grupo Macri; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz; Loma Negra, de los Fortabat; y Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc. También hay corporaciones extranjeras, como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citybank y Supervielle, entre otros (ver listado).
A fines del ’83, el perjuicio para el Estado se estimó en 23 mil millones de dólares: más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares. “Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias”, aseguró a este diario uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.
Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. “Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia”, explicó Olmos Gaona (ver recuadro).
Los seguros de cambio se implementaron en 1981, cuando Jorge Rafael Videla fue remplazado por Roberto Viola al frente de la Junta Militar, y Martínez de Hoz abandonó el Ministerio de Economía. Viola colocó a Lorenzo Sigaut en el Palacio de Hacienda y el Banco Central quedó a cargo de Egidio Ianella. El 5 de junio de ese año, el BCRA aplicó el primer seguro de cambio, que inició un breve periplo hacia la estatización, lisa y llana, de la deuda externa privada.
Mediante este régimen, el BCRA les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió.
“El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central le cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal”, sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina. A los pocos días, a esta contribución indirecta se sumó una de tipo directo. El 10 de junio de 1981, con la firma de Ianella, el BCRA dispuso un subsidio a los deudores privados de U$S 0,23 por cada dólar de deuda.
Un año después, luego de la Guerra de Malvinas, Bignone asumió la conducción de la cúpula militar. José María Dagnino Pastore remplazó a Sigaut en Economía, y Cavallo desembarcó en el Central, tras la salida de Ianella. Como vicepresidente de esa entidad fue designado Rodolfo Clutterbuck, dueño de la empresa Alpargatas SA, una de las beneficiadas por la estatización de los pasivos.
Cavallo estuvo sólo 59 días en el cargo, pero le bastó para modificar el régimen de seguros de cambio, con el fin de “mejorar el perfil de la deuda financiera externa privada a la vez que procurar atenuar los perjuicios que provocaron a prestatarios locales”, sostuvo el ex ministro. Sin embargo, Basualdo remarcó que este nuevo mecanismo “no anuló el anterior, sino que fue otra alternativa para los deudores externos privados.”
El economista Gonzalo Guilardes explicó didácticamente la medida dispuesta por Cavallo: “Le aseguraba a las empresas privadas endeudadas en dólares comprar un dólar más barato. Si esa moneda valía 100 y él se lo vendía a los endeudados a 50, ¿quién pagaba la diferencia? El Central. Fue una licuación del pasivo de los privados a costa del erario público.”
A pesar de las acusaciones en su contra, Cavallo niega toda responsabilidad e incluso se victimiza. En diálogo con Tiempo, el ex ministro de Economía de Carlos Menem y la Alianza sostuvo: “Es una verdadera infamia que se me siga atribuyendo la decisión de estatizar la deuda privada, porque yo no fui quien la decidió” (ver entrevista aparte).
Es cierto que la operación se concretó con su sucesor en el BCRA, Julio González del Solar, que el 17 de noviembre de 1982 dictó la Comunicación A251, titulada, sin eufemismos, “transformación de la deuda externa privada en deuda pública”. Pero el propio Cavallo admitió su responsabilidad en ese proceso en uno de sus libros. En la página 62 de Economía en tiempos de crisis, aseguró: “Cuando me acusan de haber echado sobre las espaldas de los ahorristas la deuda de las empresas, omiten decir que al menos yo lo hice uniformemente.” En la página 126, Cavallo habla de “la licuación de pasivos que dispuse, siendo presidente del Banco Central, entre julio y agosto de 1982”. Allí expone los seguros de cambios propuestos por su antecesor, Sigaut, y comenta: “Fueron mucho más generosos que los que reglamenté mediante la circular A137.” Y en la página 128 del mismo libro, sostiene: “El que soluciona el problema en general se arriesga a que lo acusen, como me ocurrió a mí, de ser responsable de todas las cosas malas.”
