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Un exvicepresidente de Boca dijo que Macri ya manejaba sociedades offshore

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DEPORTES / MÁS EVIDENCIAS DE LA EVIDENCIA
Un exvicepresidente de Boca dijo que Macri ya manejaba sociedades offshore
El ex vicepresidente de Boca, Roberto Digón, aseguró que Macri “está tratando evadir impuestos o alguna forma de oscurecer operaciones" y que su modus operandi se remonta a cuando era presidente del club. El antecedente.

De la Redacción de Diario Registrado / Viernes 8 de abril de 2016 | 14:29
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"Con esas maniobras Macri está tratando evadir impuestos o alguna forma de oscurecer operaciones", aseguró el exvicepresidente de Boca, Roberto Digón, en una entrevista que concedió al diario Crónica.

Nota relacionada: Angelici le tiró la pelota a Macri: "Las cuentas de Boca afuera están hace 20 años"

El antecedente

Tal publicó La Nación, 24 de julio de 2005 (“Pedirles plata y sacarles el 15% no es novedad”), hace diez años varios jugadores de Boca denunciaron que la comisión directiva les pedía porcentajes de hasta 15 por ciento de sus contratos o transferencias.

El ex vicepresidente del Club, Roberto Digón, denunció aquella vez que Macri “tiene una cuenta en las Islas Vírgenes a nombre de sus testaferros, Fernando Hidalgo y Gustavo Arribas”.

El tiempo está después

Arribas, escribano, empresario y amigo íntimo de Macri, fue designado como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI (ex SIDE). El hombre es ex socio de Mascardi, responsable de la venta y compra de jugadores para River y Boca, suma sospechas de lavado y hasta vínculos con la mafia rusa e israelí.

Arribas apreció en los Panamá Papaers, entre los titulares de sociedades offshore. Y en Brasil, tal informó el diario Folha de San Pablo en marzo, cinco empresas offshore, entre ellas una a nombre de Gustavo Arribas y Fernando Hidalgo, formaban parte de los misteriosos aportantes de dinero del grupo MSI, que gerencia a Corinthians y está investigado en Brasil por presunto lavado de dinero.

Tras la venta de Tévez desde Brasil al West Ham de Inglaterra, estalló una investigación que conmovió al fútbol brasilero sobre las vinculaciones de los gerenciadores de su ex club Corinthians – Media Sports Investements, MSI – con el lavado de dinero del narcotráfico.

El elegido por Macri para la AFI fue también está acusado de operar para la mafia rusa debido a su vínculo con Boris Beresovsky, exdueño de de la aerolínea Aeroflot y diversos bancos rusos.

Arribas además fue protagonista del pase de Carlos Tévez al Corinthians (lo informado por Macri difirió – según el momento – en U$S 2.500.000) pasando al origen dudoso de los fondos (no provenían del comprador brasilero, sino de paraísos fiscales) y llegando a la relación personal del escribano Arribas con el presidente boquense.

El elegido por Macri para la AFI fue también está acusado de operar para la mafia rusa dada su ligazón con Boris Beresovsky, ex dueño de de la aerolínea Aeroflot y diversos bancos rusos.

Arribas además fue protagonista del pase de Carlos Tévez al Corinthians (lo informado por Macri difirió – según el momento – en U$S 2.500.000) pasando al orígen dudoso de los fondos (no provenían del comprador brasilero, sino de paraísos fiscales) y llegando a la relación personal del escribano Arribas con el presidente boquense.

Entonces


Demasiadas evidencias para haber llegado a presidente de la Nación. Demasiadas evidencias para entender por qué un hombre ligado a las transacciones de jugadores puede ser hoy titular de la ex SIDE del gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri.

Demasiadas evidencias para mantenerse, aún, en su cargo.
http://www.diarioregistrado.com/deporte-registrado/macri-en-boca--ya-manejaba-sociedades-offshore_a5707ea8708087b754440584d

Digón: "Pedirles plata y sacarles el 15% no es novedad"
DOMINGO 24 DE JULIO DE 2005
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Roberto Digón, ex vicepresidente de Boca entre 1996 y 2003, había tirado la primera piedra un día antes de las declaraciones de Marcelo Delgado. "Hubo problemas serios entre el presidente y Delgado en Corea del Sur, una situación vergonzosa. En esa discusión, Macri le habría pedido algún dinero a Delgado, que se enojó y después salió a decir que no lo dejará ir, pero pasaron otras cosas", había dicho en Radio Concepto.

Sin embargo, luego de las duras palabras del Chelo Delgado, ayer Digón volvió a hablar, esta vez en Radio Belgrano, en el programa "En los Estadios". Y dijo: "Escuché al Chelo, pero pedirles plata a los jugadores y sacarles el 15% para mí no es ninguna novedad. Esto produjo el alejamiento de varios dirigentes en los últimos tiempos en Boca. Jorge Bermúdez hizo la denuncia; dijo que él perdió un pase a Barcelona, de España, porque los dirigentes le habían pedido dos millones de dólares para dejarlo ir. Lo mismo pasó con Barijho. Con Riquelme hubo un gran escándalo y me gustaría que hable Tevez. De parte de la gente de Delgado se dijo que le habían pedido 500.000 dólares para dejarlo ir a Japón. La política es muy cara y Macri dijo hace rato que lo más importante es el dinero. Macri no tiene escrúpulos", disparó Digón, y también denunció que Macri "tiene una cuenta en las Islas Vírgenes a nombre de sus testaferros, Fernando Hidalgo y Gustavo Arribas".

http://www.diarioregistrado.com/deporte-registrado/macri-en-boca--ya-manejaba-sociedades-offshore_a5707ea8708087b754440584d

Periódicos argentinos ocultaron vínculo entre Macri y 'offshore'

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Periódicos argentinos ocultaron vínculo entre Macri y 'offshore'
Por Stella Calloni, corresponsal mar, 05 abr 2016 21:43
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El presidente argentino, Mauricio Macri. Foto Afp

Buenos Aires. Los periódicos Clarín y La Nación conocían el involucramiento del actual gobernante argentino Mauricio Macri en cuentas offshore desde el pasado 15 de noviembre, días antes de la segunda vuelta electoral y lo mantuvieron en secreto para que no lo afectara en la contienda del 22 de ese mes, que finalmente lo llevó a la presidencia.

Según el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, quien participó en las investigaciones sobre Los papeles de Panamá que revelaron las existencia de cuentas en paraísos fiscales, se postergó la fecha de publicación de la noticia debido a la campaña electoral, para no “perjudicar a Macri”.

Esto fue analizado aquí como un “encubrimiento” de hechos, engañando a la sociedad.

Luego Alconada Mon intentó justificar esta situación en su blog Valijeros, y dijo que la cantidad de material forzó la postergación de su presentación pública.

El periodista estuvo en el primer grupo que analizó los documentos que recibió el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y que sumó a 370 profesionales de más de un centenar de publicaciones de 78 países, que recibieron el material hace un año.

Este martes cuando todos los sectores políticos esperaban la aparición pública de Macri, el mandatario reunió a su gabinete, y luego viajó a la provincia de Córdoba y dejó en manos de su jefe de gabinete Marcos Peña la conferencia de prensa para “explicar” el tema de su cuenta en un paraíso fiscal.

Peña se limitó a decir que el mandatario no tiene cuentas ni activos no declarados. “No hay nada que explicar”, sostuvo sin mostrar ninguna prueba, desligándolo de toda responsabilidad y atribuyendo todo a Franco Macri, padre del mandatario.

Además del presidente varios funcionarios y referentes de la derechista alianza gobernante Cambiemos están salpicados por el escándalo.

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y amigo de Macri, figura en los documentos como uno de los directores de la sociedad Corbalan Services Inc, registrada en Panamá en 2004. Recientemente Angelici fue señalado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió como el “operador” de Macri en la justicia.

Otro involucrado es el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien está en la dirección de la empresa Kalushy, según consta en el Registro Público de Panamá.

Avruj explicó este martes que “nunca tuvo sociedades offshore”, y aclaró que figura en una “sociedad anónima” de Panamá debido a su paso por ese país cuando trabajaba en la organización judía B'nai B'rith.

También el ministro porteño de Cultura, Darío Lopérfido, aparece como director de Supernova Productions, inscrita en el paraíso fiscal de Panamá, cuenta que comparte con Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente Fernando De la Rúa, de acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Invetsigación (ICIJ), co sede en Washington.

El alcalde de Lanús, el macrista Néstor Grindetti admitió este martes que tuvo “un poder para la administración general de la empresa Mercier Internacional entre 2010 y 2013”, pero que “nunca se registraron movimientos económicos”, y dijo que “desconoce completamente la apertura” de una cuenta en Suiza a su nombre. Grindetti fue ministro de Hacienda del gobierno de Buenos Aires bajo la titularidad entonces del actual presidente.

Ante el silencio de los grandes medios que siguen tratando de encubrir a Macri, el Süddeutsche Zeitung destacó en un texto firmado por su corresponsal en Brasil, Boris Herrmann “que al presidente (Macri) lo tratan muy bien los grandes medios”, estableciendo la diferencia de criterio aplicado en la línea editorial: “A su antecesora (Cristina Fernández de Kirchner) se la sometía a fuertes presiones para que deje el cargo”.

Otra forma de distraer la situación es el uso que se intentó dar al hecho de que también figuraba un ex secretario del fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) Daniel Muñoz. Pero este personaje dejó su puesto en 2009 denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, y prácticamente defenestrado por la ex presidenta Fernández de Kirchner. En 2012 comenzó a operar con una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI. Por sus siglas en inglés). Desde 2013 Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, estuvieron vinculados a Gold Black Limited, una compañía fundada tres años antes en las BVI, con el objetivo de comprar una propiedad en los Estados Unidos y en 2015 “se recibió una solicitud de Daniel Muñoz y Carolina Pochetti solicitando 25 mil acciones cada uno”, lo cual es aceptado por la firma, señala La Nación


http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/05/periodicos-argentinos-ocultaron-vinculo-entre-macri-y-offshore





domingo, 3 de abril de 2016
Sobre ICIJ, los "Panamá Papers" y la Argentina
Visto el "ruido" generado durante las primeras horas de publicación de "The Panamá Papers", acaso sirvan algunas aclaraciones:

1. Los únicos medios de la Argentina que analizaron el material durante el último año fueron LA NACIÓN y Canal 13 (y sólo Canal 13, no el diario Clarín, ni Radio Mitre).

2. Todos los demás medios argentinos, aunque no consignen el crédito, levantan el material que publica LA NACIÓN, Canal 13 o que circula por Internet.

3. ¿Qué circula en Internet? El material que subieron otros medios convocados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en inglés, para analizar el material.

4. La investigación comenzó hace un año, cuando un grupo de periodistas nos reunimos en la redacción del Süddeutsche Zeitung, en Munich. Entre otros, profesionales de The Guardian, Le Monde, Miami Herald, L'Espresso, BBC, LA NACION, Canal 13 y algunos pocos más. (Ya sobre el final del proyecto, éramos 370 periodistas de más de 100 medios de todas partes del mundo)



5. La información es INMENSA: unos 11,5 millones de documentos internos de Mossack Fonseca, la mayor empresa creadora de sociedades fantasma en paraísos fiscales de todo el mundo. Equivale a 46 veces el material disponible en Wikileaks.

6. Analizar el material consumió meses. Sólo en la Argentina combinó los esfuerzos de Mariel Fitz Patrick (por Canal 13), Iván Ruiz, Maia Jastreblansky, Ricardo Brom y Romina Colman, entre otros (por La Nación).

7. ¿Por qué hay material que sale en otros países antes que en la Argentina y viceversa? Porque resulta de interés periodístico en varios países. ¿Un ejemplo? El diario inglés The Guardian empezó por el premier ruso, Vladimir Putin, porque la ruta del dinero pasaba por Londres. ¿Otro? El español El Confidencial optó por Lionel Messi porque, aunque argentino, afronta una acusación penal por presunta evasión del fisco español. ¿Otro más? ABC de Paraguay comenzó por el presunto pago de sobornos a dirigentes de la Conmebol, porque la sede de esa entidad es en Paraguay.

8. ¿Las publicaciones ya están planificadas? Sí y no. Dado que el lanzamiento mundial se acordó para el domingo 3 de abril por la tarde (hora argentina), LA NACION decidió comenzar con una publicación general en su website, detallando hallazgos generales y un anticipo de los principales argentinos involucrados. La idea era empezar a publicar material más profundo en la edición papel del lunes sobre el Presidente Mauricio Macri y, también, Messi. Pero en la era de Internet, las revelaciones de otros medios, como El Confidencial, nos obligaron a adelantar el material completo sobre Messi, mientras que la Casa Rosada difundía un comunicado con su posición y también nos obligó a reformular nuestra cobertura.

9. ¿Cuántos días se publicará material? Dependerá de múltiples factores. El primero, el interés de la audiencia; también, la competencia con otros temas calientes (y hay varias coberturas calientes ya en marcha o por comenzar), entre otros.

10. ¿Se difundirá la información completa vía Internet? Esa es una decisión que depende sólo de ICIJ y del Süddeutsche Zeitung, al punto que TODOS los periodistas que fuimos convocados a Munich firmamos un acuerdo de confidencialidad por el que NO podemos pasar esa información a otros periodistas o medios de comunicación, ni subirlos a Internet.

11. ¿Por qué esa reserva? Entre otros motivos, y al igual que ocurrió en Wikileaks o la filtración sobre las cuentas en Suiza del HSBC, hay información sensible. ¿De qué tipo? En Wikileaks, por ejemplo, aparecían los nombres reales y ficticios de agentes encubiertos de la DEA en operaciones contra el narcotráfico. Publicar esos cables quizá hubiera significado la muerte de esos agentes o, cuanto menos, el fin de los operativos. ¿Otro ejemplo? Difundir la lista completa de los titulares de cuentas bancarias en Suiza, sin importar si tenían montos bajos y no eran personajes públicos hubiera dado una lista de potenciales victimas a secuestradores y secuestradores virtuales. (Y prefiero bancarme acusaciones de supuesto "encubrimiento", que no es tal, que cargar con una potencial muerte o secuestro sobre mi conciencia).

AÑADIDO I

12. ¿Por qué se publicó AHORA este material y no antes? Porque el material es, reitero, INMENSO y tomó meses analizarlo (y aún no lo hemos terminado). Y porque para acceder a la info hay que firmo un acuerdo con ICIJ por el cual se determina que ICIJ fija la fecha de publicación mundial. Primero iba a ser el 15 de noviembre pasado (fecha por la que bregamos los argentinos dada la campaña electoral), pero la cantidad de material forzó la postergación a febrero, luego a marzo y, por último, a hoy, 3 de abril.

13. ¿Podíamos publicar algo antes? Sí y no. Como poder, podíamos. Pero hubiera significado violar un acuerdo de confidencialidad, romper la palabra acordada y convertirnos en parias del periodismo global. Al principio hubiéramos gozado de los frutos de corto plazo. Pero a la larga hubiéramos sufrido las consecuencias. Y, además, aún acelerando a fondo, mucho del material pudimos detectarlo y analizarlo durante las últimas semanas. Reitero: es Wikileaks multiplicado por 46: unos 2.6 terabytes de información. Y hay que encontrar las agujas en un pajar de 11,5 millones de documentos (si cada documento fuera de apenas 1 pàgina, y un 1 libro promedio es de 300 páginas, el equivalente a "peinar" 38.333 libros). Y reconstruir los rompecabezas.

AÑADIDO II:

14. ¿Debimos publicar antes la historia sobre Macri? Insisto y profundizo el punto 13: para acceder al material firmamos un acuerdo que estipuló que ICIJ definía la fecha de publicación mundial. Eso nos permitió organizarnos a todos los periodistas involucrados alrededor del orbe, aunque a veces resultó un "corset". Porque la fecha inicial era el 15 de noviembre (justo antes de la 2da vuelta electoral; fecha que queríamos los argentinos), pero luego se postergó y quedamos atados. Y no es la primera vez que nos pasa. Cuando analizábamos las cuentas del HSBC en Suiza, la AFIP de Ricardo Echegaray comenzó a difundir esa información de manera tergiversada y manipulada. Nosotros pedimos entonces poder adelantar nuestra publicación para revelar toda la información sobre el HSBC (no sólo lo que Echegaray manipulaba) y la respuesta que recibimos de ICIJ fue negativa. mantuvo la fecha de difusión mundial ya acordada y debimos esperar. Acá pasó algo similar. ¿Queríamos publicar antes? Sí. ¿Podíamos? No. ¿Habríamos publicado antes si en vez de una sociedad offshore vinculada a Macri hubiera aparecido una cuenta secreta de los Kirchner o de Daniel Scioli en plena campaña electoral? La respuesta es la misma: no.

15. Derecho de defensa: algunos se sorprenden que le "avisamos" a Macri sobre nuestra publicación. De hecho, llamamos a TODOS. También a Messi, al socio de Cristóbal, a Muñoz, a Grindetti, como así también a otros sobre los que aún no publicamos. Lo mismo hicieron TODOS los periodistas involucrados. Es una premisa de trabajo: antes de publicar se da la oportunidad al investigado de que explique lo que quiera explicar (o que no explique y ya). Lo mismo, en suma, que hago cada vez que escribo sobre alguien para LA NACION en mis investigaciones diarias.

16. La otra sociedad de Macri: ahora salió a la luz otra sociedad de los Macri en Panamá, Kagemusha SA. Y ya vi algunos que criticaban que no hubiéramos publicado sobre esa firma. Simple: nosotros revisamos los 11,5 millones de documentos internos de Mossack Fonseca. Y esa sociedad NO fue creada ni administrada ni tiene vínculo alguno con Mossack Fonseca. Ergo, no está dentro del material que revisamos durante meses porque se creó y administró por otro estudio.

17. Y en cuanto al comentario del corresponsal en Río de Janeiro del Süddeutsche Zeitung (que al parecer se sorprendió porque LA NACION y Clarín fueron supuestamente suaves en su cobertura sobre la sociedad offshore de Macri, aunque él NO tuvo acceso a la información de la redacción central del Zeitung y nosotros sí), sólo diré que lo mismo ocurrió con la sociedad Val de Loire. Los colegas del Zeitung estaban obsesionados con decir que pertenecía a Cristóbal López o, incluso, a los Kirchner. Al igual que sobre ciertos datos que surgían sobre Nevada y Lázaro Báez, que de inmediato querían pegar a los Kirchner. En ambos casos, nosotros les pusimos un freno a los colegas del Zeitung. Y fue necesario aclararlo varias veces. Si vamos a contar, contemos todo.

Si resultan necesarias más aclaraciones, ampliaré este post.

AÑADIDO DEL MIÉRCOLES 6/ABRIL, A LAS 22.45:

ICIJ acaba de subir a Internet sus respuestas a las preguntas más frecuentes. El texto confirma varias de las aclaraciones que publiqué durante los últimos días, las complementa y/o enriquece. El link a ese texto (en inglés), acá.

http://valijeros.blogspot.com.ar/2016/04/sobre-icij-los-panama-papers-y-la.html
http://valijeros.blogspot.com.ar/

Macri impulsó instalación sociedades offshore

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Domingo, 10 de abril de 2016

EL PAIS › COMO JEFE DE GOBIERNO Y PRESIDENTE IMPULSO LA INSTALACION DE LAS SOCIEDADES OFFSHORE EN LA CAPITAL. HASTA AHORA LO FRENO GILS CARBO
Macri, un ejemplo de coherencia


Cuando llegó a la Jefatura de Gobierno, Macri impulsó la aprobación de una ley que transformaba a la ciudad de Buenos Aires en un virtual paraíso para esas compañías. Lo frenó Alejandra Gils Carbó, a quien él ahora quiere echar. Apenas llegado a la presidencia volvió a la carga y ya consiguió una jueza que anuló lo actuado por la actual procuradora y revivió el proyecto pro offshores.



Por Nora Veiras
Nadie debería sorprenderse del entusiasmo de Mauricio Macri por armar sociedades offshore para impulsar sus negocios. Apenas llegó a la Jefatura de Gobierno de la ciudad intentó transformar a Buenos Aires en un paraíso para ese tipo de empresas. Nadie debería sorprenderse tampoco de su obsesión por desplazar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación. Fue ella, desde su lugar de fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, la que durante ocho años consiguió impedirlo. En estos días algunos recordaron que fue mediante la utilización de una sociedad de ese tipo como su empresa Sevel realizó las maniobras de contrabando que llevaron a su procesamiento en febrero de 2001, pero pocos tomaron nota que favorecer el uso de las sociedades offshore estuvo en el centro de sus preocupaciones durante sus dos mandatos como Jefe de Gobierno primero, y en sus escasos meses como Presidente después.

Aunque desde que los Panama Papers dejaron al descubierto sus sociedades en paraísos fiscales Macri trató de tomar distancia del tema culpando a su padre, a poco de asumir como Jefe de Gobierno el ahora presidente impulsó y logró la sanción de una ley para crear una Inspección General de Justicia porteña, destinada a evitar los controles reforzados que bajo la dirección de Ricardo Nissen había impuesto la IGJ nacional. El objetivo de Macri era claro: transformar a la ciudad de Buenos Aires en el refugio de las sociedades offshore que veían dificultado su accionar desde la resistida reforma de Nissen.

La entonces fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial Alejandra Gils Carbó, la actual Procuradora, planteó entonces la inconstitucionalidad de la ley porteña y consiguió impedir su puesta en marcha con una medida cautelar. Durante ocho años, en los que los Kirchner se sucedieron en la presidencia, el expediente recorrió sin éxito más de un cajón de tribunales. Casualmente, hace apenas un mes y medio, cuando Macri y su perro Balcarce ya se turnaban en el sillón presidencial, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez rechazó las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, y dejó expedito el camino para que ahora sí, cuando el PRO controla tanto los resortes porteños como los nacionales, las sociedades offshore puedan de una vez enseñorearse en la ciudad. Les queda pendiente solo un obstáculo: conseguir que sea ignorada la apelación presentada por la ahora fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda. Confiados en la influencia que Macri ha demostrado tener sobre extensos segmentos del Poder Judicial en los cortos meses que lleva en la Rosada, en el Gobierno de la Ciudad ya empezaron a diseñar los mecanismos para armar la IGJ local.

La tragedia de las offshore

La Inspección General de Justicia no se limita a la automática inscripción de sociedades sino que juega un papel central en el control de esos entes. Durante los ‘90 proliferaron las sociedades offshore provenientes de los más variados paraísos fiscales. En 2004, la tragedia de Cromañón en el barrio de Once, donde murieron 194 personas, derivó en la fijación de normas estrictas para actuar en la ciudad. La propiedad del local figuraba a nombre de una sociedad uruguaya offshore llamada Nueva Zarelux S.A. La investigación de la IGJ develó que había sido fundada por Henry Luis Vivas, un jubilado, changarín. “Fui, firmé y me retiré”, le dijo Vivas en el 2005 a Página/12. Junto con otra socia aparecía como presidente de otras tantas sociedades uruguayas. Un estudio de abogados les pagaba unos pesos por figurar como socios en compañías constituidas en Uruguay. La IGJ concluyó que aún cuando Rafael Levy no figuraba en ningún documento otorgado por la sociedad había evidencia de que era el controlante de la misma. Sin embargo, durante años el entramado societario ficticio lo mantuvo a cubierto de las consecuencias patrimoniales y penales del estrago del 30 de diciembre de 2004. Ninguna offshore se crea como mecanismo de transparencia.

Nissen recordó que en ese momento, cuando él encabezaba la IGJ, se empezaron a poner condiciones para desalentar la operación de las offshore que permiten diluir las responsabilidades de los verdaderos dueños. Se establecieron mecanismos para regularizar esas sociedades fijando un capital social adecuado, la nominalidad de las acciones, y se obligó a que pagaran dividendos. “En la Ciudad de Buenos Aires había 17 mil propiedades offshore, todas radicadas en Belgrano, Palermo Chico, Barrio Parque”, señaló el ex funcionario. En las torres Le Parc de Figueroa Alcorta, por ejemplo, casi todos los pisos eran propiedades offshore. Sólo ricos y famosos acceden a esa “contabilidad creativa” que les permite ocultar bienes, evadir impuestos y desentenderse de las consecuencias de actos ilegales.

“En las dos últimas décadas, el progresivo abuso de formas societarias offshore con fines de fraude a la ley ha generado un mundo jurídico paralelo, donde la eficacia de las leyes imperativas decae en beneficio de un sector privilegiado provocando un grave daño al resto de la sociedad. Cualquier estudio jurídico-contable que asesore en cuestiones que atañen a la evasión de impuestos y de responsabilidad ante terceros tiene un departamento dedicado a la creación de ‘sociedades offshore o pantalla’ a disposición de sus clientes”, explicó Gils Carbó en su presentación ante la Justicia en noviembre de 2008. Ante la develación del affaire de los Panama Papers, la descripción fiscal cobra vigencia: “a la par que se pregona la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, se mantiene un sistema que permite a las elites sustraerse del ordenamiento legal”. “La oferta de opacidad en que se basa el negocio de las plazas offshore se completa con la imposibilidad de realizar cualquier investigación y obtener alguna prueba en los ‘paraísos de la impunidad’”, advertía hace ocho años Gils Carbó.

La idea fija

Apenas se develó la participación de Macri en las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, desde el Gobierno aguzaron su ingenio y dijeron que había sido “director ocasional”. Ante la escalada de la repercusión internacional que lo ponía entre los 12 líderes políticos del mundo que no habían informado sobre sus negocios en paraísos fiscales, el Presidente dijo “está todo perfecto. No hay nada extraño en esa operación declarada frente a la DGI Argentina por mi padre (Franco)”. Una denuncia judicial lo transformó en imputado y tendrá que demostrar por qué para ser transparente hay que armar empresas offshore en paraísos fiscales. Otros miembros del entorno de Macri como Néstor Grindetti (ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús) y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos aparecieron en los Panama Papers o denuncias paralelas.

La obsesión del PRO por estas sociedades pantalla es una constante desde que llegaron al poder político. Macri asumió en diciembre de 2007 como jefe de Gobierno porteño. El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura “la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Nissen ironiza: “No se trató de un mediático clamor popular reclamando un registro porteño por casos de corrupción o denuncias contra IGJ lo que motivó esa ley”.

La formación de un registro “mellizo” del Nacional que se anunciaba con trámites más ágiles y rápidos en una jurisdicción que por la ley de autonomía de la comuna –conocida como ley Cafiero– mantiene en la Nación las atribuciones de la IGJ fundamentaron el planteo de inconstitucionalidad de la fiscal el 2 de febrero de 2009. “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”, sostuvo la fiscal y abundó: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de offshore (...) La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”.

La presentación se realizó ante el fuero Comercial, el derrotero judicial llevó la causa al fuero Contencioso Administrativo y, ocho años más tarde, la jueza subrogante Marra Giménez desconoce las atribuciones de la fiscalía como demandante.

La forma como pantalla

Durante el kirchnerismo, Gils Carbó ascendió a la Procuración General de la Nación con acuerdo mayoritario del Senado. Ya en campaña electoral Mauricio Macri la había elegido como una de las funcionarias a eyectar de su cargo a pesar de la estabilidad que le garantiza la ley. Entre los motivos de su antipatía hacia la funcionaria se encuentra la medida cautelar con la que logró suspender la IGJ porteña. Esta semana, la frontalidad del embate mutó a cuatro proyectos de ley para recortar sus atribuciones que el Gobierno acaba de enviar al Congreso. El acotamiento de su permanencia a cuatro años, que el ministro de Justicia Germán Garavano pretende aplicar en forma retroactiva, y la fragmentación de la Procuración para subordinarla políticamente son los ejes de la reforma de Cambiemos.

Gabriela Boquin, la nueva fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial y el fiscal en lo Contencioso Administrativo Fabián Canda apelaron el fallo de Marra Giménez y cada uno fundamentará antes de fin de mes su decisión. Boquin consideró ante Página/12 que “el fallo de por sí es nulo porque le niega legitimidad procesal al Ministerio Público fiscal cuando la Constitución establece que su función es velar por el interés general y el debido proceso” y destacó que este fallo que después de ocho años no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley “quiere silenciar al ministerio público que es un extrapoder garantizado por la Constitución”. Boquin señaló como un agravante la actitud de la Inspección General de Justicia que también era demandante en esta causa y del Ministerio de Justicia, de quien depende la IGJ, que no apelaron el fallo a pesar que desconoce la función del Ministerio Público Fiscal.

