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Robar está mal y es suicida


Por Martín Granovsky
Sin vueltas: robar está mal. En la vida privada y en la pública. En la calle y en el Estado. Pero, en política, hay momentos en que además de un acto que va contra la ética y contra el Código Penal, robarse el dinero público puede ser un acto suicida. Políticamente suicida. Más aún para fuerzas que invocan la defensa de los intereses populares y que gobernaron mediante la extensión de derechos sociales y no a través de su restricción.

Encaró el tema hace tres meses el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica. El 17 de marzo inauguró un curso internacional sobre la desigualdad organizado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y Clacso. En un tramo dijo: “Tenemos que ser exigentes con los cuadros de la nomenclatura, porque nos tienden la mesa y por urbanidad nos tenemos que sentar”. Y agregó: “Pero tenemos que saber que esa mesa no es nuestra. Es de ellos. Y has de vivir como piensas o terminarás pensando como vives”.

Tiene claro el asunto, también, el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera. El 27 de mayo, durante una conferencia en Ciencias Sociales de la UBA organizada por la Central de Trabajadores Argentinos, hizo la lista de las debilidades que aquejan a los procesos populares de la región. El discurso completo puede leerse haciendo click en http://bit.ly/1PsHsQl. Enumeró los problemas en la economía y la distribución, el debilitamiento de la base social propia, la redistribución de la riqueza sin politización social, el desafío que se plantea cuando se acota el tiempo de los liderazgos y la débil integración económica y continental. Pero también se detuvo en lo que llamó “una débil reforma moral”.

García Linera mencionó primero la “corrupción institucionalizada”. Vale la pena citarlo extensamente: “Es clarísimo que la corrupción es un cáncer que corroe la sociedad no ahora sino desde hace 15, 20, 100 años. Los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada, cuando amarraron la cosa pública y la convirtieron en privada. Cuando amasaron fortunas privadas robando fortunas colectivas a los pueblos de América Latina. Las privatizaciones han sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más indecente, más obsceno, de corrupción generalizada. Y eso lo hemos combatido. Pero no basta. No ha sido suficiente”.

Después de esa frase el vicepresidente de Evo Morales enfocó un segundo problema de corrupción. Afirmó: “Es importante que, así como damos ejemplo de restituir la res publica, los recursos públicos, los bienes públicos, como bienes de todos, en lo personal, en lo individual, cada compañero, presidente, vicepresidente, ministros, directores, parlamentarios, gerentes, en nuestro comportamiento diario, en nuestra forma de ser, nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia”.

Las presidencias del Frente Amplio iniciadas el 1° de marzo de 2005 con el primer gobierno de Tabaré Vázquez no mostraron casos importantes de corrupción en la categoría “no institucionalizada”, como diría García Linera. La institucionalizada es otra cosa, y las sociedades fantasma que se registran en las escribanías del Palacio Salvo de Montevideo son una prueba. Tampoco sufrió una pandemia de corrupción entre sus funcionarios el gobierno de Bolivia, donde Evo es presidente desde enero de 2006. O en todo caso en esos diez años hubo sucesos de corrupción pero no impunidad. La coima en un contrato de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia derivó en la condena de Santos Ramírez, presidente de YPFB, a 12 años de prisión. Un perjuicio al Estado de 15 millones de dólares por obras pagas y no realizadas en el ámbito del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino terminó en 205 procesados, entre ellos una ex ministra y dos senadores.

Los movimientos populares, populistas, reformistas o de centroizquierda siempre corren el riesgo de caer en una tentación: justificar la corrupción de sus funcionarios y ex funcionarios apelando a la disparidad de poder entre los que tienen dinero para hacer política (los ricos, los grandes empresarios) y quienes carecen de recursos. La riqueza de análisis como el de García Linera o de posturas como la de Mujica es que no se olvidan de la injusticia pero tampoco se escudan en esa injusticia. No la usan como coartada ni para justificar el robo liso y llano ni para legitimar el presunto robo en pos de la causa.

Es que, en el Gobierno, robar choca con la ética y además quita popularidad cuando la economía decae. Irrita. Ya fuera del Gobierno, el dinero sin justificación que puede ser fruto del robo escandaloso sigue chocando con la ética. Y encima erosiona en parte la validez de la narrativa sobre lo bueno que tuvo el pasado y resta autoridad al criticar lo malo que tiene el presente. Con un agregado: regala oxígeno a los funcionarios que son dueños de compañías offshore o acciones de Shell y son protagonistas históricos de la corrupción descripta por García Linera.



martin.granovsky@gmail.com

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301803-2016-06-15.html

Emmanuel Álvarez Agis, sobre las implicancias del “Programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados” "Este paquete legislativo busca quebrar el Sistema de Seguridad Social de nuestro país."
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jubilaciones


Buenos Aires, 7 de junio de 2016

Estimada Presidenta, Espero que este correo la encuentre bien. Le escribo estas líneas porque estamos ante un momento bisagra en la historia de nuestro Sistema Previsional. Mi intención es que ud pueda contar con algunos argumentos que considero de suma importancia, para analizar y tomar posición sobre el proyecto de ley que recientemente ha remitido el Poder Ejecutivo al Parlamento, bajo el titulo de ficción “Reparación Histórica para jubilados y pensionados”. Más que “Reparación Histórica” creo que de apoyar tal iniciativa estaremos cometiendo un “Error Previsional Histórico”. Trataré de explicarme de la manera más clara posible. Apelo a su paciencia, puesto que el proyecto es realmente enorme y toca más tópicos que el tango “Cambalache”.

En primer lugar y antes que nada Presidenta, lo que resulta increíble es que se hable de reparación histórica. Si hay un proyecto que ha reparado la situación previsional en nuestro país es el iniciado el 25 de Mayo del 2003, cuando Argentina tenía poco más de 3 millones de jubilados y la jubilación mínima era de $200. Hoy tenemos casi 6 millones y medio de jubilados.

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La tasa de cobertura llega prácticamente al 100% y casi la mitad de esos jubilados cuentan hoy con un haber debido a las sucesivas moratorias previsionales implementadas entre 2003 y 2015.


Algunas veces se escuchan voces “indignadas” porque más de la mitad de los jubilados cobran la mínima. Tal vez su sincera “indignación” no les permite recordar que antes del 2003 la mitad de esos abuelos en edad de jubilarse no lo podían hacer. Aunque sea de Perogrullo: para mejorar el nivel de los haberes jubilatorios es necesario que primero los jubilados tengan un haber. Casi una obviedad. Pero como ud siempre dijo, en la Argentina hasta lo obvio es necesario decirlo.

Tampoco tal vez recuerdan los aumentos continuos decretados desde el año 2003 para todos los jubilados, luego de que en nuestro país se llegó a establecer por decreto el congelamiento de los haberes jubilatorios, congelamiento que duró años.

Pudimos llegar a la ley de movilidad jubilatoria con dos inéditos aumentos anuales para todos los jubilados y pensionados luego de haber reemplazado las AFJP para volver al sistema de reparto público y solidario. Ese es el sistema que nos permitió alcanzar no solo la cobertura previsional universal, sino también el mayor haber jubilatorio del continente.

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Cabe recordar que muchas de estas medidas hubieran sido imposibles sin la Ley que permitió recuperar la administración de los recursos de los trabajadores en mano de las AFJP. Ley que fue sancionada, no nos olvidemos, sin el apoyo de la mayoría casi absoluta del arco opositor parlamentario, incluido el actual Gobierno.


Pero lo que más sorprende es que hoy se vuelva a la carga con estas promesas demagógicas. Recordemos que no hace mucho en Argentina se privatizaba YPF con la excusa de pagarle a los jubilados. El resultado de ese modelo fue que nos quedamos sin petróleo, sin jubilados y en fin, sin país Presidenta, el proyecto enviado por el Gobierno es, en realidad, una reforma tributaria encubierta y un manto de impunidad al escándalo global de los Panama-Papers.

Increíblemente, es la primera vez que al Parlamento ingresa un proyecto de reforma tributaria de carácter regresivo. Es decir, lo que está haciendo el Gobierno es usar a los jubilados y a las provincias de cortina de humo para hacer que los ricos dejen de pagar impuestos. Lisa y llanamente.

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· El proyecto deroga el impuesto a los bienes personales, probablemente uno de los impuestos más progresivos que existen.

· Deroga el impuesto a la renta financiera (estrictamente, a la distribución de dividendos) que nosotros implementamos en 2013.

· No solo busca vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino que además permite que se use ese dinero para hacer inversiones en el exterior. En criollo: a la fuga de capitales de los privados, le vamos a sumar la fuga de capitales de la ANSES; cualquier parecido con las AFJP, no es mera coincidencia.

· Y, por último, realiza un blanqueo de capitales que permite que los que blanqueen “exterioricen”, es decir, que no ingresen sus fondos al país, sino que simplemente declaren que los tienen en Panamá y que los van a seguir teniendo fuera del país.

Hay que reconocer que Cambiemos ha tenido un comportamiento perverso al presentar esto como una “reparación histórica” a nuestros jubilados. Pero Presidenta, esto no es ninguna reparación histórica. Esto es el primer paso para llevar a nuestro Sistema Previsional a la quiebra. Es el primer paso para vivir en un país más desigual, donde los ricos paguen menos impuestos y nuestros abuelos cobren haberes previsionales más bajos.

Entiendo perfectamente que en tiempos de Twitter, donde parece que los debates políticos tienen que durar 140 caracteres, decir esto puede significar ganarse la antipatía de las mayorías.

Sin embargo fue ud quién en ocasión de esa batalla histórica que encabezó contra los fondos buitres, demostró que la mezquindad y la especulación mediática y política no son nunca buenas consejeras de los proyectos que buscan favorecer a las grandes mayorías. Y sé que ud, al igual que Néstor, no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. No las dejó cuando entró y tampoco las dejó cuando se fue.

Claramente manifestarse criticamente sobre algo que se presenta como una presunta “reparación histórica a nuestros abuelos” no tiene muy buena prensa (sobre todo en tiempos de impunidad mediatica, como la que goza el actual gobierno). Pero si hay algo que nuestro Gobierno no tuvo fue justamente buena prensa: siempre tuvimos más votos que rating. Y estoy seguro que tenemos que seguir por ese camino, no por el de las frases hechas que apuntan a “seguir haciendo bien las cosas que están bien y dejar de hacer las cosas que están mal”, verdadero tips de los “focus groups” y los asesores de imagen.

¿Por qué digo que este proyecto no es ninguna “reparación histórica” para nuestros jubilados, si no por el contrario, la destrucción del sistema previsional? Por dos razones: una que atañe a la cuestión Distributiva y otra que hace a la Sustentabilidad de nuestro Sistema Previsional.

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La Razón de Carácter Distributivo

Presidenta, paradójicamente, nuevamente es el Poder Judicial, y no los papeles firmados por nuestro país, el que determina el tamaño de una deuda. Pero ahora no es un Juez de Nueva York, sino la corte local la que determina cuánto hay que pagarle a los jubilados. Y creo que esto lo hemos discutido alguna vez con ud y ha sido un tema que quedó abierto. Es que nunca nos pudimos poner de acuerdo sobre qué es peor: si un economista opinando sobre leyes o un abogado opinando sobre economía. Hoy lo que nos toca es hablar de esto último.¿Qué dijo la Corte? Antes de ingresar a la función pública en el año 2011 con un grupo de investigadores del CONICET hicimos un estudio sobre los fallos Badaro-Ellif-Sanchez, que son los fallos que dan lugar a los reclamos de los jubilados. El estudio analizaba cómo se modificaban los parámetros distributivos del Sistema Previsional Argentino como resultado de la aplicación de esta nueva jurisprudencia en materia previsional. Cosas de economistas.

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Hoy me parece más interesante resumir las conclusiones de ese estudio con el propio caso Badaro ¿Sabe ud cuánto terminó cobrando Badaro de jubilación gracias a los fallos de la Corte? El haber jubilatorio de Badaro en 2011 ascendía a los $55.000 por mes. De seguir con vida ¿sabe ud a cuánto asciende hoy la jubilación de Badaro? A más de $120.000 por mes. Creo que ud comprenderá que me den muchas ganas de tener un abuelo como ese.


Pero eso no es lo más grave. No, en serio. No es lo más grave. Lo más grave es que dolarizando e indexando las jubilaciones, que es lo que hacen los fallos, lo que el Poder Judicial buscaba era que el haber jubilatorio “sustituyera” el sueldo del trabajador.

Esto no es solo un importante error conceptual, puesto que en un sistema solidario como el nuestro las jubilaciones no tienen nada que ver con la trayectoria laboral del jubilado. En un sistema solidario, los trabajadores de hoy le pagan la jubilación a los abuelos de hoy. Lo que cada trabajador aporta no va a una “canchito” que luego cuando le toque jubilarse va a poder romper. Eso eran las AFJPs, el sistema de capitalización, que rompieron el “chanchito” junto con la dignidad de nuestros abuelos y del Sistema Previsional. Decía que esto no es solo un error conceptual, sino que es un “error” de cálculo.

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¿Sabe ud cuánto fue el sueldo del trabajador que reemplazó a Badaro en su función activa cuando Badaro se jubiló? $9.500. Es decir, mientras que Badaro cobraba en el año 2010 una jubilación de $55.000, el trabajador que ocupó el puesto de trabajo del que Badaro se jubiló tenía un sueldo de $9.500. El Poder Judicial en lugar de asegurar el famoso 82% móvil hizo que con estos fallos estemos pagando jubilaciones que son el “579% móvil”.


Esa es la primera razón por la cual no estoy de acuerdo con el proyecto del Gobierno para reformar el Sistema Previsional: no es una “reparación”; es una destrucción ¿Quiere decir eso que las jubilaciones hoy son altas, que los jubilados son ricos, que no tienen que recibir aumentos? No, en lo absoluto. Pero acá viene la segunda razón: la Sustentabilidad del Sistema Previsional.

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La Razón que Hace a la Sustentabilidad del Sistema

Lo que más me sorprende de todo este proyecto es el cinismo de atar ese pago a un “blanqueo” de capitales y a una reducción de impuestos a los más ricos ¿Por qué? Porque si hoy nuestros jubilados tienen un haber que no les permite muchas veces llegar a fin de mes, eso es el resultado de las cuentas en Panamá.

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Cada vez que un argentino decide radicar una cuenta off-shore en un paraiso fiscal, lo que hace es dejar de pagar impuestos en nuestro país. En criollo: evade impuestos. Es mentira que las cuentas off- shore son fondos propios, es plata que le roban a todos los argentinos, sean jubilados o no. Cada vez que una gran empresa negrea su facturación, ocurre lo mismo. Y cada vez que un banco fuga divisas, también. Esos impuestos son los que permitirían que el Estado pagara jubilaciones más altas sin que la economía volcara. Si queremos jubilaciones como las de Dinamarca, necesitamos contribuyentes como los de Dinamarca.


Y esto no es un problema “cultural”; es un problema político. No es que los contribuyentes dinamarqueses sean más honestos que los contribuyentes argentinos. La diferencia es que en Dinamarca hay un Estado presente que controla, regula y sanciona a los evasores y fugadores.

Para que quede claro: lo que el proyecto de ley enviado por el Gobierno propone es: aumentarle las jubilaciones solo al 30% de los jubilados. Pero no a cualquier jubilado, si no al 30% que mas gana. Esto es el equivalente a 4 puntos porcentuales más del PIB, es decir, casi $200.000 millones más por año. Creo que acá tenemos que dejar toda la demagogia de lado, las especulaciones políticas, lo que “queda bien decir”.

Presidenta, el discurso aguanta cualquier cosa, la economía no. En concreto: nuestro Sistema Previsional no soporta ese nivel de jubilaciones.Y me consta que ud Presidenta sabe perfectamente que esto es así. Por eso apelo a lo que yo creo es la principal característica que debe tener nuestro proyecto: la coherencia. Hace nada más que 2 años, ud firmó junto con el ex titular de la ANSES un documento cuyo título resulta de absoluta vigencia: “Inclusión o Privilegios”.

En ese documento, cuya versión completa puede ud consultar en este link, se señalan algunas cuestiones que me parece importante recodar para el actual debate: “En el esquema actual, las funciones que cumple el FGS van más allá de atenuar el impacto financiero que pudiera tener una evolución negativa de las variables sociales y económicas vinculadas al Sistema Previsional: el FGS está estratégicamente concebido para constituir un fondo de reserva de largo plazo para preservar el valor de las prestaciones previsionales y permitir una adecuada inversión de los recursos en beneficio del mantenimiento del Sistema de Seguridad Social y el mejoramiento de la economía del país” Lo central de este párrafo es lo que apunta al “mantenimiento del Sistema de Seguridad Social”.

El FGS no solo tiene que garantizar jubilaciones en momentos de crisis, sino que fundamentalmente tiene que garantizar un crecimiento económico que permita sostener la totalidad del Sistema de Seguridad Social. La Seguridad Social no son solo los jubilados. Son los niños y niñas de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, es el Conectar-Igualdad, los jóvenes del PROGRESAR, etc. ¿Quién dice que un jubilado “vale más” que un niño? Lo dice el actual Gobierno, con este proyecto.

Más adelante en el mismo documento ud señalaba que las decisiones del Poder Judicial “afectan la sustentabilidad social y financiera del Sistema Integrado Previsional Argentino y genera situaciones de desigualdad entre los jubilados actuales que ponen en crisis la sostenibilidad del Sistema Previsional para los jubilados futuros”. Estas consideraciones son absolutamente válidas en la actualidad.Cumplir con los fallos del Poder Judicial, que dan lugar a jubilaciones que en muchos casos superan, con holgura, al sueldo del Presidente de la Nación, va a terminar en la quiebra de nuestro Sistema Previsional. Ese será el verdadero “plan bomba” y la “pesada herencia” que deberá enfrentar quién le toque conducir los destinos de la Nación en el próximo mandato presidencial.

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Porque subir la inversión previsional al 30% de los jubilados que más cobran, elevar la edad jubilatoria de las mujeres y reducir en un 20% la jubilación mínima, derogar el impuesto a los bienes personales y al reparto de dividendos y promover un blanqueo de capitales que no obliga a los evasores a ingresar su dinero al país, es el sueño de aquellos que contribuyeron a destruir nuestro Sistema Previsional en un pasado no tan lejano.


Presidenta, escribo estas líneas, aún a riesgo de que ud, que tiene muy buena memoria, tenga este tema absolutamente claro. Porque este debate ya tuvo lugar en nuestro país. Fue durante el estallido de la Convertibilidad.

Ese sistema que les hizo creer a los argentinos que nuestra moneda era tan pero tan fuerte que garantizaba que si los trabajadores ahorraban en el “chanchito” de las AFJPs, entonces en el futuro iban a poder gozar de una jubilación como las que todos añoraban: una jubilación de privilegio. Al respecto, vale citar algunos argumentos que se escucharon por ese entonces, en ocasión de discutir la Ley 25.668 que puso fin a las jubilaciones de privilegio, en el Senado de la Nación: “Cuánta hipocresía y doble moral hay en la República Argentina. De repente, los que impulsaban los regímenes de derogación de jubilaciones de privilegio dicen “Pero, miren bien, porque hay algunos a los que hay que respetarles los derechos y garantías” ¡Por favor! ¡Cuánta hipocresía, señor Presidente!”.

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Que quede claro Presidenta que con este proyecto vuelven no solo las jubilaciones de privilegio, sino que también estamos creando los “contribuyentes de privilegio”: aquellos que evadieron y fugaron van a poder dejar su dinero en el exterior y no van a pagar más impuestos.

En ese mismo debate, también se escuchó en el Senado de la Nación que: “No es cierto que se trate de litisconsorcio, de formas, de abogados. Es verdad que los abogados hacen pingües negocios; pero los jueces también son abogados y también hacen negocios”. No hace falta citar a la Senadora que esgrimió estos argumentos, puesto que tengo claro que Ud. recuerda siempre muy bien sus propias palabras. Esto viene a colación de otro punto que me interesa señalar, que es el de la litigiosidad.

Los fallos que dan lugar a estos haberes previsionales no fueron ajenos a la controversia y al escándalo. Además de los abultados negocios que generaron a algunos estudios jurídicos a los cuales se les descubrió conexiones son algunos de los autores de estos fallos, la propia Corte Suprema en el año 2014 revocó 34 cautelares que aplicaban estos fallos. ¿La razón? El alto tribunal consideró “no satisface el criterio de excepcionalidad y mesura, en particular porque una abrumadora mayoría de los temas que se discuten en el fuero de la seguridad social son de naturaleza alimentaria y muchos de los litigantes son de avanzada edad”. En ese momento, la Corte se encargó de aclarar que las 34 cautelares suspendidas eran de “jubilaciones altas” y que, por tanto, el criterio aplicado no era considerado justo. O sea, no se trataba de jubilados que no podían llegar a fin de mes, sino que estábamos hablando de jubilaciones de valores exorbitantes.