Pero el “problema en general” estuvo lejos de solucionarse. El mayor crecimiento de la deuda externa en dictadura se dio cuando se aplicó el régimen de seguros de cambio de Ianella y Cavallo. Sólo en ese período, la Argentina engrosó la cifra en 10 mil millones de dólares.
Pese al intento de Cavallo por desligarse, el juez Jorge Ballestero, que investigó en la causa Nº 14.467 el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar, determinó en un fallo del año 2000 que el pasivo del sector privado se hizo público a través de los mencionados seguros de cambio. “Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior –sostiene el dictamen–, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio.”
Además, el juez determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, que debían ser abonados al Estado. Sin embargo, los funcionarios estatales jamás reclamaron ese dinero. Así, según las pericias, “con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas”, pero ni el BCRA ni el Banco Nacional de Desarrollo “iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas”.
Por si fuera poco, en el listado de compañías favorecidas aparecen algunas asociadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo a Cavallo entre sus fundadores. Algunas de esas firmas son Alto Paraná SA, Sevel, Astra, Pérez Companc, Banco Galicia, Banco Francés, Grupo SADE, IBM, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Banco Supervielle y Fiat. A fines del ’83, estas once corporaciones sumaban un total de 1779 millones de dólares de deuda.
“Este gran negociado lo manejó Cavallo, que en un tiempo muy breve produjo una transferencia de riqueza monumental hacia los empresarios”, aseguró Cafiero, quien a través de sus trabajos pudo establecer que “muchos de los préstamos que se efectuaron, en realidad, eran autopréstamos hechos por las empresas deudoras”. En ese sentido, Olmos Gaona agregó: “Con los seguros de cambio, las firmas privadas comenzaron a endeudarse ficticiamente para hacer un gran negocio.”
Así, el empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el BCRA, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballestero detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos.
Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaban Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Socma, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.
Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, “sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado.”
Pese a los intentos por condenar a los responsables de esta gran estafa, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.
A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada “en la que habría intervenido el entonces titular del Banco Central y luego ministro de Economía menemista y de la Alianza, Domingo Cavallo”.
Delgado señaló, además, que los privados “se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir de 1981, por el BCRA”. El fiscal planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas.
Hasta ahora, este pedido no tuvo ninguna respuesta, y de esa forma, a los millones estatizados por la dictadura, se sigue sumando otra deuda: la de la justicia.<
Olmos Gaona: “Fue todo una gran estafa”
@fotoI@ Alejandro Olmos Gaona es historiador e hijo del homónimo periodista fallecido que impulsó la causa penal por el origen ilegítimo de la deuda externa argentina, en 1982. Olmos Gaona demandó a un centenar de empresas que se beneficiaron con la estatización.
–¿Cómo logró la Junta Militar estatizar la deuda privada?
–Principalmente, a través de los seguros de cambio, establecidos durante la Presidencia de Domingo Cavallo al frente del Banco Central. Permitían que una empresa privada se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando esa moneda subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia. Con este mecanismo, los privados comenzaron a endeudarse ficticiamente para hacer un gran negocio.
–¿Cómo perjudicó al pueblo argentino esa maniobra?
–Cuando se van los militares, la deuda externa era de más de 45 mil millones de dólares. De ese monto global, la deuda privada era exactamente la mitad: 23 mil millones.
–¿Quiénes fueron los principales beneficiados?
–Socma y Sevel del Grupo Macri, Techint, Papel de Tucumán, Celulosa Argentina, entre otros. No es que el Estado se hizo cargo de las deudas porque estas empresas se iban a la quiebra. Estos sinvergüenzas fraguaron créditos, fue un festival de autopréstamos e ilícitos diversos. Una gran estafa.
–¿Cómo se detectó?