El macrismo ahora tiene el terreno allanado para rediseñar los mecanismos de inscripción y control de las sociedades nacionales y extranjeras: gobierna en la Nación y en la Ciudad y la Justicia, en este caso, parece haberse despertado al ritmo de los nuevos actores políticos. La fiscal Boquin machacó en que la apelación del fallo de Marra Giménez “tiene efecto suspensivo”. En buen romance, la Ciudad no puede avanzar en la creación de su IGJ. En la comuna, sin embargo, piensan distinto: ya empezaron a activar los resortes para organizar esa nueva estructura.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296625-2016-04-10.html


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Domingo, 10 de abril de 2016
EL PAIS › OPINION
Paraísos para pocos
El Gobierno frente a las revelaciones de Panama Papers. Las empresas off shore, su razón de ser. Las excusas de Macri. Franco Macri, el defensor sin legitimidad. Laura Alonso, una de twittera a stopper. Rebusques ingeniosos para tapar la información, jueces federales que cooperan.



Por Mario Wainfeld
La privatización de YPF fue más grave que las dádivas que pudieron haber recibido funcionarios o legisladores menemistas. La Reforma Laboral del presidente Fernando de la Rúa, más dañina que las coimas que “adornaron” a senadores peronistas. La corrupción, queremos decir, no es el núcleo de la historia o la política. Su centralidad en el debate público es, por lo general, un problema, acentuado por la creciente “judicialización de la política”.

Desde ya que las conductas atentatorias contra la la fe pública deben ser señaladas y llevadas a los tribunales. Nadie está exento o a cubierto. Ningún desempeño político (por virtuoso o popular que sea) “blinda” contra denuncias, investigaciones, juicios o condenas por delitos. Esas cuestiones graves afrentan a las gentes del común, lastiman la credibilidad en el sistema democrático, fomentan el descreimiento o la apatía política.

El deber del dirigente o el estadista es superior al de cualquier persona, su responsabilidad va en proporción directa. Sabiamente, las leyes fijan penas más severas para las autoridades públicas que para los particulares.

Las sospechas deben, entonces, pesquisarse. El deber de jueces y fiscales es ser diligentes y veloces dentro de lo factible. De cualquier forma, hay dos niveles de juzgamiento. El político que es expeditivo y depende de la opinión pública, sin supeditarse a los rígidos parámetros penales. Y el judicial, sometido a reglas, a la presunción de inocencia y al respeto de los derechos constitucionales de todos los sospechosos, procesados y aún condenados.

De nuevo: la judicialización de la política es una tendencia nociva. La agrava la exorbitancia de los jueces.

Los abusos cometidos contra el ex Secretario Ricardo Jaime o el empresario Lázaro Báez apestan a intencionalidad política. Apresamientos espectaculares, con chalecos antibalas y cobertura mediática pactada vulneran las reglas del debido proceso.

Por si es necesario: Jaime es un personaje oscuro, pesa sobre él una condena justa por su responsabilidad en la tragedia de Once y acusaciones con cargos verosímiles en otros expedientes. Bueno es que avancen los trámites lo que no sanea un arresto sin derecho y sin respetar derechos esenciales, que todos los tenemos.

Algo similar rige para Lázaro Báez. El recuento procaz de parvas de billetes en una cueva activa sospechas firmes, que pueden ampliarse a otros protagonistas, si hay elementos sólidos. Su arresto cinematográfico ocupó las tapas de los diarios hegemónicos horas después de estallar el escándalo Panamá Papers. Una tapadera, precisamente para desplazar a Macri como tema central.

El juez Sebastián Casanello, rápido para los mandados, justificó una detención sin condena por el temor a que Báez se fugase o entorpeciera la investigación. Privar de la libertad a un inocente es un recaudo extremo, admisible solo como excepción. Las razones aducidas por Casanello sirven para un barrido como para un fregado. Vaya un ejemplo contrario, tomado de la vida real y cercana. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tiene procesamiento firme por un delito económico. Pocas posiciones mejores que la suya para potenciales interferencias en la causa. Es oficialista, poderoso, maneja la autoridad monetaria. Sería insensato exigir que se lo arreste, enchaleque y arrastre a una comisaría. No lo hacemos, pues, porque tratamos de evitar el doble standard que grita la inocencia del presidente antes de averiguar y condena prematuramente a sus adversarios políticos o a quienes se sindica como “empresarios K”.

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El desastre de Panamá: El fulbito tiqui tiqui entre el Gobierno, Comodoro Py y los grandes medios daría para un seminario internacional de comunicación de masas. Hacerlo en Panamá sería una ironía simpática.

La narrativa abunda en ejemplos de cómo tapar un hecho con otro o entre otros. Jorge Luis Borges imaginó en “La muerte y la brújula” tres crímenes distractivos como preludio y coartada necesarios del cuarto, el único que importaba. Edgard Allan Poe fabuló que es un gran rebusque esconder dentro de un conjunto visible de cartas una que fue robada. Gilbert K. Chesterton narró la historia de un general que mató a uno de sus oficiales y que camufló el crimen llevando a todo el ejército a una derrota sangrienta, con muchas bajas. Es tópico en cuentos y novelas, se ahorran otros para no fatigar o no anticipar el final.

Los relatos mediáticos del siglo XXI superan esas fuentes excelsas, por su arsenal de recursos y tácticas. La saturación informativa es uno, claramente descripto por el periodista Ignacio Ramonet.

Se “sobreinforma”, se discute, se coloca a tres especialistas de posturas divergentes y se los somete al formato de Intratables. La grita abruma sin esclarecer, enfurece sin dar pie a la reflexión, empacha sin alimentar.

Si Macri quedó expuesto, es momento para llenar la pantalla con imágenes de Lázaro o Jaime. La superposición sugiere un empate falaz.

Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) sobre los Panamá Papers son un escándalo internacional cuyas estribaciones no se conocen del todo.

Mauricio Macri es el vicepresidente de dos sociedades off shore: Kagemusha constituida en Panamá en 1981 y Fleg Trading Ltd, armada en las Bahamas en 1998. Las preside su padre, Franco. Los grandes diarios se ingeniaron para escurrir de sus tapas a la segunda.

El oficialismo trató de tapar el cielo gris con un arnero. “No pasa nada, no nos toca” es un primer reflejo típico de gobiernos ante una situación límite: no se puede acusar al macrismo de original en ese punto. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, canchereó de entrada y quedó desairado, es un castigo automático por su rol.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, rebasó la medida por su compulsión al tweet precoz. No es abogada, papelón iniciático que podría suavizar estudiando o asesorándose. Alegó que participar de una empresa off shore no es “un delito por sí mismo”. Es verdad, a condición de no actuar como abog... militante de la defensa.

Casi ninguna conducta es delito por sí misma, aunque algunas den toda la impresión. Matar a dos personas puede constituir homicidio, sin embargo el juez federal Claudio Bonadio que lo hizo (con balazos en la espalda de uno de sus atacantes) fue declarado inocente por haber obrado en defensa propia.

Si usted ve a alguien baleando a otro humano, es sensato que advierta a las autoridades. Es factible que haya delito, aunque se reconocen excepciones. Salvando distancias, hay homología con las off shore. Lo habitual es que sean instrumentos para delitos de guante blanco. La evasión impositiva, para empezar, el lavado para seguir.

Macri es inocente en materia penal hasta que se acredite lo contrario, como cualquier persona. La necesidad de investigar su proceder es flagrante, tanto como la parcialidad de Alonso, carente de abuela y seriedad.

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¿Qué hiciste tú en el istmo, papá?: Ricos y famosos eligen cambiar de nacionalidad o de lugar de residencia para pagar menos impuestos. Tenistas, automovilistas, el actor francés Gérard Depardieu, entre muchos. La conducta arranca como poco ética y linda con lo delictual, la frontera es borrosa.

Las grandes empresas se valen de recursos más sofisticados y difíciles de detectar. Los “paraísos fiscales” y las empresas off shore ranquean en primer lugar. El economista francés Gabriel Zucman escribió un libro notable que las estudia, publicado en castellano el año pasado: La riqueza escondida de las naciones. Lleva como subtítulo “Cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos”. Zucman enseña que las off shore existen para evadir impuestos y que “el dinero de los paraísos fiscales no duerme, alimenta los mercados financieros internacionales”.

Nadie crea empresas así para tenerlas inactivas, adornando la vitrina. Su buena plata cuestan los papeleos, el secretismo, los grandes estudios.

El anonimato de las acciones al portador es un subterfugio clave. Zucman propugna, como académicos de todo el mundo, imponer la nominatividad de las acciones para que la responsabilidad no sea velada por la falta de información.

Bajo el cobijo del anonimato mencionado el presidente aduce que no posee acciones de las dos off shore caribeñas y que jamás cobró nada. En general nadie integra una sociedad encriptada para alardear o por hobby. Se las constituye para hacer negocios y no para la pereza, que es madre de todos los vicios. Es forzoso investigar.

El fiscal Federico Delgado imputó al presidente por haber omitido toda mención en sus declaraciones juradas y buscará averiguar si existió otra irregularidad o delito. Delgado a veces exagera su afán inquisitorio pero es un funcionario honesto que no se embandera políticamente, descripción que no se hace extensiva a Casanello que lleva la causa.

El Grupo Macri es conocido, nadie lo emparentaría con un colegio de monjas. Pregonar que las excusas del padre del presidente sirven como excusas (¡o pruebas!) judiciales es una tomadura de pelo, que sería cómica en un cuento de Fontanarrosa.

El intendente PRO de Lanús, Néstor Grindetti, es otro devoto de las off shore. El economista Horacio Rovelli recuerda en un buen post publicado en “La Tecl@ Eñe” que toda la trayectoria de Grindetti en la actividad privada transcurrió en el Grupo Macri, detalle también subrayado en este diario.

Son indicios rotundos que contradicen la euforia de Alonso y Marcos Peña.

Macri se “puso a disposición de la Justicia” a su manera: amañó una presentación ante un juzgado civil. Delgado respondió, con derecho y razón, que la competencia apropiada es la penal, la civil es una pantalla, un simulacro. Otra vez la táctica de esconder el árbol plantando un bosque en su derredor.

“Plantar un juicio” contra Cristina forma parte de la estrategia oficial.

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Flojos de papeles: La ex presidenta está citada el miércoles 13 para declarar ante Bonadío** en la causa por el “dólar futuro”. El periodista de La Nación” Adrián Ventura la describe como la más floja iniciada en su contra. Se queda corto, pero rumbea bien.

La audiencia depende de lo que defina la Cámara sobre una recusación deducida contra Bonadío por otro acusado, Pedro Biscay. Según viene informando Página/12, la decisión se conocería mañana o pasado. Si prospera el pedido, el expediente cambiará de juzgado. La parcialidad de Bonadío es notoria, se denota apenas habla: el veredicto de la Cámara es incierto porque no todo es coherente en el fuero Federal.

Los cargos son confusos y mal fundados. Los debilita el pecado original de querer judicializar medidas de gobierno. Para peor, el efecto de las ventas a futuro es consecuencia de una decisión de Macri, negada en campaña: la maxi devaluación. Sin ese hecho, las consecuencias serían otras. Dicho en criollo, el escenario sería distinto si el ex hubiera ganado el ex gobernador Daniel Scioli o si Macri hubiera honrado sus promesas. La decisión popular era un hecho futuro, que distaba de ser inexorable.

Los funcionarios toman decisiones que comprometen intereses de los gobernados. Es alocado que cualquier movida, así arroje resultados negativos, se traduzca en persecución penal. Pensemos preventivamente en el ministro de Salud César Lemus, cuya campaña contra el dengue es criticada acerbamente por actores calificados como Médicos del Mundo. Han muerto personas por la epidemia, otras sufrieron daños severos ¿Cabría procesarlo por homicidio o lesiones graves si un magistrado cree que obró equivocadamente?

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Hacerle la venia al Comodoro Py: Mayoría no es unanimidad: sobreviven jueces federales dignos y decorosos, una proeza en un contexto adverso.

El mega poder de los magistrados que atienden en Comodoro Py se remonta al menemismo que los designó en banda, como protección. El poder político es temporario, el de los federales se autonomizó y sobrevive.

Un sistema procesal perverso les concede la prerrogativa de actuar como jueces y fiscales, a su criterio. Funcionalmente es un problema: quien se hace cargo de acusar estará menos inclinado a archivar, sobreseer o absolver. Incluso si mediara buena fe

En cualquier circunstancia, la acumulación de tareas conlleva exceso de poder. El manejo discrecional de los tiempos ahonda el problema: cajonear los juicios provee una amenaza latente que se puede reactivar a piacere. Los procedimientos espectaculares en primera instancia infligen daños irreparables que no reparan las revocaciones de las Cámaras.

El kirchnerismo, como todos los gobiernos, atravesó su luna de miel con Comodoro Py. El divorcio motivó reformas judiciales, correctas o infaustas. En todas faltó prestar atención a los litigantes del común, las personas que van a pleito una vez en la vida por problemas cotidianos y acuciantes: accidentes viales o de trabajo, despidos, conflictos familiares. Con la mira en las “grandes causas” se relega a quienes son los demandantes principales de un poder judicial democrático.

La reforma del Código de procedimientos penal estuvo entre las mejores acciones. Impone la oralidad, audiencias públicas, disminuye el papeleo y la proliferación de instancias que demoran procesos de por sí kafkianos. El sistema acusatorio aporta otra virtud: los jueces hacen de jueces y los fiscales de fiscales, a quienes le cabe la carga de acusar.

El cúmulo de ventajas de la nueva ley explica la resistencia de los magistrados del Ancien régime: les quitarían facultades desmesuradas, poder.

El Gobierno demora la implementación, que no es sencilla. Es costosa, requiere inversión pública. Y provoca un casus belli con los Bonadío, Casanello y colegas semejantes.

La jubilación de Norberto Oyarbide sería una buena nueva si no aconteciera con un delay record. Debió ser removido en 2001 con un juicio político del que zafó con apoyo de la bancada de senadores peronistas. Escogieron el 11 de septiembre, ´día en que el mundo miraba a hacia Nueva York. La repercusión se mitiga también con un hecho más tremendo.

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Clamor de palcos y tribuna: Los palcos VIP y la tribuna de doctrina no se han saciado con las ventajas formidables concedidas a las cerealeras, la gran banca, los buitres y el multimedios. Ahora claman por “el fin de la impunidad”. Kirchnerista, por más señas.

Los catones de los medios llegan a expresar que “el pueblo votó para ver presa a Cristina”. Qué pocas demandas... Quizás ese reduccionismo vulgar explique por qué a los voceros M les importan tan poco las transferencias regresivas de ingresos, la baja del valor adquisitivo de los trabajadores y del consumo de carne, la suba de tarifas y de transporte público, los despidos, la recesión, los gritos de alarma de sindicatos y pymes.

En las últimas semanas al gobierno se le escapó de las manos la agenda pública. Medidas antipopulares, mal comunicadas para colmo. Y los Panamá Papers, cuya espuma no baja.

El Gobierno espera que vengan las inversiones para frenar la recesión y contener los despidos. Y pone sus fichas a la “agenda negra K”: la corrupción de los otros. Tiene de su lado a bravos jueces federales y comunicadores PROactivos. Les patean en contra indicadores sociales, económicos y laborales que empiezan a alarmar o meter miedo hasta a los macristas menos fanáticos.

mwainfeld@pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296602-2016-04-10.html

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Domingo, 10 de abril de 2016
PORTES PSICOLOGIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPA


EL PAIS › B’NAI B’RITH NEGO HABER CREADO LA SOCIEDAD ANONIMA EN PANAMA QUE PRESIDE AVRUJ
Una coartada que se derrumba
Kalushy SA fue creada en 1992 y todavía figura vigente. El secretario de Derechos Humanos es su presidente y su esposa la tesorera. Avruj había dicho que había sido la entidad humanitaria la que constituyó la empresa pero la organización lo negó terminantemente.



Por Werner Pertot
La organización B’nai B’rith internacional desmintió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien aseguró que la sociedad anónima Kalushy, radicada en Panamá, fue creada por esa organización para “cumplir con la normativa laboral” de Panamá cuando Avruj fue director del distrito 23 área Caribe de B’nai B’rith. Este diario publicó la existencia de esa empresa en un paraíso fiscal, que figura a nombre suyo y de su esposa, y luego la aclaración que hizo Avruj. Sin embargo, consultado por este diario, B’nai B’rith Internacional indicó que “B’nai B’rith no estableció, ni autorizó la constitución de ninguna empresa en Panamá”. Incluso advirtió que esto es contrario a los principios de esa organización “cuyas finanzas son enteramente transparentes”.

Este diario había revelado la existencia de esa sociedad anónima en un paraíso fiscal en la que figura Avruj como presidente. Según el Registro Público de Panamá, Kalushy SA fue creada el 27 de julio de 1992. Como tesorera, aparece Elisa Alfie, esposa de Avruj, y como secretario Ramie Attie. Según los registros públicos continúa “vigente”. Antes de esta publicación, Página/12 intentó comunicarse con Avruj, que no respondió a los llamados.

La empresa de Avruj se sumó a otras radicadas en Panamá y otros países que se conocieron en estos días. La lista, aún incompleta, incluye al intendente de Lanús, Néstor Grindetti; al de Vicente López, Jorge Macri; al titular de la AFI, Gustavo Arribas; y a los dos asesores y amigos del presidente, el empresario Nicolás Caputo y el presidente del Club Boca Juniors, Daniel “El Tano” Angelici.

Luego de que se conociera la existencia de la empresa, la Secretaría de Derechos Humanos nacional emitió un comunicado de prensa que tituló: “Claudio Avruj nunca tuvo sociedades offshore”. En él, detalló que “Avruj trabajó en Venezuela para la organización B’nai B’rith, reconocida a nivel mundial por su tarea en derechos humanos, institución que lo designó como su director internacional del distrito 23 área Caribe, en Panamá, entre los años 1992 y 1995”.

El comunicado indicó que “la organización constituyó a través de sus representantes la sociedad anónima Kalushy, a los efectos de cumplir con la normativa laboral local y permitirle a Avruj asentar su residencia en aquel país”. Es decir que, según afirmó el secretario de Derechos Humanos, fue la organización y no él la que creó la empresa. B’nai B’rith es una entidad humanitaria creada en 1843 que tienen como objetivo luchar contra el antisemitismo y las violaciones a los derechos humanos. Tiene sedes en más de cincuenta países, incluyendo a la Argentina.

“La firma creada oportunamente es una sociedad anónima local, de carácter perpetua, y de ninguna manera se compadece con los parámetros de una sociedad offshore, ni tuvo movimiento alguno desde su registro el 20 de julio de 1992”, aseguró en el comunicado, aunque no proveyó evidencia de estos dichos. “Es necesario aclarar que Claudio Avruj dejó de cumplir funciones en Panamá el 1º de enero de 1995 y, desde entonces, la sociedad permanece abierta por su condición constitutiva, pero sin movimiento alguno ni vinculación con la función del secretario”, indicó.

Página/12 se puso en contacto con las autoridades de B’nai B’rith Internacional en Wahington para verificar la explicación que dio el funcionario de Mauricio Macri.

En respuesta, en un correo enviado por el vicepresidente del área de Comunicaciones de la organización, Sharon Bender, B’nai B’rith Internacional formuló esta declaración oficial: “B’nai B’rith no estableció, ni autorizó a constituir ninguna empresa en Panamá. Crear una empresa con el propósito de ocultamientos de cualquier tipo es completamente contrario a nuestros principios y prácticas como una organización caritativa, cuyas finanzas son enteramente transparentes”.

Este diario intentó volver a comunicarse con Avruj para pedirle nuevas explicaciones sobre Kalushy SA, pero todos los celulares del secretario de Derechos Humanos se encontraban cerrados.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296629-2016-04-10.html



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Domingo, 10 de abril de 2016

Buenas para la ley, malas para el país
La apertura de sociedades offshore por grandes empresas, aun siendo legal, condenó al país al endeudamiento, al debilitamiento del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.


Por Raúl Dellatorre
El uso de las guaridas fiscales como herramienta de ocultamiento de activos o fuga de capitales tuvo un desarrollo creciente a partir de mediados de la década del 70, proceso que continuó en forma ininterrumpida hasta nuestros días. Al punto tal que la cantidad de jurisdicciones reconocidas como “paraísos” o guaridas fiscales se multiplicó por cinco entre el inicio de los 80 y los primeros años del siglo actual. Más allá de la legalidad de ciertas operaciones (que sólo se puede entender por la generosidad de las leyes, que por lo general no miden intenciones), lo concreto es que la apertura de cuentas bancarias y empresas “fantasma” en lugares promocionados por su opacidad (secreto jurídico bursátil, secreto bancario y baja o nula tributación) ha redundado en enormes perjuicios económicos y sociales para los países que son víctimas de la fuga de capitales. La apertura de empresas offshore ha sido un generador muy fuerte del desfinanciamiento de los Estados periféricos en los últimos treinta años, una herramienta eficaz para crear las condiciones en favor del endeudamiento del país y una causa central del debilitamiento de las prestaciones que debe brindar el sector público. Algunas estimaciones señalan a la Argentina como uno de los países más afectados por la fuga de capitales de sus residentes en el mundo, tanto en términos absolutos como en la relación entre riqueza offshore y PBI. Sin sanciones legales ni sociales, la cúpula empresa argentina de las últimas décadas –a la par de los dueños de grandes riquezas– ha sido funcional a la profundización de la dependencia financiera del país, al debilitamiento progresivo del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.

Qué es una guarida fiscal

Algunas jurisdicciones (no siempre son países) se han dado, a sí mismas, la condición de distritos con condiciones ventajosas para los inversores, con facilidades para el movimiento de capitales desde esos distritos a cualquier parte del mundo. Esto último lo hace posible la intervención de entidades financieras con capacidad de operar en prácticamente todo el mundo (los bancos globales), que son los grandes artífices de estas prácticas. Básicamente, lo que ofrecen estos “paraísos” para la evasión es: secreto jurídico bursátil, lo que supone de parte del país anfitrión el compromiso de absoluta confidencialidad sobre la identidad del inversor o dueño de la sociedad radicada; secreto bancario, que significa compromiso de no revelar la identidad de titulares de cuenta; y baja o nula tributación, es decir que los activos financieros allí radicados no pagan impuesto a las ganancias o a la riqueza, o sólo en una proporción insignificante. El “combo” hace por demás atractiva la utilización de esas plazas para “triangular” operaciones: un negocio que se hace en otro lado, pero se “registra” a nombre de la empresa “fantasma” offshore para ocultar al titular y sus ganancias.

No es casualidad que las dos plazas financieras más importantes del mundo, Nueva York y Londres, estén señaladas como las promotoras de los “paraísos” offshore. Ni que esto haya ocurrido a mediados de los 70. El surgimiento de las guaridas fiscales fue funcional al despegue del neoliberalismo a nivel global. Por cuestiones prácticas (es decir, elegir plazas donde ya operaban), Londres eligió ex colonias británicas y Nueva York espacios en territorio estadounidense a los que se le otorgó un estatus especial. Así, los distritos de Nevada, Delaware o Wyoming funcionan como guaridas fiscales dentro de los límites del propio Estados Unidos.

En esa primera etapa, la función principal de esos “paraísos” era captar los capitales fugados de los países periféricos, para volcarlos como “inversión” en los países centrales. Del otro lado, los países víctimas de la fuga quedaban descapitalizados (la denominada “restricción externa”) y, consecuentemente, debían recurrir como solución al endeudamiento externo. Obviamente, prestarle a esos países a altas tasas se convirtió en un gran negocio para los capitales financieros de los países centrales.

Eran los años, los 80 y los 90, en los que en Argentina los grupos empresarios locales se enriquecieron con los contratos del Estado y las concesiones de servicios privatizados, o asociados con capitales extranjeros para explotar licencias de las marcas de estos últimos. El grupo Socma fue uno entre varios que luego se convertirían en empresas dominantes o directamente monopólicas en rubros fundamentales de la economía. Buena parte de las ganancias obtenidas por este núcleo de empresas se derivó a sociedades offshore o a cuentas no declarados en el exterior. Esta corriente de fuga, con particular aceleración en la segunda mitad de los 90 y en la década siguiente, de 2006 en adelante, sería un factor fundamental que condicionó las políticas públicas del país en estos años.

La crisis financiera mundial, que se disparó en 2008, cambió las condiciones para los países centrales, que empezaron a sufrir la fuga de capitales desde sus propios países. Para naciones periféricas como Argentina, la dinámica offshore no varió en demasía por la crisis. Siguió siendo el mecanismo mediante el cual las grandes empresas administran los fondos que evaden o desvían del país.

Lo que el presidente Mauricio Macri explica como una operación legal, la constitución de una empresa offshore declarada por su padre, es una maniobra habitual de las grandes empresas en Argentina. Pero su propósito no puede ser otro que el de eludir impuestos, evadir o radicar en el exterior ganancias derivadas de prácticas abusivas sobre el comercio exterior. Un ejemplo habitual es el de una exportación en la que la mercancía puede navegar en línea directa y sin escalas entre el puerto argentino y el país de destino, pero la documentación no. Hace escala en una empresa offshore, que compra la mercancía a un valor muy inferior al real, y luego revende a un precio mayor facturando servicios que nunca se prestaron. Así, la diferencia entre el precio de salida del puerto argentino y el precio real que paga el importador quedará radicado en la empresa offshore. Quien hace la maniobra se ahorra el impuesto y habrá fugado parte del valor, que quedará en el exterior sin siquiera estar declarado como propio.

Mientras estas operaciones no se puedan detectar y las guaridas fiscales sigan siendo paraísos para evasores, sólo se podrán conocer la parte “legal” de operaciones complejas, a través de las cuales grandes empresas e inmensas fortunas han estado sometiendo al país a sufrir las consecuencias de la denominada “escasez de divisas”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296623-2016-04-10.html

Marijuán le pidió al juez Casanello que incluya en la investigación por lavado de dinero a la ex presidenta

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Domingo, 10 de abril de 2016
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EL PAIS › ANTES DE VIAJAR A ESTADOS UNIDOS, MARIJUAN PIDIO QUE SE INVESTIGUE A CRISTINA KIRCHNER Y JULIO DE VIDO
Una solicitud redactada a las apuradas
El fiscal solicitó al juez Casanello la ampliación de los imputados en la causa contra Báez por lavado de dinero. Fue tras la declaración de Fariña el viernes, quien habría involucrado a Néstor Kirchner y al ex ministro de Planificación en sobrecostos en la obra pública.




Por Raúl Kollmann
El fiscal Guillermo Marijuán le pidió ayer al juez Sebastián Casanello que incluya en la investigación por lavado de dinero a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro Julio De Vido, al ex titular del Banco Nación Juan Carlos Fábregas, al titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, y a Ernesto Clarens, un financista cercano a Lázaro Báez. Este último es el foco principal de la causa. Marijuán presentó el escrito a las apuradas, un sábado, tras la declaración del comisionista Leonardo Fariña, quien pidió ser tomado como arrepentido, y a raíz de que el fiscal viajaba ayer mismo a Estados Unidos. Pese al secreto de sumario, varios medios publicaron versiones diferentes de los dichos de Fariña. La versión más extendida es que el comisionista esbozó un esquema según el cual Báez habría recaudado fondos con sobrecostos en la obra pública a partir de un arreglo con Néstor Kirchner y De Vido, y luego sacó el dinero al exterior a distintos bancos de Suiza, Uruguay, España. Respecto de Cristina, Fariña dice que Báez le contó que ella le reclamo dinero que era de Néstor. Una porción de la información ya era conocida, otra es incomprobable y hay elementos en los que Casanello tendrá que trabajar para verificarlos en los próximos tiempos. Fariña dijo que sabía cómo se sacó el dinero al exterior porque lo presenció, pero respecto de Cristina dice que lo sabe por los dichos de Báez. Un dato curioso es que Casanello tiene en su juzgado exactamente en la misma condición de imputados al actual presidente Mauricio Macri y a la ex presidenta: los fiscales requirieron que se los investigue. A Macri por las sociedades en Panamá y Bahamas, a Cristina por los dichos de Fariña.

Cambios

Fariña, un playboy que vivía de vincular a empresarios con cuevas financieras y negocios de todo tipo, ya dio versiones distintas de buena parte de los hechos.

Después de una pelea con Báez, el comisionista se presentó en televisión ante Jorge Lanata y dijo, entre otras cosas, que había sacado bolsos con 55 millones de euros del país hacia Suiza. Al día siguiente le dijo lo contrario a Jorge Rial y luego en la justicia también desmintió esos movimientos de dinero.

En ocasiones anteriores sostuvo que la plata se traía en avión desde Santa Cruz, pero –según parece– el viernes habría dicho que los bolsos se transportaban en dos autos desde el sur. También habría mencionado que los fondos se sacaron del país en aviones que aterrizaban en un aeropuerto sin control cerca de Montevideo. A Clarens lo vinculó a la fuga de capitales por envíos de dinero a España y a Fábregas por un fideicomiso que se armó en el Banco Nación. Como es obvio, la mayoría de estos movimientos serán muy difíciles de comprobar y otros serán materia de investigación para Casanello. Por lo pronto, el juez ordenó allanamientos en Santa Cruz y Chaco.