Este fallo de la Corte fue firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda no lo firmaron. Pero no me quiero extender en esto, puesto que si no sería un economista hablando de leyes. Lo que sí quiero señalar es que esta jurisprudencia existe al día de la fecha. Por lo tanto, si la ley fuera aprobada, no es cierto que esto vaya a terminar con la litigiosidad previsional.

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El Gobierno actual está simplemente ofreciendo un acuerdo voluntario que implica una quita para el jubilado de entre el 30% al 60% del haber que surge de estos fallos. Es algo así como la quita que nosotros le hicimos a los buitres, pero en este caso, increíblemente, Cambiemos se la aplica a los jubilados.


Por lo tanto, lo más probable es que los estudios jurídicos que llevan adelante estos litigios les recomienden a sus clientes que continúen con el juicio, puesto que si se sigue aplicando la misma jurisprudencia su haber jubilatorio podría ser del más del doble de lo que ofrece esta pretendida “reparación histórica”.

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El Blanqueo

Al parecer, todos los que fuimos partes del gobierno anterior no podríamos estar en contra de un blanqueo. Eso es, directamente, una ridiculez. Presidenta, voy a hacer algo que es muy demandado, pero poco practicado en estos momentos: autocrítica. Nuestro blanqueo no obtuvo los resultados que habíamos previsto. Y eso fue por falta de pericia de los funcionarios que lo diseñamos. Claramente, nosotros no éramos ni somos especialistas en blanquear, porque no éramos ni somos especialistas en negrear. Para saber cómo volver a traer dinero negro al país, hay que primero entender cómo sacarlo. Para esto el actual Gobierno tiene “el mejor equipo de los últimos 50 años”, así que es muy probable que el blanqueo actual sea mucho más “exitoso” que el nuestro. Claro que esto depende de a qué se llame “éxito”. Me explico.

El proyecto actual de blanqueo no solo permite que los familiares de los funcionarios públicos (actuales y pasados) blanqueen, sino que además pone una mordaza a cualquier periodista que piense en desatar los “Argentina-Papers”. Si esta ley se aprueba, será la garantía de impunidad de aquella parte de nuestra clase política que evadió al fisco. Esto es, directamente, inaceptable. Pero, además, hay aspectos que son aún más preocupantes.

Nuevamente: este blanqueo no obliga a ingresar el dinero al país. Ergo, su efecto sobre la economía va a ser muy bajo. Si el Gobierno quiere la famosa “lluvia de dólares”, deberían dejar de escupir para arriba: nadie en su sano juicio va a ingresar dólares a la economía argentina en un contexto de recesión, inflación que se acelera, altas tasas de interés y despidos masivos.

Si hoy sobran los dólares, es sencillamente porque faltan los pesos. Lo complejo era resolver la escasez de dólares sin sacarle los pesos del bolsillo a la gente. Haciendo esto último, resulta muy fácil desarmar falsos cepos.

Por último, el Gobierno argumenta que este blanqueo va a ser exitoso porque después de 2016 se terminan las Guaridas Fiscales en el mundo. Esto es sencillamente falso. En primer lugar, si en el mundo dejaran de existir las Guaridas Fiscales, entonces estaríamos terminando con el capitalismo. La situación actual no parece indicar que fuéramos a tener una revolución de esa magnitud.

Pero, para peor, ni EEUU ni Suiza van a participar de los intercambios de información. Esto quiere decir que esos dos países van a ser las dos únicas Guaridas Fiscales que van a persistir y que, por ende, van a concentrar la totalidad de los fondos negros del mundo.

Por último, se encuentra el tema de los intercambios de información entre jurisdicciones cooperantes. En castellano: cuando nosotros desde el Gobierno hicimos un intercambio de información para descubrir cuentas de argentinos en el exterior, nos dijeron que no había ninguna. No fue sino hasta la aparición de Falciani que pudimos saber de las 4.040 cuentas de argentinos en el exterior (instrumentadas a través del banco HSBC), cosa que nuestro intercambio de información había negado.

Por todo lo anterior Presidenta, creo que nuestro proyecto se tiene que manifestar absolutamente en contra de todo este paquete legislativo que busca, mediante la demagogia y los golpes bajos, quebrar el Sistema de Seguridad Social de nuestro país y perdonar eternamente los impuestos que pagan los sectores más privilegiados.

De lo contrario, cuando en el futuro tengamos que discutir en el Parlamento sobre cómo saneamos nuestro Sistema de Seguridad Social, cargaremos sobre nuestras espaldas con la responsabilidad de haber contribuido a su quiebra. Y por si todo ello fuera poco, con haber votado la impunidad de los escándalos del Panama-Papers y de las 4040 cuentas del HSBC.

Seria un triste y solitario final para quienes a partir del 25 de Mayo del 2003 representaron en el Congreso Argentino a un Proyecto Político y de país que se hizo cargo de Argentina “sin beneficio de inventario”, como le gusta decir a ud.

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Con del default mas grande de la historia mundial y una deuda externa que representaba el 150% de nuestro PBI. Con la deuda interna de una desocupacion de dos digitos. Abuelos sin cobertura previsional y los que la tenian, con jubilaciones y pensiones de hambre en su inmensa y absoluta mayoria. Con compatriotas que hacian colas en las embajadas para irse del pais Con la impunidad, consagrada por leyes del parlamento, de los responsables de los mayores delitos de lesa humanidad de nuestra historia.


Podría seguir enumerando calamidades, pero no quiero distraer su tiempo con cosas que usted conoce mejor que yo por la responsabilidad institucional que le toco desempeñar no solo como Presidenta sino, también como Legisladora Nacional.

Le mando un enorme abrazo, con el afecto, el respeto y la admiración de siempre. Emmanuel Álvarez Agis.
http://www.cfkargentina.com/carta-de-emmanuel-alvarez-agis-sobre-las-implicancias-del-proyecto-programa-nacional-de-reparacion-historica-para-jubilados-y-pensionados/

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Sábado, 18 de junio de 201


EL PAIS › JOSE LOPEZ TIENE “EXCITACION PSICOMOTRIZ, ESTADO PARANOIDE Y ES PELIGROSO PARA SI Y PARA TERCEROS”
En una celda del pabellón psiquiátrico
El ex funcionario grita, golpea y se golpea permanentemente. Lo medicaron y no fue a declarar ante la fiscal Rodríguez.



Ocho efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron necesarios para sujetar en la noche del jueves a José López. El ex funcionario gritó, trató de golpear y golpearse, hasta que lo sostuvieron entre los ocho y lo medicaron. Ese cuadro de situación, real o simulado, llevó a la decisión de trasladarlo al Prisma, el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza y derivó en que ayer no fuera conducido ante la fiscal de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez. Los médicos del psiquiátrico le enviaron un fax a la fiscal diciéndole que recién el martes habrá una nueva evaluación. Rodríguez iba a indagar a López por tenencia del arma pero también por enriquecimiento ilícito. En el allanamiento a la vivienda del Río Luján se encontraron sus declaraciones juradas. Contenían un dato insólito: López pagó 375 pesos anuales de Bienes Personales y 650 pesos anuales de Ganancias. Son más elementos para acusarlo, porque ni el dinero ni la vivienda están en línea con lo declarado. En paralelo se puso en marcha otra imputación, la de lavado de dinero, formulada por la Unidad de Información Financiera en el juzgado federal de Mercedes (ver aparte). El fiscal Federico Delgado sostuvo que respecto de ese delito se debería llamar a declarar como testigo a Cristina Fernández de Kirchner quien manifestó que ella no le dio dinero y que esa plata seguramente se origina en el sector privado.

Psiquiatras

En la mañana de ayer, a las 8.50, llegó a la fiscalía de General Rodríguez un fax del SPF señalando que López no podía ser trasladado. A esa hora, el diagnóstico era que tenía “excitación psicomotriz, estado paranoide y es peligroso para sí y para terceros”. Aunque el SPF no puede opinar si una persona puede declarar o no, quedaba claro que no estaba en condiciones de ser trasladado. La abogada de López, Fernanda Herrera, habría manifestado, incluso, que aún esposado y con chaleco el hombre le daba miedo. La fiscal entonces tomó la determinación de descartar la declaración y realizarle un nuevo examen a las 19. En caso de que estuviera en condiciones, ella misma se trasladaría a Ezeiza a tomarle la indagatoria.

Al atardecer llegó a la fiscalía un nuevo fax y, además, la fiscal se comunicó con los psiquiatras de Ezeiza. Le relataron que hubo que sujetar a López nuevamente porque armaba un verdadero escándalo de gritos y golpes. Por esa razón fue trasladado al Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), que es un pabellón del penal de Ezeiza, donde lo alojaron en una celda individual monitoreado las 24 horas con cámaras de seguridad. El hombre golpea y se golpea en forma permanente, por lo que la fiscal reclamó que se tomaran las máximas medidas de seguridad.

Ni en el juzgado de Daniel Rafecas ni en la fiscalía de Rodríguez tienen claro si López simula o está mentalmente desequilibrado, pero lo que prima es lo que dicen los psiquiatras. Este diario preguntó si López está afectado por un síndrome de abstinencia, producto de una adicción a la cocaína, pero tampoco hubo una respuesta clara de los psiquiatras. Quienes lo conocen dicen que nunca le conocieron esa adicción, que sí a veces se excedía con el alcohol, pero no en horas de trabajo. López grita y reclama la presencia de su esposa, que no contestó ninguno de sus llamados y tampoco fue localizada por las autoridades judiciales.

Indagatoria

López se negó a declarar ante Rafecas. El hallazgo del dinero motivó el pedido del fiscal Delgado para que sea indagado y el magistrado lo convocó el jueves. Después de uno de sus ataques reales o simulados, fue llevado ante Rafecas, que lo vio tranquilo y le leyó los cargos. López, aconsejado por la abogada Herrera, se negó a declarar.

Ayer era el turno de la declaración en General Rodríguez. La fiscal consideró desde el primer día que la causa debía pasar al fuero federal, donde hace años se tramita una causa contra López por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la funcionaria no tiene poder de decisión, sino que es el juez de Garantías de Mercedes, Gabriel Castro, quien tiene que definir la inhibitoria. El magistrado no resolvió nada hasta el momento aduciendo que debe pedirse opinión a la defensa. Mientras tanto, la fiscal Alejandra Rodríguez está a cargo de la causa y está obligada a indagar a López porque de lo contrario lo tiene que dejar en libertad. Según el comunicado que emitió ayer, finalmente se decidió por la imputación en dos delitos:

n Tenencia de arma atenuada, dado que López tenía una escopeta Sig Sauer, calibre 22, con el permiso de tenencia vencido.

n Enriquecimiento ilícito, porque se le encontró una cantidad de dinero que no se condice con sus declaraciones de bienes.

Estos son los dos delitos por los que el juez Gabriel Castro concedió la detención de López y, por lo tanto, son los delitos por los que se lo debe indagar.

Allanamientos

La fiscal Rodríguez concretó varios allanamientos, pero el más significativo se dio en la casa de López, sobre el Río Luján. Para la funcionaria está claro que el ex secretario de Obras Públicas recibió un llamado el lunes a la noche advirtiéndole que lo iban a detener, allanar o incluso matar. Se ve que alguien le venía haciendo un trabajo psicológico convenciéndolo de que estaba en peligro. Los amigos de López sostienen que hubo un trabajo realizado por alguien de los servicios de inteligencia, que primero le creó la psicosis y luego le hizo un seguimiento para que cayera con el dinero.

La fiscal cree efectivamente que estaba en un estado paranoico. Sacó esa conclusión porque en el allanamiento a la vivienda del Río Luján encontró un único plato de la cena, servido, y abandonado a medio comer. Además, un placard muy desordenado del que se habría sacado el dinero que luego se llevó al monasterio. Hay rastros de apuro, cosas tiradas, la funda de la escopeta en el suelo, balas desperdigadas y cajas desordenadas, que aparentemente servían para esconder el dinero en el placard. La escena da cuenta de que López salió corriendo.

En ese allanamiento se encontraron las declaraciones de impuestos de López, que produjeron asombro en la fiscalía. Según cuentan en General Rodríguez, por la declaración de Bienes Personales, en la que se resume el impuesto por el patrimonio, López pagó 375 pesos por 2014. Y por el tributo de Ganancias, 650 pesos por el mismo año. Se trata de cifras irrisorias, que no tienen relación alguna con el valor de la vivienda allanada y con los supuestos ingresos del ex funcionario. La fiscal utilizará estos elementos en la indagatoria.

Martes

En principio, recién el martes estarán completos los tests psiquiátricos y se decidirá si se concreta la indagatoria. Una monja del monasterio de Nuestra Señora de Fátima dijo que cuando López llevó el dinero lo vio “medio loco”. Ayer se conoció también el testimonio del vecino que llamó al 911, Jesús Omar Ojeda. “Ese hombre no sabía ni dónde estaba –contó el testigo—. Estaba ahí, tocaba el timbre del portón, y volvía a la camioneta. Yo lo miraba, y él también. Ahí empezó a tirar los bolsos para adentro, después me dijo ‘ahora sí’, y saltó para adentro. Yo pensé ‘este hombre está loco, creerá que me voy a quedar cuidándole el auto’”. Ambos testimonios evidencian que, al menos en esa madrugada, López estaba desquiciado. A los funcionarios de la fiscalía les dijo “me quieren matar, por eso le llevé la plata a las monjitas”.

Más allá de que declare o no, de que esté en una situación de insanía parcial o que esté simulando, el expediente parte de un hecho incontrastable: nueve millones de dólares, en efectivo, sin declarar y de origen espúreo. Seguramente la semana próxima toda la investigación quedará en manos de Rafecas y habrá que ver hacia adónde avanza
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302076-2016-06-18.html
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Sábado, 18 de junio de 2016


EL PAIS › PANORAMA POLITICO
Lopezcaron


Por Luis Bruschtein
López fue un regalo para el macrismo. Cayó en el momento justo, con el funcionario justo y con las manos en la bolsa. El kirchnerismo sufrió varias situaciones similares. La más parecida fue la muerte del fiscal Nisman, en el momento justo, tras la denuncia contra Cristina Kirchner y al comienzo del año electoral. López aparece justo para salvar el peor momento del gobierno de Cambiemos, cuando sus medidas han generado una crisis profunda que no tiene comparación con ninguno de los años del kirchnerismo, y cuando las causas contra funcionarios kirchneristas habían entrado en un declive que ya parecía definitivo, opacadas por el Panama Papers que impactó en Macri y varios de sus ministros y colaboradores y después la causa por especulación con el dólar a futuro que terminó también por volverse en contra de varios miembros del gobierno. Hasta la famosa investigación con Lázaro Báez, demostró que el empresario tenía más ligazones comerciales con las empresas de Macri que con Cristina Kirchner. Y allí apareció el ex secretario de Obras Públicas con sus bolsas de residuos llenas de dólares y euros. Nadie puede negar la montaña ominosa de dólares de López o la muerte violenta de Nisman. Son hechos concretos, indiscutibles, vergonzoso en un caso, doloroso en el otro. Y se produjeron milagrosamente en el momento adecuado y contra la misma fuerza política.

En el momento justo y siempre con el mismo blanco. La muerte del fiscal y la fuga de López con esa montaña de dólares existieron, son hechos concretos, pero no son esos hechos en sí los que tienen impacto político sino sus derivaciones. En el caso de López, es su proyección hacia el kirchnerismo en general, pero especialmente hacia Julio De Vido y siempre en última instancia, Cristina Kirchner, que es la carta más fuerte a destruir. En el caso de Nisman, el fiscal apareció muerto después de acusar a Cristina Kirchner y a su canciller Héctor Timerman.

La utilización política de la muerte de Nisman movilizó a decenas de miles de personas y obligó al kirchnerismo a empezar ese año electoral a la defensiva. El hecho alimentó investigaciones de la prensa derechista, de la corporación judicial y de la oposición. Hubo acusaciones contra cualquiera que se animara a decir que había sido un suicidio como lo expresaban las circunstancias y hasta las pruebas concretas. Se habló de comandos venezolanos e iraníes que cruzaron desde Uruguay en Buquebús. El gobierno macrista alimentó la leyenda. Y al final, el jueves de esta semana, la Cámara de Casación decidió que con todo lo que se dijo en la prensa y en los pasillos judiciales, más las pruebas reunidas no alcanzaba para afirmar que había sido un asesinato. Es decir, fortaleció de hecho las tesis que siempre se expresaron en la investigación judicial: que no había elementos de prueba para sostener que una tercera persona había sido responsable de la muerte del fiscal.

La utilización política del caso López permitió al gobierno sacar del centro de la escena los efectos de la crisis y de los escándalos de lavado y fuga de dinero, así como la designación de dos jueces en la Corte, la aprobación de una ley que puede hacer naufragar el sistema de jubilaciones estatales y un blanqueo de capitales. Este debate se producía en el parlamento entre el martes y el miércoles, casi en forma simultánea a la bochornosa irrupción del caso López. Hasta ese momento, el oficialismo, debilitado por las protestas masivas contra los tarifazos, tenía problemas para reunir los votos. El martes, cuando saltó el escándalo que involucraba al kirchnerismo, el macrismo hizo su cosecha.

La utilización política no quita la parte de responsabilidad que le cabe al kirchnerismo. Porque tanto Nisman como López habían sido designados en lugares sensibles y de mucha responsabilidad por el gobierno kirchnerista. Y en el caso de Nisman, fue designado al frente de la investigación del atentado a la AMIA, pese (o por) su relación, si se quiere subordinada, a la SIDE que manejaba Jaime Stiuso. Si se sigue el hilo de los hechos y se suman las pruebas físicas que hasta ahora se analizan, la idea de “suicidio inducido” que dejó la fiscal Fein en el aire puede ser la más posible. Pero una cosa es la responsabilidad por haberlo designado y otra esencialmente distinta, sería haberlo mandado asesinar como quisieron hacerlo aparecer. Muchos de los que hablaron y acusaron de cosas terribles, ahora deberían pedir perdón.

López se inserta en el corazón del discurso anti “K” que no es la diatriba contra las políticas sociales del kirchnerismo o contra sus programas económicos, educativos y culturales, sino contra la corrupción. Nadie puede estar a favor de la corrupción. Y al mismo tiempo es muy difícil estar en contra de los juicios a los represores, de la AUH, de la reestatización de YPF o de recuperar el sistema público de jubilaciones. El discurso del gobierno conservador ya empezó a sentar las bases en ese sentido pero difícilmente logre una oleada de indignación por ese andarivel, como sí lo puede lograr con el repudio a la corrupción.

Desde un sector se dijo que el kirchnerismo quiso demostrar que las políticas de transformación solamente se pueden sostener con la corrupción pública, es decir, con fondos ilegales intervenidos por el Estado, ya sean coimas o sobreprecios o las mil formas que puede tomar esa práctica. Esa generalización no considera que donde más indignación produjeron las imágenes y el escándalo de López, fue en el propio kirchnerismo. Los kirchneristas no apoyaron a un gobierno corrupto, o a una banda de ladrones sino a un modelo de país con el que se puede coincidir o no, pero que en doce años duplicó la clase media e hizo pasar el índice de Gini de 0,54 a 0,38, según la CEPAL y el Banco Mundial, lo que implica la transformación más grande de los últimos cincuenta años en cuanto a calidad de vida y ampliación de derechos. En esos cincuenta años, es el único gobierno que hizo descender el coeficiente de Gini. Todos los demás, incluyendo al menemismo y aquellos en los que participaron socialistas y radicales fueron doblegados por la presión del poder económico concentrado o gobernaron en su representación. Por más malabarismos que hagan con los números, los índices sociales dan siempre a favor de esos doce años.

El caso López no abre el debate sobre la corrupción. Por el contrario, algunos pretenden cerrarlo con él para demostrar que la única forma de producir cambios en un sentido social y democrático fuera a través de la corrupción y como si los únicos gobiernos serios y posibles fueran aquellos que toman en cuenta en forma prioritaria los deseos y los intereses de las grandes empresas, o gobiernan pidiéndoles permiso.

Algunos voceros del oficialismo ya habían empezado a plantear que el progreso social que se logró en los años del kirchnerismo es una ilusión óptica: los que no hicieron aportes no merecen una jubilación, los empleados de salarios medios no pueden viajar al exterior o tener un plasma o un celular o que los salarios altos no son competitivos y que si alguien no puede pagar la nafta, que no tenga auto. Son palabras textuales que se empezaron a decir cada vez con menos timidez. El cierre a toda orquesta es el corrupto de López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, tratando de esconder casi nueve millones de dólares en un convento, en medio de un delirio de cocaína y desvaríos místicos. Se lo presenta como si todo lo que venga de ese lado es corrupción porque se quiere instalar fuertemente la idea de que las políticas distributivas son todas populistas contranatura y la única realidad es ajustar el cinturón del pueblo y no confrontar con las corporaciones. Pero además, el misil busca hacer impacto en Cristina Kirchner porque sigue siendo la posibilidad más concreta para la recomposición del campo popular.