–Por ejemplo, cuando los investigadores hicieron una auditoría de Renault Argentina, vieron que su deuda era de 10 o 12 millones de dólares y que no debía ser pagada por el Estado, ya que una parte era deuda que tenía la casa Renault Argentina con su casa matriz en Francia. Es decir, había confusión entre deudor y acreedor: eran la misma cosa. Había otro préstamo que también era inverosímil, porque no era admisible que Renault le hubiese pedido al Barclays Bank 6 millones de dólares, cuando en ese mismo banco tenía depositados, a plazo fijo, más de 80 millones de dólares. En fin, los auditores vieron que todo era trucho.
–Esa deuda privada que fue estatizada, ¿se siguió pagando?
–Claro. Fue incorporada al patrimonio del Estado y siguió reciclándose permanentemente.
–¿No se puede accionar contra los responsables?
–Es lo que me pregunto. ¿Por qué el gobierno no llama a esta manga de delincuentes, como Franco Macri, y les dice que el Estado ha venido pagando una deuda suya desde 1983? Deben devolver la plata que pagamos todos.
–Cavallo asegura no tener responsabilidad. ¿Qué opina?
–Que Cavallo tiene mala memoria, porque la Fundación Mediterránea, que él integró, está compuesta por gran parte de los que se beneficiaron con la estatización de la deuda. Él dijo algo que es cierto: que no fue quien directamente estatizó la deuda porque no estaba al frente del Banco Central. Pero también es cierto que durante la época de Cavallo se implementaron los seguros de cambio. Toda esa operatoria salió de la matriz Cavallo. Y esa misma matriz se sostuvo en el menemismo.
Cavallo y la Junta Militar
Domingo Cavallo ingresó al Ministerio del Interior en abril de 1981, como secretario técnico y de coordinación. Fue dos años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos certificara que en la Argentina se aplicaba el terrorismo de Estado.
En julio de 1982, Cavallo llegó al Banco Central. Por entonces, en una conferencia en la Fundación Mediterránea, el joven economista cordobés aseguraba a los empresarios: “Nos encontramos con un gobierno que está cumpliendo la importante misión de llevar al país en la dirección de su institucionalización en lo político y que está tratando de resolver los problemas económicos.” Cavallo hablaba del gobierno de Reynaldo Bignone, el mismo que dictó la Ley 22.924 de autoamnistía para dirigentes de la dictadura, y que promulgó el Decreto 2726/83, que ordenó la destrucción de documentación sobre desaparecidos.
El ex ministro dice que no tuvo nada que ver con la estatización
@fotoI@ Distintos economistas e investigadores consultados por este diario coincidieron en señalar a Domingo Cavallo, presidente del Banco Central en dictadura, como uno de los responsables de la estatización de la deuda externa privada, pese a que él lo niega.
El ex ministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa accedió a contestar tan sólo uno de los varios correos electrónicos remitidos por Tiempo a su oficina en la Universidad de Yale, con las preguntas y respuestas que se reproducen a continuación. Cuando este diario le envió una segunda tanda de consultas, acerca del modelo económico de los militares y su rol en dicho proceso, Cavallo no volvió a contestar. Como en otras oportunidades, intentó desligarse de toda responsabilidad y acusó al periodismo. “Siguen abonando la mentira que en 1984 instaló el diario El Periodista. Entre paréntesis, ese diario jugaba en aquella época el mismo rol que hoy juega Tiempo Argentino”, sostuvo el ex ministro, que también asegura haber sido el primero en denunciar la estatización.
A continuación, las preguntas que contestó Cavallo antes de llamarse a silencio.
–Muchos investigadores coinciden en señalarlo como uno de los responsables de la estatización de la deuda externa privada.
–No, no es así. Los seguros de cambio que yo creé en julio de 1982 no perseguían licuar las deudas en dólares. La licuación de pasivos que yo había decidido era para las deudas que se habían indexado por la circular 1050 y el mecanismo fue el control de la tasa de interés. Pero esta licuación no beneficiaba a los endeudados en dólares.
–Como presidente del Central, ¿no podía evitar las renovaciones de los seguros de cambio que venían de mandatos anteriores y que permitieron el fenomenal traspaso de deuda privada al Estado?