Fariña habría vuelto a mencionar al banco suizo Lombard Odier como punto de llegada de esos fondos y dijo que vio un e-token (implemento electrónico para generar claves) en manos de Báez. Es público que el constructor tenía allí una cuenta por 22 millones de dólares y, según parece, con movimientos vinculados con sociedades panameñas ligadas a él y a su familia. La Justicia suiza abrió una causa en base a los requerimientos de Casanello en 2012, pero –según escribió en su momento el periodista Juan Gasparini, desde Ginebra– esa causa en Suiza se cerró porque no estaban claros los delitos anteriores imputados a Báez. Todo indica que el santacruceño ya se llevó los fondos de allí, pero Casanello podría volver a pedir los datos sobre los movimientos, porque ahora el juez considera que tiene probado el delito anterior: la evasión impositiva.

Diálogos

No hay versión confirmada de los dichos de Fariña, pero el comisionista habría contado que Báez hizo gran parte de los fondos a través de sobrefacturación de la obra pública. Se trata también de una vieja acusación, en la que involucra a Néstor Kirchner y a Julio De Vido.

Por ahora no hay ninguna causa en la que se hayan constatado esos sobreprecios. Es más, Casanello sostuvo en la detención de Báez que el origen de los fondos que se le atribuyen haber lavado al constructor no son del sobreprecio en la obra pública sino de la evasión impositiva. Dice el juez que Austral Construcciones ocultaba ganancias comprando facturas truchas de empresas falsas, inexistentes. Es una modalidad muy utilizada por empresarios argentinos, al punto que la maniobra se hace recurriendo a lo que llaman usinas de facturas, que sirven para ocultar ganancias de centenares de empresas. El juez dice que una vez que Báez, mediante costos falsos, sacaba de la circulación legal el dinero, lo cambiaba por dólares y lo sacaba al exterior. Y por eso lo acusa de lavado.

Según algunos medios, Fariña afirmó el viernes que toda la operatoria tenía el visto bueno de Néstor Kirchner y de Julio De Vido y que en parte de las obras estaba asociado Wagner. Algunos medios señalaron que Fariña mencionó que tiene un testigo, otros afirman que tendría datos en una computadora. Hay algunos que cuentan que Fariña estuvo en Olivos y otros que sostienen que en su declaración el comisionista aclaró que nunca estuvo en Olivos. “Jamás hice comentarios sobre procesos o investigaciones judiciales en curso. No conozco al señor Fariña”, señalo De Vido a este diario a través de un allegado.

Lo que habría dicho Fariña –de acuerdo a versiones que no se pueden confirmar por el secreto del expediente– es que la ex presidenta increpó a Báez exigiéndole dinero que correspondía a su fallecido esposo. Según habría contado el comisionista, Cristina recibió una llamada de la embajada de Estados Unidos advirtiéndole que Báez fugaba dinero. Eso la habría llevado a convocar al titular de Austral Construcciones y a increparlo por esa operatoria. Además, la ex presidenta le habría reclamando dinero que Néstor habría invertido en Austral. Fariña aparentemente dijo que de todo esto se enteró porque se lo contó Báez.

Arrepentido

Fariña pidió ampararse en un artículo de la Ley Antilavado, impulsada justamente por Cristina Fernández de Kirchner. El texto prevé una reducción de pena para quienes proporcionen una colaboración trascendente en una causa de lavado. La pena, que puede estar entre los cinco y los diez años, puede quedar con la reducción entre los dos y los siete años, pero sólo puede ser otorgada por los magistrados en el juicio oral que, si todo marcha rápido, se haría en dos años. Según algunos medios, el fiscal Marijuán le ofreció a Fariña abogar por su excarcelación, algo que el comisionista quiere desesperadamente. Desde hace dos años está detenido en el penal de Ezeiza dado que eludió presentarse en una causa por evasión fiscal en La Plata. Declarando como arrepentido y pidiendo que se lo acoja como testigo protegido, Fariña volvió a Ezeiza con la esperanza de que su declaración –anhelada por la Casa Rosada– le permita recobrar la libertad. El comisionista jura y perjura que no volverá a la vida anterior de autos Ferrari, sin papeles, y modelos espectaculares. “Me creía dios y era un boludo”, dijo hace un tiempo.

En Comodoro Py, el paso de Fariña dejó mucho trabajo por hacer. Casanello terminó de tomar las indagatorias el viernes y seguramente procesará a la mayoría de los que pasaron por Comodoro Py en las últimas dos jornadas. Habrá que ver si mantiene detenidos a Báez y a Pérez Gadín, a los que detuvo con el argumento del peligro de fuga. Y paralelamente le queda mucha labor por delante ya que tendrá que tomar medidas de prueba para verificar lo que –supuestamente– dijo Fariña el viernes.

raulkollmann@hotmail.com


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296621-2016-04-10.html

UN ARREPENTIDO REVELÓ CÓMO EMPRESARIOS ENTRE ELLOS DEL GRUPO CLARÍN, SACAN DÓLARES DEL PAÍS

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La investigación del lavado de dinero del Grupo Clarín, denunciada por el ex ejecutivo del jp morgan
El fiscal no impulsa la causa Arbizu
06 de Mayo de 2013 | 12:00
Aunque lleva cinco años de trámite, Marijuan sólo presentó dos escritos y no solicitó indagatorias. Su rol en el caso Báez.

24 compartidos

Aunque lleva casi cinco años de trámite, la causa judicial que investiga el presunto lavado de dinero por parte de 469 empresas –entre ellas el Grupo Clarín, su primera línea ejecutiva a título personal, y otras empresas satélites del holding– no recibió impulso del fiscal Guillermo Marijuan, y todavía se encuentra en una etapa primaria de la instrucción. La semana pasada, el juez federal Sergio Torres envió un exhorto a Suiza para tratar de indagar en la denuncia hecha por un ex ejecutivo de la banca JP Morgan por movimientos de divisas a paraísos fiscales. El titular de la Fiscalía Nº9 solo presentó dos escritos en la Causa Nº9232/08, pero no solicitó ninguna indagatoria.
Marijuan, apenas dos días después de haberse hecho cargo del expediente que involucra al empresario cercano al kichnerismo, Lázaro Báez decidió su imputación en el expediente que investiga presunto lavado de activos. Su requerimiento no ahorró críticas a la unidad especializada creada por la Procuración General para criminalidad económica –PROCELAC– y para la Unidad de Información Financiera (UIF) por el enfoque inicial que habían dado a la investigación, que solo tuvo por imputados a los financistas Federico Elaskar y Lenardo Fariña. En el mismo movimiento sumó a la lista de imputados a Báez, su hijo Martín, el contador Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, todos ellos mencionados por los dos financistas que se autoincrminaron en un informe emitido por el programa Periodismo Para Todos en maniobras para lavar dinero, presuntamente vinculado a la obra pública del empresario santacruceño.
Pero en la causa “Arbizu, Hernán y otros sobre delito de acción pública” –que según la UIF tiene prioridad 1– nunca fueron analizadas las 40 cajas con documentación agregadas al expediente, y el fiscal Marijuan solicitó una sola medida de prueba, de rigor. En dos oportunidades el organismo de monitoreo del lavado fue rechazado como parte querellante, hasta que la Cámara de Casación revirtió la negativa judicial para entrar en la causa. En este caso, hasta el momento no está implicado ningún funcionario del Estado Nacional y el monto aproximado de fondos que se presume salieron ilegalmente del país, asciende a más de 5 mil millones de dólares. Marijuan elevó un requerimiento en el que menciona tangencialmente a las 469 empresas y personas que habrían movido fondos para evadir impuestos, pero siempre sobre la base del testimonio de Arbizu, y nunca solicitó que se indague a ninguno de los mencionados. No se hizo lugar a ninguna de las medidas de prueba pedidas por la UIF ni por el Banco Central y hasta que Torres decidió reimpulsar el expediente, no había sido trazada por la justicia una hipótesis delictual para orientar la instrucción. De acuerdo con el procedimiento que se sigue para investigar blanqueo de capitales, la fiscalía cuenta con 60 días hábiles para determinar si los datos que aportó la UF son suficientes para impulsar la acción penal. «

seminario sobre lavado

El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo, y el de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, participarán mañana de un seminario de actualización para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Del encuentro, que se realizará en el Auditorio de la SIGEN, en avenida Corrientes 381, también formarán parte Patricio Griffin, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); Marcelo Paz, decano de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM; y Fernando Whpei, presidente de Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM).

http://tiempoargentino.com/nota/67234

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MorganLeaks: la información secreta de la trama del lavado de dinero
Grupo Clarín investigado en varias causas de lavado de activos y evasión tributaria
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Publicado el 7 may. 2013


EDICIÓN IMPRESA ECONOMÍA Y POLÍTICA 08.04.15 | 00:00
HSBC: citan al Congreso a Prat-Gay, Cablevisión y otras 60 empresas

por NOELIA BARRAL GRIGERA Buenos Aires
HSBC , lavado de dinero , Congfreso , Prat Gay , Cablevision
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Roberto Feletti
Roberto Feletti
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La comisión bicameral que investiga la evasión y fuga de divisas a través de 4040 cuentas no declaradas en Suiza oficializó ayer el listado que aportó el gobierno de Francia con empresas y personas involucradas en la maniobra y decidió que las citará ante el Congreso, a partir de la semana que viene junto con los organismos de contralor.

Cablevisión, Mastellone, Multicanal, Bridas, Edesur, Pampa Holding y Havanna son algunas de las firmas que aparecen mencionadas, junto con el ex diputado y titular del Banco Central Alfonso Prat Gay.

"Estas empresas ganan dinero en el país y habría que preguntarles por qué no lo guardan aquí. Una primera tarea de la comisión debería ser citarlas", empujó el titular del cuerpo, el kirchnerista Roberto Feletti. A sus espaldas se proyectaba una diapositiva con ejemplos de la información que el Estado francés remitió a la AFIP en septiembre y que la semana pasada finalmente llegó al Congreso, con Cablevisión al tope de la lista.

Terció el aliado kirchnerista Carlos Heller, quien pidió iniciar las citaciones por el Banco Central, los organismos de contralor y el ex directivo del JP Morgan Hernán Arbizu. Opositores como el massista Roberto Basualdo o el radical Ricardo Buryaile respaldaron su propuesta, aunque finalmente alcanzaron un consenso y la comisión terminó facultando a Feletti para que cite a las empresas, pero también al Banco Central, la UIF, la Procelac y otras dependencias públicas vinculadas al tema.

El santacruceño Pablo González hizo especial hincapié en que incluya a Cablevisión y Multicanal, empresas del Grupo Clarín, lo que provocó murmullos entre los opositores. "¿Les molesta que venga Cablevisión? Voten en contra", los azuzó. Para saldar la discusión, acordaron iniciar las citaciones según las empresas que aparecen en el listado. "Quiero aclarar que el orden lo dio Francia, eh", agregó Feletti.

También será citado Prat Gay. "Me parece que él puede aportar como experto acá", observó Feletti. Buryaile pidió la palabra para defender al ex diputado. "Prat Gay es apoderado de una cuenta, no es titular", apuntó sobre la cuenta a nombre de Amalia Lacroze de Fortabat en la que el dirigente figura como "apoderado usuario de internet" (sic). Distinto es el caso de la familia Rodríguez Larreta (parientes del jefe de Gabinete porteño), que aparece mencionada como titular de una cuenta por más de u$s 7 millones.


http://www.cronista.com/economiapolitica/HSBC-citan-al-Congreso-a-Prat-Gay-Cablevision-y-otras-60-empresas-20150408-0068.html





https://issuu.com/freelancephoto/docs/diario_web_112__


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Artículo Completo Diario Crítica
UN ARREPENTIDO REVELÓ CÓMO EMPRESARIOS ARGENTINOS, ENTRE ELLOS DEL GRUPO CLARÍN, SACAN DÓLARES DEL PAÍS
La redención del pirata Morgan



Jorge Lanata

22.06.2008

Cuando Diego Slupsky, secretario del Juzgado Federal Nº 12, entró a las oficinas del JP Morgan en el piso 22 de Madero 900, una mezcla de pánico y sorpresa dominó la escena. Slupsky dijo que se trataba de un allanamiento por orden judicial, y eso borró de inmediato la sonrisa profesional de todos los empleados.



–Necesitamos constatar el soporte magnético de las operaciones –explicó al responsable.



–Nos interesan más que nada los clientes de altos recursos –señaló, mientras los peritos de la policía amontonaban CD, carpetas y servidores como si fuera una liquidación de Navidad. Uno de los empleados lograba mantener la calma con la vista fija en un calendario de escritorio, hasta que advirtió lo que estaba mirando: era el viernes 13. Algo malo iba a pasar.



Dos o tres minutos después en las oficinas centrales de Park Avenue 345, quinto piso, había un nombre a flor de labios, mezclado con insultos del peor slang.



Hernán Arbizu, el argentino, estaba dispuesto a hablar. Media hora más tarde, en la sala de reuniones, discutían un plan de contingencia que recién dieron a conocer el lunes 16 en un cable de la agencia Reuters: “JP Morgan Securities presentó una demanda contra un ex ejecutivo argentino que administraba más de 200 millones de dólares en activos de clientes ricos con negocios en la Argentina y Chile […]. La demanda señala que Arbizu robó información confidencial y solicitó al tribunal del distrito de Nueva York que impida al acusado difundirla”.



Ésta no es la historia de un testigo, sino la de un protagonista; sus detalles revelan una extensa lista de argentinos investigados hoy por lavado de dinero, él los ayudó a hacerlo.



UN ARGENTINO EN LA AVENIDA PARK. Hernán Arbizu tiene 39 años y prolijo aspecto de burócrata del Primer Mundo. Es rubio, alto y está prolijamente afeitado. Podría ser farmacéutico, o ingeniero, pero es en verdad economista. Vive desde hace mucho en la selva de los bancos: ingresó a los 23 a la City porteña y trabajó en Tutelar Financiera, en el Deutsche Bank y en el City.



En 2002 consiguió trabajo en la Unión de Bancos Suizos en Nueva York. Y el 6 de noviembre de 2006 entró al JP Morgan, la primera empresa en el mundo que superó los mil millones de dólares de capital. Quizá Arbizu lo desconociera; es historia argentina de fines del siglo XIX: en 1885 le prestó al Estado 42 millones de pesos oro junto a las casas Baring y Murrieta.



Durante la presidencia de Roca, y por gestión de Carlos Pellegrini, Morgan le prestó otros 8.400.000 pesos que el gobierno garantizó con las rentas de la Aduana, al tiempo que se comprometió ante los bancos Morgan, Baring y París a no pedir nuevos préstamos a menos que los propios bancos lo autorizaran. Fue la primera vez que el Estado argentino permitió una intromisión de bancos extranjeros en la política interior.



Pero Morgan ya no está en el 23 de Wall Street, como en aquellos años, y Hernán Arbizu disfruta de su cómodo sillón en el quinto piso de Park Avenue al 300, a media cuadra de la casa central, detrás de un cartel que anuncia, con discreción, un eufemismo: “Banca privada”. Así definió Arbizu su trabajo ante el juez: “Administración de activos líquidos (inversiones), creación de estructuras de administración de riqueza con fines hereditarios, ayudar a clientes para crear estructuras con las que ocultar la verdadera titularidad de los activos (esto se debe a que en muchos casos los activos no son declarados en los países donde viven los clientes), y préstamos en la Argentina usando como garantía activos no declarados depositados en el exterior”. Arbizu pasaba tres semanas en la Argentina y una en Nueva York. Trabajaba, claro, en la oficina de Catalinas allanada. Su objetivo para 2008 –bajo fuerte presión– era aumentar su cartera, que ya era de 500 millones de dólares, en 150 millones más.



La declaración del arrepentido ante el juez Torres no puede ser más clara: se titula “Mi error”. En ella Arbizu se declara culpable de haber hecho transferencias no autorizadas y falsificar una firma, lo que terminó perjudicando a un cliente argentino: Natalio Garber, el ex dueño de Musimundo.



En los años del corralito, cuando Arbizu trabajaba en UBS, le ofreció a un ahorrista chaqueño que quería sacar su dinero al exterior un mayor interés que el prometido por el banco. Esa diferencia generó un hipotético saldo a favor que, claro, no era real.



El chaqueño quiso retirar su dinero y Arbizu sacó el dinero faltante de la cuenta de unos clientes paraguayos, los Acevedo Quevedo. Durante dos años Arbizu rezó para que los paraguayos no pidieran su dinero, pero finalmente sucedió.



Viajó entonces a Paraguay y desde allí hizo una transferencia de 2.800.000 dólares de la cuenta de Garber a la de Acevedo, falsificando la firma de Garber quien, tiempo después, advirtió que faltaba dinero en su cuenta.



Arbizu, quien se considera “un arrepentido del mundo de las finanzas”, relató en su declaración las dos maniobras principales hechas por el JP Morgan:



–Buscan captar nuevos fondos, sobre todo los provenientes de la venta de empresas, y una vez afuera esos fondos evaden obligaciones tributarias.



–Suelen actuar “en complicidad” con las AFJP: cuando una empresa efectúa una oferta pública a través del banco, las administradoras de AFJP compran la emisión primaria o secundaria, aunque no sea un buen negocio. Cerrada la operación, los fondos son sacados del país por el cliente y administrados por el banco en Suiza o Estados Unidos.



AUSTRIA, UN SEGUNDO HOGAR. Las normas de ética del JP Morgan (sí, ética, leyó bien) aconsejan rechazar a empresarios muy vinculados a gobiernos, o a funcionarios.



La mayoría de sus clientes superan los 20 millones de dólares en depósitos, y a la hora de armar los “prospects” (potenciales clientes) la discusión sobre el dinero de la corrupción es un tema recurrente: ¿a partir de qué generación el dinero comienza a ser genuino? Si el abuelo fue narco, ¿el nieto puede ser cliente? En una de las reuniones de ejecutivos, por ejemplo, fue rechazada “por un problema de carácter” la empresa Electroingeniería, con sede en Córdoba y muy cercana al kirchnerismo. También se negaron a manejar dinero del banquero Ezquenazi.



Pero el truco más encantador utilizado por el banco es una herencia –hasta ahora desconocida– del ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz: el “Convenio entre la República Argentina y la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital”, luego transformado en ley 22.589 firmada por Galtieri, Alemann, Lacoste, Saint Jean y Costa Méndez.



El convenio, llanamente, dice que si un argentino compra bonos de la deuda austríaca le cede al gobierno de ese país el derecho de cobrar impuestos por esa inversión. Pero en la práctica Viena nunca los recauda. Esto es: si compro 10 millones de dólares en bonos de la deuda austríaca no pago ningún impuesto en la Argentina, evitando así el 1,25% sobre el total de Bienes Personales y el 35% de impuesto a las Ganancias.



Los bonos austríacos son seguros, pero poco rentables; después de invertir todo el año en opciones más ventajosas, los empresarios compran a fines de diciembre bonos austríacos, que es lo que presentan a la AFIP, y así evaden de manera legal. En enero y febrero vuelven a las opciones tradicionales, y venden los papeles de Viena.



AQUÍ ESTÁN, ÉSTOS SON. De la lista entregada por Arbizu a la Justicia aquí se reproduce sólo una parte, ya que son más de veinte carillas. Muchas de las cuentas tienen nombres de fantasía y son “empresas” radicadas en el exterior, la mayoría sin ninguna actividad comercial: son todas las terminadas en “Inc.”, “Corp.”, “Ltd.”.



Las cuentas más chicas se utilizan para pagar gastos corrientes en Estados Unidos (las expensas de un piso en Miami, por ejemplo, o una tarjeta de crédito), o también pueden marcar el retiro del cliente, que deja un resto para evitar el cierre de la cuenta. Varios números de cuenta se repiten con diferentes nombres: corresponden en ese caso a la misma empresa o familia, por ejemplo el Grupo Clarín, o la familia Constantini.



En la lista presentada al juez, los Bulgheroni son los principales clientes, con depósitos por 1.500 millones de dólares entre Bridas, Plus Petrol y Torno Constructora. En la siguiente, sobresalen los depósitos de Ernestina Herrera de Noble por 154 millones. La Justicia los investiga por lavado de dinero y, eventualmente, evasión impositiva.



Éstos son los detalles correspondientes al Grupo Clarín:



Están Ernestina Herrera de Noble, el CEO Héctor Magnetto, otros directivos (y ex directivos), sus familiares, empresas conocidas del Grupo y otras desconocidas.



Nombre Cuenta (Total en U$S)



Ernestina Laura Herrera de Noble 32407608.00 (154.482.039,49)

Silkwood Investments Limited 32407608.00 (32.540.047,75)

Mather Holdings Limited 32407608.00 (27.828.341,17)

Mulberry Group Inc 32407608.00 (15.891.832,59)

Alagon Investments 32407608.00 (9.412.774,20)

Robin Bay LLC 32407608.00 (9.409.895,98)

Antonio Román Aranda 32407608.00 (9.328.975,06)

Alma Rocío Aranda 32407608.00 (9.328.524,99)

Aranda José & Noemí Alma 32407608.00 (5.526.415,00)

Grupo Clarín Services LLC 32407608.00 (3.766.877,90)

Grupo Clarín SA 32407608.00 (3.596.810,12)

Ara International Holdings Limited 32407608.00 (2.989.827,46)

Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera 32407608.00 (2.331.423,35)

Ernestina Laura Herrera de Noble y Marcela Noble Herrera 32407608.00 (2.320.179,39)

Inversora de Eventos S.A. 32407608.00 (1.617.461,68)

Héctor Horacio Magnetto 32407608.00 (1.299.574,88)





Nombre Cuenta (Total en U$S)



Héctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martín de Aranda 32407608.00 (1.109.639,86)

Guareschi Roberto Pablo y Alejandra P. 32407608.00 (881.533,10)

Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. 32407608.00 (656.248,44)

Nob Corporation AVV 32407608.00 (315.556,49)

Compañía de Medios Digitales S.A. 32407608.00 (312.704,95)

Tele Red Imagen S.A. 32407608.00 (272.532,82)

1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust 32407608.00 (249.131,49)

Teledeportes Paraguay SA 32407608.00 (172.657,14)

PEM SA 32407608.00 (26.548,68)

PRIMA S.A. 32407608.00 (22.586,43)

Tele Net Image Corporation 32407608.00 (13.556,45)

Cadena País Producciones Publicitarias 32407608.00 (9.316,43)

Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Clarín) 32407608.00 (9.104,72)

José Antonio Aranda 32407608.00 (7.963,88)

Felipe Noble Herrera 32407608.00 (4.464,24)

Teledigital Cable S.A. 32407608.00 (3.920,84)

Roberto Pablo Guareschi 32407608.00 (3.037,38)

Televisión Satelital Codificada 32407608.00 (741,99)

Radio Mitre 32407608.00 (541,66)

Artes Gráficas Rioplatense SA 33438808.00 (1.853.937,18)

Multicanal 33438808.00 (757,96)





–Éstas son cuentas de empresas del sector energético controladas por Marcelo Mindlin, dueño de Edesur y socio en la transportadora de energía eléctrica Transener, de buena sintonía con K.





Nombre Cuenta (Total en U$S)





Pampa Holding S.A. 220508816.00 (3.332.707,98)

Diruley S.A. (controlada por Pampa Holding) 220508816.00 (11.642.372,56)





–Figura en la lista Ledesma la empresa agroindustrial que provee azúcar, jarabes, alcohol, fructosa, papel, carnes, granos, frutas, jugos concentrados y aceites esenciales. Pertenece a la tradicional familia de Carlos Pedro Blaquier.





Nombre Cuenta (Total en U$S)





Ledesma S.A.A.I. 9700474208.00 (8.527.138,25)

Blasker Investments Inc. 9700474208.00 (79.573,35)

Bellamy Global Trading Inc. 9700474208.00 (76.460,76)

Calilegua S.A.A.I.C. 9700474208.00 (10.243,38)

Orange Creek S.A. * 100119808.00 (30.563.532,19)





* Orange Creek tiene otro número de cuenta, pero según los estados contables de Ledesma tienen participación en esta firma.



–Las firmas y los nombres que siguen están relacionados con la familia Priu, sus parientes políticos y descendientes. Jorge Priu fundó la petrolera San Jorge en los 60, y fue vendida en 1999 por 1.200 millones de dólares. Su yerno es Juan Scalesciani, del grupo inversor El Rosario, que entre otras cosas remodeló el Palacio Duhau que gerencia la cadena Hyatt. Están ordenados por números de cuenta:



Nombre Cuenta (Total en U$S)



Jorge Priu 89545008.00 (5.730.039,04) Norberto Eduardo Priu y Ana María Priu 1999 Trust 9708228608.00 (17.905.144,48)

Morgan Trust Company of the Bahamas LTD AS TTEE BT-2548 9708228608.00 (69.542.204,94)

Fox River Grove LTD 9708228608.00 (24.357.555,70)

Rosendale Investments Holdings Ltd 9708228608.00 (19.815.615,86)

Paul Priu 1999 Trust 9708228608.00 (3.898.034,93) Classic Liberalism Irrevocable Trust 9708228608.00 (3.468.321,97)

Tony Priu 1999 Trust 9708228608.00 (3.886.791,34)

Ana María Priu-Cambo 1999 Trust 9708228608.00 (5.831.740,50)

Norberto Eduardo Dynasty Trust 9708228608.00 (2.344.914,45)



Diana Stella Bain Trust 9708228608.00 (789.368,90)

Norberto Eduardo Priu 9708228608.00 (338.861,28)< p> Fundación Instituto Leloir 9708228608.00 (473.972,77)

Ana María Priu 9708228608.00 (214.285,24)

Diana Stella Bain 9708228608.00 (154.604,06)

Norberto A. (Toni) Priu 9708228608.00 (63.964,79)

Asociación Civil Siempre Ayuda

Nunca Danes Charitable Trust 9708228608.00 (24.331,50)

Fundación Instituto Leloir Charitable Trust 9708228608.00 (1.157,53)





Fundación Friedrich A. Von Hayek





Irrevocable Trust 9708228608.00 (970,26)

Normatil S.C.A. 89546708.00 (42.644.737,26)





The Foundation Institute Leloir





Expansion and Renovation Trust 89546708.00 (233.447,15)

Norberto Priu 89546708.00 (14.231,36)

María Marta Scalesciani 89547208.00 (6.164,64)

Batuque Sociedad en Comandita por Acciones 89545008.00 (87.226.468,88)

Apocope Swift Limited 89545008.00 (182.618,67)

Ganapia Inc 89545008.00 (138.756,74)

Minooka Holdings LTD 89545008.00 (132.204,75)





–Familia Costantini. Hay cuentas a nombre de Eduardo, su hijo Tomás, y demás familiares y varias de sus empresas, como Consultatio y Nordelta.



Nombre Cuenta (Total en U$S)





Consultatio S.A. 38246708.00 (13.710.314,42)

Consultatio Inversora S.A. 38246708.00 (7.202.192,26)

The Film Investor L.L.C. 38246708.00 (1.374.560,11)





Mariana Costantini & Ricardo Aníbal





Estévez y Alejandro Estévez 38246708.00 (1.143.442,13)

The Latin American Film Company LLC 38246708.00 (972.613,52)

Consultatio Asset Management GFCISA 38246708.00 (922.907,72)

Eduardo & Mariana Costantini 38246708.00 (868.833,89)

Nordelta S.A. 38246708.00 (800.766,91)

Quetzal Advisors Inc. 38246708.00 (450.000,00)

Investor Office Group S.A. 38246708.00 (416.619,05)

Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours 38246708.00 (254.027,76)

Fundación Eduardo Costantini 38246708.00 (1.445.221,71)

Eduardo F. Costantini Jr. 38246708.00 (110.000)

Teresa Correa Ávila 38246708.00 (83.407,19)

The Costantini Film Company LLC 38246708.00 (60.632,69)

Las Garzas Blancas S.A. 38246708.00 (50.000,00)

María Soledad Costantini 38246708.00 (19.668,14)

María Teresa Costantini 38246708.00 (12.400,30)

Mariana Costantini 38246708.00 (12.007,24)

Tomás Costantini 38246708.00 (5.783,66)





–Familia Quentin-Caraballo, dedicada a los fondos de inversión agrícolas.





Nombre Cuenta (Total en U$S)





Claudia Caraballo de Quentin 98494408.00 (22.440.751,88)

Pampa Agribusiness Fund L.P. 98494408.00 (5.069.675,49)

Estanar Estancias Argentinas S.A.R.I.C. 98494408.00 (19.583,17)

Pampa Management S.A. 98494408.00 (7.019,67)

Farmamundo.com 98494408.00 (6.821,13)





–Cuentas del empresario Rodolfo Costantini, de Frigorífico Rioplatense, fundado por su familia en 1974.