Si algo de bueno tuvo esta tragicomedia de López ha sido el repudio de todas las fuerzas políticas a la corrupción. Pero cuando el tema de la podredumbre se generaliza es porque se están ocultando los propios trapos sucios, porque se quiere instalar políticas reaccionarias y porque aprovechan para destruir figuras políticas adversas.

El impacto de la historia de López es difícil de evaluar, sobre todo a mediano plazo. Es evidente que para el kirchnerismo ha sido un golpe fuerte y que para el gobierno fue una bocanada de aire en un momento difícil. La sensación de haber apañado y hasta defendido en algún momento a un corrupto genera desaliento y un rechazo muy grande. Pero para el peronista que busca una opción de propuestas populares y para el no peronista que busca una propuesta con vocación de poder y de generar transformaciones, la única fuerza que puede mostrar esos dos atributos sigue siendo el kirchnerismo con sus peronistas y no peronistas. No surgió otra opción con esa oferta. La derecha del PJ y el Frente Renovador van por otro andarivel, buscando más decepcionados del oficialismo que del kirchnerismo. Y a Cambiemos le va a resultar muy difícil evitar el desgaste provocado por sus políticas de ajuste que ellos califican de “sinceramiento”. El debate político todavía está centrado en esas opciones. Lo que debilita al kirchnerismo –como opción popular–, fortalece al macrismo –como opción de los ricos.http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302070-2016-06-18.html

Sábado, 18 de junio de 2016

EL PAIS › EN BASE A LOS INFORMES PUBLICADOS POR LA AFIP, UN ESTUDIO MUESTRA LA REDUCCION DEL EMPLEO PRIVADO
Un mercado laboral cada vez más expulsivo
El Observatorio del Derecho Social de la CTA explicó que la cantidad de trabajadores privados incluidos en las declaraciones juradas de los empleadores se redujo en 62.555 casos entre noviembre de 2015 y febrero de 2016.


El argumento de que en la Argentina no se perdieron demasiados puestos de empleo ni hay una crisis laboral, esgrimido por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y los integrantes del gabinete económico quedó otra vez desmentido, ahora por los datos de la Afip. En base a los informes publicados esta semana por el organismo de recaudación, el Observatorio del Derecho Social de la CTA advirtió que “la cantidad de trabajadores del sector privado incluidos en las declaraciones juradas de los empleadores se redujo en 62.555 casos entre noviembre de 2015 y febrero de 2016”. Si esta pérdida de puestos de trabajo se compara con lo sucedido en períodos equivalentes de años anteriores, se ve una caída de una magnitud que no se registraba desde el 2008-2009, cuando el país sufrió los embates de la crisis mundial.

La Afip venía demorando la difusión de estos datos, que da a conocer mediante boletines mensuales de seguridad social. Hasta la semana pasada, el registro llegaba a noviembre; el lunes fueron subidos los informes hasta febrero de 2016.

La información se basa en las declaraciones juradas de los empleadores sobre su número de empleados. En este sentido, el análisis del Observatorio se refiere sólo al sector privado y en blanco –quedando afuera el empleo autónomo, el informal y la administración pública–.

Es decir que se trata de la foto de un sector acotado, el del empleo registrado y en el ámbito privado, que en cualquier situación de crisis es el último en ser afectado, ya que en momentos de ajuste el hilo se corta no por el trabajador en blanco y protegido por un convenio de trabajo, sino por los precarizados, ya sea mediante contratos temporales o en negro, que no implican el pago de una indemnización –al menos, no sin un juicio–.

Sin embargo, el análisis de estos registros tiene el valor de que se trata de datos oficiales. Son los primeros que se empiezan a publicar sobre los efectos de las políticas del macrismo. En los primeros meses de gobierno, Cambiemos intentó bajarle el precio a los reclamos por los despidos ignorando el tema; después, bajo la presión de la protesta de las cinco centrales obreras y con el debate de la ley antidespidos en el Congreso, ya no pudo seguir haciéndolo: la estrategia pasó a tratar de instalar la idea de que los despidos no eran indicador de una crisis de empleo, y que el número de puestos de trabajo, comparado por ejemplo abril de este años con abril del año pasado, se mantenía estable .

Sin embargo, los investigadores del equipo de la CTA Autónoma advierten que, según las declaraciones juradas de los empleadores, el análisis del período noviembre 2015-febrero de 2016 muestra la caída en el empleo más grave de los últimos siete años. La del 2008-2009 fue efecto de la crisis mundial; la presente, de las medidas económicas tomadas localmente tras la asución del nuevo gobierno.

Además de la cantidad de empleados declarados, la AFIP difunde los aportes patronales. En este caso, señalaron desde el Observatorio, la situación que se denota “es más grave aún “. “Si se considera la evolución de los trabajadores cotizantes, es decir, aquellos que registraron aportes en estos meses, la caída entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 fue de 283.908 casos, más que duplicando la que se había registrado en el mismo período del año anterior”.

Inferir el nivel de empleo de la cantidad de aportes que se realizaron no es un cálculo confiable, porque en una situación de crisis las empresas dejan de pagar cargas sociales como mecanismo de financiamiento, aclaran en el Observatorio Social. Pero sí da una lectura que complementa la anterior. “El dato acá es que el valor de febrero es el más bajo en más de cinco años”, indicó en este sentido Luis Campos, uno de los autores del trabajo.

Otra arista del tema es la manera en que la nueva administración está midiendo el empleo. El ministro de Trabajo sostuvo el 23 de abril, por ejemplo, que en el sector privado registrado sólo habían habido hasta ese momento 27 mil despidos. La AFIP, en cambio, consignó 62 mil,—contabilizados siempre sólo hasta febrero—. La diferencia entre estos dos registros oficiales viene dada porque el ministerio de Trabajo cambió algunos de sus criterios. El Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial –organismo que dentro de la cartera de Trabajo realiza los seguimientos referidos, entre otras cosas, al empleo, dejó de medir puestos de trabajo y pasó a medir en su lugar trabajadores. Esta modificación ha sido marcada como un llamado de atención por organismos como el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), que como el Observatorio viene haciendo informes periódicos sobre los despidos (ver aparte).

El equipo de trabajo del Observatorio del Derecho Social –en este caso integrado por Silvina Benevento, Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel–, concluye en su informe que estos meses de gobierno de Cambiemos generaron “uno de los peores comportamientos del mercado de trabajo de los últimos años”, ya que a la desocupación se suman las suspensiones y la caída del salario real. Los investigadores ya habían anticipado esta lectura hace diez días, en un trabajo que tomaba en cuenta datos de la Encuesta de Indicadores

Laborales y del Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción y de los convenios y acuerdos colectivos firmados por los sindicatos y las cámaras patronales.

Ahora, aseguran que los datos publicados por la AFIP no hicieron más que validar aquellas conclusiones. “Se trata de un comportamiento que lejos está de ser una mera corrección o ajuste en el mercado de trabajo. Nada indica que esta dinámica se haya modificado en aquellos meses (marzo, abril y mayo) para los cuales aún no contamos con información oficial disponible”.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos disponibles en www.afip.gov.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302078-2016-06-18.html


Sábado, 18 de junio de 2016
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EL PAIS › ENTREVISTA A LUIS CAMPOS, DEL OBSERVATORIO DEL DERECHO SOCIAL
Menos empleo y menos salario
Del análisis de las estadísticas disponibles, Campos explicó que “el primer trimestre de este año, en comparación con el cuarto trimestre del año anterior, es el peor en los últimos diez años en materia de empleo”.







“El Gobierno no está queriendo analizar sus propios datos en materia de empleo. Con los números de la AFIP, los del propio Ministerio de Trabajo o los de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires –que muestran que la cantidad de desocupados de la CABA entre el último trimestre del año pasado y el primero de este año creció un 30 por ciento– cualquier funcionario que se siente a hablar con honestidad intelectual tendría que reconocer la crisis de empleo. Podrá argumentar que es un efecto de la herencia recibida, o de un ajuste necesario que la gestión anterior no se atrevió a hacer, pero lo cierto es que los datos están y son éstos”, dice Luis Campos, integrante del Observatorio del Derecho Social y uno de los autores de informe.

–¿Qué estadísticas miden hoy la desocupación?

–La información oficial disponible es parcial, incompleta. Todavía no hay datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que mide la desocupación total. Sí hay algunas fuentes oficiales que empiezan a ser publicadas y permiten empezar a hacer una aproximación al comportamiento del mercado de trabajo en los primeros meses del año.

–Una serían estas declaraciones juradas de los empleadores...

–Sí. Y hay que tener en cuenta que sólo remiten a los trabajadores registrados del sector privado.

–¿Qué otras hay?

–Acotada a la ciudad de Buenos Aires, está la Encuesta Permanente de Hogares del primer trimestre. Están los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Construcción, que hacen la cámara y el sindicato y en general son muy completos. Y está la Encuesta de Indicadores Laborales, del Ministerio de Trabajo, que da datos de evolución de empleo y de suspensiones. Todos ellos van en la misma línea: marcan que el primer trimestre de este año, en comparación con el cuarto trimestre del año anterior, es el que tuvo el peor comportamiento de los últimos diez años en materia de empleo.

–¿Qué es el SIPA, que el ministro Jorge Triaca y otros integrantes del Gabinete mencionan al asegurar que no se perdieron puestos de trabajo?

–Son una serie de datos procesados por un organismo que funciona dentro del ministerio, el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial. Pero hay que aclarar que esos datos no muestran que haya crecido el empleo. Entre noviembre y febrero, además, registran una caída en el empleo, aunque en su caso menor que la que dice la Afip.

–La Afip, entonces, ¿desmiente los datos del SIPA?

–Contabilizan distinto. En el caso de la AFIP, mide puestos de trabajo; en el del SIPA, mide trabajadores. Son dos series no comparables, porque hay trabajadores con más de un puesto de trabajo. De todas maneras, los datos que publicó el Ministerio de Trabajo son llamativos.

–¿Por qué?

–Porque parecen apresurados, una publicación que refleja la necesidad del Gobierno de salir a decir que no hay una crisis del mercado de trabajo. De hecho, la serie que publica no es comparable con las estadísticas que publicaba hasta el año pasado porque cambiaron su metodología.

–¿Qué cambiaron?

–Por un lado, dejaron de informar puestos de trabajo y pasaron a informar trabajadores. Pero además, de una manera muy parcial, tomaron sólo una serie de trabajadores registrados del sector privado, cuando este mismo organismo, hasta el año pasado, daba información mucho más completa.

–Veamos dos argumentos del gobierno para sostener que no hay desocupación; uno del ministro de Hacienda: “(hubo un) fuerte aumento interanual de contribuciones patronales (42%) y aportes personales (35%) en abril. Aumentó el empleo y también los salarios”.

–Prat Gay está hablando de aumento interanual, es decir que está comparando los datos de abril de este año con los de abril del año pasado. Pero entre abril y octubre del año pasado había habido un crecimiento del empleo. Es decir que él está enmascarando la caída que ocurrió de noviembre a hoy.

–¿No podría haber variaciones estacionales, por ejemplo, que justificaran esta pérdida de empleo de noviembre a hoy?

–Si uno quiere ver variaciones estacionales tiene que ir a años anteriores, buscar el mismo período y verificar si se da o no el mismo comportamiento.

–Y en este caso, ¿qué sucede?

–En este caso, si uno compara, de noviembre a febrero de este año, con relación a noviembre febrero de los años anteriores, sólo encuentra una situación peor que la actual entre los meses de noviembre de 2008 y febrero de 2009. Otro dato: en materia de suspensiones, el primer trimestre de este año es el peor en diez años.

–Prat Gay dice también que los sueldos aumentaron.

–Todo lo contrario. Si uno analiza los salarios acordados en las paritarias en relación a la inflación calculada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre mayo de este año y mayo del año pasado hubo una caída del salario real de entre el 7 y el 12 por ciento.

–¿Qué trabajadores perdieron?

–Todos. Desde sectores como Comercio, la construcción y metalúrgicos, que están teniendo caídas del 8 por ciento en los salarios reales, a los que perdieron más, como son la administración pública y prensa, con sueldos que perdieron entre el 11 y 12 por ciento.

–¿En lo que va del año?

–No, en un cálculo interanual, de mayo del año pasado a este mayo.

–Otra argumentación oficial, en este caso del jefe de Gabinete, Marcos Peña: “En febrero de 2012 había 6.102.000 (trabajadores en blanco); en febrero de 2016, 6.240.000”. Es decir, hay más trabajo que antes.

–Pero compara a cuatro años. Es decir, está haciendo un análisis del mediano plazo. Efectivamente, si uno va a los indicadores laborales de los últimos cuatro años encuentra un mercado de trabajo que tenía dificultades para generar nuevos empleos. El crecimiento del mercado laboral, en los últimos cuatro años fue marginal. Lo mismo con la variación de los salarios, incluso con algunos años que tuvieron caídas del salario real. Es decir que en los últimos cuatro años hubo un mercado laboral con dificultades para generar trabajo, no había una destrucción masiva de puestos de trabajo pero tampoco había creación. Lo mismo con el salario, que tendió a cierto estancamiento. Ese análisis de mediano plazo no tiene ninguna relación directa con qué paso con el mercado de trabajo desde que el gobierno nacional asumió en diciembre.

–¿Por qué?

–Porque lo que se ve es que esa situación de estancamiento se está resolviendo en una crisis con las medidas económicas y laborales que tomó el gobierno nacional en los primeros meses de su gestión. Lo resolvió en perjuicio de los trabajadores, y por eso se ve esta suba del desempleo y esta caída del salario real. Estamos hablando de la situación a febrero en el caso de los despidos, y a mayo en relación a los salarios. Nada indica que se haya modificado desde entonces en beneficio de los trabajadores.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302079-2016-06-18.html

ábado, 18 de junio de 2016


ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
Bienes Personales


Por David Cufré
Gracias a los cambios al Impuesto a los Bienes Personales que impulsa el Gobierno, el presidente Mauricio Macri dejará de pagar el próximo año 1,4 millón de pesos que le corresponderían por ese tributo, según el patrimonio que declaró para 2015, de 110 millones de pesos. Si el patrimonio volviera a crecer este ejercicio, el beneficio sería mayor. Para el ministro de Energía, Juan José Aranguren, la sanción de la ley le significará un ahorro de 1,1 millón de pesos. Alfonso Prat Gay se librará de entregar a la AFIP unos 650 mil pesos, algo menos que los 950 mil que retendrá Carlos Melconian o los 750 mil de Mario Quintana. El beneficio para Hernán Lombardi será de 240 mil pesos; para Federico Sturzenegger, de 220 mil; para Susana Malcorra, de 130 mil y para Francisco Cabrera, de 110 mil. La condición para no tributar nada del impuesto a la riqueza es que demuestren ser buenos contribuyentes ante la AFIP y tengan todo su dinero en blanco, según establece la ley ómnibus que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. Por supuesto que los funcionarios no serán los únicos favorecidos sino que la norma es de alcance universal, pero el Presidente y su gabinete forman parte de la clase social que más celebrará cuando el Senado termine de completar el trámite parlamentario. La reforma impositiva que incluye la ley de blanqueo y pago a jubilados reduce la carga tributaria de los sectores más adinerados, profundizando la política que empezó con la eliminación y baja de retenciones agropecuarias, a las mineras, a las grandes industrias, a los autos de alta gama, a los aviones y a las embarcaciones. Los gravámenes al patrimonio van perdiendo incidencia en la estructura de recaudación fiscal. El ministro de Hacienda y Finanzas sostuvo que le gustaría avanzar más rápido en la reducción de impuestos, pero que las limitaciones presupuestarias se lo impiden.

Los cambios al Impuesto a los Bienes Personales votados por los diputados del oficialismo, con el apoyo decisivo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista, fueron elogiados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), un desprendimiento de la liberal Fundación Mediterránea. De acuerdo a sus cálculos, la reducción de la alícuota del gravamen, la determinación de un nuevo mínimo no imponible y el aumento de 305 mil a 800 mil pesos de patrimonio a partir del cual empieza a incidir el impuesto este año provocará la siguiente caída en la carga tributaria sobre los sujetos alcanzados:

- Quienes declaran un patrimonio de 1 millón de pesos, en lugar de pagar a la AFIP 7500 pesos tributarán 1500.

- Con 2 millones de pesos, la carga pasa de 15.000 a 9.000.

- Con 5 millones, de 50.000 a 31.500.

- Con 7,5 millones, de 93.750 a 50.250.

- Con 10 millones, de 125.000 a 69.000.

- Con 20 millones, de 250.000 a 144.000.

- Con 100 millones, de 1.250.000 a 744.000.

“El Gobierno ha tomado hasta el momento una serie de medidas tributarias tendientes a eliminar parte de las distorsiones acumuladas en los últimos años por el sistema tributario y lograr una reducción, al menos parcial, de la presión tributaria de personas y empresas”, describe el informe del Iaraf. “Más allá de diversos juicios de valor sobre la efectividad de las mismas y sobre la prioridad dada a la solución de las distorsiones, debe reconocerse que se ha revertido la tendencia al crecimiento constante de la presión tributaria que se verificaba desde hace una década”, destaca. Para los liberales, la reducción de impuestos es un elemento central de la teoría del derrame: mientras menos recursos retenga el Estado, las empresas tendrán más disponibilidad para las inversiones y la generación de empleo. Bajo la misma lógica fue que se achicaron las contribuciones empresarias a la seguridad social en los ‘90 y en 2001, en ambos casos promovido por la figura más rutilante que entregó la Fundación Mediterránea, Domingo Cavallo. La hipótesis no se constató en la realidad, ya que el desempleo pasó de 6 a 18,4 por ciento entre 1991 y 1995 y escaló a 25 por ciento en 2001. En cambio, lo que ocurrió fue que se ocasionó un agujero fiscal gigantesco que durante varios años fue cubierto por un endeudamiento de la misma magnitud hasta que se cortó el chorro y la Argentina cayó en default. Las jubilaciones y demás prestaciones de la seguridad social quedaron congeladas por más de una década, dando lugar a un empobrecimiento creciente de los titulares de esos derechos. El caos provocado forzó al gobierno de Néstor Kirchner a partir de 2003 a tomar una decisión crucial: utilizar los escasos recursos disponibles para recomponer primero la situación de quienes ganaban haberes miserables o aumentarles a todos por igual. El ex presidente optó por la primera salida y eso fue lo que motivó el fallo Badaro de la Corte Suprema, que dio lugar a una avalancha de juicios que se fueron cancelando con esfuerzo. La ley de “Reparación histórica de los jubilados” que ahora impulsa el macrismo, detrás de la cual se coló el blanqueo y la reforma impositiva que les baja impuestos a quienes tienen más patrimonio, es parte de aquel proceso. Pero otra vez, además de no solucionar el problema, aplicar quitas a quienes hicieron juicios y habilitar una bomba de tiempo de probables nuevas demandas, se comprometen gastos que el sistema previsional no podrá costear y lo llevará nuevamente a la quiebra, dando espacio político, cuando las quejas arrecien, a una nueva privatización de la seguridad social.

Para hacer más digerible el blanqueo, el Gobierno dispuso en la ley que aquellos contribuyentes que están al día con la AFIP y no ingresen a la exteriorización de capitales quedarán exentos de Bienes Personales. Por eso es que Macri y su gabinete, en lugar de tributar las cifras mencionadas al comienzo se guardarán en el bolsillo cientos de miles o más de un millón de pesos que les hubiera tocado pagar el próximo año de no realizarse los cambios propuestos.

Pero las ventajas no terminan ahí. La ley también establece una reducción gradual de la alícuota de Bienes Personales. Quienes ingresen al blanqueo, en lugar de pagar una tasa que va del 0,5 al 1,25 por ciento, tributarán por el ejercicio 2016 una alícuota del 0,75; por el de 2017, 0,5 por ciento, y por el de 2018, 0,25 por ciento. Como ya se indicó, los contribuyentes “cumplidores” con la AFIP no pagarán nada por esos tres ejercicios. La eliminación de la progresividad de la alícuota es un beneficio orientado directamente a favorecer a los que más tienen. Ese es su único efecto. Las grandes fortunas de la Argentina, de miles de millones de pesos, dejarán de entregar al fisco varios millones, profundizando la regresividad del sistema impositivo. El proyecto original del Gobierno establecía la eliminación de Bienes Personales desde 2019, pero Cambiemos concedió como prenda de negociación para el apoyo del Frente Renovador que la tasa quede en 0,25 desde ese año. Es decir, aquellos que más pagaban pasarán de tributar 1,25 de su patrimonio a 0,25.