–Los seguros de cambios se liquidan a su vencimiento o se renuevan en base a las nuevas condiciones. No se pueden cambiar retroactivamente para hacerlos más onerosos al que los compró.
–¿Las comunicaciones A136 y A137 del BCRA, emitidas durante su mandato, no significaron un beneficio para las empresas endeudadas?
–Esas circulares, en el único sentido en que beneficiaban a las empresas, es que si ellas conseguían postergar vencimientos en las condiciones impuestas por la oferta de dólares futuros evitaban tener que soportar la brecha entre el mercado financiero y el mercado comercial que estaba transitoriamente aumentada por efecto de la regulación de tasas de interés que yo había dispuesto.
–¿Por qué estuvo tan poco tiempo al frente del BCRA?
–Me pidieron la renuncia porque los endeudados en dólares querían que también se licuaran sus pasivos y yo me oponía, porque ello iba a significar una estatización de la deuda privada. Lamentablemente, cuando lograron remplazarme en el Banco Central consiguieron lo que querían y en setiembre de 1982 dispusieron la estatización lisa y llana de la deuda privada.
http://tiempo.infonews.com/nota/101854/cavallo-y-su-rol-en-la-estatizacion-de-la-deuda-privada-en-la-dictadura
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martes 11 de agosto de 2015
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11 de Agosto de 2015
A 30 años de su paso por la presidencia del Banco Central
Cavallo y su rol en la estatización de la deuda privada en la dictadura
Manuel Alfieri 01 de Julio de 2012 | 12:00
En el ’82, al frente de esa entidad, tomó medidas que prepararon el terreno para el traspaso a las arcas públicas de pasivos millonarios contraídos por 70 empresas en el exterior. Desde Yale, el ex ministro negó toda responsabilidad.
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@fotoD@ Mañana se cumplirán exactamente 30 años desde el día en que Domingo Felipe Cavallo asumió la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 2 de julio de 1982, durante la dictadura que encabezaba Reynaldo Bignone. Por su desempeño en ese cargo, Cavallo es señalado como responsable, junto con otros funcionarios, de una de las mayores tragedias económicas de la historia nacional: la estatización de la deuda externa privada. Es decir, el traspaso a las arcas del Estado de pasivos contraídos por empresas nacionales y extranjeras, con el objetivo de beneficiar a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy y pese a la intervención de la justicia, no fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.
Muchos economistas lo definieron, con ironía, como “el mayor acto de socialización” que haya ocurrido en la Argentina. Y fue, también, una muestra clara del fuerte componente cívico-militar que caracterizó a los años de plomo.
De acuerdo con los documentos a los que accedió Tiempo Argentino, gracias a la estatización de la deuda privada fueron beneficiadas más de 70 empresas. Entre las firmas nacionales más importantes se encuentran Sevel, por entonces, del Grupo Macri; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz; Loma Negra, de los Fortabat; y Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc. También hay corporaciones extranjeras, como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citybank y Supervielle, entre otros (ver listado).
A fines del ’83, el perjuicio para el Estado se estimó en 23 mil millones de dólares: más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares. “Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias”, aseguró a este diario uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.
Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. “Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia”, explicó Olmos Gaona (ver recuadro).
Los seguros de cambio se implementaron en 1981, cuando Jorge Rafael Videla fue remplazado por Roberto Viola al frente de la Junta Militar, y Martínez de Hoz abandonó el Ministerio de Economía. Viola colocó a Lorenzo Sigaut en el Palacio de Hacienda y el Banco Central quedó a cargo de Egidio Ianella. El 5 de junio de ese año, el BCRA aplicó el primer seguro de cambio, que inició un breve periplo hacia la estatización, lisa y llana, de la deuda externa privada.
Mediante este régimen, el BCRA les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió.
“El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central le cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal”, sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina. A los pocos días, a esta contribución indirecta se sumó una de tipo directo. El 10 de junio de 1981, con la firma de Ianella, el BCRA dispuso un subsidio a los deudores privados de U$S 0,23 por cada dólar de deuda.