Nombre Cuenta (Total en U$S)





Frigorífico Rioplatense 1772641309.00 (54.656,51)

Rodolfo Costantini 1772641309.00 (314.154,95)

Rafor S.A. 1772641309.00 (6.882,27)





–Cuentas vinculadas al sitio web Mercado Libre, donde se comercializan productos on line. Están Hernán Kazah, vicepresidente ejecutivo de Operaciones, y Nicolás Szekasy, vicepresidente ejecutivo de Finanzas.





Nombre Cuenta (Total en U$S)





Mercado Libre Inc. 220647545.00 (11.816.105,87)

Nicolás Szekasy & Gloria Goldstein de Szekasy 220567151.00 (1.008.834,53)

Calistonga Investments Corp. 220567151.00 (4.051.961,93)

Hernán Kazah & Paola Virginia Fagioli 220567191.00 (553.728,69)

Hernán Kazah 220567191.00 (14.901,01)





–SIF Investments corresponde a descendientes de la familia Bemberg, ex propietaria de la cervecería Quilmes.



Nombre Cuenta (Total en U$S)



SIF Investments L.T.D. 220508331.00 (7.662.864,43)



–La familia Melhem fue dueña de una parte de la cervecería Bieckert, tenía la licencia de las zapatillas Reebok, intereses en la industria del plástico, etc. Hoy tiene la firma TYAX SA, ex Panam Group.



Nombre Cuenta (Total en U$S)





Miguel Alberto Melhem 9702100808.00 (3.185.431,62)

Marcel Erwin Melhem 9702100808.00 (3.114.336,87)

Martha Susana Espejo de Melhem 9702100808.00 (585.462,01)

Mónica Marta Melhem 9702100808.00 (505.667,42)

Miguel A. Melhem & Marcel E Melhem & Eduardo M. Nicora 9702100808.00 (159.688,94)

Viamex S.A. 9702100808.00 (100.047,69)

Madko S.A. 9702100808.00 (422.559,75)

Syar S.A. 9702100808.00 (39.146,57)

Fibrafil S.A. 9702100808.00 (7.894,22)

Da Verde L.L.C. 9702100808.00 (3.190,81)

Tyax S.A. 9702100808.00 (1.740,04)

Moplo S.A. 9702100808.00 (1.738,76)





–Esta cuenta está vinculada a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A.



Nombre Cuenta (Total en U$S)





María Rosa Cartellone & Laureano



Rau Rauek & Gerardo Raúl Rauek 220654494.00 (351.966,32)





–Cuentas de la familia Lutz, dedicada al agro.





Nombre Cuenta (Total en U$S)





Juan Jacobo Lutz & Irma Haydee Ojeda de Lutz 220497738.00 (6.757.897,35)

Orlando Lutz Fogar & Néstor Lutz Ibarra 220497738.00 (150.229,50)





–Directivos de Estancia María la Linda S.A.





Nombre Cuenta (Total en U$S)





Enrique Boilini & Carolina P. Augugliaro 22067488.00 (5.992.980,00)





–Estas cuentas corresponden al ex director del Banco Bansud.





Nombre Cuenta (Total en U$S)





Leonardo Anidjar &/or Silvia Josefina





Lifschz de Anidjar 9700822908.00 (2.486.390,07)

Leonado Anidjar 9700822908.00 (12.913,62)



Hernán Arbizu tiene una hermana a la que define como “militante religiosa”. Durante años su hermana le cuestionó su trabajo. Ahora la recuerda en su descargo ante el juez: ”Por haberle faltado a mi mujer y a mi hijo –dice–, a mis padres y a mi familia, a mi hermana tan especial, que de alguna forma me lo venía observando, es que estoy en este juzgado. Para cumplir con lo que deba cumplir, arrepentirme ante los hombres y Dios, y ayudar a que no se produzcan, en lo posible, situaciones como las que he visto y controlado, y de las que he participado”. ¿Se hará justicia?



INVESTIGACIÓN: J L /LUCIANA GEUNA/ JESICA BOSSI



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Imagen nota Critica en


http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/el-coleccionista/item/4118-la-investigaci%C3%B3n-de-lanata-sobre-clar%C3%ADn.html

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POLÍTICA | PANAMÁ PAPERS
Las offshores que Clarín mantiene en Panamá y Marijuán nunca investigó

Dos firmas a nombre de Magnetto, Pagliaro y Aranda, señaladas en la causa por lavado de activos del HSBC, aún figuran como vigentes en los registros oficiales.

Lanata sorprendió con sus críticas y cargó duramente contra Macri
altText(Juan Ignacio Amorín) Juan Ignacio Amorín
121
10 DE ABRIL 2016


Las firmas AGEA Inversora SA y Semar Inversora, registradas en Panamá y no declaradas en el país por los directivos del Grupo Clarín aún figuran como vigentes en los propios registros oficiales. Estas sociedades se encuentran dentro de las 469 compañías denunciadas por fugar divisas a través del HSBC, causa que descansa en manos del fiscal Marijuán y que, siete años después, no ha avanzado. Además, el estudio encargado de administrar estas sociedades es el mismo que el propio Clarín señaló como "facilitador" de dinero a Federico Elaskar en 2013.

Según figura en el propio registro Público de Panamá y contrario a lo que aseguró en un comunicado Clarín hace pocos meses, las empresas figuran como vigentes al día de hoy, y en los dos casos los nombres de sus directivos se repiten: Héctor Magnetto, Lucio Pagliaro y José Aranda, los tres integrantes del directorio del principal grupo de multimedios del país.

En la documentación, a la que tuvo acceso El Destape, se detalla que AGEA Inversora fue constituida el 10 de diciembre de 1979, su presidente es Héctor Horacio Magnetto, su secretario Lucio Rafael Pagliaro y su tesorero, José Antonio Aranda.

https://es.scribd.com/doc/307703389/AGEA-Inversora

AGEA Inversora by ElDestape



http://www.eldestapeweb.com/las-offshores-que-clarin-mantiene-panama-y-marijuan-nunca-investigo-n16373

Fonseca Mora acusó a Singer de presionarlo para que entregara información que relacione a Báez con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner

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Domingo, 10 de abril de 2016

EL PAIS › OPINION
Mossack Fonseca vs. Paul Singer


Por Alfredo Zaiat
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presenta el caso Panama Papers en su página web del siguiente modo: “Gigante fuga de registros financieros offshore expone la matriz mundial de la delincuencia y la corrupción”. Es un extenso reporte elaborado por 18 periodistas integrantes del CIPI. La única mención directa involucrando a argentinos es por la offshore Fleg Trading Ltd. en las Bahamas cuyo director y vicepresidente es el presidente Mauricio Macri. Otra referencia pero indirecta es por la sede de Nevada, Estados Unidos, del estudio de abogados Mossack Fonseca, indicando que un fiscal argentino había solicitado información sobre 123 offshore de “un socio” de la familia Kirchner, sin precisar su nombre, pero se trata de Lázaro Báez. El informe no considera relevante o no tiene información para profundizar el caso Báez y en la publicitada ruta del dinero K, sino que concentra las observaciones en que Mossack Fonseca intentó ocultar el vínculo de su sucursal de Las Vegas con la casa central en Panamá. La investigación apunta a Mossack Fonseca Nevada por la operación Lava Jato, trama de corrupción política y empresarial brasileña, que tiene a esa agencia del estudio como base importante. En un reportaje de descargo brindado al diario La Estrella de Panamá, Ramón Fonseca Mora proporciona un dato revelador, que el informe del CIPI no posee. El socio fundador del estudio, abogado y mano derecha del presidente de Panamá Juan Carlos Varela señala al líder de fondos buitre Paul Singer como el promotor de sus desdichas y de que haya quedado en el centro de las acusaciones por crear offshore para la evasión y lavado de dinero.Otro dato que aportó en su defensa fue que el acoso mediático que dice padecer es impulsado también por Singer, a quien menciona como el financista del viaje de Jorge Lanata a Nevada como parte de la investigación sobre las supuestas firmas offshore de Báez.

En el mundo de las finanzas donde el test de transparencia no deja bien parado a casi nadie, cuando se precipita una guerra entre protagonistas centrales emergen revelaciones interesantes. Empiezan las denuncias cruzadas que permiten conocer información que hasta ese momento estaba oculta en el pacto implícito del secretismo financiero y fiscal de ese negocio. La batalla que se precipitó es entre uno de los estudios de abogados más activos en la creación de empresas fantasmas (offshore) en los últimos cuarenta años y uno de los financista más importante de la categoría fondos buitre. Mossack Fonseca versus Paul Singer.

Información

Antes de la difusión de los Panama Papers, acorralado por las denuncias en Brasil por haber contribuido a construir pantallas societarias para el lavado de activos producto de la corrupción con fondos de Petrobras, en el mencionado reportaje publicado el 14 de marzo pasado, Fonseca Mora acusó a Singer de presionarlo con esa denuncia para que entregara información que relacione a Báez con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Fonseca Mora no tenía lo que quería Singer, según se desprende de la entrevista. El periodista Nicanor Alvarado de La Estrella de Panamá le pregunta si el estudio Mossack Fonseca también está siendo investigado en Nevada. Fonseca Mora contesta:

– Allá (en Nevada) nos están pidiendo información hace cinco años, pero por otro caso, uno de (Cristina) Kirchner, en el cual nosotros vendimos una sociedad de Nevada a una oficina de abogados en Uruguay, hace muchos años, y esta oficina revende la sociedad en Argentina. Esta sociedad es involucrada, y no sabemos de qué forma, entre muchas otras sociedades, en casos de un socio de Kirchner. Como la sociedad está en Nevada, Paul Singer, un hombre que compra bonos basura (a Argentina, incluso) y después quiere cobrarlos a su valor total, se da cuenta que la sociedad está en su territorio, y comienza a pedir información de la empresa. Pero en Estados Unidos el fishing expedition (pedido de información) está permitido, entonces nos han estado presionando por cinco años para que les demos información de otros clientes que incluso no tienen nada que ver.

– ¿Cómo eso se relaciona con lo que, dice, le pasa ahora?

– Singer es un hombre muy sucio. Nos metió en periódicos internacionales. Creemos que la campaña de ahora está dirigida por él para presionarnos para que no lo demandemos. Nos trajo a (Julio –sic–, se confunde el periodista con el nombre Jorge) Lanata aquí, que es un periodista internacional. Pagó y lo llevó a Nevada, creemos que ha pagado a otros medios que han venido y están viniendo a Panamá.

Algoritmo

El reporte del Consorcio Internacional de Periodista de Investigación refiere a que en abril de 2013, cuando difundieron la investigación OffshoreLeaks, a partir de 2,5 millones de archivos secretos filtrados por dos firmas que facilitan negocios en paraísos fiscales, una de Singapur y otra de las Islas Vírgenes Británicas, algunos clientes de Mossack Fonseca enviaron correos electrónicos preguntando si los registros de sus operaciones offshore estaban seguras. El estudio de abogados de Panamá les recomendó que no se preocuparan recordando el compromiso que la privacidad de sus clientes “siempre ha sido de suma importancia y, en ese sentido, la información confidencial almacenada en nuestro centro de datos y cualquier comunicación dentro de nuestra red global se maneja a través de un algoritmo cifrado que cumple con los más altos estándares mundiales”. La filtración de 11 millones de documentos demostró que el algoritmo de su centro de datos era vulnerable.

En relación a la sede de Nevada, el informe del grupo de periodistas de investigación destaca que empleados del estudio de abogados trabajaron a fines de 2014 para ocultar los vínculos entre la agencia La Vegas y su sede central en Panamá por la eventualidad de una orden judicial de Estados Unidos que le exigiera entregar información reclamada por Singer.

Estados Unidos

La batalla que tiene de contendientes a la firma fabricante de offshores Mossack Fonseca y al principal estratega de fondos buitre Paul Singer, donde la plaza de Nevada es el territorio de la disputa, es sólo el emergentes de la verdadera guerra que se está desplegando con la sucesión de filtraciones masivas en los últimos años (OffshoreLeaks, LuxemburgoLeaks, SwissLeaks y Panama Papers), y las puntuales e inorgánicas (HSBC Ginebra-Hervé Falciani, banca suiza Julius Baer-Rudolf Elmer, JP Morgan-Hernán Arbizu, BNP Paribas). Lo que está en juego principalmente es el millonario negocio del dinero offshore. Dónde se radica esos fondos y no tanto cuál ha sido su origen y quienes son sus dueños. El último golpe fue a la credibilidad de Mossack Fonseca para este tipo de negocios. Es una de las cinco firmas más importantes del mundo en la creación de firmas offshore. Tiene más de 500 empleados en unas 40 oficinas distribuidas por el mundo y decenas de bancos internacionales han trabajado con el estudio para ayudar a sus clientes para gestionar empresas offshore. El centro de periodistas de investigación informó que UBS creó más de 11.000 offshore y HSBC más de 2300 a través de Mossack Fonseca.

La presión para la eliminación del secreto bancario en Suiza y el golpe a la credibilidad del secretismo de paraísos fiscales (Luxemburgo, Panamá) favorece a otras plazas que se ofrecen más seguras para esos capitales. Estados Unidos no firmó los acuerdos sobre el intercambio de información de cuentas financieras promovidos por la OCDE, y a la vez aprobó la ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés), que exige a los países información financiera de ciudadanos estadounidenses para combatir la evasión impositiva.

De ese modo, con la ley Fatca y con los estados de Nevada, Delaware y Dakota del Sur, que garantizan confidencialidad y poseen también muy flexibles normas de fiscalización financiera para empresas y grandes fortunas, Estados Unidos convoca a los capitales radicados en el resto de las plazas offshore. Ofrece refugio en sus propias guaridas fiscales, seduce a capitales extranjeros y presiona a estadounidenses para que depositen sus fortunas en esas zonas francas fiscales y financieras.

Es un hecho curioso que en todos los casos de megafiltración de información de guaridas fiscales y de cuentas de bancos internacionales no haya aparecido involucrado ningún político ni empresarios relevantes de Estados Unidos y ninguno de sus grandes bancos. Ni datos de Delaware, Las Vegas o Florida. Es lo mismo que ha señalado Marco A. Gandásegui (h), profesor de sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos, en un reciente artículo “Los Panama Papers y la falta de transparencia” publicado en la red de información Alai-amlatina. “Curiosamente, entre los millones de documentos que le fueron hackeados a Fonseca, muy pocos se refieren a los negocios que la firma realiza con sus contrapartes en Estados Unidos, Gran Bretaña o Europa occidental”. Informa que Fonseca Mora señala que entre sus socios más importantes se encuentran bancos y abogados en Miami (Florida) y en el estado de Nevada (Las Vegas). “Este último, junto con Delaware, son las ‘lavadoras’ más grandes del mundo. Compiten con sus contrapartes en el Canal de la Mancha (Gran Bretaña). Estas lavadoras, sin embargo, no son consideradas offshore y pueden operar debido a la protección que reciben de sus respectivos gobiernos (Washington y Londres, respectivamente)”, afirma Gandásegui (h).

La disputa por los capitales offshore circulando en las guaridas fiscales se ha precipitado con una intensidad inédita. Es una pelea por el manejo de billones de dólares. Diferentes investigaciones realizadas por ONG, el Banco Mundial y el FMI calculan que la evasión, fuga y lavado de activos a través de empresas offshore en guaridas fiscales ha alcanzado un stock de 25 a 30 billones de dólares. Las megafiltraciones de documentos para conocer quienes operan en guaridas fiscales para evadir impuestos y fugar capitales forman parte de un acelerado reordenamiento del negocio global del secretismo fiscal y financiero.

azaiat@pagina12.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296636-2016-04-10.html

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Panamá

POLÍTICA 12:01 a.m. lunes 14 de marzo de 2016
Ramón Fonseca Mora: "Vengo a contar mi verdad"
El abogado y asesor presidencial dice que se ha separado del cargo para dar su versión con respecto a los ataques que ha recibido su bufete

El abogado, político y escritor dice que hay una campaña para afectar su imagen y por eso se separó del cargo. / Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
ERICK MARCISCANO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ
El abogado, político y escritor dice que hay una campaña para afectar su imagen y por eso se separó del cargo.

Nicanor Alvarado
nalvarado@laestrella.com.pa

El abogado Ramón Fonseca Mora se dice decepcionado por la ola de críticas que inundan su bufete, Mossack Fonseca, investigado en Brasil por supuestamente contribuir a construir una pantalla societaria para que se lavaran activos producto de la coima en Petrobras. Para defenderse, dijo, se separó de sus misiones como mano derecha del presidente Juan Carlos Varela. Aquí su ‘verdad'.

SU FIRMA, MOSSACK FONSECA, HA SIDO ACUSADA EN BRASIL DE SER TESTAFERRO DE APARTAMENTOS DE O CONSTRUIDOS POR EMPRESAS LIGADAS CON LA CAUSA LAVA JATO.¿CÓMO RESPONDE A ELLO?

Esa fue una mala noticia. Nosotros no servimos de testaferro. No compramos nada. Nosotros hicimos una sociedad de Nevada, eso es todo. La mujer que compra (el apartamento que es investigado) salió a decir: yo soy la dueña.

SI ES ASÍ ENTONCES, ¿QUÉ ES LO QUE SE INVESTIGA EN BRASIL...?

Ya interrogaron a nuestros trabajadores, al profesional que compró la sociedad, y a la cliente del profesional que nos compró la sociedad. Hasta el momento no hemos sabido más. El fiscal no ha dicho una palabra más. Lo que pasa es que la cliente del abogado compra un apartamento en un edificio construido por una constructora que no es Odebrecht, nosotros no tenemos que ver nada en el tema Odebrecht, esa compañía no me gusta, nunca me ha gustado... El edificio es de OAS, que se metió en el problema Lava Jato, y la fiscalía cree que ese apartamento también es de Lula Da Silva (investigado por supuestamente haber sido parte del esquema de corrupción en Petrobras). Pero me dicen que la cliente de mi cliente tiene un préstamo (para pagar el apartamento).

¿MOSSACK FONSECA ESTÁ SIENDO INVESTIGADA EN BRASIL?

En el proceso de investigación está la empresa, el cliente y algunos de los funcionarios de la oficina franquiciada en Brasil. Pero no hay ningún avance en la investigación, porque pensamos y sospechamos que no hay causa.

¿ENTONCES PORQUÉ PIDIÓ AL PRESIDENTE UNA LICENCIA?

Vengo contar mi verdad. El tema tiene implicaciones políticas por mi cargo en el Gobierno, por eso pedí mi licencia. Preferí separarme para no afectar al Gobierno. Además, el tema me está afectando con los clientes, bancos, prestigio...

USTED MENCIONÓ QUE LA SOCIEDAD DEL APARTAMENTO EN BRASIL ESTÁ EN NEVADA. ¿ALLÁ TAMBIÉN ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS?

Allá nos están pidiendo información hace cinco años, pero por otro caso, uno de (Cristina) Kirchner, en el cual nosotros vendimos una sociedad de Nevada a una oficina de abogados en Uruguay, hace muchos años, y esta oficina revende la sociedad en Argentina. Esta sociedad es involucrada, y no sabemos de qué forma, entre muchas otras sociedades, en casos de un socio de Kirchner. Como la sociedad está en Nevada, Paul Singer, un hombre que compra bonos basura (a Argentina, incluso) y después quiere cobrarlos a su valor total, se da cuenta que la sociedad está en su territorio, y comienza a pedir información de la empresa. Pero en Estados Unidos el fishing expedition está permitido, entonces nos han estado presionando por cinco años para que les demos información de otros clientes que incluso no tienen nada que ver.

¿CÓMO ESO SE RELACIONA CON LO QUE, DICE, LE PASA AHORA?

Singer es un hombre muy sucio. Nos metió en periódicos internacionales. Creemos que la campaña de ahora está dirigida por él para presionarnos para que no lo demandemos. Nos trajo a (Julio) Lanata aquí, que es un periodista internacional. Pagó y lo llevó a Nevada, creemos que ha pagado a otros medios que han venido y están viniendo a Panamá.

PERO SUENA A POCO ARGUMENTO PARA TANTA CAMPAÑA...

Es que por algún lado viene... Lo peor es que estamos pasando de que eres presuntamente inocente a que eres culpable y debes demostrar que eres inocente. Y eso la sociedad moderna tiene que pararlo.

TAMBIÉN HAN SEÑALADO A SU EMPRESA EN ALEMANIA, ESPAÑA, MALTA...

En España vendimos una sociedad a una firma de abogados en Costa Rica. Solo somos agentes registrados... no es pecado ser agente registrado de una sociedad. No somos ni los directores ni dueños. La sociedad (vinculada al presidente de la Comunidad de Madrid) compra un ático en Madrid, y sale como si nosotros fuéramos los dueños del ático, pusimos la plata, hicimos e hicimos. Es muy injusto y tendencioso ponernos en primera plana por ser agente registrado...

¿PERO Y EN ALEMANIA?

Allí tuvimos un caso... nosotros tenemos una oficina en Luxemburgo y vendimos sociedades a un banco alemán, cliente nuestro, se filtró la información y el Gobierno alemán investigó, no a nosotros, sino a quienes compraron las sociedades en el banco. Es lo que sucede siempre. Nosotros ahora estamos preguntando quién es el beneficiario, quién es el abuelo, para evitar problemas. Y en Malta no hay nada malo. Un señor hace una sociedad para su familia. Lo que se nos escapó es que es un político, y nosotros no hacemos sociedades para políticos ya. Pero allí no hay nada malo. La oposición está acusándolo, y él dice que lo prueben. Nosotros le hicimos la sociedad a un abogado de allá que nos la pidió, y le hicimos un fideicomiso en Nueva Zelanda, porque somos expertos allá. Nuevamente más de lo mismo.

¿NO SON DEMASIADOS CASOS?

Somos una compañía grande y puede que soliciten información. A Panamá todos los días llegan solicitudes de información de cuentas bancarias, sociedades... ¿pero por qué destacarnos? En el caso de Odebrecht, hay muchas otras firmas destacadas, y nosotros no estamos involucrados. ¿Por qué no se ha mencionado eso? Y no hay justificación... no hemos sido acusados ni demandados por nadie.

¿CUÁL ES EL ROL DE MOSSACK FONSECA?

Por ley panameña una sociedad anónima debe tener un agente registrado, que no se involucra en el negocio de las sociedades, no tiene nada que ver. Sólo es el encargado de recibir notificaciones y pagar la tasa al Registro Público. Es como un carro: usted compra uno, la agencia le dice que es el agente de esa marca, que lo lleve a hacer chequeo cada seis meses, pero usted se lleva el auto. Usted hace lo que sea con él. Si roba con él, eso no es culpa de la agencia, ni de la fábrica. Nosotros somos agencia y fábrica. Construimos sociedades y las vendemos, y la persona que la compra es la responsable.

¿PERO NO HAN CONTEMPLADO LA POSIBILIDAD DE VERIFICAR CON MÁS PRECISIÓN A QUIÉN LE VENDEN?

Nosotros somos los más estrictos en debida diligencia. Tenemos 32 personas dedicadas a investigar quién es el cliente final, estamos tomando todas las medidas. Pero, por ejemplo, si nuevamente nos piden que vendamos una sociedad a la señora del apartamento en Brasil, se la vendemos, porque no hay nada.

PERO EN PANAMÁ HAY GENTE QUE NO PIENSA LO MISMO, Y PIDE QUE SE LE INVESTIGUE...¡

Sí, me alegra mucho que nos investiguen. Fuimos antes que nos llamaran. Pero la percepción es mala contra mi firma y mi persona. Hay algo raro detrás.

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‘El tema (las denuncias) tienen implicaciones políticas. por mi cargo en el Gobierno de Juan Carlos Varela, por eso pedí mi licencia. Preferí separarme para no afectar la imagen del Gobierno, pero el Presidente me rechazó dos veces la renuncia'.

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PERFIL DEL ABOGADO

Además de abogado, es vicepresidente del partido panameñista

Nombre completo: Ramón Fonseca Mora

Nacimiento: Panamá en 1952

Ocupación: Abogados, escritor y político.

Resumen de su carrera: Estudió en el Colegio la Salle y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Estudios en Londres. Trabajó 6 años en la ONU en Ginebra, Suiza. Escritor con 2 premios nacionales de Literatura Ricardo Miró. Director de la Autoridad de la Región interoceánica. Director Patrono del Hospital del Niño durante diez años años. Socio fundador del bufete Mossack Fonseca con 350 colaboradores panameños y 150 en el exterior. Se desempeñó como ministro consejero dos años en el gobierno de Ricardo Martinelli. Actualmente en licencia como ministro consejero del gobierno de Juan Carlos Varela. Es Presidente encargado del Partido Panameñista. Agroindustrial de naranja y piña nacional, entre otros rubros.

http://laestrella.com.pa/panama/politica/ramon-fonseca-mora-vengo-contar-verdad/23927780

CFK: El problema, no voy a ser yo

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Sábado 13 de diciembre de 2014

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, EN LA PLAZA DE MAYO


Cuando los miro, cuando los escucho, cuando los veo cantar y aguantar como han aguantado lluvia, viento y granizo, les digo que nos quieren correr con unos buitres desplumados, con ríos de calumnias y de injurias, jamás. Esta es la plaza del amor, es la plaza del aguante, de la democracia, es la plaza de todos los argentinos.

Yo quiero, en serio, porque hoy cuando muy temprano veía entrar las columnas de jóvenes, miles y miles…

No tengan miedo, porque ustedes son el legado más importante. Algunos creen que puedo constituir alguna amenaza para el futuro o para algunos. No, que no se equivoquen.

Si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser ustedes porque crecieron en un país distinto. Se equivocan, no voy a ser yo el problema, el problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo, el problema van a ser los millones de jóvenes que por primera vez tuvieron un empleo, una computadora o pudieron ir a la universidad a pocas cuadras de su casa. El problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos y que dos veces al año le reajustan sus jubilaciones. El problema van a ser los miles de científicos y científicas que por primera vez sienten que la patria, que su país los tiene en cuenta y les da los instrumentos y los elementos para llevar a cabo sus ilusiones, sus estudios y devolverle al país lo que el país le ha dado a ellos a través de la universidad nacional, pública y gratuita.

El problema, el problema no voy a ser yo, van a ser inclusive, algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana.

Por eso, yo les pido a todos los argentinos que tengamos una perspectiva histórica, una mira retrospectiva, que no significa anclarse en el pasado. Pero para poder seguir manejando hacia adelante, hay que mirar el espejo retrovisor del auto, porque sino podés chocar el auto y el país.


Por eso, a los que creen que corriéndome y hostigándome van a eliminar un problema, creo que en realidad, tampoco conocen la historia. No conocen la historia de quienes fueron proscriptos hasta por el nombre, de los que fueron acusados de delitos imposibles.

El otro día leía en un diario cuando hasta a Perón lo acusaron de estupro. Sí, hasta eso hicieron con el peronismo, prohibirlo, denigrarlo. Y, sin embargo, pudo estar vivo y sigue estando vivo en miles y miles de jóvenes, inclusive, en aquellos que sin ser peronistas, reconocen en el movimiento social fundado por Perón y por Evita, un importante vector de la transformación y del cambio en la República Argentina.

¡Qué hermosa noche, qué hermosa noche después de la lluvia! Después de la lluvia y la tormenta, es como que todo se torna más calmo, más tranquilo y podemos percibirnos los unos con los otros.

Muchos de ustedes deben de estar tal vez empapados porque tuvieron aquí o se refugiaron de la lluvia. Pero quiero agradecerles con todo mi corazón esta presencia masiva, jóvenes que como decía adentro, muchos no tienen ni siquiera la edad de la democracia y otros, tal vez, como muchos estudiantes secundarios, tenían 3, 4, 5 años a lo sumo cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno.

Tal vez, como Casey Wander, ese rubiecito de ojos celestes que tanto les molestó a algunos, que había nacido en el 2003. ¿Saben por qué les molesto? Lo conocí, no saben lo qué es. Lo recibí aquí, en la Casa de Gobierno, sin fotos y sin cámaras, para que esos buitres mediáticos, no se ensañaran con un chico que piensa y que siente a su patria.

¿Saben qué les molestó de Casey Wander? Que fuera rubio, que tuviera ojos celestes y que además se llamara Casey Wander. Era demasiado, no da con el cliché, no da con el modelo del que viene por el choripan y la Coca, no da con el modelo. Eso es lo que los volvió locos, porque no entienden el modelo, porque no los entienden a ustedes y porque nunca entendieron ni entenderán nada desgraciadamente.

Porque cuánto me gustaría, cuánto desearía, no ya como Presidenta, sino como militante política, como ciudadana que aún aquellos que no comulguen con nuestras ideas, que aún aquellos que tengan una historia diferente, que aún aquellos que piensen que está mal todo lo que hacemos, pudiéramos discutirlo civilizadamente, sin insultos, sin calumnias, sin injurias, sin denuncia. Porque, ¿sabés qué? Me parece que cuando vos insultás, calumniás, denunciás, injuriás es porque te faltan razones para discutirle al que tenés al frente. Yo quiero que me den razones, por favor, basadas en resultados, basadas en la historia, no en eslogans o construcciones.