Otra medida en la misma dirección es la supresión de la sobretasa de 10 por ciento que pagan las empresas por la distribución de dividendos. Fue uno de los cambios que el Congreso votó en 2013 en un intento de gravar la renta financiera. En su lugar no se crea ninguna otra imposición. El Iaraf también valora esa modificación. En su informe, reserva un párrafo final para la reforma tributaria integral que anunció el Gobierno para 2017. Sugiere que los cambios “deberían tender a reducir la presión tributaria sobre el sector privado”, lo cual obligará a disminuir el nivel de gasto público, “de manera tal de reducir el peso del Estado en la economía”. En resumen, menos impuestos para los que más tienen y menos gasto del Estado en quienes más lo necesitan. Ese es el camino.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-302065-2016-06-18.html

SALTA | ENTREVISTA EXCLUSIVA EL TRIBUNO
Mauricio Macri: "Soy el político que más transparencia tuvo sobre su situación personal"
18 DE JUNIO 2016 - 01:30


Visiblemente relajado y con una sonrisa bien marcada en su rostro, Mauricio Macri se cruza de piernas y se sienta en un amplio sillón. Juliana Awada, su mujer, espera fuera del salón junto a un grupo de colaboradores de la Casa Rosada. Vestido con un look informal y descontracturado, al Presidente se lo nota con un cierto grado de euforia. "Hay mucha esperanza en todo el país, la verdad es que yo tengo que estarle infinitamente agradecido a los argentinos por acompañarme y por apoyarme", dice el mandatario con voz pausada pero firme. Se lo ve dispuesto a hablar de todos los temas, incluso de los más delicados, sin que ninguno de ellos lo haga perder el semblante. El jefe de Estado, que participó de la Guardia bajo las Estrellas en honor a Martín Miguel de Güemes, concedió ayer una entrevista exclusiva con El Tribuno en el aeropuerto de Salta, minutos antes de partir hacia Cafayate. "La reactivación económica llegará sobre el final del segundo semestre", anticipa Macri, contradiciendo a quienes ubican ese fenómeno recién en 2017. Consultado sobre el escándalo generado por José López, el exjefe de Gobierno porteño descartó que se trate de un hecho aislado, al afirmar que "claramente (la corrupción) fue estructural" en el gobierno anterior. Macri defendió con fuerza a Juan José Aranguren y negó que exista incompatibilidad entre su cargo de ministro de Energía y sus 16 millones de dólares en acciones de Shell. "Si hubiese habido alguna posibilidad de no aumentar alguna tarifa la hubiese tomado, pero no hay manera", concluyó Macri al opinar sobre el descontento popular que generó el tema.
¿Cuándo cree que finalmente llegará la reactivación económica?
Digamos que son etapas. Yo me comprometí primero con una drástica baja de la inflación, que es el principio de todos los males que hemos tenido, producto de un desorden fiscal muy grande. Eso trajo estancamiento y trajo que hace cinco años no se genere empleo en la Argentina. Para salir de la pobreza hay que generar trabajo, mucho trabajo, principalmente en el norte argentino. La primera etapa, para que vuelva a haber inversión que nos lleve al trabajo es salir de la inflación, y eso lo vamos a lograr en el segundo semestre como lo prometí. Tengo esperanza de que también en el segundo semestre el enorme impulso que han tomado las inversiones ya generen una dinámica de crecimiento, más allá de la recesión de Brasil que nos afecta.
O sea que usted todavía mantiene al segundo semestre como fecha de la reactivación...
Sí, sobre el final del segundo semestre. Yo dije que el segundo semestre íbamos a bajar la inflación, estamos construyendo confianza sobre la palabra. Yo prometí destrabar la economía, lo hicimos en el primer semestre, y en el segundo una baja de la inflación apuntando a que en 2017 volvamos a crecer. Después de cinco años volver a crecer es fundamental.
¿No tiene miedo de que la reducción de la inflación se genere por una fuerte baja de la actividad económica?
No se está registrando eso. Hay muchas diferencias entre sectores, hay sectores que ya están creciendo y otros que están en recesión, es muy desparejo. Estamos buscando cuidar los trabajos que tenemos y cuidar el nivel de la actividad, pero a la vez, de la mano de la inversión, generar otra dinámica. Son las cosas que estamos evaluando y monitoreando minuto a minuto.
Mucho se habló de una supuesta lluvia de inversiones que iban a llegar a la Argentina y que aún no se produjo. ¿Considera que llegará esa lluvia de inversiones?
Bueno, no llegó en términos acumulativos pero sí llegó en lo poco que llevamos. Con la puesta al día de lo de los bonistas recibimos seis veces más oferta de la que necesitamos. En la primera licitación de energía para comprar energía a quince años, recibimos siete veces más oferta de lo que necesitamos. Ahora vienen las (energías) renovables, donde Salta está anotada, y ahí va a haber también un aluvión de propuestas de inversión. El campo ya arrancó, hay una inversión que va a ser récord en la historia del campo apuntando a aumentar entre un 25 y un 40 por ciento la producción. Y los anuncios que ya han habido de inversiones hasta el momento son de más de 16 mil millones de dólares, más cuatro mil millones que esperamos sumar en las próximas semanas nos llevan a veinte mil millones, eso es cinco veces más que el año pasado. Esto significa que está pasando algo. El tema es que desde el anuncio del comienzo de una obra, del comienzo de una ampliación de una fábrica, del lanzamiento de una licitación, etc., hasta que esos anuncios tengan un impacto... se logra con el correr de los meses, porque cada uno siempre arranca contratando dos personas, cuatro personas, diez personas, es una bola de nieve positiva.


¿Tiene información sobre desbordes sociales producto del aumento de la inflación y de la situación crítica que está viviendo la Argentina actualmente?
No, no han habido, más allá de que han habido intentos de una minoría de producir agitaciones y problemas, pero hay mucha esperanza en Argentina, lo vimos anoche (por la noche del jueves) cuando fuimos a cantar el Himno en el monumento a Güemes, lo vi yendo a visitar Tecnópolis en Salta. Hay mucha esperanza en todo el país, esto mismo lo veo todas las semanas en cada provincia que visito. La verdad es que yo tengo que estarle infinitamente agradecido a los argentinos por acompañarme, por apoyarme, por entender que si estoy tomando estas decisiones a veces difíciles para sincerar la economía es porque claramente siento que este es el camino. Si hubiese habido alguna posibilidad de no aumentar alguna tarifa la hubiese tomado, pero no hay manera.
Recién hablaba del aumento de tarifas, ¿no piensa que un tope de 400 por ciento todavía es muy duro para los consumidores?
Todo es duro. A mí también me duele pero creanme que esto es solamente el camino hacia donde tenemos que ir. La energía es un recurso escaso, la Argentina por una mala política no tiene energía, tiene que importar. Y la energía cuando se despilfarra daña el medio ambiente, entonces todos tenemos que aprender a vivir consumiendo menos energía: estamos consumiendo más del doble de lo que consume un uruguayo, un chileno o un brasilero, porque hemos perdido la noción de lo que vale la energía.
Luego de observar la obscenidad del caso José López, ¿piensa que se trata de casos aislados o que en el gobierno anterior había una corrupción estructural?
Claramente fue estructural, sin duda. Creo que la corrupción en general ha acompañado las últimas décadas y en la última creo yo que llegó a niveles inéditos. Lo importante es que ahora entendamos que el cambio es de todos, hoy la obra pública tiene que ser sinónimo de alegría, de futuro, de mejora de la calidad de vida y nunca más sinónimo de corrupción, de cajas y de abusos. Por eso estoy muy contento con el equipo que hemos armado para liderar las obras, que le ha puesto una dinámica inédita en la historia. Las obras avanzan hoy a la velocidad que nunca lo habían hecho antes. Por eso en estos cuatro años vamos a duplicar las autopistas que el país ha hecho en los últimos 40 años, vamos a arreglar los ferrocarriles -que para el norte es tan importante-, vamos a mejorar los puertos, la hidrovía, vamos a invertir en energía, tenemos muchos proyectos de riego para impulsar. Esto, además de jardines de infantes dentro del Plan Belgrano, centros de primera infancia, mejora de las estaciones sanitarias. Hay mucha obra para hacer. Yo me comprometí a armar el mejor equipo de los últimos cincuenta años y al plan de infraestructura más importante de la historia argentina, y lo hemos puesto en marcha.


¿Qué siente cuando un sector del kirchnerismo lo acusa de ser socio de Lázaro Báez, vía su primo Angelo Calcaterra?
Es de las cosas más creativas que escuché en mi vida, pero ellos son capaces de decir cualquier cosa.
¿No le parece incompatible que José Aranguren posea 16 millones de dólares de acciones en Shell y a su vez sea ministro de Energía?
Él es un hombre que viene de ahí, se dedicó toda una carrera y se retiró para hacer un aporte a su país. Es realmente una persona muy comprometida con ayudar a que los argentinos podamos vivir mejor. Lo que él tiene es lo que le pagaron producto de su retiro, que debe ser el 0,00001 del capital de Shell. Y la actividad que tiene Shell en Argentina es prácticamente la misma insignificancia respecto del mundo. Así que nada de lo que pueda hacer Shell en Argentina le va a cambiar el valor a esas acciones. Me parece que frente a un tipo de la honestidad y la capacidad de Aranguren, los ataques que ha recibido no son justos. Si Aranguren hubiese sido el ministro de Energía de los últimos quince años, hoy la Argentina tendría toda la energía que necesita con diversidad de fuentes y más económica de la que la tenemos hoy.
¿Se arrepiente de haber traído a la Argentina un poco tarde los 18 millones de dólares que tenía depositados en las Bahamas?
Digamos primero que yo los tenía en un banco tradicional de Estados Unidos y Suiza, que se llama Merrill Lynch. Al Merrill Lynch lo compra un banco suizo que tiene dirección en Bahamas, con lo cual no es que la plata estaba en Bahamas, estaba en un banco europeo. Segundo, era mi declaración jurada de los últimos diez años. Soy el político que más transparencia ha tenido sobre su situación personal, siempre he declarado todo. La verdad es que ni me di cuenta, honestamente. Cuando me plantearon que si yo creía en el país no podía tener un depósito afuera, para demostrar que sí creo en el país no solo voy a traerlo de vuelta sino que voy a comprar bonos argentinos para demostrar que creo en el futuro de nuestro país. Espero que si a alguno le parece que lo he hecho tarde me disculpé, pero que no tengan dudas de que soy el primero en creer en los argentinos y el primero en creer que somos capaces de poner este país en el lugar que se merece y de conseguir trabajo para todos los argentinos.
¿Por qué es tan tirante la relación con el papa Francisco?
Para mí no es tirante, siempre ha sido una relación muy buena, de trabajo y de respeto mutuo. Yo tengo una gran admiración por la labor que ha hecho el Papa primero como cardenal de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es algo parecido a lo que pasó con las Scholas (Occurrentes), se interpretan las cosas mal. Ahora quedó claro cuando se leyó toda la carta que el problema no era con el Gobierno argentino sino con los conductores de Scholas.
¿Cuándo cree que ya estará implementado del todo el Plan Belgrano?
Espero que nunca termine de implementarse porque al primer paquete de inversiones de 16 mil millones de dólares hay que agregarle otro y otro porque el norte argentino tiene que estar al mismo nivel del resto del mundo. Pero esta primera etapa que me comprometí ya comenzó, está a todo vapor la ruta 9, la 34 que conecta al norte entre sí y con el resto del país, el Belgrano Cargas, el Mitre, las hidrovías, las mejoras de los aeropuertos de Jujuy, de Tucumán, de Iguazú. Estamos trabajando mucho también con los jardines de infantes, con los centros de salud, con los centros de primera infancia. Estoy muy contento y José Cano está viajando y recorriendo todas las provincias para coordinar y acordar, porque no es un plan que se basa en la decisión del Presidente. Se trata de un plan que yo puse sobre la mesa y que hemos ido acordando con cada gobernador, con cada dirigente, con las fuerzas sociales locales y la verdad que hay mucho entusiasmo porque esto va a producir un cambio muy pero muy grande en términos de generación de empleo y de reducción de la pobreza. Si yo tengo un sueño es que estas bellezas que hay en el norte sean conocidas no solo por todos los argentinos, sino por el mundo entero. Creo que también el turismo, esta industria sin chimeneas, va a ser una explosión de trabajo para el norte argentino porque este lugar enamora y tenés que volver porque es mágico.
Mucho se habla sobre un eventual acuerdo con el peronismo pero que usted no estaría de acuerdo, ¿es así?
Lo estamos haciendo caso por caso. Yo les agradezco que hayan aprobado la integración de la Corte con dos juristas (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) notables, reconocidos, indiscutidos y no politizados, tanto que el presidente ni los conoce: los voy a invitar a almorzar la semana que viene para conocerlos. También les agradezco que hayan apoyado esta ley de reparación histórica para los jubilados, que hayan apoyado el tema de pagarle a los bonistas con los que estábamos en conflicto y espero que sigamos pudiendo acordar sobre leyes que ayuden a crecer, que ayuden a desarrollar la Argentina y llevarle nuevas oportunidades a todos los argentinos


http://www.eltribuno.info/mauricio-macri-soy-el-politico-que-mas-transparencia-tuvo-su-situacion-personal-n726098





LEY Nº 25.188
Sancionada: Septiembre 29 de 1999
Promulgada: Octubre 26 de 1999

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA
CAPITULO I
OBJETO Y SUJETOS

ARTICULO 1º.- La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

CAPITULO II
DEBERES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ETICO

ARTICULO 2º.- Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:

a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;

b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;

c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;

d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;

e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan;

f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;

g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;

h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad;

i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil.

ARTICULO 3º.- Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.

CAPITULO III
REGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS

ARTICULO 4º.- Las personas referidas en artículo 5º de la presente ley, deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos.

Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.

ARTICULO 5º.- Quedan comprendidos en obligación de presentar la declaración jurada:

a) El presidente y vicepresidente de la Nación;

b) Los senadores y diputados de la Nación;

c) Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;

d) Los magistrados del Ministerio Público de Nación;

e) El defensor del pueblo de la Nación y los adjuntos del defensor del pueblo;

f) El jefe de gabinete de ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo;

g) Los interventores federales;

h) El síndico general de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;

i) Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;

j) Los embajadores, cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en exterior;

k) El personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente;

l) Los rectores, decanos y secretarios de las universidades nacionales;

m) Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;

n) Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente;

o) El personal de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la director o equivalente;

p) Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

q) Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director;

r) El personal que se desempeña en el Poder Legislativo, con categoría no inferior a la de director;

s) El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a secretario o equivalente;

t) Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;

u) Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

v) Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156, en los casos en que la Comisión Nacional de Etica Pública se las requiera.

ARTICULO 6º.- La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. En especial se detallarán los que se indican a continuación:

a) Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles;

b) Bienes muebles registrables;

c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos supere la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) deberá ser individualizado;

d) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias;

e) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro y provisionales, nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera. En sobre cerrado y lacrado deberá indicarse el nombre del banco o entidad financiera de que se trate y los números de las cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y las extensiones que posea. Dicho sobre será reservado y sólo deberá ser entregado a requerimiento de la autoridad señalada en el artículo 19 o de autoridad judicial;

f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes;

g) Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales;

h) Ingresos y egresos anuales derivados de rentas o de sistemas previsionales. Si el obligado a presentar la declaración jurada estuviese inscripta en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre bienes personales no incorporados al proceso económico, deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante la Dirección General Impositiva;

i) En el caso de los incisos a), b), c) y d), del presente artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.

ARTICULO 7º.- Las declaraciones juradas quedarán depositadas en los respectivos organismos que deberán remitir, dentro de los treinta días, copia autenticada a la Comisión Nacional de Etica Pública. La falta de remisión dentro del plazo establecido, sin causa justificada, será considerada falta grave del funcionario responsable del área.

ARTICULO 8º.- Las personas que no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan en el plazo de quince días. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

ARTICULO 9º.- Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder.

ARTICULO 10.- El listado de las declaraciones juradas de las personas señaladas en el artículo 5º deberá ser publicado en el plazo de noventa días en el Boletín Oficial.

En cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa presentación de una solicitud escrita en la que se indique: a) Nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio del solicitante; b) Nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización en nombre de la cual se solicita la declaración; c) El objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe; y d) La declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del artículo 11 de esta ley referente al uso indebido de la declaración jurada y la sanción prevista para quien la solicite y le dé un uso ilegal.

Las solicitudes presentadas también quedarán a disposición del público en el período durante el cual las declaraciones juradas deban ser conservadas.

ARTICULO 11.- La persona que acceda a una declaración jurada mediante el procedimiento previsto en esta ley, no podrá utilizarla para:

a) Cualquier propósito ilegal;

b) Cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general;

c) Determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo; o

d) Efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra índole.

Todo uso ilegal de una declaración jurada será pasible de la sanción de multa de quinientos pesos ($ 500) hasta diez mil pesos ($ 10.000). El órgano facultado para aplicar esta sanción será exclusivamente la Comisión Nacional de Etica Pública creada por esta ley. Las sanciones que se impongan por violaciones a lo dispuesto en este artículo serán recurribles judicialmente ante los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal.

La reglamentación establecerá un procedimiento sancionatorio que garantice el derecho de defensa de las personas investigadas por la comisión de la infracción prevista en este artículo.

CAPITULO IV
ANTECEDENTES

ARTICULO 12.- Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse.

CAPITULO V
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTICULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante TRES ( 3) años inmediatos posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.[1]

ARTICULO 15.[2]- En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:

Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.

Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES ( 3 ) años o tenga participación societaria.

ARTICULO 16.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.

ARTICULO 17.- Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 1º estén alcanzados por los supuestos de los artículos 13, 14 y 15, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 de la ley 19.549.

Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.

CAPlTULO VI
REGIMEN DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

ARTICULO 18.- Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico- cultural si correspondiere.

CAPITULO VII
PREVENCION SUMARIA

ARTICULO 19.- A fin de investigar supuestos de enriquecimiento injustificado en la función pública y de violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades establecidos en la presente ley, la Comisión Nacional de Etica Pública deberá realizar una prevención sumaria.

ARTICULO 20.- La investigación podrá promoverse por iniciativa de la Comisión, a requerimiento de autoridades superiores del investigado o por denuncia.

La reglamentación determinará el procedimiento con el debido resguardo del derecho de defensa.

El investigado deberá ser informado del objeto de la investigación y tendrá derecho a ofrecer la prueba que estime pertinente para el ejercicio de su defensa.

ARTICULO 21.- Cuando en el curso de la tramitación de la prevención sumaria surgiere la presunción de la comisión de un delito, la comisión deberá poner de inmediato el caso en conocimiento del juez o fiscal competente, remitiéndole los antecedentes reunidos.

La instrucción de la prevención sumaria no es un requisito prejudicial para la sustanciación del proceso penal.

ARTICULO 22.- Dentro del plazo de noventa días contados a partir de la publicación de la presente ley, deberá dictarse la reglamentación atinente a la prevención sumaria contemplada en este capítulo.

CAPITULO VIII
COMISION NACIONAL DE ETICA PÚBLICA

ARTICULO 23.- Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Nacional de Etica Pública que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley.

ARTICULO 24.- La Comisión estará integrada por once miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período.

Serán designados de la siguiente manera:

a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación;

c) Uno por el Procurador General de la Nación;

d) Ocho ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación.

ARTICULO 25.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente. La Comisión remitirá los antecedentes al organismo competente según la naturaleza del caso, pudiendo recomendar, conforme su gravedad, la suspensión preventiva en la función o en el cargo, y su tratamiento en plazo perentorio;

b) Recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en su caso la actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes;

c) Redactar el Reglamento de Ética Pública del Congreso de la Nación, según los criterios y principios generales del artículo 2º, los antecedentes nacionales sobre la materia v el aporte de organismos especializados. Dicho cuerpo normativo deberá elevarse al Honorable Congreso de la Nación a efectos de su aprobación mediante resolución conjunta de ambas Cámaras;

d) Recibir y en su caso exigir de los organismos de aplicación copias de las declaraciones juradas de los funcionarios mencionados en el artículo 5º y conservarlas hasta diez años después del cese en la función;

e) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente ley y aplicar la sanción prevista en este último;

f) Registrar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales aplicadas por violaciones a la presente ley, las que deberán ser comunicadas por autoridad competente;

g) Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley;

h) Proponer al Congreso de la Nación dentro de los 120 días de entrada en vigencia de la presente ley, modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el Régimen de Contrataciones del Estado y a perfeccionar el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales;

i) Diseñar y promover programas de capacitación y divulgación del contenido de la presente ley para el personal comprendido en ella;

j) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado nacional, dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener los informes necesarios para el desempeño de sus funciones;

k) Dictar su propio reglamento y elegir sus autoridades;

l) Elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión;

m) Requerir, cuando lo considere pertinente, la presentación de las correspondientes declaraciones juradas a los sujetos comprendidos en el artículo 5º inciso v) de la presente ley;

CAPITULO IX
REFORMAS AL CODIGO PENAL

ARTICULO 26.- Sustitúyese el artículo 23 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 23: La condena importa la pérdida a favor del Estado nacional, de las provincias o de los Municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros, de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito.

Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque afecte a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.

Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos.

Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.

Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.

ARTICULO 27.- Sustitúyese el artículo 29 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 29: La sentencia condenatoria podrá ordenar:

1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.

2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.

3. El pago de las costas.

ARTICULO 28.- Sustitúyese el artículo 30 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 30: La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente:

1. La indemnización de los daños y perjuicios.

2. El resarcimiento de los gastos del juicio.

3. El decomiso del producto o el provecho del delito.

4. El pago de la multa.

ARTICULO 29.- Sustitúyese el artículo 67 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 67: La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.

La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.

El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.

La prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito o por secuela del juicio.

La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo.

ARTICULO 30.- Sustitúyese la rúbrica del capítulo VI del título XI del libro II del Código Penal, por el siguiente: “Capítulo VI - Cohecho y tráfico de influencias”.

ARTICULO 31.- Sustitúyese el artículo 256 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 256: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

ARTICULO 32.- Incorpórase como artículo 256 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 256 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años.

ARTICULO 33.- Sustitúyese el artículo 257 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 257: Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia.

ARTICULO 34.- Sustitúyese el artículo 258 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 258: Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

ARTICULO 35- Sustitúyese el artículo 265 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 265: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

ARTICULO 36.- Incorpórase como artículo 258 bis del Código Penal el siguiente:

Articulo 258 bis: Será reprimido con reclusión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionados con una transacción de naturaleza económica o comercial.

ARTICULO 37.- Sustitúyese el artículo 266 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 266: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

ARTICULO 38.- Sustitúyese el artículo 268 (2) del Código Penal por el siguiente:

Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.

ARTICULO 39.- Incorpórase como artículo 268 (3) del Código Penal el siguiente:

Artículo 268 (3): Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.

El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda.

En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

CAPITULO X
PUBLICIDAD Y DIVULGACION

ARTICULO 40.- La Comisión Nacional de Etica Pública y las autoridades de aplicación en su caso, podrán dar a publicidad por los medios que consideren necesarios, de acuerdo a las características de cada caso y a las normas que rigen el mismo, las conclusiones arribadas sobre la producción de un acto que se considere violatorio de la ética pública.

ARTICULO 41.- Las autoridades de aplicación promoverán programas permanentes de capacitación y de divulgación del contenido de la presente ley y sus normas reglamentarias, para que las personas involucradas sean debidamente informadas.

La enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido específico de todos los niveles educativos.

ARTICULO 42.- La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.

CAPITULO XI
VIGENCIA Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 43.- Las normas contenidas en los Capítulos I, II, V, VI, VIII, IX y X de la presente ley entrarán en vigencia a los ocho días de su publicación.

Las normas contenidas en los Capítulos III y IV de la presente ley entrarán en vigencia a los treinta días de su publicación.

Las normas contenidas en el Capítulo VII regirán a los noventa días de la publicación de la ley, o desde la fecha en que entre en vigencia la reglamentación mencionada en el artículo 22 si fuere anterior a la del cumplimiento de aquel plazo.

ARTICULO 44.- Los magistrados, funcionarios y empleados públicos alcanzados por el régimen de declaraciones juradas establecido en la presente ley, que se encontraren en funciones a la fecha en que el régimen se ponga en vigencia, deberán cumplir con las presentaciones dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha.

ARTICULO 45.- Los funcionarios y empleados públicos que se encuentren comprendidos en el régimen de incompatibilidades establecido por la presente ley a la fecha de entrada en vigencia de dicho régimen, deberán optar entre el desempeño de su cargo y la actividad incompatible, dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha.

ARTICULO 46.- La Comisión Nacional de Etica Pública tomará a su cargo la documentación que existiera en virtud de lo dispuesto por los decretos 7843/53, 1639/89 y 494/95. Derógase el Decreto Nº 494/95.

ARTICULO 47.- Se invita a las provincias al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires para que dicten normas sobre regímenes de declaraciones juradas, obsequios e incompatibilidades vinculadas con la ética de la función pública.

ARTICULO 48.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

[1] Según modificación introducida por el Decreto Nº 862 de fecha 29/06/01.
[2] Según modificación introducida por el Decreto Nº 862 de fecha 29/06/01.


http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25188.htm

Por DADY BRIEVA | 14 de junio de 2016
Sentimientos de un artista peronista y kirchnerista que apuesta a volver para ser mejores.


Fue como un accidente en la familia. Se me vinieron encima varias imágenes y sensaciones. Pensé en que podían haber más involucrados. Y cuando respiré por segunda vez me di cuenta de que cuando me enamoro no veo. Y sigo creyendo profundamente, apostando a lo que amo: a los sesenta años de peronismo y a los doce años de kirchnerismo.

Eso no quiere decir que no esté triste y enojado. Lo estoy. Pero también es cierto que entre los dirigentes del macrismo ocurren cosas que no son excepciones sino que son una lógica que está atada a esa propuesta política: tienen a Angelo Calcaterra y a Carlos Melconian que dice que tiene dinero en el exterior como muchos argentinos y que no lo va a traer al país. Dice eso y parece que no pasa nada. Sus militantes no se indignan, no les parece raro porque es la norma.

Acá ahora hay toda una discusión sobre lo que pasó con José López y florecen las críticas y ataques por todos lados. En todo caso, el problema es que ese tipo no sabía donde esconderla pero los Panamá Papers muestran como otros sí saben dónde esconderla. No me imagino a algunos empresarios, de los más grandes, no sabiendo qué hacer con plata que no pueden explicar. Son tipos que entre que prenden un cigarrillo y otro mandan la guita a Suiza o al JP Morgan.

Me avergüenza, pero no me amilana frente a lo que propone el macrismo, que es un país para pocos.
Esto no me gusta. Me acuerdo cuando en enero no aparecía ningún dirigente o había muy poquitos como Sabbatella, Axel y Cerruti y a los nuestros los echaban como perros de sus trabajos. Los recuerdo militando en lugares hostiles. Recuerdo amigos míos que se quedaron sin la obra social y por el otro lado aparecen esos billetes.

Eso está dentro de las generales de la ley de lo que le puede pasar a un movimiento que tiene sesenta años y es el más grande de la historia de la Argentina. Me avergüenza, pero no me amilana frente a lo que propone el macrismo, que es un país para pocos.


Tenemos que estar alertas y atentos. Ya sabemos lo que somos y tenemos que mejorarlo pero no me van a correr por el lado de la corrupción. Tenemos problemas y dirigentes que nos dan asco y no están a la altura de las circunstancias pero que ellos, que se quedaron con Papel Prensa en una sala de tortura, no me van a venir a hablar de moral con la bragueta abierta. Eso no lo permito.

Lo que está está y lo que se hizo se hizo. A los que tengan que agarrar, los agarrarán; pero yo me quedo con lo ocurrido en los últimos sesenta años y con el verdadero compromiso con lo que venga. Volveremos para ser mejores. Tendríamos que ser mejores para volver. Si no, esto habrá sido histeria. Y si los momentos malos no sirven para volver, uno se convierte en gil.


http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/triste-y-enojado-tenemos-que-ser-mejores/

16.06.2016(3)
Insoportable, Kicillof obligó a debatir tres horas artículo por artículo
LPOAunque el bloque FpV votó en contra, el ex ministro estiró hasta las 4 de mañana la disucusión. Fastidio total.

Ampliar
Axel Kicillof no se cansa: como en sus tiempos universitarios, obligó a los diputados a debatir por tres horas los artículos del megaproyecto sobre pago de los juicios previsionales, blanqueo, reducción de impuestos y beneficios para las provincias.

Su vehemencia era al menos curiosa, porque su bloque, el FpV-PJ ya había votado en contra del proyecto en general, o sea, se habían expresado en desacuerdo de todo el texto, con un encendido discurso del ex ministro de Economía y del experto previsional Juan Carlos Díaz Roig.

Por lo tanto era incomprensible su ahínco en reiterar los argumentos cuando llegó la hora de evaluar el detalle de cada artículo y mucho menos que se animara con propuestas, que nadie escucharía por el simple hecho de que Cambiemos ya no necesitaba el voto del FpV-PJ para llegar a la mayoría.

Una ecuación simple para cualquier parlamentario, menos para Kicillof, cuyo objetivo no es buscar acuerdos sino dejar claro lo que piensa.

Ni bien asumió de senadora, a la actual vicepresidenta Gabriela Michetti le pidieron no opinar sobre los debates en particular si había rechazado los proyectos en general.

“No encuentro ningún impedimento reglamentario”, se defendió esa vez la actual vicepresidenta. “Es sentido común, senadora”, la atacó la senadora puntana Liliana Negre de Alonso, la más antigua de esa Cámara.

No parece el sentido común de Kicillof, quien fue capaz de mantener a los diputados hasta 4.30 y completar 20 horas de sesión sólo para escuchar sus conceptos por cuarta vez en la semana.

Algunos artículos se iban a modificar por acuerdo de Cambiemos con los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio, artífices de la mayoría para aprobar la ley.

Para fastidio general, Kicillof le puso la cara a los golpes y pidió modificaciones en cada punto. “No se van a aceptar”, respondía una y otra vez Luciano Laspina, miembro informante del oficialismo.

“Tiene la palabra el diputado de la ciudad autónoma de Buenos Aires”, repetía Emilio Monzó, quien cuando lo vio tan entusiasmado advirtió al recinto que si cada artículo se votaba por separado sesionarían tres horas más.

Lejos de conmoverse, Kicillof pidió la palabra hasta para decir que su bloque votaría en contra de los artículos, una obviedad a esa altura de la noche.

Tampoco fue relevante el aval a los acuerdos del Gobierno nacional con las provincias, porque la historia dirá que llegaron al Senado con el voto negativo del Frente para la Victoria-PJ.

Con su intransigencia, además de manejar de a ratos la estrategia de su bloque (muchos recuerdan su amistad con Mariano Recalde, hijo del jefe de la bancada), Kicillof logró que en Cambiemos ya no cuenten con él para negociar cambios.

Ni siquiera le pidieron opinión para excluir del blanqueo a los familiares, uno de sus pedidos en Comisión. “Sumaron padres, hijos y cónyugues y queríamos cuarto laso sanguíneo”, recordó. Buscaba incorporar a los primos, para chicanear al constructor Ángel Calcaterra, quien tiene ese parentesco con Macri. Puño y letra de Cristina Kirchner.

Kicillof tenía mucho para ofrecer. Recibió aplausos irónicos cuando dijo no tener objeciones sobre el artículo 4 pero votar en contra de todos modos. “¡Déjenme explicar!”, levantó la voz desde su banca.

Y siguió hablando: “Fijar acuerdos transaccionales para todas estas cuestiones, está empujando al litigio”, se excusó, respecto a los juicios previsionales. Nadie iba a escucharlo, aunque gritara.

También dejó aclaraciones de antología como la que dio para el artículo 11. “Como el artículo hace referencia al programa que ya hemos rechazado, adelanto nuestro voto negativo”, señaló.

La noche terminó con la sorpresa del traslado de la UIF al Ministerio de Hacienda, motivo de esperada furia de Kicillof. Díaz Roig se enojó primero y se fue de la sesión. El ex ministro se quedó un rato más. Pensaba pedir la palabra.

http://m.lapoliticaonline.com/nota/98410-insoportable-kicillof-obligo-a-debatir-tres-horas-articulo-por-articulo/

RMERIA, MACRI ENCABEZO UN ACTO EN ROSARIO Y PIDIO "TRABAJAR JUNTOS"
Suelta de globos y gendarmes para el Día de la Bandera



El presidente Mauricio Macri encabezó en Rosario el acto en homenaje al general Manuel Belgrano al cumplirse 196 años de su muerte. Lo hizo en medio de un megaoperativo que blindó los accesos al Monumento a la Bandera por una protesta de comerciantes rosarinos ante los tarifazos en luz, agua y gas, a la que se sumaron con piquetes distintas organizaciones sociales y la "Multisectorial contra lo tarifazos de Rosario".

La protesta comenzó esta mañana en Plaza Pringles (ubicada en Córdoba y Presidente Roca) y llegó hasta la esquina de Rioja y Buenos Aires, donde fuerzas federales impidieron el paso de los manifestantes. Luego, la Gendarmería reprimió y resultó herido con un corte en la cabeza el concejal rosarino Eduardo Toniolli, del Frente Para la Victoria.

La agresión fue denunciada por la edil Norma López, quien publicó en su cuenta oficial Twitter una foto del corte en la cabeza del concejal y aseguró que Toniolli fue "herido por la Gendarmeria" cuando marchaban "con la Multisectorial”. López aclaró que, cuando los gendarmes golpearon al concejal, ellos se encontraban entre los manifestantes "en la esquina, pacíficamente", y que los efectivos "posicionaron el camión hidrante en dirección a la gente”.

En tanto, en un breve discurso, Macri llamó a la ciudadanía a "trabajar juntos" para ir "hacia la pobreza cero" y para "derrotar al narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Rosario y a todo el país". "Destrabamos temas económicos que no nos dejaban crecer, hemos vuelto al mundo para hacer nuestro aporte", dijo sobre su gestión. "Queremos aprovechar las oportunidades que se nos presentan para crecer y generar trabajo", agregó.

"Nos falta mucho, pero estamos en el camino correcto. Sabemos que esta vez lo vamos a lograr, dando pequeños pasos todos los días", planteó. Durante su discurso, el mandatario hizo que los chicos que estaban allí para realizar la promesa a la Bandera corearan un "Sí se puede", uno de los cánticos característico del macrismo durante la campaña presidencial. Luego se realizó una suelta de globos, en este caso no amarillos sino celeste y blancos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-302199-2016-06-20.html

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artes, 21 de junio de 2016


10:26 › MACRI CELEBRO EL DIA DE LA BANDERA EN ROSARIO CON CIENTOS DE ESTUDIANTES QUE SIGUIERON SUS CONSIGNAS
Un acto vallado y con tono de campaña
Los alrededores del Monumento a la Bandera, en Rosario, estuvieron cercados para impedir el acceso de manifestantes, hecho que derivó en una represión policial. Mientras, el Presidente hizo corear a los niños su consigna de campaña “Sí, se puede”.


–¡Viva la patria! –gritó el presidente Mauricio Macri.

–¡Viva! –le respondieron los estudiantes.

–¡Sí, se puede! –lanzó el líder del PRO su eslogan de campaña.

–¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! –repitieron los alumnos.

Con ese tinte proselitista, Macri concluyó su discurso en el Día de la Bandera, frente a cientos de estudiantes de todo el país que viajaron a Rosario, al monumento a la insignia patria. El del eslogan de campaña repetido por cientos de alumnos no fue el único momento electoral que tuvo el acto patrio. Macri aseguró: “Hace poco los argentinos decidimos un cambio, y ese cambio tiene que basarse en objetivos claros y concretos, y los nuestros están claros: trabajar juntos para que el camino sea hacia la pobreza cero en Argentina”. A pocas cuadras, un grupo de manifestantes fueron reprimidos por la Gendarmería.

La multitud, en su mayoría niños, recibió a Macri con un despliegue de globos de los colores de la bandera. Lo acompañaron la intendenta de Rosario, Monica Fein, y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

“Podemos elegir el esfuerzo y el sacrificio de una vida puesta al servicio de los ideales o elegir la comodidad del que no arriesga”, sostuvo el gobernador socialista. Macri –cuyo candidato en la provincia Miguel Del Sel perdió el año pasado y hoy es embajador en Panamá– no se la dejó pasar: “Quiero invitarlos a comprometernos a la cultura del trabajo, del esfuerzo. Ahí tengo una diferencia con el gobernador: no creo en el sacrificio, pero sí en el esfuerzo”, dijo. Luego, el Presidente aseguró: “Creo en el diálogo. Y como planteaba Belgrano, creo en decir la verdad. La confianza nos va a permitir construir ese país que soñamos todos los argentinos”.

El mandatario mencionó el Bicentenario de la Independencia, que se cumplirá el próximo 9 de julio. “Los invito a todos a festejar con alegría en cada rincón de la Argentina”, advirtió. Macri entró, a partir de allí, en el fragmento más proselitista de su discurso. “Los argentinos hace muy poco hemos decidido un cambio. Y ese cambio tiene que basarse en objetivos claros y concretos. Nuestros objetivos están claros: trabajar juntos para que el camino sea hacia la pobreza cero. Trabajar juntos para derrotar al narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Rosario y a todo el país. Y unir a los Argentinos”, recordó sus tres eslógans.

Sí, se puede

Y luego dijo: “Claro que se puede”. Los niños empezaron a corear el eslogan de campaña de Macri, con cierta timidez, pero el Presidente los arengó:

–No escucho: ¡Claro que se puede!

–¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! –corearon los niños, con sus guardapolvos blancos, en una respuesta antifonal que pareció ensayada. La escena se repitió al final del discurso del Presidente, cuando Macri los volvió a instar a recitar la frase de campaña, inspirada en el “Yes, we can” del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Esto generó el repudio del gremio docente Sadop Santa Fe, quien también condenó la represión que sufrieron quienes protestaban por la suba de tarifas dispuesta por el gobierno de Macri. En un comunicado, el gremio indicó que los niños que se vio como parte del público no tuvieron “la posibilidad de compartir ese momento con sus familias, dado que sólo podían estar acompañados por una sola persona”. “Rodeados de vallas y camiones hidrantes, gritaron –a pedido de quienes conducían el acto– ‘Sí, se puede’, mientras en otro punto de la ciudad, Gendarmería nacional reprimía a compañeros y compañeras integrantes de la Multisectorial de Rosario, quienes se manifestaban contra los tarifazos, el hambre, los despidos y en defensa de la producción nacional y el trabajo”, indicó el gremio, quien “repudió enérgicamente” lo sucedido.

En tanto, el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, consideró que se trató de “un eslogan de campaña. No fue algo genuino. Fue algo preparado. No hablamos de militantes o de agrupaciones políticas. Hablamos de menores de edad de cuarto grado que fueron utilizados con fines propagandísticos. Usar a los los niños y niñas es un acting en el medio del discurso es un abuso”.

La decisión de que los chicos corearan el eslogan macrista contrasta con las opiniones que mostró Macri en el pasado. De hecho, su ministro de Educación, Esteban Bullrich, habilitó en 2012 cuando estaba en el mismo cargo en el gobierno porteño una línea telefónica para denunciar la intromisión política en las escuelas. “El problema no es ‘El Eternauta’. Si lo es ‘El Nestornauta’ que usan para adoctrinar en las escuelas”, aseguró en ese momento Macri. El actual secretario de Comercio, Miguel Braun, afirmaba desde su cuenta de Twitter: “Si La Cámpora intenta adoctrinar a tu escuela, llamá al 0800-444-2400”. La actual secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, cuestionaba el “adoctrinar algunos de 8 o 9 años en horario escolar”.

No se puede (pasar)

Mientras esto sucedía, un vallado y una doble fila de gendarmería le impidían acercarse al Monumento a la Bandera a un grupo de manifestantes. Los gendarmes repartieron palazos entre los que querían pasar. Uno de los que terminó con una herida sangrante en la cabeza fue el concejal del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli (ver aparte).

Ajeno a las polémica que luego generaría por el uso de los niños y la represión, Macri continuó con su discurso, en el que también se refirió al tópico de la “pesada herencia”. “No ha sido fácil. Hemos destrabado temas que en la economía no nos permitían crecer. Que hacían que hace cinco años no generacemos trabajo. Y hemos empezado a combatir la inflación, la cual va a bajar. Hemos vuelto a mundo”, enumeró.

“Hemos profundizado las políticas sociales, para que todos nos puedan acompañar en este camino de progreso y creciento. Trabajo, trabajo y trabajo para todos los argentinos”, prometió el Presidente, aunque en sus primeros seis meses de mandato se perdieron 167 mil empleos, según calculó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“Sabemos que nos falta mucho, pero estamos en el camino correcto. –consideró Macri– Por eso hoy, frente a todos estos chicos por los que estamos dispuestos a dar todo, los invito a que juntos trabajemos todos los días. Que este Bicentenario sea un compromiso definitivo hacia una argentina que incluya a todos”, concluyó. El acto terminó con una suelta de globos. Por lo menos no eran amarillos, sino celestes y blancos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-302282-2016-06-21.html

HomePolítica 16/02/2016 12:15
"Vamos hacia un modelo agroexportador y de servicios basta de industrias" Gabriela Michetti
Lo afirmó la Vicepresidente de la Nación Gabriel Michetti y agregó "El modelo que quiere Macri es India" ante periodistas acreditados de Casa Rosada.