Un año después, luego de la Guerra de Malvinas, Bignone asumió la conducción de la cúpula militar. José María Dagnino Pastore remplazó a Sigaut en Economía, y Cavallo desembarcó en el Central, tras la salida de Ianella. Como vicepresidente de esa entidad fue designado Rodolfo Clutterbuck, dueño de la empresa Alpargatas SA, una de las beneficiadas por la estatización de los pasivos.
Cavallo estuvo sólo 59 días en el cargo, pero le bastó para modificar el régimen de seguros de cambio, con el fin de “mejorar el perfil de la deuda financiera externa privada a la vez que procurar atenuar los perjuicios que provocaron a prestatarios locales”, sostuvo el ex ministro. Sin embargo, Basualdo remarcó que este nuevo mecanismo “no anuló el anterior, sino que fue otra alternativa para los deudores externos privados.”
El economista Gonzalo Guilardes explicó didácticamente la medida dispuesta por Cavallo: “Le aseguraba a las empresas privadas endeudadas en dólares comprar un dólar más barato. Si esa moneda valía 100 y él se lo vendía a los endeudados a 50, ¿quién pagaba la diferencia? El Central. Fue una licuación del pasivo de los privados a costa del erario público.”
A pesar de las acusaciones en su contra, Cavallo niega toda responsabilidad e incluso se victimiza. En diálogo con Tiempo, el ex ministro de Economía de Carlos Menem y la Alianza sostuvo: “Es una verdadera infamia que se me siga atribuyendo la decisión de estatizar la deuda privada, porque yo no fui quien la decidió” (ver entrevista aparte).
Es cierto que la operación se concretó con su sucesor en el BCRA, Julio González del Solar, que el 17 de noviembre de 1982 dictó la Comunicación A251, titulada, sin eufemismos, “transformación de la deuda externa privada en deuda pública”. Pero el propio Cavallo admitió su responsabilidad en ese proceso en uno de sus libros. En la página 62 de Economía en tiempos de crisis, aseguró: “Cuando me acusan de haber echado sobre las espaldas de los ahorristas la deuda de las empresas, omiten decir que al menos yo lo hice uniformemente.” En la página 126, Cavallo habla de “la licuación de pasivos que dispuse, siendo presidente del Banco Central, entre julio y agosto de 1982”. Allí expone los seguros de cambios propuestos por su antecesor, Sigaut, y comenta: “Fueron mucho más generosos que los que reglamenté mediante la circular A137.” Y en la página 128 del mismo libro, sostiene: “El que soluciona el problema en general se arriesga a que lo acusen, como me ocurrió a mí, de ser responsable de todas las cosas malas.”
Pero el “problema en general” estuvo lejos de solucionarse. El mayor crecimiento de la deuda externa en dictadura se dio cuando se aplicó el régimen de seguros de cambio de Ianella y Cavallo. Sólo en ese período, la Argentina engrosó la cifra en 10 mil millones de dólares.
Pese al intento de Cavallo por desligarse, el juez Jorge Ballestero, que investigó en la causa Nº 14.467 el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar, determinó en un fallo del año 2000 que el pasivo del sector privado se hizo público a través de los mencionados seguros de cambio. “Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior –sostiene el dictamen–, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio.”
Además, el juez determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, que debían ser abonados al Estado. Sin embargo, los funcionarios estatales jamás reclamaron ese dinero. Así, según las pericias, “con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas”, pero ni el BCRA ni el Banco Nacional de Desarrollo “iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas”.
Por si fuera poco, en el listado de compañías favorecidas aparecen algunas asociadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo a Cavallo entre sus fundadores. Algunas de esas firmas son Alto Paraná SA, Sevel, Astra, Pérez Companc, Banco Galicia, Banco Francés, Grupo SADE, IBM, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Banco Supervielle y Fiat. A fines del ’83, estas once corporaciones sumaban un total de 1779 millones de dólares de deuda.