Por eso, quiero agradecerles esta plaza maravillosa y además, ¿saben qué? Es todo un símbolo, es la reafirmación de nosotros aquí en este lugar fundante de los argentinos que es la Plaza de Mayo.

Ni la lluvia ni el viento ni la fuerza de la naturaleza ni ninguna otra fuerza, podrán jamás quitarnos esta historia. Porque esta historia, es la historia del pueblo argentino, de sus luchas, de sus caídos, desde San Martín, desde Belgrano, desde Moreno, desde Rosas y de todos los hombres y mujeres que entregaron sus vidas por una patria mejor, porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro.

Gracias, gracias juventud, gracias, por todo, los quiero mucho, los abrazo con mi corazón.

Muchas gracias. (APLAUSOS) 
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/28202-saludo-a-manifestantes-en-plaza-de-mayo-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion

http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo

La caja de Pandora: "Por qué vamos a aceptar cuatro o cinco veces menos que NM"

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Bonistas argentinos en default afirman que el Gobierno los discrimina frente a los fondos buitre
Se quejan porque les ofrecen menos dinero que a los acreedores del exterior que compraron sus bonos a un precio bajo; advierten que, si la situación no cambia, recurrirán a la justicia local
SEGUIRMartín KanenguiserLA NACIONMARTES 12 DE ABRIL DE 2016 • 12:20
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Los bonistas argentinos minoristas que siguen en default reclaman que el Gobierno les otorgue, al menos, la misma compensación que a los fondos buitre que ganaron el juicio del pari passu para aceptar un acuerdo.

El directivo de la Asociación de Damnificados por el Default y la Pesificación (Adapd), Horacio Vázquez, dijo a LA NACION que los acreedores nacionales "no pueden aceptar menos que lo que se le pagará a NML".


"Por qué vamos a aceptar cuatro o cinco veces menos que NML cuando pagamos los bonos por un valor cuatro o cinco veces más que ellos", expresó Vázquez.

Vázquez detalló que la semana pasada pidieron una reunión a los asesores legales del Ministerio de Hacienda y Finanza, que conduce Alfonso Prat-Gay, pero aclaró que todavía no obtuvieron "ninguna respuesta".


"Nos sentimos discriminados porque a los bonistas italianos de las Task Force les concedieron lo que pedían sin que hayan ganado un juicio, mientras que a nosotros, que sí ganamos, en la Argentina y en Estados Unidos, no nos ofrecen nada diferente a la oferta base", indicó.

Por esta razón, adelantó que si el Gobierno mantiene la misma actitud, van a ir "a la justicia federal argentina para reclamar un trato equitativo".


"Estamos pidiendo prioridad para las excepciones; ya hay 42 bonistas argentinos que murieron y nadie nos presta atención", se quejó.

En este sentido, agregó: "Ya que el Gobierno le está ofreciendo a cada grupo una propuesta diferente, a nosotros deberían darnos lo que nos merecemos".

En una carta que le giraron al asesor legal del ministro Prat-Gay, Eugenio Bruno, Adapd pidió retomar la propuesta que formularon en 2010, en la que se pedía respetar los fallos judiciales que beneficiaron a los minoristas.

Cabe recordar que el Gobierno presentó dos ofertas: a los holdouts sin la sentencia del pari passu, el monto del capital adeudado más un 50%; y a quienes sí tengan ese fallo, ratificado por la justicia norteamericana en 2014, el 100% del monto original reconocido en esa sentencia, con una quita del 30 por ciento.

En este sentido, fuentes del Palacio de Hacienda afirmaron a LA NACION que "con estos bonistas hubo diálogo, pero se les aclaró que no se les puede pagar más que a otros contemplados por la oferta base".

http://www.lanacion.com.ar/1888593-bonistas-argentinos-en-default-afirman-que-el-gobierno-los-discrimina-frente-a-los-fondos-buitre


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15:10 hs. — Martes 12 de abril de 2016
Ahora bonistas argentinos en default piden igual compensación que a fondos buitres



Los bonistas argentinos en default reclaman al gobierno de Mauricio Macri la misma compensación que a los fondos buitre y advierten que reclamarán ante la Justicia “un trato equitativo”.

Así lo adelantó el directivo de la Asociación de Damnificados por el Default y la Pesificación (Adapd), Horacio Vázquez. En diálogo con el diario La Nación, manifestó que los acreedores nacionales “no pueden aceptar menos que lo que se le pagará a NML”.

Vázquez denuncia que les ofrecen menos dinero que a los acreedores del exterior que compraron sus bonos a un precio bajo.

“Por qué vamos a aceptar cuatro o cinco veces menos que NML cuando pagamos los bonos por un valor cuatro o cinco veces más que ellos”, se preguntó.

El directivo de Adapd contó que pidió la semana pasada una reunión con los asesores legales del Ministerio de Hacienda y Finanza, sin obtener aún ninguna respuesta.

“Nos sentimos discriminados porque a los bonistas italianos de las Task Force les concedieron lo que pedían sin que hayan ganado un juicio, mientras que a nosotros, que sí ganamos, en la Argentina y en Estados Unidos, no nos ofrecen nada diferente a la oferta base”, indicó a La Nación.

En esta línea, advirtió que van a ir “a la justicia federal argentina para reclamar un trato equitativo” si el Gobierno mantiene la misma actitud.

http://diariopulse.com/bonistas-argentinos-default-compensacion-fondos-buitre-macri/18969

Panamá Papers: HSBC, UBS y Credit Suisse, los bancos más comprometidos

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Habrían violado leyes antilavado de EEUU
Panamá Papers: HSBC, UBS y Credit Suisse, los bancos más comprometidos
Más de 500 bancos privados de todo el mundo quedaron involucrados en el escándalo de los Panamá Papers por la responsabilidad en la creación de sociedades offshore para sus clientes con el objetivo de evadir impuestos o lavado dinero proveniente de ilícitos.

Sin embargo, según informó el periódico español La Vanguardia, los más comprometidos hasta el momento son HSBC, UBS y Credit Suisse. Se estima que en los documentos reciente revelados por el Consorcio Internacional de Periodismo el HSBC figura con en la creación de 2.300 compañías registradas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. El UBS y Credit Suisse, por su parte, habría intervenido en la puesta en marcha de más de 1.100 empresas de dudosa legalidad. En total, los 500 bancos habrían fundado más de 15.000 sociedades.

Según la investigación, UBS mantuvo una estrecha relación con Mossack Fonseca por lo menos hasta 2010, cuando Estados Unidos empezó a ponerse más estricto con el tema de la evasión fiscal. "Los documentos indican que el bufete panameño aceptaba un control superficial por parte de los bancos al exigir mucha menos documentación que la requerida para la constitución de sociedades. En cuanto a Société Générale, utilizó el mecanismo de las acciones al portador, que permite incluso no registrar el nombre del propietario", reveló la publicación europea.

"Montar una empresa en un paraíso fiscal (o en un país con secreto bancario) en sí mismo no es delito, pero estos bancos ya tuvieron que pagar multas en el pasado por haber asesorado a sus clientes en operaciones consideradas opacas", señaló el matutino.

En 2012 el HSBC tuvo que pagar una multa de u$s 1.900 millones por admitir haber violado las leyes antiblanqueo, tras una acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. El UBS desembolsó u$s 780 millones en 2009 en un acuerdo extrajudicial por haber contribuido a la evasión fiscal de sus clientes en Suiza.

Con menor cantidad de empresas creadas, también aparecen vinculados a los Panamá Papers el Banco Santander y el BBVA. El español creó 118 sociedades offshore en Panamá y el Bilbao Vizcaya Argentaria, 19. Las dos entidades operaron a través de sus filiales en Suiza. Pero según La Vanguardia, Santander se las desprendió en 2012 y el BBVA cinco años atrás.

El banco que preside Francisco González también operó a través de una filial de Miami, que vendió a Banc Sabadell en 2007 y desde donde el banco catalán adquirió 10 sociedades en Panamá para clientes de América latina. "Banc Sabadell nunca ha creado, adquirido ni recomendado a sus clientes la operativa a través de estas sociedades. Las sociedades a las que hace referencia datan de procesos de adquisición del negocio de banca privada de otras entidades que en su día realizó Banc Sabadell", afirmó un portavoz de la entidad.

Tanto Santander y BBVA destacan como ningún español de la lista que salió a la luz en la filtración es cliente suyo en la actualidad.


http://www.ambito.com/834855-panama-papers-hsbc-ubs-y-credit-suisse-los-bancos-mas-comprometidos

Grindetti, sobre los Panamá Papers: "En todo caso, es un tema personal con la justicia"

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Grindetti, sobre los Panamá Papers: "En todo caso, es un tema personal con la justicia"
El intendente de Lanús, quien figura en una sociedad offshore en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza, aseguró que está "personalmente tranquilo"
MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2016 • 15:02

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El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se refirió hoy a su situación por el caso de los Panamá Papers, en el que se lo señala como poseedor de una empresa offshore y titular de una cuenta bancaria en Suiza, según los documentos exclusivos a los que accedió LA NACION y Canal 13 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y del diario alemán Süddeutsche Zeitung.


Grindetti afirmó que se encuentra "personalmente tranquilo" y sostuvo que, "en todo caso, es un tema personal con la justicia" que nada tiene que ver con su administración en el distrito. Su participación coincide con el período en el que ejercía como secretario de Hacienda porteño y era, en la práctica, uno de los funcionarios de mayor confianza del entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri .

Durante la presentación del "Plan de Acción 2016" del ejecutivo municipal, Grindetti contestó preguntas de la prensa por primera vez desde la aparición de la investigación que revela la titularidad de empresas offshore en Panamá y reiteró los conceptos que ya había vertido a través de un comunicado de prensa y en un programa radial que él conduce en una radio local.

"No nata"


"Yo ya lo dije cuando nos enteramos. En el caso que se me atribuye, es una empresa 'no nata', no nació, no funcionó nunca y por eso no fue declarada", dijo el jefe comunal.

Consultado por la agencia Télam respecto de la denuncia realizada por el legislador porteño Marcelo Ramal, que relaciona la cuenta que se le atribuye a Grindetti con la colocación del Bono Tango 08, el ex ministro de Hacienda dijo: "Es una cuestión personal que no tiene vinculación ni la puede tener con un bono oficial de la Ciudad de Buenos Aires".

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"En términos personales estoy absolutamente tranquilo, desde que asumí en Lanús, estoy preocupado por el municipio. Después de dar la explicaciones que di a los vecinos, a partir de ese momento deja de tener importancia, porque tiene importancia es todo el resto", añadió.

Sobre sus explicaciones a los concejales del distrito, confirmó que mantuvo una reunión con el grueso del cuerpo deliberativo y rechazó la posibilidad de una interpelación: "Excede a los temas de Lanús y, en todo caso, es un tema mío personal con la justicia".

También restó importancia al impacto que podría haber tenido sobre la opinión publica y negó que se haya dañado la gestión.

Su participación en los Panamá Papers

Amigo del actual Presidente de la Nación, Grindetti protagonizó diversas operaciones offshore entre julio de 2010 y julio de 2013, según publicó LA NACION la semana pasada.

El estudio Mossack Fonseca, especializado en operar en paraísos fiscales, intercedió para otorgar un "poder especial" al intendente para manejar Mercier International, según consta en la escritura pública del 2 de julio de 2010.

En esos documentos no se revelan quiénes son los accionistas. Sí, en cambio, se aclara que las acciones son al portador y que se dividen en dos mitades. No es un dato menor: el principal objetivo de emitir acciones al portador es evitar que se conozca el nombre del verdadero dueño.



http://www.lanacion.com.ar/1888953-grindetti-sobre-los-panama-papers-en-todo-caso-es-un-tema-personal-con-la-justicia

Fidecoimiso de amigos

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POLÍTICA | MACRI PRESIDENTE | MAURICIO MACRI | PANAMÁ PAPERS
Macri le da a un funcionario público la administración de sus bienes

A pesar de que el fideicomiso ciego impone que el Presidente no tenga contacto con él, el designado es el escribano general de la Nación.

14 DE ABRIL 2016
Noticias Argentinas.
Hecha la ley, hecha la trampa. La máxima popular puede aplicarse nuevamente con la constitución del fideicomiso ciego, la forma con la que Mauricio Macri piensa administrar sus bienes mientras dure su presidencia como forma de garantizar mayor transparencia, en momentos en los que empieza a ser cuestionado por su rol en los Panamá Papers.

¿Por qué? Porque la idea de fideicomiso "ciego" implica que el presidente no entra en contacto con quienes manejan su fortuna, para que no sepa si sus medidas de gobierno lo ayudan o perjudican patrimonialmente. El elegido para este fin es una empresa que fue conformada por el actual escribano general de la Nación, designado por el propio Macri ni bien asumió su presidencia. Es decir, un funcionario público cercano al jefe de Estado.

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Según consigna el diario El Cronista Comercial, Macri firmó la constitución del fideicomiso cediendo el manejo de las acciones de compañías que Macri posee a la empresa Seguridad Fiduciaria S.A. Esa empresa fue constituida en la ciudad de Buenos Aires en el año 2001 por Carlos Marcelo D'Alessio, quien hoy se encuentra en el Estado nacional, ocupando el cargo del histórico escribano general Natalio Echegaray, que renunció con el cambio de gobierno tras 30 años de servicio.

El contrato, revelado primero por el portal Big Bang News, establece que "el Fiduciante (Macri) desea evitar conflictos de intereses y otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio" con este instrumento. durante su presidencia. Por ello, Macri se compromete a abstenerse "de comunicarse directa o indirectamente" con la empresa. El contrato de constitución del fideicomiso especifica que no podrán "discutir, intercambiar o difundir toda información relativa" al mismo. Es claro: para ser transparente, Macri y D'Alessio no deberia tener contacto alguno, algo que a la vista es un imposible.

Con este mecanismo, Macri cede a Seguridad Fiduciaria SA la admnistración de las acciones de las empresas "4 Leguas S.A.", "Agropecuaria del Guayquirao S.A.", "Molino Arrocero S.A." y "María Amina S.A", como así también su participación del fideicomiso "Inmobiliario Caminito".

La declaración jurada del presidente estuvo envuelta en una polémica durante el año pasado, ya que, mientras que en la Ciudad declaró tener un patrimonio de 60 millones de pesos y 2 millones de dólares; cuando hizo lo propio ante la Oficina Anticorrupción por ser candidato a presidente, declaró bienes por $53 millones, con un sugestivo préstamo a su amigo y contratista de la Ciudad, Nicolás Caputo.

El anuncio del fideicomiso estuvo apurado por la revelación de la existencia de una empresa offshore en la que Macri es director, dentro del escándalo mundial de los Panamá Papers. Tras esa información, se descubrió que Macri figuraba como director en otras dos firmas, y otros funcionarios del PRO como Darío Lopérfido y Claudio Avruj se encontraban en la misma situación.


http://www.eldestapeweb.com/macri-le-da-un-funcionario-publico-la-administracion-sus-bienes-n16496

Que bueno es dar buenas noticias

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EDICIÓN IMPRESA FINANZAS Y MERCADOS 14.04.16 | 00:00
Estiman que ingresarán hasta u$s 30.000 millones anuales

Arreglar con los holdouts equivale a pasar de jugar en el Nacional B a la Primera A. De ser un mercado fronterizo se pasará a ser un mercado emergente, al que los fondos de inversión deben destinar gran parte de su cartera. En América latina, Argentina tendrá una ponderación del 20%
por MARIANO GORODISCH
inversiones , deault , market share
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Podrían ingresar u$s 30.000 millones anuales de fondos de inversión
Podrían ingresar u$s 30.000 millones anuales de fondos de inversión
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En 2009 la Argentina dejó de ser un mercado emergente, o sea, de estar en Primera A, para descender de categoría al Nacional B y convertirse en un mercado fronterizo, un estatus que aún hoy conserva.

La buena noticia es que, tras la salida del default, que es como salir del Veraz, la ascenderán de vuelta del Nacional B a la Primera A: pasará a ser un mercado emergente, donde los fondos de inversión deben destinar gran parte de su cartera.

El cálculo que hace el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, es que, una vez que se vuelva a jugar en Primera A, pueden ingresar u$s 30.000 millones anuales de fondos de inversión. ¿Cómo surge esta cifra? En 2010, la inversión anual en mercados emergentes fue de u$s 908.000 millones. El 60% fue para Asia y el 20% para América latina. O sea, u$s 180.000 millones.

Los mercados emergentes en Latam son cinco: Chile, Perú, Uruguay, Brasil y Colombia. En los ’90 la Argentina captó el 24% del market share para Latam, pero ahora podría captar un mayor porcentaje por las dificultades de Brasil, Perú y Chile, ya que sólo Colombia y Uruguay son los dos países más sólidos. Pero con que capte menos del 20% del total para Latam, ingresarían más de u$s 30.000 millones anuales.

Sólo durante el mes de marzo pasado, los mercados emergentes recibieron u$s 36.800 millones. Para Asia fueron u$s 20.600 millones y para América latina u$s 13.400 millones. Con tener sólo el 20% del share, la Argentina hubiera captado u$s 2.700 millones sólo en un mes, que si se lo anualiza, la cifra superaría los u$s 30.000 millones.

Como dato, Qatar y Emiratos Árabes pasaron de mercados fronterizos a emergentes y en 2015 consiguieron más de u$s 25.000 millones cada uno.

Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, cree que Argentina está para pesar por lo menos 1% en los fondos emergentes que, a diferencia de los ‘90, hoy son muy asiáticos: "Eso hace que por el tamaño de Asia, Latam haya perdido peso específico. Si hacemos bien las cosas, podríamos ir trepando y eso iría incrementando la exposición a Argentina. Para el salto inicial, se pueden prever u$s 30.000 millones el primer año, y al final de un proceso de tres años la exposición total podría trepar hasta los u$s 100.000 millones".

Para Martin Castellano, economista senior del departamento de América latina del Institute of International Finance (IIF), la salida del default abre las puertas a la inversión extranjera, "pero estimamos que el aumento en los flujos va a ser gradual. En inversión de cartera, algunos fondos van a ver una buena oportunidad de ingresar rápido. No obstante, muchos inversores institucionales (con restricciones para financiar a Argentina) posiblemente esperen a tener más detalles sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y el programa macroeconómico. La inversión directa va a tardar un poco más en llegar, aunque es probable que comencemos a ver más financiamiento intra-compañía este año. Proyectamos un ingreso de capitales privados de no residentes por encima de u$s 20.000 millones en 2016, incluyendo inversión de cartera y directa, con un ingreso neto equilibrado entre equity y deuda este año".

Para los años subsiguientes, en el IIF esperan que los flujos netos vayan creciendo paulatinamente, con un cambio en la composición en favor de equity (versus deuda) en cuanto a instrumento, y de sector privado (versus sector público) en términos de receptor: "Para tener una referencia, México recibió en promedio ingresos de capitales (incluyendo deuda y equity) de u$s 40.000 millones anuales en los últimos cinco años".

Gabriel Martino, CEO de HSBC Argentina, subraya que acordar con los holdouts no sólo permitirá a la Argentina acceder a tasas más baratas para encarar distintos proyectos, sino que posibilitará a las empresas nacionales conseguir dinero más barato y de largo plazo para sus inversiones: "A su vez, permitirá expandir el mercado local de capitales, lo cual ayudará a desarrollar al peso como moneda de ahorro. También nos permitirá acceder a organismos multilaterales y normalizar las relaciones financieras con el resto del mundo. Esto es muy importante, porque la forma de financiar los programas de infraestructura que necesita la Argentina, como son carreteras, ferrocarriles y vías navegables es a través de líneas de largo plazo y a costos bajos. Tener una infraestructura adecuada es una enorme oportunidad para hacer más competitivo al país".

http://www.cronista.com/finanzasmercados/Estiman-que-ingresaran-hasta-us-30.000-millones-anuales-20160414-0050.html

Cámara anuló el procesamiento de Boudou por dádivas cuando Macri fue observado por lo mismo...

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Lo había dictado Oyarbide
Cámara anuló el procesamiento de Boudou por dádivas

Amado Boudou.
ANTICIPO.-

La Cámara Federal anuló el procesamiento contra el exvicepresidente Amado Boudou en una causa en la que estaba acusado por dádivas a raíz de dos viajes que realizó a la ciudad de Necochea en vuelos grautitos el 17 de diciembre de 2011.

Fuentes judiciales informaron que la decisión la tomó la Sala II de la Cámara Federal y que así se anuló el procesamiento había fijado en primera instancia el exjuez federal Norberto Oyarbide, a quien hoy el Poder Ejecutivo le aceptó la renuncia como magistrado.


http://www.ambito.com/835218-camara-anulo-el-procesamiento-de-boudou-por-dadivas

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el viaje de Macri



EL ROL DEL EMPRESARIO LEWIS
Denuncian que el viaje de Macri en helicóptero privado "es lo mismo que hizo Boudou"
El abogado Monner Sans, que hizo una presentación judicial contra el exvice por volar en una empresa contratista, criticó al presidente.

Twitter
Por Ramón Indart | 28/03/2016 | 16:04
Boudou y Macri utlizan helicópteros privados para campaña y descanso, respectivamente.
Boudou y Macri utlizan helicópteros privados para campaña y descanso, respectivamente. | Foto: Cedoc
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Macri descansa en el campo de un millonario inglés y hay polémica
El 17 de diciembre del 2011 el vicepresidente Amado Boudou utilizó el helicóptero de una constructora para ir a un acto en Necochea. Por aquel entonces, tras la nota de Perfil.com, el abogado Ricardo Monner Sans denunció al funcionario porque consideró que podía haber delito de dádiva (artículo 259 del Código Penal).

Ahora, luego de que Clarín difundiera la noticia de que el presidente Mauricio Macri utilizó la aeronave del empresario inglés Joe Lewis y se hospedó en su estancia de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, el abogado no dudó: "Es lo mismo que cometió Boudou en Necochea".

En diálogo con este portal, Monner Sans recordó la presentación de 2011 y explicó que, en su opinión, Macri pudo haber cometido el mismo delito por el cual Norberto Oyarbide tiene procesado al exvice "salvo que haya pagado el vuelo y pueda demostrarlo".

"Los argentinos del poder son propensos a tropezar dos veces con la misma piedra", continuó el abogado, al tiempo que cuestionó a los asesores legales del mandatario: "Si tienen en la cabeza esto que nosotros vemos y sabemos, le hubieran dicho 'pare, no haga eso'".

Vínculos. En el libro Los Patrones de la Argentina K, los periodistas Esteban Rafele y Pablo Fernández Blanco desarrollan ampliamente el rol de Lewis y el argentino Marcelo Mindlin en el holding de este último, Pampa Energía, el más importante del país, con la distribuidora eléctrica Edenor como principal empresa.

"Dos fuentes que acompañaron de cerca al empresario durante los últimos años destacan el mismo nombre a la hora de nutrir de dólares a las aspiraciones comerciales de Mindlin: el del magnate británico Joe Lewis", escribieron los autores en 2013. "Lewis canaliza la parte sustancial de sus inversiones a través del grupo Tavistock, una organización internacional fundada por el magnate hace más de 35 años que, según explica, valora las relaciones de largo plazo. Su centro de operaciones está en el paraíso fiscal Bahamas, desde donde maneja los hilos de su participación en más de 200 empresas en 15 países", agregan.

Aunque Mindlind siempre negó el contacto, en el libro subrayan que "el propio grupo de Lewis reconoce tener inversiones en Pampa Energía y en Transener. Más aún: en su página web se puede ver una foto de la salida de Pampa a cotizar en la bolsa de Nueva York".

Este mediodía, a través de la red social Twitter, ambos ofrecieron más información al respecto. Blanco señaló que "es uno de los dueños secretos de Edenor y Pampa Energía a través de un fondo" y Rafele agregó: "El fondo de Lewis que invierte en Pampa Energía se llama Tavistock y tiene sede en Bahamas".

¿Dádivas? Al cierre de la conversación telefónica con Monner Sans, este portal le preguntó si no podría haber un interés judicial al respecto. El letrado señaló que "algún fiscal de oficio debe tomar la información para investigar esto, porque Macri dijo que lucharía contra la corrupción aún cuando se trate de gente suya, entiendo que se involucra".

(*) De la redacción de Perfil.com. En Twitter, @rindart.

http://www.perfil.com/politica/Denuncian-que-el-viaje-de-Macri-en-helicoptero-privado-es-lo-mismo-que-hizo-Boudou-20160328-0028.html


FIN DE SEMANA EN RIO NEGRO
Macri descansa en el campo de un millonario inglés y hay polémica
Viajó a la estancia de Lago Escondido de Joe Lewis, acusado de ocupar tierras fiscales. También usó su helicóptero privado. 


Por Ezequiel Spillman | 27/03/2016 | 11:00


Millonario. Lewis es dueño de un club inglés. Macri permanece en su estancia hasta hoy.
Macri volverá a verse con Obama y viaja a China, Bélgica y Ecuador
Obama le adelantó a Macri que reactivará los créditos de Estados Unidos al comercio exterior
El embajador Noah Mamet aseguró que los Obama volverán el año próximo
Juliana Awada tuvo a su cargo la diplomacia paralela de la visita
“Es un amigo del Presidente”, dijeron en la Casa Rosada, al confirmar que Mauricio Macri resolvió pasar Semana Santa en la lujosa estancia del multimillonario británico Joe Lewis, en Lago Escondido, Río Negro. La mansión donde reposa el presidente tiene 3.600 metros cuadrados y cuenta con un sector exclusivo para los huéspedes. La imponente estancia costó unos ocho millones de dólares.

La información del lugar elegido por Macri para descansar generó polémica, en especial porque Lewis fue acusado de apropiarse de tierras fiscales. Al dato, revelado por el diario Clarín, se le suma que la familia del Presidente habría contactado a la gerencia de Cumelén para que le preparen una cabaña para el fin de semana santo aunque no la utilizó: prefirió quedarse en el impactante campo de 12 mil hectáreas.

El campo posee cabañas, un helipuerto, una lujosa sala de estar comunitaria, un gimnasio totalmente equipado, canchas de paddle (deporte que Macri retomó en 2015), rugby, atletismo y fútbol. Allí trabajan unas 135 personas. El Presidente había llegado a Bariloche el jueves, horas antes de despedir a Barack Obama y su familia, a bordo del Tango 10.

Allí tomó el helicóptero que tiene Lewis y se dirigió a la lujosa estancia patagónica. Según la prensa local, el arribo fue muy discreto: utilizó el aeropuerto de la Prefectura Naval, donde se pudo a ver a la familia repleta de bultos, bolsos, cajas y regalos con moño incluido para las Pascuas.

Ese jueves, almorzó con Lewis y su familia y por la tarde fue a saludar al hotel Llao-Llao de Bariloche al presidente de Estados Unidos.

Con un bajísimo perfil, el “tío Joe” Lewis, calificado 369 en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo, es un viejo conocido para los habitantes de Lago Escondido. En especial por los reclamos permanentes de ONG’s, legisladores opositores y los vecinos que exigían al gobierno provincial que garantizase el acceso al lago. Desde 2005 hay protestas contra “el tío Joe”.


http://www.perfil.com/politica/Macri-descansa-en-el-campo-de-un-millonario-ingles-y-hay-polemica-20160327-0045.html

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Política

Clarin.comPolítica26/03/16
Macri se alojó en el Sur en la casa de un millonario polémico
El Presidente en Bariloche

Es la propiedad que el británico Lewis tiene en Lago Escondido, que es eje de una disputa legal con vecinos.

Despedida Macri-Obama en Bariloche
Presidentes. Mauricio Macri y Barack Obama, el jueves, charlan distendidos en Bariloche.
TAGSMauricio Macri,Bariloche,Lago Escondido,Joe Lewis,Obama
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Guido Carelli Lynch

Claudio Andrade
Cuando el presidente Mauricio Macri aterrizó el jueves a las 13.25 en el aeropuerto de Bariloche en el Tango 10 junto a su esposa Jualiana Awada y su hija Antonia, lo aguardaba un helicóptero. La aeronave no pertenecía a la flota oficial, sino al multimillonario británico Joe Lewis, propietario de la estancia Lago Escondido y en la que se ubica el lago homónimo, que es eje de una disputa legal con vecinos de la zona por la falta de acceso al espejo de agua. Hasta allí se dirigió el Presidente con su familia para descansar hasta el domingo, informaron a Clarín fuentes del Gobierno provincial, que participaron del operativo de seguridad. El jefe de Estado nunca estuvo en Villa La Angostura, como informaron éste y otros diarios. Solo salió del campo de Lewis para despedir a Obama en el Llao Llao.