En off Michetti manifiesta la verdaderas intenciones de Macri
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REDES

La periodista Cynthia Garcia reveló una conversación que sucedió el Miércoles 10 de Febrero entre las 19:20 y las 20:30 en la Casa Rosas entre la Vicepresidente de la Nación Gabriel Michetti y distintos periodistas acreditados.

En la misma afirmó "Basta, basta, basta, el modelo de Macri es India, el modelo de país que quiere Macri es India, la Argentina es un país de servicios basta de industrias" y agregó "vamos hacia un modelo agroexportador y de servicios, basta basta de industrias." Frente a la sorpresa de los periodistas finalmente aclaró " por supuesto que van a continuar las grandes industrias".



[VIDEO] ¿Seremos como India? Se pregunta @cyngarciaradio - Mirá https://t.co/gK9lS1O6pWpic.twitter.com/81BIbEQXqw

— Radio Del Plata (@RadioDelPlata) February 16, 2016

http://mundoempresarial.com.ar/nota/297343-vamos-hacia-un-modelo-agroexportador-y-de-servicios-basta-de-industrias-gabriela-michetti

23 de junio


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martes 28 de Junio de 2016


Por decreto
Gobierno actualizó el índice de jubilaciones y pensiones

En los considerandos, se remarca que “a pesar de los dictados de las diferentes normas reglamentarias que fijaron distintos métodos de actualización de remuneraciones para el cálculo de las prestaciones previsionales, no se ha logrado solucionar la problemática referida a la litigiosidad institucional".
El Gobierno actualizó por decreto el índice de jubilaciones y pensiones. De acuerdo a la normativa publicada en el Boletín Oficial, el nuevo índice deberá incluir hasta el 31 de marzo de 1995 las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.); entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.); y a a partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley N° 26.417.

En los considerandos se remarca que "en la actualidad existe una gran cantidad de reclamos en sede administrativa y judicial, promovidos por los titulares de las prestaciones previsionales, tendientes a lograr la redeterminación del haber inicial sobre la base de la exigencia de la actualización de las remuneraciones que deben considerarse a dichos efectos".

En ese sentido, el texto da cuenta de que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 11 de agosto de 2009, dictó el precedente "ELLIFF ALBERTO JOSÉ c/ANSES s/REAJUSTES VARIOS", en el cual, al confirmar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, estableció que la actualización de las remuneraciones computables a efectos de determinar la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia se practicará hasta la fecha de adquisición del beneficio, sin limitación temporal alguna".

Asimismo, sostiene que "a pesar de los dictados de las diferentes normas reglamentarias que fijaron distintos métodos de actualización de remuneraciones para el cálculo de las prestaciones previsionales, no se ha logrado solucionar la problemática referida a la litigiosidad institucional que enfrenta actualmente el organismo de gestión del Sistema Nacional de la Seguridad Social, ni tampoco evitar la presentación masiva de nuevos reclamos administrativos y judiciales, en lo que respecta a períodos de actualización anteriores a la vigencia de la Ley N° 26.417".

Por lo tanto, destaca que "a fin de comenzar a dar una solución a la problemática planteada y con el objeto específico de interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios, el Estado Nacional ha decidido efectuar las correcciones necesarias para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las futuras prestaciones, sean actualizadas en forma justa y razonable, en concordancia con las previsiones que ha definido el legislador al momento del dictado de la normativa previsional vigente y la jurisprudencia emanada del tribunal cimero".

En ese marco, la normativa añade que "resulta necesario que los valores históricos de las remuneraciones a considerar para el cálculo de prestaciones a otorgar, sean actualizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente decreto".

Párrafo siguiente, el decreto detalla que "en las prestaciones a otorgar con alta a partir del mensual agosto, las remuneraciones históricas tomadas en cuenta para calcular el salario promedio, serán actualizadas de la siguiente manera: hasta el 31 de marzo de 1995, se aplicará el Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.); entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008 se aplicará la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.) calculada por la Secretaría de Seguridad Social".

En ese sentido, sostiene que "para su elección se ha tenido en cuenta que ambos índices no se limitan a un sector de la economía en particular sino que reflejan la evolución de los salarios declarados por los empleadores de todos los sectores" y que, "de esta manera, su aplicación va a permitir una justa y adecuada actualización de las remuneraciones a considerar".

"Además el R.I.P.T.E. agrega la condición de estabilidad del trabajador como variable adicional complementaria, y se ha mantenido en cifras similares al Índice de Salarios Nivel General del I.N.D.E.C., que es el que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elegido específicamente, para reajustar por movilidad entre los años 2002 y 2006", destaca.

El decreto también sostiene en su argumentación que "el problema de la litigiosidad no se constata solamente en la gran cantidad de juicios, sino también en la larga duración de los pleitos, en los que muchas veces se discuten cuestiones que ya se encuentran zanjadas por la jurisprudencia".

Por esa razón, la normativa indica que "a fin de abordar la problemática también desde esta perspectiva, el Estado Nacional ha decidido colaborar con la disminución de los tiempos de los procesos judiciales, instruyendo a la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que no interponga recursos extraordinarios en aquellos supuestos en que el resultado sería desfavorable, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales existentes".

La medida lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

http://www.ambito.com/844959-gobierno-actualizo-el-indice-de-jubilaciones-y-pensiones

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El Gobierno cambió la forma de calcular la actualización de las jubilaciones
El decreto, con las firmas de Marcos Peña y Jorge Triaca, persigue frenar la "generación masiva de juicios".

28/06/2016 | 07:55

Foto: Dyn
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El Gobierno estableció una modificación a la forma de calcular el índice de actualización de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con el objetivo de "interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios".

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

El decreto establece que el nuevo índice deberá incluir "hasta el 31 de marzo de 1995, las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.)"; "entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); y "a partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley N° 26.417" de movilidad jubilatoria.

El actual régimen de movilidad en los haberes de los jubilados, que rige desde 2009, establecía dos aumentos al año que se calculaban tomando en cuenta las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y el más favorable entre el índice general de salarios determinado por el INDEC o la variación del RIPTE.

Según el decreto publicado este martes, a pesar de las diferentes normas reglamentarias, "no se ha logrado solucionar la problemática referida a la litigiosidad institucional que enfrenta actualmente el organismo de gestión del Sistema Nacional de la Seguridad Social, ni tampoco evitar la presentación masiva de nuevos reclamos administrativos y judiciales".

Por tal motivo, "resulta necesario que los valores históricos de las remuneraciones a considerar para el cálculo de prestaciones a otorgar, sean actualizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente decreto".

"A fin de comenzar a dar una solución a la problemática planteada y con el objeto específico de interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios, el Estado Nacional ha decidido efectuar las correcciones necesarias para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las futuras prestaciones, sean actualizadas en forma justa y razonable", agrega la norma entre sus considerandos.

http://www.perfil.com/politica/El-Gobierno-cambio-la-forma-de-calcular-la-actualizacion-de-las-jubilaciones-20160628-0004.html

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POLÍTICA / VAN POR LA ANSES
Pago a los jubilados: el plan oculto del Gobierno que favorece a Clarín
El proyecto de Ley del oficialismo establece que podrá "liquidarse activos" de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para pagar las sentencias a los jubilados. De este modo Clarín y otras empresas podrían recuperar las acciones que antes le habían vendido a las AFJP en un jugoso negocio.

De la Redacción de Diario Registrado / Miércoles 1 de junio de 2016 | 18:40
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El proyecto político de Cambiemos está en marcha y el cambio que puso es la reversa. Es que, lentamente, todas los avances de estos años se ven desarmados. A los decretos contra la ley de Medios, el fin de la gratuidad del fútbol, ahora se avecina la devolución de las acciones de la Anses a las grandes empresas.

Nota relacionada: Intento de suicidio de la diputada Balconte: Clarín y las mañas para desinformar

En este caso, la maniobra se oculta detrás de la ley de blanqueo de capitales y el pago de los juicios a los jubilados que les liquidaron mal sus haberes.

Como se sabe, con la reestatización de las AFJP, la Anses pasó a tener como propias acciones de las empresas que le habían vendido a las administras privadas, un negocio que se había hecho en los noventa con los aportes jubilatorios de los argentinos. Entre las más de cuarenta empresas privadas se encuentra, por ejemplo, el Grupo Macro (por un valor de la cartera de $11.448.143.303), Telecom ($10.701.622.681) y también el Grupo Clarín ($2.224.509.970).

Sin importar el signo político de turno, a ninguna empresa le agrada que el Estado se parte del directivo. Es por ello que, en un nuevo favor a los grupos concentrados de poder, el oficialismo pretende vender esas acciones para que vuelvan a manos privadas. De este modo, el pago de los juicios a los jubilados juega un papel central para que la sociedad acepte la polémica decisión.

Esta maniobra ya corría como versión periodística y con la presentación del proyecto se confirma. Según figura en el mismo, para pago de las "sumas previstas" a los jubilados "podrá disponerse la liquidación de activos", se establece en el proyecto al que accedió El Destape.

"El pago de las sumas previstas en el artículo 6º, a beneficiarios del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) que hayan homologado judicialmente acuerdos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) bajo el programa establecido en la presente Ley, podrá ser atendido con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integfrado Previsional Argentino creado por el Decreto Nº 897/07 y modificatorios, a cuyos efectos podrá disponerse la liquidación de activos", figura en el artículo.

Así las cosas, Cambiemos todavía tendrá una traba más para avanzar con este proyecto. Ya que la venta de estas acciones exige una mayoría parlamentaria especial para derogar la ley que el kirchnerismo sancionó en 2015 para preservar los activos de los jubilados de este tipo de movimientos. Los dos proyectos de país se pondrán en disputa en el Congreso cuando comience a discutirse la Ley.

http://www.diarioregistrado.com/politica/pago-a-los-jubilados--el-plan-oculto-del-gobierno-que-favorece-a-clarin_a574f520bfba962cb34c30dbd


POLÍTICA / ESQUIVANDO EL CHARCO
La 'trampita' del Gobierno para frenar los juicios por jubilaciones
A través de esta maniobra que realizó el Gobierno se busca "interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios" por jubilaciones. La nueva medida salió publicada en el Boletín Oficial, donde se cambia la forma de calcular las actualizaciones.

De la Redacción de Diario Registrado / Martes 28 de junio de 2016 | 09:37
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Por eso, se modificó la forma de calcular el índice de actualización de las remuneraciones de los afiliados del Sistema Previsional.

Nota relacionada: Pago a los jubilados: el plan oculto del Gobierno que favorece a Clarín

El nuevo índice deberá incorporar "hasta el 31 de marzo de 1995, las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones.... Entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables... y a partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley N° 26.417" de movilidad jubilatoria".

El régimen que regía hasta el momento establecía dos aumentos al año, que se calculaban tomando las variaciones producidas en los recursos tributarios, y el más favorable entre el índice general de salarios determinado por el INDEC.

Según establece la ley, "resulta necesario que los valores históricos de las remuneraciones sean actualizados de acuerdo a los lineamientos establecidos" en el nuevo decreto.

http://www.diarioregistrado.com/politica/la--trampita--del-gobierno-para-frenar-los-juicios-por-jubilaciones_a57726913cfe4c87c72d73c36

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martes 28 de Junio de 2016


Por decreto
Gobierno actualizó el índice de jubilaciones y pensiones

En los considerandos, se remarca que “a pesar de los dictados de las diferentes normas reglamentarias que fijaron distintos métodos de actualización de remuneraciones para el cálculo de las prestaciones previsionales, no se ha logrado solucionar la problemática referida a la litigiosidad institucional".
El Gobierno actualizó por decreto el índice de jubilaciones y pensiones. De acuerdo a la normativa publicada en el Boletín Oficial, el nuevo índice deberá incluir hasta el 31 de marzo de 1995 las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.); entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.); y a a partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley N° 26.417.

En los considerandos se remarca que "en la actualidad existe una gran cantidad de reclamos en sede administrativa y judicial, promovidos por los titulares de las prestaciones previsionales, tendientes a lograr la redeterminación del haber inicial sobre la base de la exigencia de la actualización de las remuneraciones que deben considerarse a dichos efectos".

En ese sentido, el texto da cuenta de que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 11 de agosto de 2009, dictó el precedente "ELLIFF ALBERTO JOSÉ c/ANSES s/REAJUSTES VARIOS", en el cual, al confirmar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, estableció que la actualización de las remuneraciones computables a efectos de determinar la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia se practicará hasta la fecha de adquisición del beneficio, sin limitación temporal alguna".

Asimismo, sostiene que "a pesar de los dictados de las diferentes normas reglamentarias que fijaron distintos métodos de actualización de remuneraciones para el cálculo de las prestaciones previsionales, no se ha logrado solucionar la problemática referida a la litigiosidad institucional que enfrenta actualmente el organismo de gestión del Sistema Nacional de la Seguridad Social, ni tampoco evitar la presentación masiva de nuevos reclamos administrativos y judiciales, en lo que respecta a períodos de actualización anteriores a la vigencia de la Ley N° 26.417".

Por lo tanto, destaca que "a fin de comenzar a dar una solución a la problemática planteada y con el objeto específico de interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios, el Estado Nacional ha decidido efectuar las correcciones necesarias para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las futuras prestaciones, sean actualizadas en forma justa y razonable, en concordancia con las previsiones que ha definido el legislador al momento del dictado de la normativa previsional vigente y la jurisprudencia emanada del tribunal cimero".

En ese marco, la normativa añade que "resulta necesario que los valores históricos de las remuneraciones a considerar para el cálculo de prestaciones a otorgar, sean actualizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente decreto".

Párrafo siguiente, el decreto detalla que "en las prestaciones a otorgar con alta a partir del mensual agosto, las remuneraciones históricas tomadas en cuenta para calcular el salario promedio, serán actualizadas de la siguiente manera: hasta el 31 de marzo de 1995, se aplicará el Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.); entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008 se aplicará la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.) calculada por la Secretaría de Seguridad Social".

En ese sentido, sostiene que "para su elección se ha tenido en cuenta que ambos índices no se limitan a un sector de la economía en particular sino que reflejan la evolución de los salarios declarados por los empleadores de todos los sectores" y que, "de esta manera, su aplicación va a permitir una justa y adecuada actualización de las remuneraciones a considerar".

"Además el R.I.P.T.E. agrega la condición de estabilidad del trabajador como variable adicional complementaria, y se ha mantenido en cifras similares al Índice de Salarios Nivel General del I.N.D.E.C., que es el que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elegido específicamente, para reajustar por movilidad entre los años 2002 y 2006", destaca.

El decreto también sostiene en su argumentación que "el problema de la litigiosidad no se constata solamente en la gran cantidad de juicios, sino también en la larga duración de los pleitos, en los que muchas veces se discuten cuestiones que ya se encuentran zanjadas por la jurisprudencia".

Por esa razón, la normativa indica que "a fin de abordar la problemática también desde esta perspectiva, el Estado Nacional ha decidido colaborar con la disminución de los tiempos de los procesos judiciales, instruyendo a la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que no interponga recursos extraordinarios en aquellos supuestos en que el resultado sería desfavorable, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales existentes".

La medida lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

http://www.ambito.com/844959-gobierno-actualizo-el-indice-de-jubilaciones-y-pensiones

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El Gobierno cambió la forma de calcular la actualización de las jubilaciones
El decreto, con las firmas de Marcos Peña y Jorge Triaca, persigue frenar la "generación masiva de juicios".

28/06/2016 | 07:55

Foto: Dyn
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El Gobierno estableció una modificación a la forma de calcular el índice de actualización de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con el objetivo de "interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios".

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

El decreto establece que el nuevo índice deberá incluir "hasta el 31 de marzo de 1995, las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.)"; "entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); y "a partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley N° 26.417" de movilidad jubilatoria.

El actual régimen de movilidad en los haberes de los jubilados, que rige desde 2009, establecía dos aumentos al año que se calculaban tomando en cuenta las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y el más favorable entre el índice general de salarios determinado por el INDEC o la variación del RIPTE.

Según el decreto publicado este martes, a pesar de las diferentes normas reglamentarias, "no se ha logrado solucionar la problemática referida a la litigiosidad institucional que enfrenta actualmente el organismo de gestión del Sistema Nacional de la Seguridad Social, ni tampoco evitar la presentación masiva de nuevos reclamos administrativos y judiciales".

Por tal motivo, "resulta necesario que los valores históricos de las remuneraciones a considerar para el cálculo de prestaciones a otorgar, sean actualizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente decreto".

"A fin de comenzar a dar una solución a la problemática planteada y con el objeto específico de interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios, el Estado Nacional ha decidido efectuar las correcciones necesarias para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las futuras prestaciones, sean actualizadas en forma justa y razonable", agrega la norma entre sus considerandos.

http://www.perfil.com/politica/El-Gobierno-cambio-la-forma-de-calcular-la-actualizacion-de-las-jubilaciones-20160628-0004.html

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POLÍTICA / VAN POR LA ANSES
Pago a los jubilados: el plan oculto del Gobierno que favorece a Clarín
El proyecto de Ley del oficialismo establece que podrá "liquidarse activos" de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para pagar las sentencias a los jubilados. De este modo Clarín y otras empresas podrían recuperar las acciones que antes le habían vendido a las AFJP en un jugoso negocio.

De la Redacción de Diario Registrado / Miércoles 1 de junio de 2016 | 18:40
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El proyecto político de Cambiemos está en marcha y el cambio que puso es la reversa. Es que, lentamente, todas los avances de estos años se ven desarmados. A los decretos contra la ley de Medios, el fin de la gratuidad del fútbol, ahora se avecina la devolución de las acciones de la Anses a las grandes empresas.

Nota relacionada: Intento de suicidio de la diputada Balconte: Clarín y las mañas para desinformar

En este caso, la maniobra se oculta detrás de la ley de blanqueo de capitales y el pago de los juicios a los jubilados que les liquidaron mal sus haberes.

Como se sabe, con la reestatización de las AFJP, la Anses pasó a tener como propias acciones de las empresas que le habían vendido a las administras privadas, un negocio que se había hecho en los noventa con los aportes jubilatorios de los argentinos. Entre las más de cuarenta empresas privadas se encuentra, por ejemplo, el Grupo Macro (por un valor de la cartera de $11.448.143.303), Telecom ($10.701.622.681) y también el Grupo Clarín ($2.224.509.970).

Sin importar el signo político de turno, a ninguna empresa le agrada que el Estado se parte del directivo. Es por ello que, en un nuevo favor a los grupos concentrados de poder, el oficialismo pretende vender esas acciones para que vuelvan a manos privadas. De este modo, el pago de los juicios a los jubilados juega un papel central para que la sociedad acepte la polémica decisión.

Esta maniobra ya corría como versión periodística y con la presentación del proyecto se confirma. Según figura en el mismo, para pago de las "sumas previstas" a los jubilados "podrá disponerse la liquidación de activos", se establece en el proyecto al que accedió El Destape.

"El pago de las sumas previstas en el artículo 6º, a beneficiarios del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) que hayan homologado judicialmente acuerdos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) bajo el programa establecido en la presente Ley, podrá ser atendido con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integfrado Previsional Argentino creado por el Decreto Nº 897/07 y modificatorios, a cuyos efectos podrá disponerse la liquidación de activos", figura en el artículo.

Así las cosas, Cambiemos todavía tendrá una traba más para avanzar con este proyecto. Ya que la venta de estas acciones exige una mayoría parlamentaria especial para derogar la ley que el kirchnerismo sancionó en 2015 para preservar los activos de los jubilados de este tipo de movimientos. Los dos proyectos de país se pondrán en disputa en el Congreso cuando comience a discutirse la Ley.

http://www.diarioregistrado.com/politica/pago-a-los-jubilados--el-plan-oculto-del-gobierno-que-favorece-a-clarin_a574f520bfba962cb34c30dbd


POLÍTICA / ESQUIVANDO EL CHARCO
La 'trampita' del Gobierno para frenar los juicios por jubilaciones
A través de esta maniobra que realizó el Gobierno se busca "interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios" por jubilaciones. La nueva medida salió publicada en el Boletín Oficial, donde se cambia la forma de calcular las actualizaciones.

De la Redacción de Diario Registrado / Martes 28 de junio de 2016 | 09:37
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Por eso, se modificó la forma de calcular el índice de actualización de las remuneraciones de los afiliados del Sistema Previsional.

Nota relacionada: Pago a los jubilados: el plan oculto del Gobierno que favorece a Clarín

El nuevo índice deberá incorporar "hasta el 31 de marzo de 1995, las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones.... Entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables... y a partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley N° 26.417" de movilidad jubilatoria".

