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MACRI PUBLICIDAD CON FONDOS PUBLICOS Y PAUTA PUBLICITARIA - Jan 15
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TELAM INVESTIGA
No se cumple un decreto que obliga a hacer obras en redes de agua y cloacas
Continuación de la entrevista al presidente de la ONG Protocomuna Caballito.
-El Decreto 1.929/2006 que suspendió el trámite de los permisos de obra nueva o ampliación en distintos barrios de la Ciudad, fue dictado el 13 de noviembre de 2006. Pocos días antes, la Legislatura había aprobado un proyecto de ley, impulsado por el bloque “Juntos por Buenos Aires” que antecedió al Pro, por el que se exigía para obras nuevas o de ampliación y en edificios destinados a vivienda multifamiliar, la presentación de certificados de disponibilidad de redes de servicios públicos. ¿Ese proyecto no fue también un intento de poner orden en el otorgamiento de permisos de construcción y evitar así la proliferación de obras sin sustento en la infraestructura de agua, cloacas y electricidad?
Ese proyecto de Ley fue lo único, poco y malo, que sacó una Legislatura ya manejada por el PRO. En cambio, los vecinos reclamábamos limitar la altura de las nuevas construcciones, al igual que diputados de varios partidos políticos. El proyecto impulsado por el PRO pidiendo la presentación de nuevos trámites administrativos consolidó y dio nuevos aires a este modelo especulativo que tiene en cuenta por sobre toda las cosas la mayor rapidez en la recuperación de la inversión y de ahí que procure la limitación de los tiempos de obra, deje pasar la utilización de materiales de mala calidad y excluya la
capacitación de la mano de obra. Un resultado trágico del modelo que promueve esta gestión es que, por ausencia de cuidados y respeto por el otro, se han perdido vida de trabajadores y vecinos y se han ocasionado daños en propiedades linderas a las obras permitidas.
- Cumplido el plazo de 90 días fijado por el Decreto 1929/2006, el ejecutivo de la Ciudad dictó en el mes de febrero de 2007 el Decreto 220 por el cual se aprobó la intervención de AySA con la finalidad de solucionar el problema de las redes que no soportan la demanda de ese momento ni la generada por los permisos solicitados. ¿Qué efectos tuvo ese convenio?
El convenio entre la Ciudad y AySA muestra la total veracidad de las denuncias vecinales. Basado en el informe técnico realizado por la empresa de saneamientos pone de manifiesto la criticidad de la situación en los 5 barrios mencionados. Pero no tuvo una implementación en la realidad ya que no se realizaron las obras. Es más, no sólo no se realizaron sino que se siguieron entregando permisos para seguir destruyendo nuestra ciudad.
- Es decir que el Decreto 220/2007 quedó sin aplicarse.
Sí. Está en la página web de la Ciudad, se publicó en el Boletín Oficial. Forma parte del entramado legal de la Ciudad. Pero no tuvo cumplimiento real. Se reconoció el problema pero a lo largo de 4 años no se ha hecho nada.
- ¿Qué explicación existe para que habiendo quedado sin aplicación el decreto que comprometía la realización de obras, se sancionara como ley 2359 en el mes de junio de 2007, el proyecto del bloque “Juntos por Buenos Aires” que confluyó luego en el Pro y que, como usted dice, “consolidó y dio nuevos aires a este modelo especulativo” de construcciones?
Como le comenté, ese proyecto, hoy Ley, tendió a dar un basamento legal al modelo predatorio del medio ambiente y generador de altísimas ganancias para unos pocos y problemas para muchos. Es decir, era necesario disponer de una norma legal que sirviera de cobertura para la política de negocios cuantos más y mas rápido, mejor. Ese proyecto, hoy ley, consiguió que un permiso de obra se otorgue contra la presentación de un formulario que dice que se presentó una solicitud de verificación, no que la verificación se hizo.
- Llegamos a la situación actual: las certificaciones de factibilidad técnica se han convertido en un mero formulismo y las obras que se tendrían que haber comenzado a realizar a partir del mes de febrero de 2007, no se han hecho. Si ello es así, entonces la solicitud de factibilidad técnica funciona como una prefactibilidad. La misma se solicita para adjuntarla con el permiso de obra. En promedio, y por tipo de edificación, ¿que tiempos median entre ese trámite y la terminación de la obra?