Macri solicitó días atrás que le prepararan las cabañas de Cumelen, donde se hospeda cada vez que viaja a La Angostura. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había aparecido por ese lujoso country".

El Presidente y su familia descansarán hasta mañana, informaron a Clarín fuentes del Gobierno provincial, que participaron del operativo de seguridad. Hasta anoche, sólo había salido del campo de Lewis para despedir a Obama en el Llao Llao.

En el Ejecutivo primó un hermetismo total. “Está en el Sur”, se limitaron a contestar. Nadie confirmó si el dueño de casa -poseedor de la sexta fortuna de Gran Bretaña- o su hijo Charles, recibieron al Presidente o compartieron tiempo con él. Lago Escondido está ubicado 45 kilómetros al norte de El Bolsón. Lewis adquirió la estancia de 12 mil hectáreas en los años noventa por la módica suma de 14 millones de dólares. Macri, Awada y su hija se hospedaron en la casa del empresario británico, cuya construcción tuvo un costo de US$ 8 millones. Se trata de una mansión de casi 4000 m2. En sus paredes cuelgan Picassos, que Lewis negó que sean originales. La casa está ubicada a pocos metros del lago, eje de una polémica que incluye a la senadora Magdalena Odarda del Frente Progresistas, que arrastra una relación tirante con el Presidente.

En 2005 la legisladora hizo suyo el reclamo de las numerosas ONG que exigía al gobierno provincial que garantizara el acceso a la costa a través del sendero Tacuifi. Se trata de los 14 kilómetros de camino vehicular para llegar al lago desde la ruta nacional 40, que está bloqueado por las instalaciones de All about kids, la inciativa de Lewis para las escuelas de la zona. También solicitó la apertura del camino de alta montaña -un área de difícil acceso y protegida- que une la confluencia de los ríos Azul y Encanto Blanco con Lago Escondido. La Justicia falló a favor de Odarda en 2009, 2012 y 2013, pero los accesos no se liberan. El ex gobernador Carlos Soria había prometido pasar con una topadora, para liberar el camino, pero nada de eso ocurrió. La primera audiencia que tuvo como gobernador se la dio a Nicolás Van Ditmar, administrador de Hidden Lake, la empresa de Lewis. Su sucesor Alberto Weretilneck tampoco logró avances. El año pasado se presentaron 10 recursos de Amicus Curiae para solicitar el cumplimiento de la sentencia. “Vemos con preocupación cómo pasan los gobiernos provinciales y nacionales y que el acceso al Lago Escondido no se libere”, sostuvo ayer Ana Wieman, que ha llevado adelante el reclamo con Odarda.

Lewis, que además es uno de los propietarios del club de fútbol inglés Tottenham, también quedó en el ojo de la tormenta luego de construir una pista de aterrizaje en Bahía Dorada, al este de la provincia. Medios provinciales señalaron que desde la pista habilitada por la Fuerza Aérea habrían partido vuelos con destino a Malvinas. Nunca pudo comprobarse.

El Presidente no tuvo en consideración ninguno de esos antecedentes. En el Gobierno evitaron confirmar su paradero. En la semana hubo movimientos en para garantizar la seguridad presidencial en La Angostura. Con el correr de los días, cambiaron de opinión.

En 2013, durante una visita a Río Negro, Cristina Kirchner también utilizó uno de los helicópteros de Lewis. Tras el reclamo de algunos vecinos, el ministerio del Interior aclaró que se había tratado de un alquiler, para contar con una aeronave con dos motores. En el nuevo Gobierno, por ahora, prefirieron el silencio.

http://www.clarin.com/politica/Macri-alojo-Sur-millonario-polemico_0_1546645658.html

Lombardi y parques nacionales

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Lombardi y un fraude millonario que dejó al borde de la extinción al Venado de Las Pampas
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El actual secretario de Medios del gobierno de Macri está vinculado en una causa por fraude al Estado Nacional, que frustró la creación en San Luis del Parque Pastizal Pampeano y Venado de Las Pampas.
La causa –aún abierta- contra Hernán Lombardi comenzó en el año 2000, cuando el actual responsable del Sistema Nacional de Medios Públicos era interventor de la Administración Nacional de Parques Nacionales del gobierno de Fernando de La Rúa.

Lombardi, junto con Marcelo López Alfonsín, presidente en ese entonces del Directorio de Parques Nacionales, autorizaron la entrega de fondos por más de 1.500.000 dólares a favor de los dueños de un campo en San Luis, donde se había proyectado el Parque Nacional.

El adelanto de parte del dinero lo habrían recibido los supuestos propietarios del terreno de 10.624 hectáreas, ubicado en el sur provincial, los hermanos Francisco César y María Irene Millan. El monto total de la compra se había fijado en 2.618.000 dólares.

Según el documento de transacción, que firmaron Lombardi, Alfonsín y los Millán el gobierno desembolsó, primero, 825.000 dólares; luego, debido a una prórroga en los plazos de escrituración, entregó otros 270.000 dólares, más un anticipo de 355.000 billetes de la misma moneda.

Pero, pese al “anticipo” que representó más de la mitad del monto total de la compra, la operatoria nunca se completó “por cuestiones presupuestarias”, según la excusa oficial. Y supuestamente los vendedores se quedaron con el adelanto y, consecuentemente, el parque nacional jamás se puso en marcha.

La causa judicial

La causa judicial por el delito de “fraude en perjuicio de la administración pública” la comenzó a investigar la jueza María Sebrini de Cubría, y la retomó en el año 2005 el fiscal Federico Delgado, quien en su dictamen denunció, entre otras irregularidades:

- Lombardi y Alfonsín comprometieron al Estado Nacional a comprar el campo de 10.624 hectáreas en el departamento Pedernera de San Luis sin haber “constatado quiénes eran los reales dueños del lugar”.

- En la misma operatoria, el Estado se comprometió a conceder a los hermanos Millán el derecho de ejercer en el predio explotación agropecuaria por medio de un comodato gratuito por el lapso de 10 años.

- Los hermanos Millán desistieron de la operación, pero se quedaron con el dinero cobrado como anticipo, provocando un claro perjuicio en la administración pública.

Pese a las duras acusaciones del fiscal, la causa no se movió, pasaron los años y en septiembre de 2011 la jueza la declaró extinguida por prescripción de la acción penal. Sin embargo, el 6 de mayo de 2013, la Cámara Penal Federal de Casación Penal, en coincidencia con un fallo de la Sala IV del Tribunal, ordenó que se prosiga la investigación contra Lombardi y Alfonsín.

Los fallos a favor de la no prescripción tienen como fundamento la condición de funcionarios públicos de los imputados. En el caso de Lombardi, formó parte del gobierno de la Alianza hasta fines de diciembre de 2001. Se “recicló” en el año 2007 como ministro de Cultura de la Ciudad por el PRO de Mauricio Macri, quien ahora lo designó como responsable del Sistema Nacional de Medios Públicos.

El parque que no fue

El lugar donde históricamente se crió el Venado de las Pampas es una amplia llanura ubicada en el extremo este de lo que se conoce como región pampeana, al sur de San Luis. Comprendía unas 150.000 hectáreas, cuya importancia y singularidad estaban dadas porque se trataba de un ecosistema que se había conservado en un estado natural desde hace miles de años.

El pastizal natural de la llanura pampeana es tan emblemático de la Argentina como el venado de las Pampas lo es para San Luis; la presencia de esta especie de ciervo en el escudo provincial es una clara muestra de ello.

Por eso, en el año 1987 se sancionó la Ley N° 4777 que no solamente prohibía en toda la provincia de San Luis la caza del venado sino que también castigaba a quienes modifiquen su hábitat, que es el ambiente donde una especie vive, en este caso, el pastizal pampeano.

A mediados de los ’90 profesionales del INTA y miembros de la Fundación Vida Silvestre pusieron sus ojos en esta región del sur de San Luis. Y por eso, el 15 de mayo de 1997 el Gobierno Nacional y Provincial firmaron un convenio para la creación de un Parque Nacional.

La Provincia se comprometió a preservar el área núcleo y, en común acuerdo con los propietarios, iba a crear un espacio de producción controlada, que rodearía la zona afectada al Parque.

Pero, los pasos siguientes a la firma del acuerdo no fueron los adecuados. Además de la operatoria bajo sospecha y las denuncias contra Lombardi, el gobierno de San Luis no hizo mucho para defender el parque y dejó que los propietarios de los campos arrasaran con la flora autóctona y, además, construyó caminos y autopistas justamente en el área donde se había proyectado la reserva natural.

Por entonces, uno de los propietarios de la mayor parte de esos campos decidió arar, de un solo plumazo, 30 mil hectáreas de pastizal pampeano.

Decisiones similares tomaron otros dueños de esas tierras, a tal punto que de las 150 mil hectáreas que se querían proteger para la conservación de las especies, sólo quedaron 60 mil, aún sobrevivientes de esa depredación; y de los más de 1.500 venados que se contaron años atrás, habría ahora menos de 700.

En el medio de la compleja situación que deja al Venado de las Pampas al borde de la extinción, sigue retumbando la irregularidad detectada por el fiscal Federico Delgado al denunciar que Lombardi y Alfonsín comprometieron al Estado Nacional a comprar el campo de 10.624 hectáreas en el departamento Pedernera de San Luis sin haber “constatado quiénes eran los reales dueños del lugar”.

La pregunta es ¿quiénes son los reales dueños del campo donde se proyectó el parque?.

http://www.sanluisnoticia.com.ar/index.php/villa-mercedes/454-lombardi-y-un-fraude-millonario-que-dejo-al-borde-de-la-extincion-al-venado-de-las-pampas

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Fraude por un parque nacional que no se creó
Piden indagar a Hernán Lombardi
MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2005
29
El fiscal federal Federico Delgado pidió que Hernán Lombardi, ex secretario de Turismo de Fernando de la Rúa, sea indagado como sospechoso de un fraude al Estado por 1.450.000 dólares, pagados a los dueños de una estancia en San Luis donde se iba a crear un parque nacional para proteger los venados y pastizales de la zona.

Además, reclamó que el ex director de Parques Nacionales Marcelo López Alfonsín sea procesado por el mismo delito. El funcionario ya fue indagado en 2004 por la jueza María Servini de Cubría, que dijo que no había méritos para procesarlo, medida que fue confirmada por la Cámara Federal. El tribunal advirtió que no estaba claro dónde estaba el perjuicio para el Estado.

Por eso Delgado insistió con nuevas pruebas y volvió a la carga. "Lo que transmite la lectura de esta causa es el desprecio de lo «público», es decir la corrupción de funcionarios imputados que antepusieron el bien personal al bien común y lo antepusieron tan intensamente que sus conductas ingresaron en el campo del derecho penal, es decir, que constituyen delitos."

Según la causa, el 22 de diciembre de 2000, Parques Nacionales, por medio de Lombardi, firmó un boleto de compra venta con Francisco César Milán y María Irene Milán, aparentes propietarios de la estancia San Nicolás, para crear en ese predio de 10.624 hectáreas el parque nacional. El fiscal destacó que Lombardi no tenía los documentos que acreditaran la titularidad del campo ni los informes del registro de propiedad. El fiscal destacó que el Estado se comprometió a una compra, sin contar con las partidas presupuestarias asignadas para ello.

La tasación inicial del área fue de 2.380.000 dólares, pero ante un pedido de Parques Nacionales de acercarse a lo que pretendía el propietario, el Tribunal de Tasaciones lo valuó en 2.618.000 dólares. A la firma del boleto le entregaron a los Milán 825.000 dólares.

Una cláusula del boleto hizo indignar al fiscal: contempla que los propietarios tengan el predio gratis durante 10 años con el derecho de realizar allí explotación agropecuaria.

Además, el Estado se comprometió a escriturar en 180 días. Pero la crisis afectó la operación, el Estado incumplió y Milán reclamó. Entonces López Alfonsín acordó una prórroga de 120 días y le pagó en compensación y "agradecimiento" 270.000 dólares. Además, le abonó 355.000 dólares a cuenta de lo que debía. Así el propietario embolsó 1.450.000 dólares. Pero como al vencimiento del plazo el Estado volvió a incumplir, el dueño de la estancia, ofendido, dio por terminado el acuerdo y se quedó con el dinero sin que se concretara la operación.

"El perjuicio para el Estado es tan claro como el agua que beben los venados de las pampas, viene dado por el origen del dinero que salió de las arcas de la administración pública", afirmó el fiscal. El parque nacional nunca se creó.

Por Hernán CappielloDe la Redacción de LA NACION

http://www.lanacion.com.ar/730702-fraude-por-un-parque-nacional-que-no-se-creo


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miércoles 7 de Octubre de 2009
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Defraudación en perjuicio de administración pública
Piden procesar a Lombardi por presunto fraude con un parque nacional que no se creó

Hernán Lombardi.
El fiscal federal Federico Delgado requirió hoy el procesamiento del ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, por una presunta operación de compra de campos en la provincia de San Luis cuando era funcionario del gobierno de la Alianza. La zona iba a usarse para protección de ganados y pastizales.

Así lo hizo Delgado mediante un dictamen en el que imputó a Lombardi el delito de "defraudación en perjuicio de la administración pública".

La causa se inició a raíz de una operación llevada a cabo el 22 de diciembre de 2000, cuando la Administración de Parques Nacionales suscribió un boleto de compraventa firmado por el interventor Hernán Lombardi, Francisco César Milán y María Irene Milán.

Según consta en la causa, el predio en cuestión está ubicado en San Luis, y tiene una superficie de 10.624 hectáreas con 57 áreas y en el boleto de compra "el Estado Nacional expresaba su voluntad de proteger el medio ambiente".

Para Delgado, "Lombardi firmó aquel boleto de compraventa sin contar con la documental que acreditaba la titularidad del dominio, ni tampoco con la referente al inmueble a adquirir, y también estaban ausentes los informes del registro de la Propiedad, al igual que el compromiso presupuestario".

El precio total convenido fue de 2.618.000 dólares, pero con algunas cláusulas particulares, entre ellas "una promesa del Estado de otorgar el predio a los vendedores, en comodato gratuito, por el lapso de 10 años, y con el derecho a ejercer en el predio explotación agropecuaria".

En el mismo dictamen, Delgado pidió también la indagatoria del ex director de la Administración de Parques Nacionales, Marcelo López Alfonsín, puesto que "acordó con el vendedor una prórroga de 120 días el 29 de junio de 2001, a la par que abonó la suma de 270.000 dólares en compensación por la falta de escrituración y en agradecimiento".

Lombardi ya fue sobreseído en dos oportunidades en esta causa por la orden de la jueza federal María Servini de Cubría, aunque el fiscal reprochó esas medidas al señalar que "el dinero que salió de las arcas de la administración pública, ascendió a 1.450.000 dólares, pero el tan ansiado parque nacional sigue esperando su creación".

http://www.ambito.com/486240-piden-procesar-a-lombardi-por-presunto-fraude-con-un-parque-nacional-que-no-se-creo

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Reabrieron una causa contra Lombardi
Redacción (Buenos Aires) 05.06.2013 20:44.
El funcionario macrista está acusado de haber cometido irregularidades en la compra de un campo mientras era funcionario de la Alianza.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el cierre de una causa penal contra Hernán Lombardi. La acusación contra el actual ministro de Cultura porteño es por un ilícito que habría cometido contra el Estado nacional durante su función como funcionario del ex presidente Fernando De la Rúa.
Según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam, el fallo de la Sala IV del tribunal también ordena que prosiga la investigación contra el camarista de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo López Alfonsín.
La causa que involucra al ministro porteño y miembro del PRO investiga las presuntas irregularidades en la firma de un boleto de compraventa de un campo en San Luis celebrado entre la Administración de Parques Nacionales y los hermanos Millán el 22 de diciembre de 2000, para la creación del Parque Nacional Los Venados”.
Lombardi y López Alfonsín habían sido beneficiados por decisiones judiciales que declaraban extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo.
Pero, la Sala IV de la Cámara de Casación afirmó que, de acuerdo al artículo 67 del Código Penal, la condición de funcionarios públicos de Lombardi y López Alfonsín al momento y luego del supuesto ilícito, suspendió el cómputo de la prescripción para un delito que prevé hasta seis años de prisión.
Para el cómputo de la prescripción el tribunal ponderó la figura penal sugerida por la fiscalía, “peculado”, con una pena máxima de 10 años de prisión.
http://www.twitpolitico.com/reabrieron-una-causa-contra-hernan-lombardi/

La ilegalidad de las sociedades offshore

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Domingo, 17 de abril de 2016
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EL PAIS › OPINION
Sobre la ilegalidad de las sociedades offshore






Por Ricardo Augusto Nissen *
La aparición de los Panama Papers reavivó en Argentina una polémica que pensábamos terminada en 2004, cuando el 29 de diciembre se produjo la tragedia de Cromañon, oportunidad en que el ciudadano se enteró que la utilización de las sociedades offshore no era una cuestión meramente académica, sino una forma muy sofisticada de violar la ley y frustrar los derechos de terceros, permitiendo a quienes se esconden detrás de ellas evitar el cumplimiento de sus obligaciones, no solo en el plano fiscal, sino en todos los órdenes de la vida. En el caso particular de Cromañon, la titularidad del lugar donde se produjo la tragedia estaba a nombre de la sociedad Nueva Zarelux SA, una típica SAFI, constituida en el Uruguay bajo la por entonces vigente ley 11.073, derogada hace algún tiempo por el ex presidente Tabaré Vázquez. Detrás de ella se escondía un empresario argentino, que recurrió a ese mecanismo de simulación para evitar responder con su patrimonio por las consecuencias de una actividad que se estimaba de alto riesgo.

Las sociedades offshore encontraron en Argentina un enorme cauce para la evasión fiscal y para consumar el fraude laboral, societario, concursal, conyugal y sucesorio, llegándose incluso a utilizar este mecanismo para frustrar ese magnífico principio de derecho patrimonial nacional conforme al cual el patrimonio del deudor constituye la garantía de sus acreedores, inserto en el derogado Código Civil y ahora reiterado por el vigente Código Civil y Comercial de la Nación. Vale la pena recordar que, allá por 2003, había mas de 16.000 propiedades inmuebles, en las zonas mas elegantes y caras de la Ciudad de Buenos Aires, inscriptas en el Registro Inmobiliario a nombre de sociedades provenientes de paraísos fiscales, que ni siquiera se habían inscripto en el por entonces denominado Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia. Bien es cierto que en Argentina, las sociedades offshore hicieron su aparición en el 1970, en el célebre caso de la Compañía Swift de la Plata SA –con suerte adversa para los estrategas de ese fraudulento proceso concursal y beneplácito de los verdaderos acreedores de la empresa– pero nadie puede negar que en la década del 90, y merced a la ideología económica imperante en esas épocas, este tipo de compañías campearon en todo su esplendor, siendo incluso recomendado su uso por importantes estudios contables y jurídicos, así como escribanías de nuestra Ciudad de Buenos Aires.

Precisamente, por tratarse de instrumentos de fraude, en perjuicio del fisco y de terceros generalmente de buena fe, la Inspección General de Justicia, mediante la Resolución General nº 2/2005 del 16 de febrero de ese año, a pocos días de ocurrida la tragedia de Cromañon, prohibió directamente la inscripción, en el Registro Público de Comercio, en los términos de los artículos 118 y 123 de la Ley 19.550, de las sociedades constituidas en el extranjero que carecieran de capacidad y legitimación para actuar en el territorio de su creación, esto es y concretamente a las sociedades offshore. Es importante destacar que en los considerandos de esa resolución, que hoy se encuentra mantenida por las Resoluciones Generales nº 7/2005 y 7/2015, se incluyeron muy duras consideraciones respecto de aquellas afirmaciones que intentaron justificar la actuación de esta clase de compañías foráneas, destacándose fundamentalmente que el anonimato accionario y las extrañas condiciones de inexpugnable confidencialidad que caracterizan el accionar off shore, garantizan prácticamente su impunidad, favoreciendo un estado de cosas que es absolutamente intolerable, tanto jurídica como moralmente y que erosiona los valores superiores de la Justicia y de la convivencia social.

Pero mas de diez años después de toda la batería de resoluciones de la Inspección General de Justicia contra esos instrumentos –que reemplazaron en estas épocas al antiguo testaferro de carne y hueso, que podía quebrarse en sede judicial- la historia ha vuelto a repetirse, a través de un verdadero escándalo mundial, que compromete seriamente a nuestro presidente de la Nación, quien como consecuencia de una investigación realizada por un gran número de periodistas, ha incurrido habitualmente en la denominada “operatoria off shoring”, en su dilatada carrera empresaria. Basta al respecto recordar el caso Opalsen Sociedad Anónima, resuelto por la Cámara Federal Penal de San Martín en 1994, de cuyas consecuencias pudo nuestro actual primer mandatario salir indemne, merced a la tristemente célebre “mayoría automática” de la “Corte de los Milagros” de la época menemista, así como su intervención en las compañías caribeñas Fleg Trading Ltd. y Kagemusha, para afirmar, sin temor de equivocación alguna, que esa actuación clandestina no le era para nada ajena.

Descubierto este affaire, muchas voces, provenientes de los mismos sectores que defendieron con alarmante pobreza argumental a las sociedades offshore ante la cruzada iniciada por la Inspección General de Justicia en 2003, salieron de inmediato en defensa de nuestro presidente, con argumentos que no merecen la menor consideración lógica ni jurídica. En especial sorprenden aquellas voces que predican la licitud de las mismas, exhibiendo una total ignorancia sobre el mismo fundamento de su existencia, que no es otro que la ilicitud, el ocultamiento y la impunidad. Bien sostuvo Mempo Giardinelli en este mismo diario el viernes 8 de abril que la operatoria en cuestión no implica otra cosa que haber actuado o intervenido, en secreto, en las mismas cloacas financieras de ladrones, evasores, estafadores, corruptos y narcotraficantes de todo el planeta, y ello de por sí es de suma gravedad.

Las utilización de las sociedades offshore en Argentina no es una actividad lícita. Lo ratifican los artículos 19 y 124 de la Ley 19.550, los artículos 333 a 337 de nuestro unificado Código Civil y Comercial, que tratan sobre la simulación y fundamentalmente la Resolución General Nº 7/2015, en su artículo 218, que prohíbe la inscripción de sociedades de esta naturaleza en la Inspección General de Justicia.

Pero además resulta contrario al giro ordinario de las cosas que quien pretenda intervenir en el tráfico mercantil de un determinado país, omita inscribirse en sus registros de comercio. Estos existen por la necesidad de que los terceros conozcan la actuación documental de esa sociedad, así como los datos relativos a sus fundadores, accionistas, composición y suficiencia de su capital social, objeto social, y la integración de sus órganos sociales, optando por registrar la misma en un paraíso fiscal, que asegura total opacidad e impunidad. En nuestro país, toda sociedad constituida en el extranjero, salvo para la realización de actos aislados, debe cumplir con esa carga registral, cuyo incumplimiento afecta el orden público, y si toda la actividad de esa sociedad foránea se desarrolla en la República Argentina, ella ha sido considerada como sociedad constituida en fraude a la ley, reprimida por el artículo 124 de la ley 19.550.

No he conocido, en toda mi actuación profesional, docente, académica, ni como funcionario público, un solo ejemplo de una sociedad proveniente de paraísos fiscales que no haya causado perjuicios, ni he conocido tampoco a personas que se dediquen a coleccionar estos instrumentos, adquiriendo la totalidad de acciones al portador de una compañía de esta naturaleza, para nunca utilizarlas, como hoy increíblemente argumentan algunos de las personas comprometidas en el manejo de estas sociedades, intentando con ello eximirse de toda responsabilidad. Como es conocido, estas compañías requieren del empleo de contadores u otros profesionales de su país de origen, a los fines de “mantenerlas”, actualizando sus actas de asambleas o directorio, designando nuevos apoderados, renovando directorios etc., y todo ello cuesta dinero, traducido generalmente en un canon anual, de cuya sumatoria viven con holgura los estudios que fundan, patrocinan y colaboran con la creación y funcionamiento de estos engendros societarios.

Tampoco es argumento atendible aquel que sostiene que la participación en sociedades offshore fue declarada al fisco nacional, pues tal afirmación es totalmente incompatible con el fundamento mismo de su existencia, en tanto las sociedades off shore se crean y funcionan precisamente para ocultar la verdadera titularidad de sus acciones, sus dividendos o remuneraciones percibidas en carácter de director o autoridad de las mismas. Sostener lo contrario –esto es, la supuesta declaración impositiva de una tenencia accionaria en una sociedad offshore, como argumento justificante de esa participación– implica incurrir en un oxímoron, esto es, una contradicción en sus propios términos y, lo que es peor, tomar por idiotas a los ciudadanos argentinos, incluso a aquellos que están dispuestos a exculpar sin reservas a nuestro presidente, por el mero hecho de compartir con éste una misma ideología, como lamentable ha sucedido con nuestra titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, tan rápida en justificar a Mauricio Macri, que ni siquiera se dio tiempo, antes de opinar, de estudiar toda esta fenomenología, que tanto daño causa a la economía y a la población mundial.

Y finalmente, no menos admisible en derecho es el argumento de legitimar la creación y funcionamiento de estas sociedades, invocando no haber participado en su acto constitutivo o carecer de acciones en la misma, pues en estas compañías lo que menos importa son los personajes que figuran en sus papeles como titulares de su capital social, toda vez que es conocido por todos que las sociedades offshore emiten sus acciones al portador, y que ellas son transferidas por sus socios fundadores, vinculados laboralmente con los estudios que se dedican a estos menesteres –en forma casi inmediata y por supuesto sin papeles– a sus verdaderos controlantes. Por el contrario, participar en el directorio o ser apoderado de las mismas es un importante hilo conductor que nos puede conducir –entre otros indicios– a descubrir la identidad de los verdaderos dueños de dicha sociedad, pues a diferencia de sus accionistas, los directores o sus apoderados –que cuentan por lo general con infinitas facultades de administrar y disponer del patrimonio de estas compañías– son quienes manejan efectivamente el patrimonio de ellas, y que, por lo general, no se pone en manos de desconocidos testaferros.

La cuestión es preocupante, como lo es también el alarmante silencio o la carencia de toda objetividad exhibida por los grandes medios de comunicación cuando tratan el tema, teniendo en cuenta –fundamentalmente– que por la misma razón ya han renunciado importantes funcionarios en otros países del mundo, comprometidos por la aparición de los Panama Papers. Pero es una incontrastable realidad que en la República Argentina y en especial para la clase empresaria o dirigente, el delito económico y en especial la evasión impositiva no origina las mismas reacciones que la violencia callejera, pese a que los perjuicios y las consecuencias que aquellos provocan en la sociedad son infinitamente superiores, dejando en nuestra sociedad secuelas muy difíciles de superar.

* Ex inspector de la Inspección General de Justicia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297182-2016-04-17.html


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Domingo, 17 de abril de 2016



EL PAIS › LA POSIBLE VINCULACION ENTRE LA EMISION DE UN BONO PORTEÑO Y LA OFFSHORE QUE MANEJO NESTOR GRINDETTI
Tras los pasos del tango en Suiza y Panamá
En 2010 el entonces ministro de Hacienda porteño comandó la polémica colocación de los bonos Tango Serie 8. Los Panama Papers revelaron que poco después empezó a manejar una sociedad fantasma y una cuenta en un banco suizo. Leandro Santoro pedirá mañana a la Procelac que investigue si hay relación entre ambos hechos.


Por Santiago Rodríguez
Grindetti es uno de los hombres de confianza de Mauricio Macri, a quien Santoro también pedirá que investiguen.
La pregunta quedó planteada cuando se hizo la operación: por qué, siendo jefe de Gobierno, Mauricio Macri apresuró en 2010 la emisión de los bonos Tango Serie 8 para financiar obras que entonces la ciudad no estaba lista para poner en marcha y por qué pagó por ello al Credit Suisse y a KBR Corporate Finance comisiones ocho veces más caras que las que pedían otros agentes financieros. La respuesta podría llegar ahora de la mano de los Panama Papers. De allí surgió que fue entonces que Héctor Grindetti, en ese momento ministro de Hacienda porteño y hombre de confianza del actual Presidente, quedó a cargo del manejo de Mercier Internacional SA, una empresa de dueños desconocidos radicada en Panamá, y también de una cuenta en un banco suizo vinculado con esa colocación de deuda. El dato reavivó las sospechas de que detrás de aquel endeudamiento por 475 millones de dólares hubo una maniobra de lavado de dinero que luego fue destinado a financiar la actividad política del PRO, como señala el ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el Frente para la Victoria Leandro Santoro en una denuncia que mañana presentará ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que Macri y Grindetti sean investigados.

Según los documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en operar en paraísos fiscales, Grindetti tuvo un poder para manejar la firma Mercier Internacional SA entre 2010 y 2013. En ese lapso el ahora intendente de Lanús también figura como apoderado de la empresa para el manejo de una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en la ciudad suiza de Zurich.