“Este gran negociado lo manejó Cavallo, que en un tiempo muy breve produjo una transferencia de riqueza monumental hacia los empresarios”, aseguró Cafiero, quien a través de sus trabajos pudo establecer que “muchos de los préstamos que se efectuaron, en realidad, eran autopréstamos hechos por las empresas deudoras”. En ese sentido, Olmos Gaona agregó: “Con los seguros de cambio, las firmas privadas comenzaron a endeudarse ficticiamente para hacer un gran negocio.”
Así, el empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el BCRA, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballestero detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos.
Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaban Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Socma, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.
Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, “sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado.”
Pese a los intentos por condenar a los responsables de esta gran estafa, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.
A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada “en la que habría intervenido el entonces titular del Banco Central y luego ministro de Economía menemista y de la Alianza, Domingo Cavallo”.
Delgado señaló, además, que los privados “se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir de 1981, por el BCRA”. El fiscal planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas.
Hasta ahora, este pedido no tuvo ninguna respuesta, y de esa forma, a los millones estatizados por la dictadura, se sigue sumando otra deuda: la de la justicia.<
Olmos Gaona: “Fue todo una gran estafa”
@fotoI@ Alejandro Olmos Gaona es historiador e hijo del homónimo periodista fallecido que impulsó la causa penal por el origen ilegítimo de la deuda externa argentina, en 1982. Olmos Gaona demandó a un centenar de empresas que se beneficiaron con la estatización.
–¿Cómo logró la Junta Militar estatizar la deuda privada?
–Principalmente, a través de los seguros de cambio, establecidos durante la Presidencia de Domingo Cavallo al frente del Banco Central. Permitían que una empresa privada se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando esa moneda subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia. Con este mecanismo, los privados comenzaron a endeudarse ficticiamente para hacer un gran negocio.
–¿Cómo perjudicó al pueblo argentino esa maniobra?
–Cuando se van los militares, la deuda externa era de más de 45 mil millones de dólares. De ese monto global, la deuda privada era exactamente la mitad: 23 mil millones.
–¿Quiénes fueron los principales beneficiados?
–Socma y Sevel del Grupo Macri, Techint, Papel de Tucumán, Celulosa Argentina, entre otros. No es que el Estado se hizo cargo de las deudas porque estas empresas se iban a la quiebra. Estos sinvergüenzas fraguaron créditos, fue un festival de autopréstamos e ilícitos diversos. Una gran estafa.
–¿Cómo se detectó?
–Por ejemplo, cuando los investigadores hicieron una auditoría de Renault Argentina, vieron que su deuda era de 10 o 12 millones de dólares y que no debía ser pagada por el Estado, ya que una parte era deuda que tenía la casa Renault Argentina con su casa matriz en Francia. Es decir, había confusión entre deudor y acreedor: eran la misma cosa. Había otro préstamo que también era inverosímil, porque no era admisible que Renault le hubiese pedido al Barclays Bank 6 millones de dólares, cuando en ese mismo banco tenía depositados, a plazo fijo, más de 80 millones de dólares. En fin, los auditores vieron que todo era trucho.
–Esa deuda privada que fue estatizada, ¿se siguió pagando?
–Claro. Fue incorporada al patrimonio del Estado y siguió reciclándose permanentemente.
–¿No se puede accionar contra los responsables?
–Es lo que me pregunto. ¿Por qué el gobierno no llama a esta manga de delincuentes, como Franco Macri, y les dice que el Estado ha venido pagando una deuda suya desde 1983? Deben devolver la plata que pagamos todos.
–Cavallo asegura no tener responsabilidad. ¿Qué opina?
–Que Cavallo tiene mala memoria, porque la Fundación Mediterránea, que él integró, está compuesta por gran parte de los que se beneficiaron con la estatización de la deuda. Él dijo algo que es cierto: que no fue quien directamente estatizó la deuda porque no estaba al frente del Banco Central. Pero también es cierto que durante la época de Cavallo se implementaron los seguros de cambio. Toda esa operatoria salió de la matriz Cavallo. Y esa misma matriz se sostuvo en el menemismo.