Depende de la obra: entre 2 años si es muy pequeña y hasta 4 si es muy grande.
- El Dto 220/07 tiene como premisa que en ese tiempo, Aysa o el gobierno de la CABA, deberían hacer las obras en las redes de agua y cloacas. ¿Hoy, quién es el responsable de hacerlas?
Veamos, en primer lugar, los plazos. Las obras se dividen según el tiempo de construcción: un año, de corto plazo; de tres años, de mediano plazo. En el último párrafo del artículo tercero del convenio entre la Ciudad y AySA se establece que si pasado un año las obras en las redes no se realizaban, estas debían ser emprendidas por el Gobierno de la Ciudad, que nunca incluyó ni un centavo para ello en los
presupuestos 2008, 2009, 2010 ni 2011. Y ni siquiera, ante la falta de infraestructuras, limitó o suspendió la entrega de permisos y finales de obra en esos barrios.
Para que no queden dudas: es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien tiene que hacer las obras y nos las hizo ni las hace.
- Mientras continúa vigente el Decreto 220/07, se sigue construyendo con independencia de que las obras de infraestructura ni se iniciaron ni se inician… ¿Cuál es el balance en metros cuadrados de este verdadero descontrol?
En la última década se construyeron 15.000.000 de m2; 40% en los barrios que hablamos: 35% de ellos vivienda suntuosa, para ricos; un 20% vivienda lujosa para clase media alta; 25% de vivienda confortable, para clase media y 20% de vivienda sencilla, para clase media baja. Sin participación significativa de vivienda social en una ciudad con necesidad de 120.000 de viviendas sociales para satisfacer las necesidades de las 600.000 personas que viven en villas, asentamientos, núcleos urbanos transitorios, hoteles, inquilinatos, pensiones o en la calle directamente. Durante 10 años, y mucho más en este gobierno macrista, no se atendieron las necesidades de la ciudad en tanto espacio urbano que debe garantizar un piso de civilización para sus habitantes.
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TELAM INVESTIGA
No se cumple un decreto que obliga a hacer obras en redes de agua y cloacas
Continuación de la entrevista al presidente de la ONG Protocomuna Caballito.
-El Decreto 1.929/2006 que suspendió el trámite de los permisos de obra nueva o ampliación en distintos barrios de la Ciudad, fue dictado el 13 de noviembre de 2006. Pocos días antes, la Legislatura había aprobado un proyecto de ley, impulsado por el bloque “Juntos por Buenos Aires” que antecedió al Pro, por el que se exigía para obras nuevas o de ampliación y en edificios destinados a vivienda multifamiliar, la presentación de certificados de disponibilidad de redes de servicios públicos. ¿Ese proyecto no fue también un intento de poner orden en el otorgamiento de permisos de construcción y evitar así la proliferación de obras sin sustento en la infraestructura de agua, cloacas y electricidad?
Ese proyecto de Ley fue lo único, poco y malo, que sacó una Legislatura ya manejada por el PRO. En cambio, los vecinos reclamábamos limitar la altura de las nuevas construcciones, al igual que diputados de varios partidos políticos. El proyecto impulsado por el PRO pidiendo la presentación de nuevos trámites administrativos consolidó y dio nuevos aires a este modelo especulativo que tiene en cuenta por sobre toda las cosas la mayor rapidez en la recuperación de la inversión y de ahí que procure la limitación de los tiempos de obra, deje pasar la utilización de materiales de mala calidad y excluya la
capacitación de la mano de obra. Un resultado trágico del modelo que promueve esta gestión es que, por ausencia de cuidados y respeto por el otro, se han perdido vida de trabajadores y vecinos y se han ocasionado daños en propiedades linderas a las obras permitidas.
- Cumplido el plazo de 90 días fijado por el Decreto 1929/2006, el ejecutivo de la Ciudad dictó en el mes de febrero de 2007 el Decreto 220 por el cual se aprobó la intervención de AySA con la finalidad de solucionar el problema de las redes que no soportan la demanda de ese momento ni la generada por los permisos solicitados. ¿Qué efectos tuvo ese convenio?