La vinculación de Grindetti con una offshore quedó en parte eclipsada por la revelación sobre la participación del propio Macri en dos empresas radicadas en paraísos fiscales: Fleg Trading, la firma creada en Bahamas en 1998 en la que el Presidente fue director, y Kagemusha, constituida en Panamá en 1981, y que según el Registro Público de ese país tiene a Macri como vicepresidente.

La deuda

Grindetti no dio hasta ahora explicaciones sobre su relación con Mercier Internacional SA y la cuenta en Suiza, pero su aparición en los Panama Papers vuelve a poner el foco sobre la emisión de los bonos Tango Serie 8. Esa colocación de deuda se realizó entre marzo y abril de 2010 y estuvo envuelta en sospechas. El gobierno de Macri justificó la emisión de los títulos en la necesidad de financiar las obras de extensión de las líneas de subterráneo A, B y H, pero cuando obtuvo los 475 millones de dólares la mitad de las obras no habían sido licitadas y terminó utilizando el dinero para otros fines.

Los agentes financieros fueron el Credit Suisse y KBR Corporate Finance, una firma sin mayor trayectoria en la materia. La administración PRO los contrató de manera directa y a cambio de la colocación de los títulos a una tasa del 12,5 por ciento les pagó el equivalente al 2 por ciento de la operación. El Credit Suisse cargó con la mayor parte de la tarea, pero del total de nueve millones y medio de dólares de la comisión se llevó el 0,75 por ciento. La mayor tajada, 1,25 por ciento, se la quedó KBR Corporate Finance. Entre los directores de esa empresa estaba Edgardo Srodek, quien fue jefe de campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005, aportó a la campaña del macrismo en 2007, y cuyo hermano Jorge era entonces diputado provincial por ese espacio político.

“La tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente”, denunció entonces Ricardo López Murphy. Martín Hourest, por aquellos días legislador porteño por Igualdad Social, también advirtió sobre el pago de “una comisión absolutamente desproporcionada”. Otras provincias que se endeudaron en la misma época consiguieron hacerlo a menores tasas de interés. Y, según se supo, hubo bancos que ofrecieron hacer la operación por una comisión ocho veces menor a la que se finalmente se pagó.

El gobierno de Macri no sólo tuvo que lidiar con las denuncias políticas: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) llevó el tema al terreno judicial, donde acusó a Grindetti y también al entonces director de Crédito Público porteño, Abel Fernández Semhan, por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros cargos.

Entre las presuntas irregularidades de la operación que la ACIJ denunció ante la Justicia, además de lo excesivo de la tasa de interés y las comisiones, citó el hecho de que el gobierno porteño no hizo con los fondos lo que había sido autorizado por la Legislatura. Los 475 millones de dólares que se consiguieron por la colocación de deuda fueron pesificados y se convirtieron en 1843 millones de pesos, de los cuales 600 millones de pesos fueron destinados a la compra de Letras del Banco Central (Lebacs) y 1243 millones de pesos quedaron depositados en el Banco Ciudad con un rendimiento anual del 6,5 por ciento. Según se calculó, ambas decisiones habrían significado una pérdida para la ciudad superior a los 30 millones de pesos en virtud de la diferencia entre la tasa de 12,5 por ciento pagada a los inversores del bono y el rendimiento obtenido por las Lebacs y el plazo fijo.

Las sospechas sobre aquella operación financiera ahora cobran más fuerza. Santoro destaca en la presentación que hará en la Procelac que si bien el juez Mauricio Zamudio sobreseyó a Grindetti y Semhan, los datos que surgen de los Panama Papers ameritan abrir una investigación porque dan cuenta de la posible comisión de otros delitos diferentes a los que se investigaron en su momento. Hay coincidencias temporales y hechos que respaldan esa suposición.

Las coincidencias

La emisión de los bonos Tango Serie 8 concluyó en abril de 2010. Los documentos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) revelan que Grindetti recibió menos de tres meses después, el 2 de julio de ese año, el “poder especial” que le confirió Mossack Fonseca para manejar Mercier Internacional SA. Ese instrumento legal le dio al entonces ministro de Hacienda porteño la atribución de “administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos de simple administración, así como los de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la sociedad contratos o actos de toda clase y descripción y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación”.

El estudio de abogados panameño dedicado a la creación de empresas fantasma le cedió a Grindetti el manejo de Mercier Internacional SA a partir de instrucciones que vía mail recibió del Estudio Chadicov, que desde Uruguay se ocupa también de brindar servicios a clientes que buscan constituir sociedades offshore. Diez días más tarde, Grindetti obtuvo el poder para operar la cuenta del Clariden Leu AG en Zurich. Según consigna Alejandro Giuffrida en el sitio web Artepolítica, Mercier Internacional SA había sido creada poco tiempo antes, el 19 de mayo de 2010, y los directores de Mercier Internacional SA que firmaron el poder en favor de Grindetti fueron José Jaime Melendez, quien también participa en la dirección de otras 802 sociedades, y Jaqueline Alexander, director también en 8627 empresas más.

En su denuncia ante la Procelac, Santoro destaca de los datos conocidos ahora se desprendería que las acciones de la Mercier Internacional SA “son al portador y que se dividen en dos mitades”. “Ello –agrega– es un dato relevante ya que el principal objetivo de emitir acciones al portador es evitar que se conozca el nombre del verdadero dueño de las mismas.”

A la coincidencia temporal entre la emisión de los bonos Tango Serie 8 y el surgimiento del vínculo entre Grindetti y Mercier Internacional SA se suma el hecho de que el banco suizo donde estaba radicada la cuenta que el intendente de Lanús fue autorizado a operar haya sido el Clariden Leu AG. Esa entidad bancaria fue creada en el año 2007 a partir de una asociación entre el Clariden Bank y el Credit Suisse. Cinco años después, el Credit Suisse anunció la fusión definitiva de ambos bancos bajo su nombre.

El gobierno de Macri eligió contratar al Credit Suisse a pesar de que, asociado con KBR Corporate Finance, pedía comisiones mucho más caras de las que ofrecían cobrar otros agentes financieros, y a pesar también de que a esa altura ese banco ya había aparecido involucrado en maniobras de lavado de dinero. Uno de esos casos tuvo lugar en Brasil en 2007 y derivó en la detención de un empleado del Clariden Leu AG, el banco con el que justamente Grindetti terminaría operando en Zurich. Dos años después, el Banco Central brasileño estableció reglas bancarias más estrictas y obligó a varios grandes grupos internacionales a cerrar oficinas que ofrecían ilegalmente servicios de banca privada. La medida se produjo tras el arresto de ejecutivos de Credit Suisse y otras entidades. El Credit Suisse y su unidad Clariden Leu AG cerraron entonces sus sucursales representativas en ese país.

La denuncia

Más allá de considerar “relevante la relación que une a Grindetti con el Credit Suisse”, Santoro pone también énfasis “la relación directa del mismo con Macri y el Grupo Socma”. Al respecto señala que no sólo los une el hecho de que haya sido ministro de Hacienda porteño, sino que “son varias las situaciones que permiten sospechar la sociedad o el vínculo de dependencia entre ambos”. Recuerda que Grindetti fue “uno de los funcionarios de mayor confianza de Macri” durante su gestión en la ciudad. “Su amistad con el actual Presidente es públicamente conocida, pero además también es de público conocimiento su intervención en el Grupo Socma”, añade Santoro, sin pasar por alto que el actual intendente de Lanús “arrancó a trabajar como cadete y llegó al directorio” del holding de empresas de la familia Macri.

Santoro sostiene que al margen de que en el caso de la emisión de los bonos Tango Serie 8 “existió un apartamiento de la administración porteña de aquel entonces que habría respondido a alguna motivación ajena al interés general”, ahora hay indicios de la posible “existencia de lavado de activos” y que Grindetti actuó “en ambos lados del mostrador”. “Por un lado, era Ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma, por el otro apoderado de una empresa para operar en un banco que llamativamente antes de otorgarse el poder había cobrado un porcentaje importante en una operación. En otras palabras, era el funcionario competente con poder de decisión en la emisión de deuda y, tiempo después, actuaba como apoderado para actuar en el mismo banco que cobraba la comisión de tal operación”, explica.

El ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el FpV subraya, además, que “existen elementos para suponer que parte del producido por las maniobras de lavado sospechadas pudo haber sido destinado a la campaña electoral”. En este punto, se detiene en un dato “que –afirma– no puede sino generar sospechas sobre el financiamiento de campaña de 2013 por parte del PRO”: que “el 14 de marzo de 2013 Macri, junto con Grindetti, viajan a Panamá. Sin perjuicio de que dicho viaje se hizo con los fines de obtener un crédito, no debe perderse de vista que se realiza meses antes de las elecciones nacionales, ya que las PASO legislativas se realizaron en agosto y las elecciones definitivas en octubre del mismo año”. Macri informó que aquel viaje, del cual participó también Rogelio Frigerio se hizo para pactar préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar obras en la ciudad. Eso fue a mediados de marzo de 2013 y los tres estuvieron en Panamá poco más de dos días. El poder de Grindetti para manejar la offshore radicada allí expiró en junio de ese año.

En relación con el posible financiamiento ilegal de la campaña del macrismo, el referente de la agrupación Los irrompibles recuerda también en su denuncia la participación de Srodek en la operación de emisión de los bonos Tango Serie 8 y manifiesta: “Se trata de una hipótesis que cobra más relevancia, entre otras circunstancias, por el aporte económico que algunos de los implicados en las maniobras efectuaron también en la campaña electoral del espacio político PRO en las elecciones legislativas de 2015, como lo es el caso de Grindetti que si bien llamativamente no figura como aportante directo, si sospechosamente sus empleados.” Al respecto, precisa que los colaboradores del entonces funcionario porteño “contribuyeron con 700.000 pesos; y eligieron hacerlo con 30.000 pesos 13 de ellos; y tres trabajadores con 25.000, 45.000 y 50.000 pesos”.

“La aparición del poder otorgado a Néstor Grindetti, un hecho nuevo que no se conocía allá por el 2010, pone de manifiesto su vinculación con operaciones dudosas de las que Macri no puede ser ajeno”, afirma en su denuncia Santoro, tras advertir que la creación de sociedades offshore no tiene otro fin que cometer alguna actividad ilícita, para hacerse luego una pregunta: ¿Por qué el ocultamiento por parte de los involucrados?

Grindetti hasta ahora no ha respondido. Santoro tiene su explicación: “Porque el ocultamiento es la base de todas las maniobras que tienen que ver con el lavado de activos o la evasión fiscal.” Desde mañana será tarea de la Justicia encontrar la respuesta definitiva.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297168-2016-04-17.html


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Domingo, 17 de abril de 2016
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EL PAIS › EL GOBIERNO PORTEÑO AVANZA CON SU INICIATIVA DE FAVORECER A LAS OFFSHORES EN LA CIUDAD
En línea con la política que fijó Macri
La administración de Horacio Rodríguez Larreta presentó un recurso para que se levante la cautelar que le impide concretar su objetivo, luego de que una jueza subrogante dictara un fallo a favor de las pretensiones del Presidente.



Por Nora Veiras
Favorecer el uso de sociedades comerciales offshore en el ámbito porteño estuvo en el centro de las preocupaciones de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. A punto tal que a poco de asumir impulsó la creación de un registro de inscripción y fiscalización paralelo a la Inspección General de Justicia (IGJ). Una medida cautelar presentada por la entonces fiscal general Alejandra Gils Carbó frenó la iniciativa que ahora, con Macri en la Casa Rosada, una jueza subrogante después de ocho años desestimó. Página/12 informó la semana pasada sobre la oportunidad del fallo que da vía libre al nuevo organismo y está apelado por la fiscalía. Haciendo caso omiso de esa instancia judicial y con la idea de ganar tiempo, el Gobierno de la Ciudad presentó el jueves 14 un recurso para que se levante la medida cautelar y así poder concretar su objetivo. Los Panama Papers pusieron en evidencia que Macri y gran parte de sus colaboradores son afectos a los emprendimientos offshore. El escándalo internacional no parece hacerles mella en su estrategia.

La IGJ dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación estableció normas rigurosas para habilitar y fiscalizar sociedades comerciales nacionales y extranjeras, incluidas las offshores, durante la gestión de Ricardo Nissen (2003-2005). “Esas normas implican una limitación reglamentaria para los negocios realizados en el país a través de offshore, pagarían un costo alto sacándolas, les es más útil crear un nuevo organismo a medida de los negocios que quieren hacer”, explica un experto en los artilugios de ingeniería financiera usados para evadir impuestos, responsabilidades y ocultar manejos non sanctos.

El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura “la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Gils Carbó, entonces fiscal general ante la Cámara Comercial, cuestionó la constitucionalidad de la norma que avanzaba sobre la ley de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que reserva la jurisdicción del Registro Inmobiliario y de la IGJ en la Nación. La actual Procuradora que desde entonces acumula desencuentros frontales con Macri presentó además una medida cautelar para impedir la puesta en práctica del nuevo organismo. Durante ocho años, el expediente se demoró en distintas instancias hasta que a fines de febrero la jueza subrogante Nacional de Primera Instancia en lo contencioso Administrativo Federal Número 12, Macarena Marra Giménez, consideró que la Fiscalía no tiene legitimidad para cuestionar la vigencia de la ley sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad de la norma porteña. La actual fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda apelaron el fallo.

Una línea de conducta

Antes de que los fiscales presenten los argumentos de la apelación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del letrado apoderado Fernando José Conti reclamó ante el juzgado que se deje sin efecto la medida cautelar. De esa forma, entraría en vigencia la ley que permite la creación del nuevo organismo. El escrito, al que accedió Página/12, funda su urgencia en que “el Estado Nacional no ha apelado, quedando firme la sentencia”. En la demanda original la IGJ también había cuestionado la ley porteña, pero el cambio de signo político que puso en ambas jurisdicciones a los dirigentes de Cambiemos hizo que el Estado se desentendiera del caso.

El argumento encendió el alarma entre los fiscales que consideran que es obligación de ese poder apelar un fallo que le recorta competencias a la IGJ sin que se haya sancionado una ley nacional que delegue esas facultades en la comuna.

La presentación del Gobierno porteño se anexó al expediente que se tramita en el 5 piso de Carlos Pellegrini 681 pero desde el juzgado no informaron a los fiscales. Este diario pudo saber que se abrió un trámite aparte. De pronto, empezó una carrera contrarreloj para agilizar la puesta en marcha del nuevo organismo.

En esa carrera contrarreloj también juegan los tiempos de la jueza Marra Giménez para seguir a cargo de la causa. El 28 de octubre del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, presidida por Jorge Eduardo Moran, le prorrogó la subrogancia a la jueza hasta el 28 de febrero para que resuelva, entre otras, la causa por la creación del registro porteño. Sobre el filo de ese plazo, Marra Giménez fallo por la incompetencia de la Fiscalía. Con la sentencia terminó la vigencia de su subrogancia, es decir de su suplencia a cargo del juzgado. Sin embargo, la jueza no se desprendió del expediente apelado y ahora el Gobierno porteño apura el levantamiento de la cautelar para allanarle el camino al registro local.

“La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”, escribió Gils Carbó en 2009. Los Panamá Papers resignificaron esa descripción y los riesgos de la renovada urgencia con que el macrismo aspira a fijar los criterios de creación y control de las sociedades que se radiquen para operar en territorio porteño.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297163-2016-04-17.html

Una herencia que no era pesada

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Domingo, 17 de abril de 2016

EL PAIS › EN EL EXTERIOR, EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI ELOGIA LA SITUACION DE LA ARGENTINA
Una herencia que no era pesada
Página/12 accedió a los documentos con los que Cambiemos busca atraer inversiones de Estados Unidos. Allí se destacan la educación, el desempleo de “menos del 6 por ciento”, la “infraestructura bien desarrollada” y el “sólido esquema institucional”, entre otras.

Por Werner Pertot
La Argentina es un país con una desocupación del 6 por ciento, con la menor desigualdad social en toda la región y la mayor clase media, con unas instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. O al menos eso dice el gobierno de Mauricio Macri en los documentos que elaboró para venderle el país a los inversionistas de Estados Unidos. Los papeles internos –a los que accedió Página/12– dan una imagen muy distinta del “país quebrado” y la pesada herencia de la que hablan tierra adentro tanto Macri como sus dirigentes. Uno de los documentos internos indica que hubo un cambio de opinión en la Argentina y ahora la mayoría de la población “tiene una visión muy positiva de los Estados Unidos”.

Los textos, escritos en inglés, fueron diseñados por el equipo de comunicación de Presidencia y entregados a los ministros. Por ejemplo, el ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, se llevó una copia en su viaje a los Estados Unidos para reunirse con la Cámara de Comercio y buscar inversiones. Los documentos describen a la Argentina como un lugar ideal para invertir y ensalzan los indicadores sociales, lejanos en este texto a las justificaciones que enarbolan cuando se trata de resolver subas de tarifas y despidos.

Tierra de oportunidades

“Argentina: Land of opportunities”, se titula el primero de los documentos internos, que se ocupa de resaltarle a los inversores las fortalezas del país para recibir “inversión extranjera directa”:

- “Desarrollo de capital humano”. Bajo este inciso el gobierno de Macri destaca que el país “98 por ciento de alfabetismo y 110 mil graduados de educación universitaria por año”. También advierte que el país está primero en los índices de desarrollo humano y educación y “el coeficiente Gini más bajo de la región”. El coeficiente Gini mide la desigualdad social.

- Lejos de las imágenes del “país quebrado” del que habló la gobernadora María Eugenia Vidal, el documento sostiene que la Argentina tiene “una economía robusta” y aporta datos: es la tercera más grande de la región después de Brasil y México, el mayor PBI per cápita en la región después de Chile, “menos del 75 por ciento del empleo en el sector servicios, menos del 6 por ciento de desocupación”. Esto último contrasta con el discurso que dio Macri cuando habló en la Asamblea inaugural de este año. “Nos mintieron. Camuflaron el desempleo con empleo público”, afirmó para justificar los más de diez mil despidos que lleva el Gobierno nacional.

- Tampoco estuvieron en peligro las instituciones, según afirma el Gobierno en el documento. De hecho, la Argentina tiene un “sólido esquema institucional”, con “más de treinta años de gobiernos democráticos estables, con cinco cambios de signo político desde 1981 (sic, por 1983)”. Advierte que las leyes y los marcos regulatorios están “inspirados en los mercados desarrollados” y cuenta con un sistema federal y republicano.

- La Argentina tiene también una “infraestructura bien desarrollada”, que incluye “43 puertos, 54 aeropuertos y más de 35 mil kilómetros de rutas y vías de trenes”. Nuevamente, si los inversores extranjeros leyeran la presentación y, Google mediante, buscaran el discurso que dio Macri ante el Congreso, la comparación sería más que llamativa: “Prácticamente, todos nuestros puertos, trenes y comunicaciones están deteriorados”, aseguró el presidente. El documento habla de “caminos y vías de tren bien desarrolladas”.

- También le dejan en claro a los inversores estadounidenses la “disponibilidad de recursos naturales”, que incluye “53 por ciento de tierra arable, recursos de agua ampliamente disponibles, ocho prolíficas zonas petroleras (cinco convencionales, tres no convencionales y potencial offshore)”. El documento detalla que hay oportunidades en el agronegocio, en la industria del software, en el sector energético, en las telecomunicaciones, en la minería (destacan las reservas de litio y que la Argentina tiene una de las reservas de shale oil más grandes por fuera de los Estados Unidos).

- El documento también destaca la capacidad de endeudarse de la Argentina dado su “baja relación deuda/PBI, del 13 por ciento”.

Una segunda parte del documento indica que “luego de una década en que la Argentina bajó su participación en el flujo de inversiones”, se están tomando las medidas para volver market-friendly a la Argentina, a las que llama “transición hacia un nuevo equilibro”. Entre ellas enumera: “el desmantelamiento de los controles de capital, reestructuración de la deuda en default con los holdouts, esquema de metas de inflación, recorte de subsidios y de impuestos distorsivos, reducción de las trabas para la importación y promoción del libre comercio”.

Consenso de Washington

Un segundo documento, que se titula “puntos para el discurso” (talking points), tiene un sello que dice “documento interno” como para prevenir a quienes lo lean de entregárselo a algún periodista.

Allí se subraya que la Argentina dio un “giro notorio” a partir de las reformas económicas que introdujo Macri y que hace “que sea difícil que la sociedad argentina vuelva a las políticas populistas y aislacionistas del pasado”. En el documento, dan varios ejemplos de cómo cambió la opinión pública: detallan que en 2014 la mitad de la población “apoyaba la política del gobierno de Kirchner de negarse a negociar” con los fondos buitre, mientras que hoy “una clara mayoría” apoya el acuerdo y “casi dos tercios considera que será beneficioso para el país”.

También destacan que hubo un cambio en la opinión pública en torno a los Estados Unidos. Indica que Macri hizo énfasis en su campaña en que “la Argentina vuelva al mundo”. Como resultado de las políticas del nuevo gobierno, asegura el documento, cambió la mirada sobre el gran país del norte: “De acuerdo con una de las encuestadoras más respetadas (Poliarquía), la mirada sobre Estados Unidos está en un máximo histórico. El 45 por ciento de los argentinos tiene una mirada positiva de los Estados Unidos y tan sólo el siete por ciento tiene una mirada muy negativa”. Sostiene que las miradas positivas prevalecen en todas las regiones del país, ambos sexos, distintas edades y entre quienes nunca visitaron los Estados Unidos.

También destaca que “un 43 por ciento de los argentinos quiere ver lazos más fuertes entre Estados Unidos y la Argentina” e indica que es muy distinto a lo que mostraban las encuestas en la década pasada. Señalan el efecto positivo que tuvo la visita del presidente Barack Obama. El texto afirma a los inversionistas que hay muchos peronistas dispuestos a apoyar este acercamiento y a alejarse del kirchnerismo. Advierte que incluso Daniel Scioli en la campaña decía en privado que iba a “aplicar muchas de las soluciones que Macri estaba proponiendo”. Remarcaron que una parte del peronismo votó las leyes y las reformas económicas que impulsó Macri. “Los partidos políticos están girando hacia un consenso market friendly”, se alegraron. No aclararon si aquel consenso era un nuevo Consenso de Washington.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297167-2016-04-17.html

Dólar futuro: ¿quiénes fueron los principales compradores?

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POLÍTICA | BANCO CENTRAL
Dólar futuro: ¿quiénes fueron los principales compradores?

En la lista, a la que tuvo acceso El Destape , se destacan nombres que hoy forman parte del gabinete y otros cercanos al Presidente.

Iván Schargrodsky
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17 DE ABRIL 2016

Noticias Argentinas.
En el marco de la citación a la Presidenta (MC) Cristina Fernández de Kirchner, El Destape obtuvo la lista de las personas y empresas que compraron contratos de dólar a futuro en el Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX) entre el primero de septiembre y el once de noviembre del 2015. En la nómina se destacan nombres que hoy forman parte del gabinete de ministros y del círculo íntimo del Presidente Mauricio Macri y empresas que sostenían que la operatoria constituía un delito.

Entre el ocho y el 27 de octubre, la empresa constructora Caputo S.A, propiedad de Nicolás Martín "Nicky" Caputo, amigo de la infancia y hombre de confianza de Macri, operó US$ 3.560.000 a través de los agentes de liquidación y compensación INTL CIBSA S.A y Capital Markets Argentina con vencimientos que van de febrero a junio de este año. Asimismo, en la lista figura el jefe de asesores del Presidente, José María Torello. También apoderado nacional del PRO, el 27 de octubre Torello invirtió US$ 800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schweber Securities S.A. que vencieron en febrero. Chery-Socma Argentina S.A –una asociación entre dos empresas propiedad de Franco Macri- operó entre el cuatro de septiembre y el 23 de octubre US$ 8.000.000 gracias a Puente Hermanos S.A.

Siempre a través de INTL CIBSA S.A, quien también vio una oportunidad en este mercado fue el ex CEO de la empresa LAN y hoy secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Sebastián Lopetegui. Entre el 23 y el 26 de octubre, Lopetegui compró y vendió 310 contratos –que representan 310 mil dólares-: es decir que su neto da 0. Por su parte, el Fondo Pegasus cuyo número uno era el hoy secretario de Coordinación Interministerial, Mario Eduardo Quintana, operó –otra vez por INTL CIBSA S.A- US$ 1.480.000 a mediados de septiembre del año pasado.

También dieron el presente dos empresas que tienen medios de comunicación: S.A. La Nación y Cablevisión S.A. con 4 y 11 millones de dólares respectivamente. La primera operó entre el 20 y el 30 de octubre a través de Facimex Valores S.A. y la segunda lo hizo entre el primero de septiembre y el 12 de noviembre con Puente, Facimex y Mariva Bursatil S.A.

De la administración anterior figura el CEO de YPF, Miguel Matías Galuccio que, neteado, operó US$ 14.500.000 entre el 11 de septiembre y el 28 de octubre a través de Allaria Ledesma & Cia. S.A. A pesar de lo que se dijo durante la campaña, Miguel Bein, ex asesor de Daniel Osvaldo Scioli no figura en esta lista en el rango de fechas descriptas.

Lo que en general se conoce como compraventa de futuros es, en términos técnicos, un contrato de futuros financieros. En el caso de ROFEX, el contrato es por US$1.000, es decir que el subyacente de cada contrato son US$ 1.000. En el contrato se establece una fecha de vencimiento y un precio determinado. Asimismo, para abrir una posición -comprar o vender un contrato- es necesario que las partes intervinientes constituyan márgenes de garantía – que, actualmente, están en torno al 10% del valor total de los contratos negociados.

De este modo, si una empresa quisiera comprar futuros por el equivalente a US$100.000, deberá constituir una garantía, que depositará en ROFEX, por el equivalente a US$10.000. Luego, llegada la fecha de vencimiento, se cancelarán las diferencias entre comprador y vendedor, en pesos, según la diferencia existente al momento del vencimiento entre el precio pactado en el contrato por cada dólar y la cotización del dólar en el mercado spot.
http://www.eldestapeweb.com/dolar-futuro-quienes-fueron-los-principales-compradores-n16581

Cristina: pidió ser querellante contra Bonadio y Sturzenegger

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El contraataque de Cristina: pidió ser querellante contra Bonadio y Sturzenegger

Es por la denuncia de diputados del FpV por presunta defraudación de la administración pública.

Dólar futuro: ¿quiénes fueron los principales compradores?
19 DE ABRIL 2016
Agencia NA
La ex presidenta Cristina Kirchner contraataca y ahora pidió ser querellante en caso de que la Justicia Federal dé impulso a una causa por la denuncia contra el juez Claudio Bonadio y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, como respuesta a la investigación por el dólar futuro que lleva adelante el propio magistrado federal.

Fuentes judiciales consignaron a la agencia estatal Télam que la presentación fue realizada ante el juzgado encabezado por Sergio Torres, y será analizada por el fiscal Jorge Di Lello.

Cristina realizó esta presentación en el marco de la denuncia presentada por un grupo de legisladores del Frente para la Victoria encabezados por el titular del bloque, Héctor Recalde, mientras Cristina se presentaba a declaración indagatoria.

Los denunciantes acusaron a Bonadio y a Sturzenegger de los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, prevaricato, estafa procesal y privación ilegal de la libertad.

Es en respuesta a la denuncia de dólar futuro, cuando El Destape reveló que funcionarios macristas hicieron opción de esta operatoria aprovechando la devaluación que realizó el gobierno de Cambiemos. Bonadio, a su vez, autorizó a Sturzenegger a pagar los contratos a futuro, a pesar de que se trataba de una maniobra delictiva bajo la hipótesis de Bonadio y los denunciantes Mario Negri y Federico Pinedo.

Además de Héctor Recalde, suscribieron la presentación las diputadas del FpV Juliana Di Tullio, Nilda Garré, Diana Conti, Teresa García y sus pares de bloque Carlos Kunkel, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade.

Lo que hicieron allí fue materializar parte de lo planteado por la ex Presidenta en el escrito que presentó en el marco de su indagatoria en la causa por la venta de dólar a futuro. De hecho, en ese escrito –al igual que en la denuncia- se lo acusó a Bonadio de presunto prevaricato, es decir, de tomar decisiones como magistrado reñidas con la ley, y también apunta a Sturzenegger, titular del Banco Central.


http://www.eldestapeweb.com/el-contraataque-cristina-pidio-ser-querellante-contra-bonadio-y-sturzenegger-n16635

De Cromañon a Costa Salguero

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Miércoles, 20 de abril de 2016
DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN LA HABILITACION
Un predio con historia
El ex legislador Facundo Di Filippo le presentó a Casanello un escrito con los aspectos cuestionables de la situación legal de Costa Salguero, que plantea desde 2009.