El régimen que regía hasta el momento establecía dos aumentos al año, que se calculaban tomando las variaciones producidas en los recursos tributarios, y el más favorable entre el índice general de salarios determinado por el INDEC.

Según establece la ley, "resulta necesario que los valores históricos de las remuneraciones sean actualizados de acuerdo a los lineamientos establecidos" en el nuevo decreto.

http://www.diarioregistrado.com/politica/la--trampita--del-gobierno-para-frenar-los-juicios-por-jubilaciones_a57726913cfe4c87c72d73c36

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Domingo, 10 de julio de 2016

ECONOMIA › LOS INDICADORES ECONOMICOS QUE SON MAQUILLADOS POR EL GOBIERNO PARA OCULTAR EL ACELERADO DETERIORO SOCIAL, ECONOMICO Y LABORAL
Para construir la revolución de la alegría
Además de una crisis autoinfligida, a partir de instrumentar una serie de medidas regresivas y de culpar por sus efectos negativos a la “pesada herencia”, el Gobierno está manipulando estadísticas económicas con el deseo de influir sobre las expectativas sociales.



Por Alfredo Zaiat
Los números del déficit fiscal no son los que dice el Ministerio de Finanzas y Des-hacienda. La información revisada del PIB presentada por el Indec muestra inconsistencias, después de un inédito apagón estadístico de casi seis meses. El Ministerio de Trabajo maquilla el tradicional informe de empleo registrado para ocultar la ola de despidos. El gobierno difunde un listado de inversiones extranjeras que ya habían sido anunciadas en la anterior administración. La Anses infla la cantidad de jubilados que recibirán un haber más elevado a partir de la ley recientemente aprobada. El nuevo IPC–Indec ahora restringido a la Capital y GBA tiene diferencias con el IPC–CABA pese a compartir casi la misma área de cobertura. El Banco Central tiene muchas menos reservas disponibles que las difundidas en los partes diarios. Además la actual conducción de la entidad monetaria inventó la existencia de una “inflación núcleo” en la economía argentina, burda copia del esquema analítico de la Reserva Federal para la economía estadounidense. La AFIP discontinuó la tradición de informar el resultado de la recaudación impositiva el primer día hábil de cada mes, demorando esa responsabilidad en momentos que se está derrumbando los ingresos fiscales en términos reales.

La distorsión, manipulación y falseamiento de estadísticas acerca de la evolución de variables claves para la interpretación de tendencias de la economía es una parte central de la estrategia oficial para influir en las expectativas sociales. Acompañado con el discurso de la “pesada herencia recibida” van justificando la irrupción de una crisis auto provocada por medidas regresivas que derivaron en una millonaria transferencia de ingresos hacia sectores concentrados. De ese modo han construido en pocos meses el relato M mientras fueron desplegando el combo recesivo de megadevaluación, shock inflacionario, apertura importadora, tarifazo, despidos y reducción del salario real.

Información

El gobierno de Mauricio Macri no ha mejorado la calidad de la información pública de las principales variables económicas afectada básicamente por el anterior gobierno, sino que la ha empeorado aún más. La mayoría de las consultoras de la city sin embargo avala las cifras oficiales pese a sus evidentes deficiencias. Incluso algunas, como la de Miguel Bein en repentina fe macrista, han adelantando que discontinuarán la publicación de sus índices de precios. El Fondo Monetario Internacional también las celebra. Durante años ha censurado las estadísticas argentinas en sus devaluados informes semestrales de pronósticos y ahora elogia los cambios en el Indec cuando en gran parte del primer semestre hubo un inédito apagón estadístico. Muchos de los analistas que antes se indignaban con fundamentos por las estadísticas públicas hoy no expresan ningún cuestionamiento cuando son evidentes similares manipulaciones en las cifras.

Esta complicidad con los números del macrismo de economistas del establishment, de organismos multilaterales vinculados al mundo de las finanzas y divulgadores de los postulados del neoliberalismo expresa un aspecto que el mundo tecnocrático resiste: las estadísticas públicas, además de ser una herramienta técnica que permite obtener información para orientar hacia una mejor administración, tienen también carácter político. Existen necesarias observaciones críticas acerca de metodologías de elaboración de índices y la forma de capturar la información. Pero la puja alrededor de las estadísticas expresa a la vez una indisimulable disputa política acerca de la construcción del sentido sobre la interpretación de los fenómenos económicos.

Quien mejor lo expresó fue el Moreno del macrismo, el poli rubro Javier González Fraga que empezó a boxear las estadísticas de pobreza del primer semestre. Evaluó cuán pobre son los pobres además de relativizar el aumento de la cantidad de pobres en esos meses de tarifazo, despidos y shock inflacionario. Incremento informado por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica, fuente que hasta el 9 de diciembre pasado era utilizado por quienes hoy son oficialistas para sentenciar cuál era la “verdad” acerca de la cuestión social.

Dibujos

El Indec informó que el Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año avanzó 0,5 por ciento interanual. Varios especialistas evaluaron como poco creíble ese signo positivo cuando casi todas las variables más relevantes registraron caídas en ese período. El economista Mariano Kestelboim cuestiona esa cifra por inconsistente a partir de la propia información oficial. El Indec calculó que el consumo creció 1,1 por ciento en los primeros tres meses del año respecto a igual período de 2015, y que el gasto público lo hizo en 2,7 por ciento. Kestelboim señala que todos lo indicadores privados y públicos de consumo dan caída, y respecto al gasto público indica que fue el propio gobierno que lo frenó con la excusa de revisar las cuentas (hubo una fuerte sub ejecutación presupuestaria). En relación al consumo privado, el poder adquisitivo se derrumbó por la megadevaluación que provocó un shock inflacionario lo que hace imposible su expansión en esos meses. El sociólogo Artemio López rescató el informe de CAME que revela que las ventas en cantidades cayeron 2,3 por ciento en enero, 4,5 en febrero y 5,8 en marzo. La construcción se derrumbó, la facturación en supermercados y shopping subió menos que la inflación. Otro dato que brinda Kestelboim es que la recaudación del IVA interno aumentó 23,5 por ciento mientras que la inflación fue de 35 por ciento, lo que refleja una caída del consumo o un incremento de la evasión, o una combinación de ambas. Pero en ningún caso hubo un aumento del consumo como el reflejado en el PIB del Indec de Macri.

La Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires publicó la evolución del indicador trimestral de la actividad económica, con una caída del 1,1 por ciento. Variación negativa de la producción de bienes y servicios en uno de los principales distritos económicos del país, que abona la sospecha sobre las cifras del PIB del Indec. Existen a la vez discrepancias entre el índice de precios CABA y el nuevo del Indec–Todesca, con una suba mayor en el primero.

También se presentó la revisión de la serie del PIB de los años del kirchnerismo, sobre el que existían pequeñas discrepancias en las cifras, pero ninguna tan pronunciada como en la del 2009. El Indec fue más lejos que cualquier estimación privada (retroceso del 2 al 3 por ciento) y calculó una caída del 6 por ciento. Para alcanzar esa cifra, el director técnico del Indec, Fernando Cerro, explicó que se sacaron los subsidios a los servicios públicos del cálculo y se incluyó el impuesto al cheque, además que se utilizaron índices alternativos de “algunos insumos estadísticos”. De ese modo construyeron una serie con criterio político para mostrar que no hubo tanto crecimiento económico en el ciclo kirchnerista. Inmediatamente salieron analistas oportunistas a calcular que así el anterior gobierno pagó más deuda por el cupón PIB, avalando de ese modo el dibujo del Indec. Otra prueba que las estadísticas pasaron a ser utilizadas como herramienta de disputa política, y que su calidad en realidad no es un motivo genuino de inquietud para muchos que participan de ese debate.

El manoseo de los números del PIB no pudo salvar a uno de los postulados del marketing político oficial. Las cifras retocadas del Indec desmienten al ministro Prat Gay y al propio presidente Mauricio Macri, quienes siguen afirmando que la economía no creció en 2015. El avance fue de 2,4 por ciento según el Indec–Todesca.

En la columna publicada aquí hace tres domingos se reveló que el déficit fiscal verdadero de 2015 fue 1,9 por ciento, de acuerdo a las planillas oficiales del Ministerio de Finanzas, y no el 2,3, el 5,8 o el 7,1 por ciento que Prat Gay fue dibujando para justificar el descalabro fiscal autoinfligido derivado de millonarias transferencias de ingresos a sectores concentrados de la economía.

Página/12 informó en base a un relevamiento caso por caso realizado por el periodista Federico Kucher que el 62 por ciento de los anuncios de inversión extranjera que presentó el gobierno de Macri como novedad, en realidad son proyectos decididos y comunicados durante la anterior administración. El monto de las nuevas inversiones además es menor que el anunciado en igual período en 2014. La Agencia Argentina de Desarrollo de Inversiones, organismo que depende de Cancillería y el Ministerio de Producción, promocionó el desembolso de capitales de empresas extranjeras en el país. Elaboró una lista con 40 firmas multinacionales que le aseguraron a Mauricio Macri nuevas inversiones Lo cierto es que los anuncios de inversión por 15.351 millones de dólares entre el 10 de diciembre pasado y finales de mayo, 9572 millones de dólares ya habían sido informados antes de noviembre de 2015.

El Centro de Economía Política Argentina advirtió que el Ministerio de Trabajo ha modificado la forma de calcular el empleo que se obtiene del Sistema Integrado y Previsional Argentino (SIPA), una de las estadísticas más confiables dado que permite evaluar la evolución del universo de trabajadores registrados y sus remuneraciones. Esa modificación impacta de lleno en los cálculos sobre empleo y desempleo, dado que el nuevo cálculo oficial por persona arroja un número menor de destrucción de empleo que la anterior estimación realizada en base a la cantidad de puestos de trabajo registrados: una persona puede tener más de un puesto de trabajo, o en otros términos, la destrucción de un puesto de trabajo puede no significar necesariamente que esa persona quede desocupada. El objetivo oficial es subestimar y negar la destrucción de empleo desde diciembre pasado cuando comenzó la ola de despidos en el sector público, abriendo esa puerta al privado.

El Banco Central recreó para la economía argentina el concepto de “inflación núcleo” para mostrar una tendencia descendente en los precios. En Estados Unidos se utiliza el “core inflation” excluyendo del cálculo los precios de la energía y alimentos por su elevada volatilidad de corto plazo. Para una economía que arrastra varios años con tasas de inflación de dos dígitos pretender imitar el marco conceptual de la inflación estadounidense es solamente una estrategia de distracción sobre un indomable proceso inflacionario. Además durante un semestre no hubo datos oficiales de inflación. El Banco Central también registra un monto total de reservas inflado por deudas que, como detalló el periodista Raúl Dellatorre el domingo pasado en este diario, deja como “caja operativa” para intervenir en el mercado apenas 3100 millones de dólares, el 10 por ciento de las reservas informadas oficialmente.

El relato macrista, respaldado por su aceitada máquina de marketing político-electoral, acerca de la marcha de la economía está boxeando de esa manera contra el acelerado deterioro social y laboral. De todos modos este retroceso de la calidad de vida de las mayorías es una tarea difícil de disimular pese al despliegue de diferentes maquillajes de indicadores económicos.

azaiat@pagina12.com.ar


http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-303841-2016-07-10.html


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Domingo, 10 de julio de 2016


EL PAIS › DE LAS NUBES MEDIATICO-JUDICIALES AL FANGO DE LA REALIDAD
Cajas destempladas
Las alas del deseo mediático-judicial se empantanan en los fangales de la realidad: no encontraron cajas de seguridad en Santa Cruz, el juez Casanello no estuvo en Olivos, el acusador de Aníbal Fernández es un muerto que habla por boca de quien mandó asesinarlo. El tarifazo llega a la Corte Suprema mientras el gobierno envía al Congreso la ley que eliminará todo control estatal de la obra pública y el papa Bergoglio subordina a todo el sistema político a sus fines. La salud presidencial.


Por Horacio Verbitsky
El doctor Claudio Glock se entretuvo molestando a los inquilinos de CFK en los departamentos que la ex presidente les alquila en Santa Cruz y su colega Julián Ercolini no encontró ninguna caja de seguridad a nombre de algún miembro de la familia Kirchner. La Policía Federal informó a los acelerados camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah que no hay ningún registro escrito ni fílmico que confirme la presencia del juez Sebastián Casanello en la residencia presidencial de Olivos, como había aducido el procesado constructor vial Lázaro Báez. Ibar Pérez Corradi, mencionado en la causa por el triple crimen de General Rodríguez como autor intelectual, dijo que Aníbal Fernández era el supuesto protector de la banda de traficantes de efedrina conocido como La Morsa, pero sólo pudo citar como fuente a Sebastián Forza, el socio desleal al que Pérez Corradi fue acusado de mandar matar. Uno de los periodistas que clamaron por la detención del ex ministro, sostiene ahora: “Tiendo a creer que Aníbal no es La Morsa”. Su colega que condujo la investigación sobre el caso en el Grupo Clarín escribe que carece de importancia saber quién es La Morsa. Ése fue el argumento central de la propaganda negra con que Fernández fue atacado durante la campaña electoral y que decidió el acceso de Macrì a la presidencia. Ahora venimos a saber que lo importante no es la verdad de los hechos sino las creencias que guían a los dioses del olimpo comunicacional, que pueden variarlas a voluntad sin explicar las razones. También pueden retorcer la lógica hasta hacerle decir lo que les plazca. Por ejemplo, la orden de Fernández de negar a la Sedronar información policial sobre decomisos de drogas es alegada como prueba de la relación del ex ministro con el tráfico de efedrina, cuando está acreditado que lo hizo porque el jefe de aquel organismo, José Granero, que debía controlar la introducción del precursor químico de las drogas sintéticas, amparaba ese negocio ilegal, razón por la cual está procesado junto con la plana mayor que lo acompañó en la Sedronar, incluyendo a su secretario Miguel Zacarías. En cambio no fueron procesados sus hermanos Rubén y Luis, que trabajaban en Ceremonial de la Presidencia, pese a que la jueza María Servini los puso en la mira y llegó a indagarlos, sin encontrar nada que los vinculara con el delito. De este modo, la ofensiva tendiente a presentar al gobierno anterior como una gigantesca asociación ilícita se empantana en los fangales de la realidad, de tránsito mucho más difícil que las nubes de la fantasía y el deseo. La lógica con que actúa la coalición judicial-mediática fue expuesta con candor hace once años por uno de sus protagonistas. En su libro de 2005 “Técnicas de investigación”, el editor de Clarín Daniel Santoro explica que para realizar ese tipo de operaciones “se puede recurrir a un abogado a quien conozcamos; le facilitamos parte de la información y le pedimos extraoficialmente que haga una denuncia de modo tal que la justicia comience a investigar”. También “podemos pedirle o sugerirle –en forma extrajudicial y sin aparecer– a un juez o un fiscal que active los mecanismos para levantar el secreto bancario o financiero. (...) Muchas veces se usa el viejo truco en que el periodista manda documentación de un caso en forma anónima a un juzgado o una fiscalía para que se abra una causa judicial”. En vez de abogado podría leerse diputada nacional y nada cambiaría. Sólo falta que algún juez o fiscal revele con la misma ingenuidad su parte en los secretos del oficio compartido.

En el gobierno nacional no ocultan que la inolvidable actuación de madrugada del ex secretario de Obras Públicas José López en el monasterio que los amigos del papa Francisco dicen que era de los enemigos de Bergoglio, y la posterior activación de procesos judiciales en serie contra ex funcionarios fue un alivio en el peor momento, cuando se manifestaba el disgusto por los aumentos tarifarios, los despidos, la inflación, el endeudamiento y el despertar del dólar. El oficialismo y sus voceros oficiosos ni siquiera ocultan que el desfile judicial es la principal herramienta con que se ilusionan con vistas a las elecciones de 2017, que definirán la perduración o caducidad de la Alianza Cambiemos en el poder. Esta ensoñación de largo plazo fue interrumpida en un amargo despertar por la Cámara Federal de La Plata, que anuló en todo el país los aumentos en la tarifa del gas y suspendió por tres meses los de la electricidad en su jurisdicción. El gobierno nacional no oculta que pone sus esperanzas en la Corte Suprema de Justicia, donde el franciscano Ricardo Lorenzetti duda si es posible compatibilizar su discurso pobrista con un tarifazo que supera todo lo padecido en la historia y el flamante ministro Horacio Rosatti se pregunta cómo afectaría su imagen debutar con el respaldo a semejante porrazo para el presupuesto de todas las familias del país. Si la justicia frenó los aumentos porque el gobierno no dio la obligatoria participación en la discusión a los usuarios, la Corte tiene la oportunidad de poner en práctica su propio método de audiencias públicas, iniciado por su ex presidente Enrique Petracchi. Allí el tribunal podría plantear la cuestión desde la óptica del usuario (considerar los aumentos de todos los servicios en conjunto, ya que el pago sale del mismo bolsillo) y no con el criterio de las empresas, que quieren que cada servicio se trate por separado. También podría plantear la cuestión de los costos, que el gobierno alega pero sobre el que no informa. El Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, solicitó que el tribunal se salteara las instancias intermedias y revocara las medidas cautelares dictadas por jueces y cámaras de distintos lugares del país que frenaron la aplicación de los aumentos dispuestos por el ex CEO y aun accionista de Shell, Juan José Aranguren. En la página de la Procuración del Tesoro no aparece el dictamen de su titular favorable al tarifazo. Pero en la página personal de Balbín aún es posible encontrar su opinión ante los aumentos de los servicios públicos, que iban del 10 al 30 por ciento según el consumo de cada uno, dispuestos en 2008 por CFK a poco de asumir la presidencia. En un artículo publicado el 21 de agosto del año siguiente en la revista “La Ley”, titulado “Las tarifas de los servicios públicos”, Balbín opinó que “el carácter intempestivo y desproporcionado del aumento del servicio es, según nuestro criterio, irrazonable porque cualquier incremento debe ser debidamente fundado y particularmente gradual –es decir, tarifas justas y accesibles”. También argumentó que “las tarifas deben ser justas, razonables y accesibles” y respetar la “proporcionalidad”.).

Sería estupendo que la Corte citara al articulista Balbín como fuente doctrinaria para rechazar el dictamen del Procurador Balbín, quien considera un aumento de hasta el dos mil por ciento más razonable, justo y accesible que uno del 30 por ciento.

Corruptos eran los de antes

Atada una vez más la Argentina a la rueda del interés compuesto del endeudamiento externo (Scalabrini Ortiz dixit), sentadas las bases con la ley ómnibus para el blanqueo de aquellos fondos que la familia del presidente y de sus amigos y ministros quieran traer al país y para la liquidación del sistema previsional, ahora el gobierno ha elaborado un proyecto de ley de régimen de contratación público-privado, con el consabido pretexto de crear empleo y desarrollar el país. Por supuesto es mucho más fácil y divertido entregarse al hipnótico show de Comodoro Py que quemarse las pestañas desentrañando cuáles serán las consecuencias del proyecto, preparado por el secretario de relaciones económicas internacionales Horacio Reyser Travers, uno de los cuatro accionistas del mayor fondo estadounidense de inversiones en Latinoamérica, Southern Cross, junto con el argentino Norberto Morita, el chileno Raúl Sotomayor y el cubano-estadounidense Ricardo Rodríguez. Desde 2012 y hasta que Macrì asumió la presidencia, fue director de Ultrapetrol, de Bahamas. Si hay algo que no puede discutirse del presidente argentino es su coherencia y previsibilidad. “Juntos podemos lograrlo”, dice la publicidad del Bicentenario presentada por la Presidencia. Lo único que no dice es qué podemos lograr, aunque la invitación al ex Rey de España permite imaginarlo.

La meta central del proyecto es eludir la ley de Procedimiento Administrativo en todo lo que tenga que ver con obra pública, y confeccionar la licitación a medida de quien el funcionario desee, en lo que el texto llama “diálogo competitivo”. El Estado queda con todas las responsabilidades y fines públicos pero sin ninguna de las prerrogativas que le permitan cumplirlas. El breve artículo 14 establece un procedimiento de “consulta, debate e intercambio de opiniones” entre el Estado y los “interesados preclasificados”. En cambio no se especifica quién “preclasificó” a esos contratistas ni con qué criterios, dado que se declara inaplicable la normativa pública y rige la libertad de contratación del Código Civil y Comercial. La amplitud de proyectos contemplados por la ley es enorme y la flexibilidad de los contratos absoluta. El artículo 7 permite la creación de sociedades de propósito específico a cargo de la ejecución del contrato, es decir sociedades vacías, armadas para un solo negocio o, peor aún, sólo para canalizar pagos. Ya se trate de sociedades o fideicomisos, el propósito es facilitarle los cobros al contratista privado y limitar su responsabilidad. De este modo aún un contratista en cesación de pagos con la banca oficial podría recibir desembolsos desde el fideicomiso, ya que esta sociedad vehículo sería una persona jurídica distinta del contratista y de este modo eludir a sus acreedores conservando su activo. Esta limitación de responsabilidad es el fundamento de todas las sociedades off shore, que ahora llegarían al país.