El convenio entre la Ciudad y AySA muestra la total veracidad de las denuncias vecinales. Basado en el informe técnico realizado por la empresa de saneamientos pone de manifiesto la criticidad de la situación en los 5 barrios mencionados. Pero no tuvo una implementación en la realidad ya que no se realizaron las obras. Es más, no sólo no se realizaron sino que se siguieron entregando permisos para seguir destruyendo nuestra ciudad.
- Es decir que el Decreto 220/2007 quedó sin aplicarse.
Sí. Está en la página web de la Ciudad, se publicó en el Boletín Oficial. Forma parte del entramado legal de la Ciudad. Pero no tuvo cumplimiento real. Se reconoció el problema pero a lo largo de 4 años no se ha hecho nada.
- ¿Qué explicación existe para que habiendo quedado sin aplicación el decreto que comprometía la realización de obras, se sancionara como ley 2359 en el mes de junio de 2007, el proyecto del bloque “Juntos por Buenos Aires” que confluyó luego en el Pro y que, como usted dice, “consolidó y dio nuevos aires a este modelo especulativo” de construcciones?
Como le comenté, ese proyecto, hoy Ley, tendió a dar un basamento legal al modelo predatorio del medio ambiente y generador de altísimas ganancias para unos pocos y problemas para muchos. Es decir, era necesario disponer de una norma legal que sirviera de cobertura para la política de negocios cuantos más y mas rápido, mejor. Ese proyecto, hoy ley, consiguió que un permiso de obra se otorgue contra la presentación de un formulario que dice que se presentó una solicitud de verificación, no que la verificación se hizo.
- Llegamos a la situación actual: las certificaciones de factibilidad técnica se han convertido en un mero formulismo y las obras que se tendrían que haber comenzado a realizar a partir del mes de febrero de 2007, no se han hecho. Si ello es así, entonces la solicitud de factibilidad técnica funciona como una prefactibilidad. La misma se solicita para adjuntarla con el permiso de obra. En promedio, y por tipo de edificación, ¿que tiempos median entre ese trámite y la terminación de la obra?
Depende de la obra: entre 2 años si es muy pequeña y hasta 4 si es muy grande.
- El Dto 220/07 tiene como premisa que en ese tiempo, Aysa o el gobierno de la CABA, deberían hacer las obras en las redes de agua y cloacas. ¿Hoy, quién es el responsable de hacerlas?
Veamos, en primer lugar, los plazos. Las obras se dividen según el tiempo de construcción: un año, de corto plazo; de tres años, de mediano plazo. En el último párrafo del artículo tercero del convenio entre la Ciudad y AySA se establece que si pasado un año las obras en las redes no se realizaban, estas debían ser emprendidas por el Gobierno de la Ciudad, que nunca incluyó ni un centavo para ello en los
presupuestos 2008, 2009, 2010 ni 2011. Y ni siquiera, ante la falta de infraestructuras, limitó o suspendió la entrega de permisos y finales de obra en esos barrios.
Para que no queden dudas: es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien tiene que hacer las obras y nos las hizo ni las hace.
- Mientras continúa vigente el Decreto 220/07, se sigue construyendo con independencia de que las obras de infraestructura ni se iniciaron ni se inician… ¿Cuál es el balance en metros cuadrados de este verdadero descontrol?
En la última década se construyeron 15.000.000 de m2; 40% en los barrios que hablamos: 35% de ellos vivienda suntuosa, para ricos; un 20% vivienda lujosa para clase media alta; 25% de vivienda confortable, para clase media y 20% de vivienda sencilla, para clase media baja. Sin participación significativa de vivienda social en una ciudad con necesidad de 120.000 de viviendas sociales para satisfacer las necesidades de las 600.000 personas que viven en villas, asentamientos, núcleos urbanos transitorios, hoteles, inquilinatos, pensiones o en la calle directamente. Durante 10 años, y mucho más en este gobierno macrista, no se atendieron las necesidades de la ciudad en tanto espacio urbano que debe garantizar un piso de civilización para sus habitantes.