Tras la muerte de cinco personas que habían asistido a la fiesta Time Warp, el ex diputado porteño Facundo Di Filippo, del Partido Social, que forma parte de la Coalición Cívica, patrocinado por el abogado Enrique Viale, presentó un escrito ante el Juzgado Federal número 7, a cargo de Sebastián Casanello, con información referida a la ilegalidad de la habilitación del predio Costa Salguero y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Di Filippo viene bregando desde hace años contra la situación irregular de este complejo. En 2009 presentó el primer amparo, en el fuero en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Su planteo se basó en que el complejo está ubicado en terrenos con zonificación UP (urbanización parque) en el Código de Planeamiento Urbano. El código prohíbe expresamente toda actividad de explotación comercial en los predios con esta zonificación.

Consultado por este diario, Di Filippo recuerda: “En 2009 tuvimos un dictamen favorable. El juez fue Andrés Gallardo. Se probó que los locales comerciales no estaban habilitados, que habían funcionado así durante quince años. Entonces Gallardo los clausura. En 48 horas el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les concede una habilitación exprés”.

Y aclara: “Los principales puntos de nuestra presentación ante Gallardo son tres. El primero es que si está en una zonificación UP tiene expresamente prohibido desarrollar actividades comerciales. El segundo es que no hay un camino de sirga (N. de R.: camino costero de cualquier curso de agua que debe ser de acceso libre al público), ya que la costa está obstaculizada por las terrazas de bares y restaurantes, como la del salón en el que festejó su casamiento el Presidente. Y el tercero, las habilitaciones truchas de los locales, que no las tuvieron en quince años y las consiguieron en 48 horas”.

Luego de innumerables obstáculos y chicanas judiciales, el único punto que tiene firme una resolución favorable es el del camino de sirga, aunque sigue sin respetarse la orden de abrirlo y mantenerlo libre. La cuestión de fondo, la prohibición de actividades comerciales en una zona UP, sigue planteada.

Para destrabar la situación, en 2014 presentó, junto al actual legislador Gustavo Vera y al ex Pablo Bergel, una nueva denuncia, esta vez por cuarenta concesiones ilegales en toda la Ciudad, incluyendo la de Costa Salguero SA. La causa pasó entonces al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (donde sigue hasta hoy, “durmiendo en algún cajón”) y la instrucción recayó en la fiscal Paula Asaro.

Di Filippo plantea: “Costa Salguero SA fue concesionada a Telemetrix, que es dueña de Emaco, una constructora que consiguió muchas licitaciones en la Ciudad. La concesión fue en 1992 por treinta años, o sea hasta 2022. Paga un canon irrisorio, de $260.000 pesos mensuales. Lo ridículo de la suma salta a la vista si se compara con lo que Telemetrix recibe de las subconcesionarias. Y hay además otra cuestión a tener en cuenta. Telemetrix consiguió la habilitación exprés para 23 espacios (el número 24 sigue sin habilitación al día de hoy. Es la estación de servicio que está a la entrada del predio. Esta sigue clausurada desde 2009). Ninguno de estos 23 espacios tiene habilitación para bailes o fiestas. Si la habilitación original no lo permite y no hubo reformas o modificaciones en los locales (en lo tocante a ventilación, suministro de agua y otras exigencias específicas), ¿por qué se concedió el permiso especial pedido por la empresa organizadora para esta rave?”.

“Costa Salguero es un predio de 17 hectáreas de tierras públicas ganadas al río y cuya zonificación está expresamente establecida como un parque, donde no se permite ninguna de las actividades que allí se desarrollan, por lo que jamás la fiesta electrónica debería haber obtenido una habilitación válida. Las irregularidades de la concesión de este predio se enmarcan en una situación general de manejo fraudulento de una gran parte de las concesiones que otorga el gobierno de la Ciudad”, resumió.

En su presentación actual, Di Filippo le solicita al juez Casanello que le pida el Superior Tribunal de Justicia porteño copias certificadas de los expedientes y los incorpore a la causa. También que cite al juez Andrés Gallardo y a la fiscal Paula Asaro, ya que por su participación en las causas anteriores disponen de información muy valiosa sobre las particularidades de las habilitaciones en la CABA. “La incorporación de estos expedientes y el testimonio de Gallardo y Asaro le permitirían a Casanello ahorrar mucho tiempo de investigación. Por eso confío en que esta presentación tenga un curso favorable.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/297405-77445-2016-04-20.html



EL PAIS › LA FISCALIA PIDIO LA CITACION DEL PRESIDENTE DE COSTA SALGUERO, FUNCIONARIOS PORTEÑOS Y PREFECTOS
Una “vista gorda” para que siga la fiesta
La Prefectura estaba enterada de que los guardias privados habían decomisado drogas, pero no lo informaron hasta 12 horas después de las muertes. El fiscal pidió diez indagatorias más. Adrián Conci, organizador del evento, se encuentra prófugo.



Por Horacio Cecchi
El fiscal federal Federico Delgado pidió al menos una decena de indagatorias en la causa de la fiesta electrónica de Costa Salguero, entre las cuales figuran los nombres de Néstor Bogado, responsable de Costa Salguero, y Maximiliano Avila, apoderado de Dell Producciones; además de tres prefectos y al menos dos funcionarios de la polémica Dirección General de Fiscalización y Control porteña, y diferentes eslabones de la seguridad dentro de la fiesta. La decena de nombres fue presentada al juez federal Sebastián Casanello, quien ayer rechazó el pedido de eximición de prisión de Adrián Conci presentado por su abogado, Fernando Burlando. Conci, no se presentó ante la justicia como había prometido, para ser detenido, y quedó consignado como prófugo. Burlando aseguró que se presentará hoy aunque, junto con la promesa, entregó una apelación ante la Cámara buscando anular la orden de detención. Entre los detalles curiosos consignados en el dictamen de Delgado aparece descripta una bolsa llena de “pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana”. El envoltorio fue entregado a las 3 de la madrugada del sábado por la seguridad privada de la fiesta a uno de los prefectos, como resultado de lo que se requisó a los jóvenes. La bolsa fue abierta recién el sábado a las 18 por los investigadores, 12 horas después de ocurridas las primeras muertes. Para Delgado el dato demuestra connivencia entre la seguridad privada y Prefectura, “‘que hicieron la vista gorda’ para que la fiesta continuara”. Mientras, tres de las víctimas siguen internadas en estado crítico.

Entre los primeros testimonios tomados por la Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad encabezada por Diego Iglesias, aparece el de Alberto Gabriel Pandiani, prefecto que estuvo presente durante el evento de Costa Salguero. Pandiani declaró en aquel momento que se encontraba en el lugar contratado como “policía adicional”. Precisamente, durante los allanamientos realizados por Casanello, el lunes, a la Prefectura, halló un contrato por 30 mil pesos entre los organizadores de la fiesta y la fuerza de seguridad, para contratar “servicios adicionales de vigilancia”. Pandiani se encontraba en el lugar cumpliendo adicionales como supervisor de 19 uniformados más. El prefecto en cuestión declaró a la Procunar que “a las 3 a.m. se le acercó una persona a quien sólo conoce como ‘El Chino’ y le entregó una bolsa con lo que –le dijo– se les había extraído de la requisa a los concurrentes”. Según Pandiani, el Chino era el encargado de seguridad interna.

Delgado tomó la declaración testimonial de Pandiani como dato clave. “El prefecto refirió que un tal Sr. Garat (Carlos M., quien cumplía la función de nexo entre Prefectura y la organización del evento) le presentó a El Chino”, describió el fiscal. La bolsa, según la declaración de Pandiani, no fue abierta en ese momento, y la entregó para su custodia al cabo 2ª Ivana Gómez, uno de los 19 uniformados a su cargo. El prefecto agregó que la bolsa la entregó a su jefe, el subprefecto Adrián Alvarez, recién a eso de las 7 de la mañana, cuando se enteró de la muerte de dos de los jóvenes. Alvarez tampoco abrió la bolsa. Cuando intervinieron el juzgado de instrucción de Guillermo Caravajal, y la fiscalía de Sandro Abraldes, ordenaron a la División de Precursores Químicos de la Federal secuestrar todas las pruebas vinculadas a los sucesos. Recién a las seis de la tarde del sábado, es decir, 12 horas después de las dos primeras muertes ocurridas dentro del Complejo Costa Salguero, la justicia supo de su contenido: “gran cantidad de sustancias, pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana”, enumeró Delgado en su dictamen.

Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió una nota enviada a Casanello en la que hacía un descargo de la actuación de la Prefectura y señalaba una supuesta desidia de parte de funcionarios del juzgado de Casanello, que habrían ordenado a Prefectura no actuar en la fiesta (ver páginas 2 y 3). La declaración de Pandiani viene a desmentir a su ministra. Aunque Pandiani y sus superiores no hubieran abierto la bolsa, la seguridad interna sabía lo que había requisado y la Prefectura estaba enterada por el Chino. Delgado lo describió como “algún tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que ‘hicieron la vista gorda’ para que la fiesta continuara”. Delgado sostuvo que Pandiani debería haber actuado conociendo el contenido y no lo hizo, “una clara muestra de cómo estaban dadas las condiciones para que la fiesta continuara sin importar las consecuencias”. Como resultado, el fiscal pidió indagatorias para los tres prefectos mencionados y el Chino, una vez identificado.

Luego, Delgado informó que obtuvo el acta 19439/16, labrada el 15 de abril a las 19 por la Gerencia Operativa de Eventos Masivos de la Dirección General de fiscalización y Control del Gobierno porteño, el acta de apertura de la fiesta en la que se verifica que todo está correcto. El acta fue firmada por Néstor Bogado, titular de Costa Salguero; una firma no aclarada que Delgado supone que pertenece a Maximiliano Avila, apoderado de Dell Producciones; el mentado Pandiani por la Prefectura, el responsable de la seguridad privada, Ezequiel Venturino, de Siseg; Carlos Garat, responsable del plan de evacuación y mencionado por Pandiani; y los representantes de la DFyC porteña, un tal P.Fontanellas y otras firmas ilegibles. El fiscal pidió la urgente declaración indagatoria de todos ellos.

Delgado utilizó durante una entrevista radial una descripción coloquial muy gráfica para describir la escena de distribución de drogas durante la fiesta y la presencia de la Prefectura que ni siquiera llegó a placebo: “Todos los testigos cuentan que no había personas camufladas o santo y seña para conseguir pastillas, sino que era casi como comprar un choripán en la cancha”.

Ayer, mientras recibía los pedidos de indagatorias por parte de Delgado, Casanello rechazaba el planteo de exención de prisión que realizara Burlando por su defendido Adrián Conci. Según el abogado, Conci se iba a presentar durante el día. Pero no se presentó: ayer a última hora se encontraba con el incómodo sticker de prófugo de la justicia. Estrategias de abogados: Burlando apelará el rechazo de Casanello. “No se presentará a la Justicia ya que mañana (por hoy) vamos a apelar el rechazo a la eximición de prisión”, dijo Burlando. Mientras, sostuvo que Conci “no tiene nada que ver con los narcotraficantes” ni con que se cortara el agua, y agregó que posiblemente fuera responsable de alguna falla, pero no de una cuestión penal. “Los responsables son los narcos que hacen negocios millonarios”, dijo Burlando, emulando a Bullrich.

horaciolqt@yahoo.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297395-2016-04-20.html

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Miércoles, 20 de abril de 2016
EL PAIS › CASANELLO ACUSO A PATRICIA BULLRICH DE BUSCAR ENTORPECER LA INVESTIGACION SOBRE TIME WARP
Una ministra amiga de los prefectos
El juez allanó una dirección de la Prefectura y la ministra contestó con un escrito en el que aseguraba que dos secretarios de su juzgado habían ordenado a los prefectos “no molestar a los chicos”. Casanello la desmintió.



Por Irina Hauser
El juez federal Sebastián Casanello acusó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de intentar entorpecer la investigación sobre la responsabilidad de la Prefectura Naval respecto de la venta de drogas de diseño que causaron la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp. Después que el juez allanara en persona la Dirección de Investigaciones Penales y Administrativas de la Prefectura y sus oficinas de la zona Norte, la funcionaria hizo una presentación donde responsabilizó a dos secretarios del juzgado, que el viernes desde la medianoche estaba de turno, de darles instrucciones a los prefectos de “no molestar a los chicos que iban a divertirse”. En un escrito, Casanello desmintió rotundamente a la ministra, y señaló que el deber de esa fuerza es informar ante cualquier posible infracción a la ley de estupefacientes, algo que no sucedió ni en esta fiesta ni en otras anteriores.

Entre la documentación secuestrada en las oficinas de Prefectura, el personal del juzgado detectó que había contratos de servicios adicionales de la fuerza para la empresa Dell Producciones, organizadora de las fiestas electrónicas, que se remontan al año 2010. El juzgado recibió ya decenas de testimonios de jóvenes que estuvieron en el lugar y que frecuentan estos eventos. Como declararan en función de la ley de estupefacientes, pueden hacerlo de manera reservada, es decir, queda preservada su identidad pero se le da valor testimonial al contenido de su relato. Esto ayuda a que hablen sin temor. La descripción común a la mayoría de los relatos hasta ahora es que dentro del complejo Costa Salguero había venta de drogas, que era evidente, y que hasta el personal de seguridad privada consumía. Los vendedores ofrecían keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman (esta última es de muy alta toxicidad). En el lugar faltaba ventilación, los baños estaban colapsados y había que hacer largas colas para acceder a una botella de agua. Facilitar el lugar para la comercialización también es un delito.

Después del procedimiento en Prefectura, el Ministerio de Seguridad presentó un escrito en el juzgado ayer a la mañana, firmado por Guillermo Soares Gache, subsecretario de articulación con los poderes judiciales y ministerios públicos. Relataba que el prefecto Rubén Eduardo Farrus y el subprefecto Meraldo Verón, del área que investiga Narcotráfico, se reportaron en los juzgado federales 6 (de Rodolfo Canicoba Corral) y 7 (de Casanello) que estarían de turno, uno hasta las 12 de la noche y el otro a partir de ahí. Como se realizaría la fiesta Time Warp querían recibir instrucciones.

La presentación dice que el secretario Gustavo Russo les dijo que “la tarea debía enfocarse especialmente en una eventual comercialización de estupefacientes” pero recomendaba “no molestara los chicos que van a divertirse” y que incluso jóvenes que trabajan en el juzgado asistirían. Ante una infracción a la ley de drogas, debían informar a la autoridad judicial. Según ese texto, la Prefectura asumía “la responsabilidad por la organización del operativo de seguridad externo al predio”. “Nunca fue convocada por la comisión de hechos ilícito dentro.” El argumento es que a ellos nunca les avisaron lo que pasaba adentro de la fiesta.

Casanello decidió enseguida contestar con otro escrito. Más aún cuando vio que el de Bullrich había salido publicado, con el facsímil completo y todo, en una web de noticias. A lo largo de tres páginas, cita los testimonios de sus secretarios Russo y Martín Smietniansky, que negaron haber mantenido encuentro alguno con los prefectos Farrus y Verón. Si bien se presentaron dos hombres de Prefectura, sin decir quiénes eran, la instrucción que les dieron fue clara (luego se vio que no la cumplieron): intervenir o informar al juzgado ante violaciones a la ley de drogas, y avisar desde el lugar donde se cometen. La referencia a dejar a los chicos tranquilos dijeron que era “falsa”.

La actuación de los agentes, y la “filtración” periodística, según dejó sentado el juez, “puede significar el intento de entorpecimiento de la investigación”. Para el juzgado, el despliegue de Bullrich es una maniobra y “llamativamente acontece”, especifica, después del allanamiento a la fuerza, efectuado por el juzgado.

Prefectura Naval había mandado 20 efectivos de la policía adicional, que se sumaban a cuatro de Inteligencia que actúan en la zona del río de la Plata y dos patrulleros con tres efectivos a bordo de cada uno. Según los datos oficiales del gobierno porteño, en la fiesta había 10.900 personas.

Hay varios datos llamativos sobre cómo se movió la Prefectura esa noche del viernes 15 y la mañana del 16 de abril. Una es que las muertes recién fueron informadas a la justicia a las 9 de la mañana, aunque ocurrieron más de dos horas antes. Y no fueron notificadas al fuero federal –que les había dado las instrucciones por las sospechas de comercialización de drogas– sino al de instrucción. Ni un juez ni un fiscal se pueden declarar incompetentes por teléfono, sino que todo lleva un acto burocrático hasta que se concreta. Así ocurrió acá: finalmente Sandro Abraldes pasó la causa a Comodoro Py.

Otro de los datos que compromete a la Prefectura, y a otros también, es que cuando la gente llegaba a Costa Salguero pasaba por un cacheo. En esa inspección, que hacía personal de la empresa de seguridad privada del predio, Siseg, todas las sustancias prohibidas que encontraba las iba poniendo en una bolsa. Ahí fueron juntando pastillas, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana. Uno de los prefectos, Gabriel Pandiani, recibió esa bolsa de manos de uno de los hombres de seguridad a quien dijo que sólo conoce como El Chino, alrededor de las tres de la madrugada. En su testimonio, contó que le dejó la bolsa a una compañera, la cabo segunda Ivana Gómez, quien recién cuando se enteró de la muerte de dos personas, cerca de las siete de la mañana, le entregó la bolsa a su jefe, Adrián Alvarez. Cuando la bolsa llega a la fiscalía de instrucción, se supo que estaba llena de droga. En el ínterin, nadie de Prefectura denunció nada.

El fiscal Federico Delgado plantea que existía una “connivencia” entre el personal de seguridad y la Prefectura que “hicieron la vista gorda”. Ya pidió que sean indagados Pandiani, Gómez y Alvarez y que se identifique a El Chino. A última hora de ayer, y después de su cruce de cartas virulentas con Casanello, la ministra Bullrich dejó trascender que los prefectos más comprometidos fueron preventivamente separados de sus tareas.

Delgado reclamó además que declaren como sospechosos Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero, el responsable de la organización y apoderado de Dell, Maximiliano Avila, el responsable de la seguridad privada Ezequiel Venturino (Siseg), Carlos Garat, quien estaba a cargo del plan de evacuación y representantes de la Dirección de Fiscalización y control. Casanello le negó el pedido de eximición de prisión a Adrián Conci, el organizador de la Time Warp, quien ahora se encuentra en condición de prófugo.

Desde el sábado hasta ayer hubo múltiples allanamientos. Entre ellos de Telemetrix, que explota Costa Salguero, tres domicilios vinculados a la provisión de Speed y otras sustancias, la de seguridad Siseg, y la de asistencia sanitaria, Semec, además –entre otras– de la dirección de habilitaciones del gobierno porteño. Todo apunta a que el predio sería un gran centro de venta de drogas sintéticas que no se consiguen en otros lugares, con la venia, en este caso, de la Prefectura Naval.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297405-2016-04-20.html

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martes 19 de abril

EL PAIS › OPINION
República Salguero

Por Eduardo Fabregat
¿Qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón? ¿Un matiz de estilos musicales? ¿Una cuestión de target socioeconómico? ¿Una simple, brutal, diferencia de cifras? Más de once años después de la maldita noche del 30 de diciembre de 2004, las muertes jóvenes volvieron a producirse por un idéntico esquema de desprotección al ciudadano. Un grupo de organizadores que incurrió en fallas imperdonables, y un Estado que no estuvo allí para controlar las condiciones de seguridad de un espectáculo público.

Y entonces: pasó Cromañón, y nada ha cambiado.

Si no fuera porque aquí ha habido muertes, sería motivo de risa escuchar a los prefectos decir que en la fiesta no había drogas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tanto gusta de hacer declaraciones y tuits altisonantes y mostrarse en traje militar camuflado, prefirió primero hacer mutis por el foro y luego hablar únicamente de las drogas de diseño. Así como hubo que escuchar una y otra vez que “en muchos shows prendían bengalas”, ahora habrá que recordar que en las fiestas electrónicas suele haber sospechosos cortes de suministro de agua corriente, para favorecer un negocio de botellas de agua a precio de oro. El lugar estaba superpoblado, los testimonios y el informe del fiscal Federico Delgado hablan de una atmósfera irrespirable, ventanas cerradas, personal médico escaso y “puestos de hidratación” que a medianoche ya no hidrataban a nadie, pero los inspectores del Gobierno de la Ciudad –que, según el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, estuvieron allí e hicieron bien su trabajo– no encontraron ninguna irregularidad. Otra vez: ¿qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón?

Además de las muertes de cinco jóvenes y el riesgo que corren en estas horas otros cinco, lo que produce horror es ver cómo, después de tantas aseveraciones sobre la enseñanza que Cromañón dejaba en la sociedad y en los responsables de velar por su seguridad, no se aprendió nada. Pero en este hecho hay agravantes que producen aún más dolor: los responsables de controlar estos espacios públicos son los que impulsaron un juicio político al responsable de controlar los espacios públicos en 2004. El macrismo no dudó en desplazar a Aníbal Ibarra por no cumplir sus deberes como funcionario público. Horacio Rodríguez Larreta también incumple sus deberes como funcionario público.

Las muertes en Costa Salguero, además, se producen en un contexto sobre el que vale la pena detenerse. Hace ya un largo tiempo que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante un plan sistemático de persecución a lugares de música en vivo, teatros independientes y centros culturales autogestionados, a los que se les exige cada día un requisito nuevo y contra los que se utilizan argucias tramposas, a veces en el borde del ridículo, para cruzarles una faja de clausura aunque tengan todo en regla. Pero Costa Salguero, como bien explicó Werner Pertot ayer en este diario (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-297223-2016-04-18.html), no es un lugar cualquiera: ha sido una usina de negocios primero para el menemismo y luego para el macrismo. Cuenta con una protección estatal que se traduce en un canon ridículo y una ostensible vista gorda a la hora de controlar su funcionamiento y vigilar que no haya un ejército de dealers vendiendo basura adulterada. Tiene toda la protección política que supone el hecho de que en el directorio de la concesionaria aparece Fernando Polledo Olivera, marido de la vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo.

Ni en Cromañón existían tan claros vínculos entre el Estado y los responsables de organizar una fiesta que terminó en muerte. En tiempos de blindaje mediático a los desaguisados, cuentas panameñas y corrupciones del macrismo, ¿Costa Salguero será solo un incidente más? Ya sucedió con Beara, donde hubo dos muertes y más que sancionar a Martín Farrell se lo quiso premiar con un puesto de juez. Da la siniestra sensación de que la gravedad de los hechos solo se mide en cantidad de muertes. Pero si esta sociedad clamó por esclarecimiento y justicia con República Cromañón, y tantos años después vuelve a encontrarse indefensa frente al mismo esquema de corrupción y desidia, sería gravísimo que todo quedara en la excusa del narcotráfico, algunas declaraciones de ocasión, un par de debates televisivos sobre las peligrosas costumbres de la juventud y el pragmatismo de algunos hipócritas
que dijeron venir a cambiarlo todo, y ahora pretenderán seguir como si no hubiera pasado nada. La vida –y la muerte– en República Salguero.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297325-2016-04-19.html

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Lunes, 18 de abril de 2016 | Hoy

SOCIEDAD › LA CONCESION IRREGULAR DEL PREDIO DE COSTA SALGUERO Y LOS VINCULOS EMPRESARIOS CON EL MACRISMO
Un negocio a costa de la Ciudad
La empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado para explotar Costa Salguero y subcontrata a otras 23 empresas. En una de las subconcesionarias es director el marido de la vicepresidenta de la Legislatura porteña, la macrista Carmen Polledo.



Por Werner Pertot
Hace poco menos de una década, el macrismo eligió al Costa Salguero como su lugar en el mundo para festejar sus victorias electorales. El presidente Mauricio Macri optó por ese mismo sitio para casarse con Juliana Awada. La concesión del Costa Salguero, que proviene del menemismo profundo, fue beneficiada por el gobierno porteño: la empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado en la zona y subcontrata a otras 23 empresas. El gobierno de la ciudad se negó a informar al Poder Judicial la facturación de las subconcesionarias. Telemetrix comparte su directorio con Costa Salguero S.A., que administra los pabellones en los que se hizo la fiesta electrónica. En el directorio de esta subconcesionaria figura Fernando Polledo Olivera, marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo. La semana pasada este diario informó que ambos tienen una empresa en Panamá.

En 1988, la empresa Telemetrix ganó la concesión de las 17 hectáreas ganadas al río que luego serían el complejo. En mayo de 1991, el menemismo, desde la Administración General de Puertos, le extendió la concesión por 30 años. Las tierras pasaron a la Ciudad en junio de 2001. Desde entonces, la empresa tuvo un aliado inigualable en el gobierno porteño, como se pudo ver en las causas judiciales que debió enfrentar.

Los entonces legisladores Rocío Sánchez Andía y Facundo Di Filippo denunciaron a Telemetrix por no cumplir con el camino de sirga, que es el espacio público de 15 metros que deben dejar a la vera del río. La causa quedó en manos del juez Andrés Gallardo, que falló en contra de la empresa. El gobierno porteño apeló y, cuando la Cámara le falló en contra, se demoró todo lo posible para cumplir la disposición.

En 2009, Gallardo pidió informes a la Dirección de Concesiones porteña sobre las habilitaciones y descubrió que sólo cuatro de las 23 subconcesionarias tenían habilitación. Además, la estación de servicio no tenía el permiso de Administración Nacional de Aviación Civil Argentina. El juez ordenó clausurar 19 locales, pero la Dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir el fallo judicial contra el Costa Salguero. Gallardo debió entonces utilizar la fuerza pública. El juez fue recusado y, mientras se encontraba alejado del expediente, el entonces director de Habilitaciones, Martín Farrell, les concedió en tiempo récord las habilitaciones a los subconcesionarios y se levantaron las clausuras. Farrell es el funcionario PRO que luego debió denunciar por el derrumbe del boliche Beara. Más tarde, el macrismo intentó convertirlo en juez porteño, pero las familias de las chicas que murieron en ese derrumbe consiguieron frenar esa avanzada en la Legislatura.

Luego de dos años de intentar que el gobierno porteño hiciera el camino de sirga, Gallardo ordenó que en las publicidades televisivas de la campaña 2013 del entonces ministro de Espacio Público, Diego Santilli, se colocara un letrero que diría que incumplía un fallo judicial. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría revocó esa disposición y Telemetrix denunció penalmente a Gallardo. El magistrado fue absuelto.

No obstante, el juez consiguió algunas pruebas de lo que le pagaban las subconcesionarias a Telemetrix. En 2010, la Ciudad obtenía 68 mil pesos por mes, mientras que Telemetrix recibía 750 mil pesos en promedio. Con ese esquema, la Ciudad perdía ocho millones de pesos por año. El juez ordenó a la AGIP (Rentas) que le entregara la facturación de las subconcesionarias. La dependencia del gobierno porteño contestó que no entregaría esos datos por estar “bajo secreto fiscal”.

En la actualidad, Telemetrix paga 263.576 por mes, según advirtieron desde el Observatorio de Derechos de la Ciudad (ODC) y la Asociación de Justicia Ambiental (AJAM). Estas dos ONG indicaron que el gobierno porteño cobra hoy 1,5 pesos por metro cuadrado, cuando un alquiler en la zona oscila entre 160 a 250 pesos. Advirtieron, además, que las actividades que se hacen en los predios escapan al objeto de la concesión original (un complejo polideportivo) y a la zonificación, por lo que reclamaron el fin de la concesión. “Todas las ilegalidades que se pueden encontrar en una privatización se encuentran acá”, destacó Jonatan Baldiviezo, del ODC.

Si bien no se conoce la facturación actual, sí es posible acceder a los nombres de los dueños de las empresas. Telemetrix tenía como presidente en 2013 a Alfredo Gutiérrez, mientras que su vicepresidente era Federico León Bensandon. El subconcesionario Costa Salguero S.A. comparte una interesante cantidad de nombres con el directorio de Telemetrix: en ambos figuran Federico León Bensandon y Gabriela Bensandon, mientras que el presidente de Costa Salguero S.A., Diego Luis Gutiérrez, es hijo del de Telemetrix, donde también figura su madre, Graciela Ratto.

En el directorio de Costa Salguero S.A. así como en Costa Salguero Eventos figura Fernando Polledo Olivera, que es el marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo. La diputada del PRO suele advertir que su marido entró al directorio hace 22 años mientras que ella se dedica a la política hace menos de una década. Ambos, Polledo y su marido, aparecen en el Registro Público de Panamá como parte de la empresa Rank International Corporation, creada en 1988. La compañía no figura en las declaraciones de la legisladora. En diálogo con Página/12, Polledo aseguró que la empresa nunca funcionó y que por eso no fue declarada. Indicó que era para un emprendimiento agropecuario, pero no pudo explicar por qué la abrieron en un paraíso fiscal.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297325-2016-04-19.html

Adrián Stoppelman: "Son empresas de Papá" Los auténticos recalientes / Panama Papers - Dólar a futuro - Evasión - Costa Salguero

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