Cavallo y la Junta Militar
Domingo Cavallo ingresó al Ministerio del Interior en abril de 1981, como secretario técnico y de coordinación. Fue dos años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos certificara que en la Argentina se aplicaba el terrorismo de Estado.
En julio de 1982, Cavallo llegó al Banco Central. Por entonces, en una conferencia en la Fundación Mediterránea, el joven economista cordobés aseguraba a los empresarios: “Nos encontramos con un gobierno que está cumpliendo la importante misión de llevar al país en la dirección de su institucionalización en lo político y que está tratando de resolver los problemas económicos.” Cavallo hablaba del gobierno de Reynaldo Bignone, el mismo que dictó la Ley 22.924 de autoamnistía para dirigentes de la dictadura, y que promulgó el Decreto 2726/83, que ordenó la destrucción de documentación sobre desaparecidos.
El ex ministro dice que no tuvo nada que ver con la estatización
@fotoI@ Distintos economistas e investigadores consultados por este diario coincidieron en señalar a Domingo Cavallo, presidente del Banco Central en dictadura, como uno de los responsables de la estatización de la deuda externa privada, pese a que él lo niega.
El ex ministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa accedió a contestar tan sólo uno de los varios correos electrónicos remitidos por Tiempo a su oficina en la Universidad de Yale, con las preguntas y respuestas que se reproducen a continuación. Cuando este diario le envió una segunda tanda de consultas, acerca del modelo económico de los militares y su rol en dicho proceso, Cavallo no volvió a contestar. Como en otras oportunidades, intentó desligarse de toda responsabilidad y acusó al periodismo. “Siguen abonando la mentira que en 1984 instaló el diario El Periodista. Entre paréntesis, ese diario jugaba en aquella época el mismo rol que hoy juega Tiempo Argentino”, sostuvo el ex ministro, que también asegura haber sido el primero en denunciar la estatización.
A continuación, las preguntas que contestó Cavallo antes de llamarse a silencio.
–Muchos investigadores coinciden en señalarlo como uno de los responsables de la estatización de la deuda externa privada.
–No, no es así. Los seguros de cambio que yo creé en julio de 1982 no perseguían licuar las deudas en dólares. La licuación de pasivos que yo había decidido era para las deudas que se habían indexado por la circular 1050 y el mecanismo fue el control de la tasa de interés. Pero esta licuación no beneficiaba a los endeudados en dólares.
–Como presidente del Central, ¿no podía evitar las renovaciones de los seguros de cambio que venían de mandatos anteriores y que permitieron el fenomenal traspaso de deuda privada al Estado?
–Los seguros de cambios se liquidan a su vencimiento o se renuevan en base a las nuevas condiciones. No se pueden cambiar retroactivamente para hacerlos más onerosos al que los compró.
–¿Las comunicaciones A136 y A137 del BCRA, emitidas durante su mandato, no significaron un beneficio para las empresas endeudadas?
–Esas circulares, en el único sentido en que beneficiaban a las empresas, es que si ellas conseguían postergar vencimientos en las condiciones impuestas por la oferta de dólares futuros evitaban tener que soportar la brecha entre el mercado financiero y el mercado comercial que estaba transitoriamente aumentada por efecto de la regulación de tasas de interés que yo había dispuesto.
–¿Por qué estuvo tan poco tiempo al frente del BCRA?
–Me pidieron la renuncia porque los endeudados en dólares querían que también se licuaran sus pasivos y yo me oponía, porque ello iba a significar una estatización de la deuda privada. Lamentablemente, cuando lograron remplazarme en el Banco Central consiguieron lo que querían y en setiembre de 1982 dispusieron la estatización lisa y llana de la deuda privada.
http://tiempo.infonews.com/nota/101854/cavallo-y-su-rol-en-la-estatizacion-de-la-deuda-privada-en-la-dictadura