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ELAM INVESTIGA
Recurso de amparo por obras que producen daño ambiental en cinco barrios
Final de la nota con el titular de la ONG Protocomuna Caballito.
-El problema de las construcciones nos lleva al modelo de ciudad que las fuerzas políticas proponen para Buenos Aires…
El modelo actual es destructivo más que constructivo y está realizando la inversa de lo que se propuso en la Constitución de la Ciudad: está ampliando las diferencias entre las zonas desarrolladas y con alta densidad habitacional del norte y del centro de la ciudad y las poco desarrolladas y con escasa densidad del sur. Las desregulaciones y la falta de control y decisión estratégica de la Ciudad nos llevan a situaciones que ponen en vulnerabilidad el tejido urbano creando guetos de clase alta y de clase baja. Al modo de espejos invertidos. Lugares de no ciudad, donde solo algunos caminan. Este proceso decadente lleva a la profundización de las diferencias sociales. En una ciudad con un 20% de su población con necesidad de vivienda social y otro 20% con necesidad de vivienda económica; 4 de cada 10 porteños tienen necesidad de vivienda y no fueron ni por casualidad alcanzados por este auge constructivo de los últimos 8 años. Es menester modificar el Código de Planeamiento Urbano limitando la construcción en los barrios ya densamente poblados para favorecer el crecimiento de las zonas postergadas de la ciudad.
-Ud. representa a la asociación vecinal “Protocomuna Caballito”: ¿qué está haciendo la organización frente al problema de sobre construcción en zonas densamente pobladas y con redes de servicios en estado crítico?
En la búsqueda de transitar todos los caminos que puedan aportar una solución a este problema en los últimos días de diciembre presentamos un pedido de amparo en el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
que deberá resolver la Dra, Karina Cicero, a cargo del juzgado 14 de ese fuero. Ante el evidente daño ambiental estamos pidiendo se suspendan los permisos y finales de obra nueva para vivienda multifamiliar en Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Palermo, Caballito y Coghlan hasta que se
realicen los 320 kilómetros de cañerías. En definitiva sólo estamos pidiendo a la Justicia que se cumpla con la Ley. Esos edificios se comenzaron a construir a pesar de que los informes indicaban niveles de colapso y criticidad de las redes de servicios y sin tener en cuenta que sus habilitaciones estaban supeditadas a que fueran hechas esas obras en las redes. Obras que no fueron realizadas y por lo tanto, los edificios no deben habilitarse. Ni entregarse nuevos permisos.
-¿Se conoce, aproximadamente y por los anuncios de obra, el cronograma de entrega de las unidades a sus compradores?
En los 3 meses siguientes a partir de marzo se habilitaran en Buenos Aires centenares de obras comenzadas en 2006 y 2007, un 40% de ellas en los territorios de estos cinco barrios, son casi 2.0000.000 de m2 que ingresaran de golpe y con ellos los incrementos de las demandas de agua y
cloacas.
-¿Ustedes pensaron en contactarse con los compradores para advertirlos de la situación?
Lo hacemos dentro de lo limitado de nuestras posibilidades en nuestras gacetillas, blogs y sitios de internet. Pero sufrimos de la maldición de Casandra. Decimos la verdad pero no nos tienen en cuenta.
- Uno puede pensar en términos de fotografía y película. Si nos imaginamos lo último, es decir, una película, ¿en qué secuencia nos encontramos en relación con los barrios saturados y en los que se plantaron las obras a que hace Ud. referencia?
Estamos en un momento muy difícil. Funcionarios de la Ciudad como el ministro de Desarrollo Urbano Chain y su subsecretario Lostri participan de emprendimientos inmobiliarios en una de las zonas más golpeadas. El zorro cuida el gallinero. El decreto 220/07, fruto de una gran movilización vecinal no se cumplió y no se construyeron los 320 Km. de cañerías. Sin embargo se siguieron entregando permisos y finales de obra alegremente en estos barrios. La situación es dramática. ¿Cómo se explica por ejemplo que el 70% de las demoliciones sean ilegales sin complicidad de la Ciudad? En realidad, estamos ante una película titulada Buenos Aires colapsa.
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