El artículo 10 afirma que en caso de extinción anticipada (sin aclarar si es por culpa del contratista, de la administración, o de ninguno) el Estado deberá asegurar el repago del financiamiento aplicado al desarrollo del proyecto. Esto significa que no hay riesgos para el contratista privado, sobre quien no pesa ninguna prioridad del interés público. Se trata una vez más de seducir al capital, ofreciéndole todas las facilidades y eliminando todos los controles. Es decir, todo lo contrario a lo que se recomienda para reducir la corrupción. El Estado debería transformarse en un contratante más que negocie en pie de igualdad con el privado. Por eso, el proyecto excluye las normas de derecho administrativo del régimen general de contrataciones, de responsabilidad del estado, de indexación y de expropiación y remite al Código Civil y Comercial, es decir a normas pensadas para una relación de derecho privado, entre iguales. Pero en realidad el Estado hasta parece la parte débil de la negociación. De convertirse en ley, sustituiría todas las reglas de derecho público que no coinciden con la ideología oficial por un régimen casi extraterritorial, con un sistema normativo propio, que es el contrato, y tribunales arbitrales en lugar de la justicia. Esto contradice lo reclamado por Rubén Giustiniani y admitido por la Corte Suprema en el contrato de YPF con Chevron, de aplicar las reglas de derecho público incluso a las sociedades anónimas de derecho privado con participación estatal como YPF. El desplazamiento del Poder Judicial por tribunales arbitrales es de dudosa constitucionalidad, como dictaminaron en 1919 el Procurador General de Yrigoyen, José Nicolás Matienzo, y en 1974 el último Procurador Fiscal de Perón, Oscar Freire Romero, en su interpretación del artículo 100 de la Constitución histórica (idéntico al 116 de la reformada en 1994). Como garantías, el proyecto prevé la prenda de ingresos futuros por impuestos o la cesión fiduciaria, una demasía que ya intentó Cavallo a finales de la Primera Alianza, dejando al Estado eunuco, sin caja ni espada. El Estado retiene la facultad de controlar el cumplimiento del contrato, pero puede encomendarla a auditorías privadas.

El proyecto también permite abrir los recursos públicos a los bancos privados sin pasar por el Congreso. La ley de administración de recursos públicos, 25.152 de 2002, dice que toda creación de organismo descentralizado, empresa pública y Fondo Fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional requerirá del dictado de una Ley. Pero el proyecto establece que el fiduciario podrá ser cualquier banco y podrá hacer los pagos al contratista sin autorización del fiduciante estatal. El banco privado podrá recibir fondos públicos para timbear en inversiones amigas como hacían las AFJP y encima cobrar comisión, con una única intervención del Estado en la rendición de cuentas final a la que está obligado el fiduciario. Así concibe lo público la Alianza Cambiemos, mientras su chinchorro radical sólo piensa en reclamar más cargos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303840-2016-07-10.html

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El Rey recuerda que «Latinoamérica debe pedir perdón por masacrar a miles de conquistadores españoles inocentes»
Felipe VI asegura que «El Día de la Hispanidad es la fiesta de todos los hispanohablantes, incluídos los «panchitos»»

¡Manda güevos! por Modgi | 12 de octubre de 2015, 06:00


El Día de la Hispanidad de este año 2015 será ampliamente recordado por el discurso de Su majestad. Difícil papeleta la de eclipsar al tradicional desfile de las fuerzas armadas, que una vez más, ha servido demostrar a los ciudadanos el intimidatorio potencial militar de la patria: Seis eurofighters, un puñado de valerosas víctimas del fracaso escolar y una cabra.

A pesar de ello, el Rey Felipe VI, reconocido self-made man y emprendedor ejemplar, ha sabido robar el show y convertirse en el centro de la festividad. Buena parte de ello la ha tenido el impetuoso discurso que pronunciado. Rodeado de súbditos y personalidades, el monarca no se ha intimidado, y ha afirmado que «El Día de la Hispanidad es la fiesta de todos los hispanohablantes. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Tanto a los españoles, como a los panchitos.»

El mensaje ha transcurrido en un tono de concordia. Aun así, el clima de mano tendida no ha sido óbice para que Su Majestad reclamara lo que, según él, merece la nación española: «Me gustaría recordar a los iberoamericanos que España todavía está esperando que se disculpen por haber masacrado a miles de conquistadores inocentes. Si no hubiera sido por Colón y Hernán Cortés, los latinoamericanos todavía no sabrían ni hablar. No digo que tengan que disculparse inmediatamente. Sé que ahora mismo estarán ocupados, probablemente canibalizando niños o bailando 'el perreo', pero exigo que cuando acaben, pidan perdón.»

La nota anecdótica de la celebración ha venido a cargo de la Reina. Doña Letizia, como siempre acertada en su outfit elegante a la par que revolucionario, ha sufrido un leve percance. Una suave ventisca la ha elevado unos pocos metros del suelo, lanzándola fuera del palco de personalidades. El desfile se ha congelado de pronto. Todos los efectivos disponibles han sido inmediatamente movilizados y destinados a la búsqueda de la Reina. Por suerte, los ánimos se han aplacado rápidamente, cuando al cabo de pocos minutos, un soldado de la infantería ha localizado a Su Majestad sana y salva, colgada de las ramas de un árbol del Paseo de la Castellana.

http://www.eljueves.es/2015/10/12/rey_recuerda_que_latinoamerica_debe_pedir_perdon_por_masacrar_miles_conquistadores_espanoles_inocentes.html

ACTA DE LA INDEPENDENCIA DE LAS PROVINCIAS UNIDAS EN SUD-AMERICA

En la benemérita y muy digna Ciudad de San Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio de mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado, objeto de la independencia de los Pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los Representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, Pueblos representados y posteridad; a su término fueron preguntados:

¿Si querían que las Provincias de la Unión fuesen una Nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su un nime y espontáneo decidido voto por la independencia del País, fijando en su virtud la determinación siguiente:

Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud América reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unámime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama.

Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.

Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros Diputados Secretarios.

Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San Juan, Presidente
Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por Salta
Dr. Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires
Dr. José Darragueira, Diputado por Buenos Aires
Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por Buenos Aires
Dr. Pedro Medrano, Diputado por Buenos Aires
Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta
Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado por Chibchas
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado por la Ciudad de Jujuy y su territorio
Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba
Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza
Dr. Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la Capital del Tucumán
Dr. Esteban Agustín Gazcón, Diputado por la Provincia de Buenos Aires
Pedro Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago del Estero
Pedro León Gallo, Diputado de Santiago del Estero
Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque
Dr. Mariano Sánchez de Loria, Diputado por Charcas
Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas
Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado por La Rioja
Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. José Colombres, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán
Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado por San Juan
José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza
Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos Aires
José Mariano Serrano, Diputado por Charcas, Secretario
Juan José Paso, Diputado por Buenos Aires, Secretario.


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Fin de la revolución, principio del orden - Manifiesto del Congreso de las Provincias Unidas de Sud América, excitando los pueblos a la unión y al orden

Pueblos; enviados por vuestra expresa voluntad y unidos en este punto a formar el Congreso, que fijando la suerte y constitución del país, llenase los designios de la grande obra en que se ve empeñado; consagrados a nuestro alto destino, y expedidos de las tareas preliminares que debían franquear nuestra carrera, somos a cada paso interrumpidos en nuestras meditaciones por la incesante agitación tumultuosa que os conmueve; y echando una ojeada desde la cumbre eminente en que os observamos, se ha detenido con asombro nuestra consideración sobre el cuadro que ha ofrecido a nuestra vista la alternativa terrible de dos verdades, que, escritas en el libro de vuestros destinos, nos apresuramos a anunciaros: unión y orden, o suerte desgraciada. (…)

Queremos excusaros el disgusto de recorrer la serie odiosa de acaecimientos; que degradando el mérito de la revolución y el crédito de las gloriosas expediciones militares, nos ha reducido en las últimas derrotas a la situación más desolante. Mil veces una vanidad torpe, o una tan necia confianza, predijo triunfos que nos arrancaron lágrimas; y otras tantas los pueblos interiores, comprometidos a mil conflictos, y los pueblos contribuyentes, brumados con el peso de nuevos empeños, provocaron la desesperación. Observad sus resultados.

Dueños de un territorio pingüe y poderoso, que recobramos en la rápida carrera de nuestras primeras empresas hasta la línea que demarcaba el estado, el desorden y la división nos lo hicieron perder con retroceso violento, reduciendo hasta hoy a tan estrechos límites nuestra existencia, cuanta es la extensión e importancia del territorio vasto, poblado y rico de que nos han privado. Esfuerzos repetidos y malogrados, no han servido más que a inspirar el desaliento que dejan las reiteradas derrotas; soldados infructuosamente sacrificados al furor enemigo, o vagando dispersos entre los horrores de la miseria; millares de familias, o huyendo despavoridas a buscar un asilo en la piedad, o indignamente ultrajadas por el tirano que las insulta; pueblos enteros entregados al incendio y a la carnicería; fortunas saqueadas y abandonadas al pillaje; los tesoros minerales alimentando la fuerza que los subyuga; obstruidas las vías del comercio al Perú y a Chile (…); estancadas en almacenes las importaciones extranjeras, por falta de consumidores, el erario sufre un quebranto enorme en sus ingresos; las fortunas particulares recargan el peso de nuevas contribuciones sin otra medida que la de las urgencias cada vez mayores; el comercio y la industria apenas respiran; todas las clases del estado se aniquilan y consumen; el país devastado y exhausto no presenta sino la imagen de la desolación, y aleja de nuestras costas los negociantes que no hallan un objeto de interés a sus especulaciones. (…)

El extravío de los principios nos alejó demasiado de los senderos del orden: el horror a las cadenas que rompimos, obró la disolución de los vínculos de la obediencia y respeto a la autoridad naciente; la libertad indefinida no reconoció límites, desde que perdidas las aptitudes de la sumisión, se creyeron los hombres restituidos a la plenitud absoluta de sus arbitrios: el poder, por otra parte, sin reglas para conducirse, debió hacerse primero arbitrario, después abusivo y últimamente despótico y violento: todo entró en la confusión del caos: no tardaron en declararse las divisiones intestinas: el gobierno recibió nueva forma, que una revolución varió por otra no más estable; sucedieron a ésta otras diferentes que pueden ya contarse por el número de años que la revolución ha corrido; y es tal la indocilidad de los ánimos, que puede muy bien dudarse si en todas las combinaciones de los elementos políticos hay una forma capaz de fijar su volubilidad e inconsistencia.

Aún está reciente la memoria del movimiento del 15 de abril antepasado, en que la capital sacudió el yugo de la facción atrevida que la tiranizaba; la dulce satisfacción de haber arrojado a sus opresores, la inspiró el deseo generoso de asociar los pueblos a su nueva fortuna…

(…) El germen de la anarquía con la fermentación de cinco años desenvuelve todos sus principios; el contagio de la capital se difunde a las provincias y pueblos, afectándose éstos con sus mismos síntomas; algunas provincias cortaron con aquella sus relaciones; al ejemplo de éstas sus pueblos dependientes rompieron los ligamentos que los unían a ellas; unos con otros, todos en celos y rivalidades, cada cual aspira a constituirse o asoma pretensiones. Jamás, situación tan peligrosa y degradante. (…)

El ejército enemigo del Perú reforzándose y llevando su empeño con el tesón de un orden sostenido, donde todo cede a la voz del que manda; el nuestro en la más espantosa disolución, arrastrando desde Sipe-Sipe la degradación de nuestras armas, y derramando en todo el país la amargura, la consternación y el estupor. Por todas partes no se ve sino la sombra del espanto, un silencio profundo que indica el abatimiento; y en medio de la capacidad de recursos para reprimir el torrente de males, falta resorte al espíritu para decidirse a buscarlos. (…) Sin hombres para soldados, sin dineros para pagarlos, sin víveres con que sostenerlos; todo queda en una parálisis mortífera. Cada momento nos advierte la instante necesidad de repararnos, y se pasan unos tras de otros los días y los meses sin sacarnos de la inercia en que yacemos. Es que faltaba una voz imperiosa que se hiciese oír con respeto, un espíritu vivificante que reanimase el abatimiento, un móvil vigoroso que diese impulso a la acción.

¡Pueblos! el contacto de la aflicción y el sentimiento de nulidad a que os redujo la desunión y el desorden, arrancaron del seno mismo de los males el único remedio que ha de curarlos. Vosotros provocasteis la creación de una autoridad representativa, que, erigida con el voto universal, formase un punto de unión de todas las relaciones, una expresión de todas las voluntades, una concentración de todos los poderes: vuestras acciones están todas comprometidas en este árbitro soberano de vuestros destinos. Marcad ese momento, último recurso en vuestras desgracias; él va a decidir la suerte del país. Él debe fijar límites a la revolución, abrir los senderos del orden, restablecer la armonía, sofocar las aspiraciones, acallar los resentimientos y querellas de los pueblos, y consolidar la unión de las partes dilaceradas. (…)

El estado revolucionario no puede ser el estado permanente de la sociedad: un estado semejante declinaría luego en división y anarquía, y terminaría en disolución.

…el país hizo un sacudimiento de la dominación violenta que le subyugaba… (…) Todo nos invita, provoca y obliga: los derechos más irrefragables de gentes en sociedad; el interés manifiesto de la necesidad y conveniencia; los estímulos más poderosos del honor y crédito. (…)

…ya es un axioma incontestable que toda autoridad legítima emana de los pueblos; hoy no se puede sorprender la sencillez de las gentes vendiéndoles por canónica una constitución civil o haciendo bajar del cielo el título de un soberano, o el óleo de su unción.

(…) el poder y autoridad que ejercemos deriva a vuestros mismos ojos de origen tan augusto. Mandamos con el poder y autoridad de los pueblos; y la voluntad soberana se ha de cumplir. (…)

Cuando la revolución afecta la suerte de la causa del país, es además un crimen de lesa patria… (…) No basta reconocer y obedecer la autoridad soberana; es necesario respetar y sujetarse a su dirección y disposiciones. El plan que haya de salvarnos debe reglar la conducta del estado por un sistema ordenado en la posible armonía y consonancia entre el que dirige, el que preside y manda su ejecución y los que deben observar sus mandatos. (…)

La desunión no os es menos funesta que el desorden. La desunión debilita el espíritu público que por la unión se concentra, lo aniquila o cuando menos lo sofoca. La desunión rompe los vínculos de correspondencia social, los de sangre y familia, las relaciones de común interés, las afecciones de amistad. La unión al contrario todo lo consolida; y aunque sea de pura agregación, forma masas enormes difíciles de mover: con la unión todo es más fuerte. (…)

Si cuando entrasteis en el designio de formar sociedad, consentisteis en la idea de huir de los bosques y desiertos para buscar en la asociación unidas las ventajas que aislados no disfrutaríais, ¿cómo cabe en el juicio de hombres cuerdos apresurarse a dividir y disociarse al aproche[1] de los peligros, cuya inminencia, cuando vivieran aislados como los salvajes, los reuniría, como lo hacen las bestias mismas para auxiliarse y defenderse? (…)

Tenéis erigido un tribunal anfictión encargado de oír las causas de vuestras diferencias, y terminarlas al amigable con toda la imparcialidad que podéis apetecer.(…) Acercaos al paño en que trazamos el bosquejo del estado que entramas a constituir. Fijas nuestras miras al objeto de vuestra común felicidad, en vano es que nos autorizásemos con vuestros poderes, ni con las facultades de arbitrar en vuestros destinos, para no dirigir y terminar las líneas por los puntos indicados al bien general.(…) …nuestra comisión es para regenerar, formar y felicitar el país; nuestros planes deben ser de vida y beneficencia. Que vivan, pueblen y prosperen el estado en un sistema de unión, y de integridad. (…)

Nuestra situación es de apurado conflicto: la patria está amenazada próximamente de ruina. Dos ejércitos enemigos victoriosos nos amagan y estrechan por dos puntos; nuestras fuerzas en el uno no alcanzan; en el otro están en nulidad y a punto de disolverse. Sin protección ni recursos extraños, todo lo debemos buscar en nosotros mismos; las rentas públicas no bastan a las cargas ordinarias; y si hemos de hacer algo, ha de ser únicamente con nuevos sacrificios.

Necesitamos reforzar un ejército, crear otro, proveerlos de lo necesario, vestuario, subsistencias y pagas para establecer la disciplina y contener las deserciones: esta obra debe ser prontísima y requiere toda la actividad del gobierno supremo que manda, y toda la deferencia y acción de los gobiernos y jefes subalternos… Son tan inminentes los peligros, que cualquier dilación puede desconcertar el proyecto…

La discordia (…) opone obstáculos invencibles al plan ya concertado y fácil para reparar de un golpe todas las pérdidas, precaver todos los riesgos, y fijar para siempre la fortuna a nuestro favor. La discordia, en que nunca con más calor que hoy os empeñáis unos con otros, os tiene en continuas alarmas, ocupando los soldados y hombres útiles que necesitan los ejércitos; consumiendo en mantenerlos las escasas rentas que habían de servir al sostén de aquellos; apurando en las fortunas particulares los únicos medios con que podemos contar para la empresa de salvarnos.

¡Pueblos! ¡Ejércitos! ¡Ciudadanos! (…), dad una tregua en estos fatales momentos a vuestras disensiones y querellas: consagrad a la salud de la patria… (…) Conspirad unidos a sostener el crédito de la autoridad que habéis creado, a que se respeten y obedezcan sus disposiciones, y a exterminar esos genios turbulentos, y veréis desaparecer en breve las sombras horribles de males y peligros, y presentarse a vuestra esperanza el cuadro iluminado con los colores más vivos y lisonjeros. (…)

Que renazca la unión y se establezca el orden, y veréis renovarse el espíritu patriótico casi extinguido; los ciudadanos correrán voluntarios a las armas; los desertores se restituirán a los ejércitos… (…) Veréis reproducirse los días alegres que dan las nuevas de los triunfos, y dulcificarse nuestras amarguras con las inundaciones del júbilo. Se romperán los obstáculos, y franquearán los canales de las riquezas. Las naciones que hoy no ven en nosotros sino el desecho de lo que fuimos, pueblos en horror y desolación, desde que nos vean en sociedad ordenada, nos dispensarán otras consideraciones. El título de independencia, que sostenido solamente por la justicia, no es respetado por más que una denominación vana, llevado por la voz de la fama de los triunfos, se hará un rango espectable entre las gentes. El pabellón victorioso de la nación más rica de la tierra se ostentará sobre los muros de nuestras fortalezas, y flameará sobre las ondas con toda la dignidad que le atraiga los respetos. Tierras inmensas y feraces, climas variados y benignos, medios de subsistencias abundantes, montes de oro y plata en extensión interminable, producciones de todo género exquisitas atraerán a nuestro continente millares de millares sin número de gentes, a quienes abriremos un asilo seguro y una protección benéfica.

Acabad de decidiros: una resolución pronta y magnánima salva la patria, y la releva de su degradación al colmo de la gloria y al rango brillante de las naciones. (…) …coraje y espíritu para sobreponeros a la humillación presente: triunfad de vosotros mismos y de vuestras rivalidades, y contad seguros con las victorias. Legiones valientes, que malgastáis vuestro espíritu sirviendo a la anarquía que nos destruye, dad un empleo más digno al furor que os anima, y llevad vuestras iras donde los agravios del enemigo común empeñan nuestra venganza. (…)

Y si aún hubiere algunos, que tenaces en la idea de sacrificar la patria al empeño de sus caprichos, insistieren o intentaren renovar las vías del desorden, o los proyectos de disolución, adviertan, que, si pudiendo hablarles con el tono enérgico del imperio, hemos preferido ilustrar antes su obediencia, esta conducta sobria hará la autoridad inexorable a no permitir que los agentes de la revolución y de la discordia queden impunes en su crimen. Antes que todo es la patria, la suerte y salud del estado, la independencia y constitución del país.

El Congreso ha pronunciado el siguiente decreto

Fin a la revolución, principio al orden, reconocimiento, obediencia y respeto a la autoridad soberana de las provincias y pueblos representados en el congreso, y a sus determinaciones. Los que promovieren la insurrección, o atentaren contra esta autoridad y las demás constituidas o que se constituyeren en los pueblos, los que de igual modo promovieren u obrasen la discordia de unos pueblos a otros, los que auxiliaren o dieren cooperación o favor, serán reputados enemigos del estado, y perturbadores del orden y tranquilidad pública, y castigados con todo el rigor de las penas hasta la de muerte y expatriación, conforme a la gravedad de su crimen, y parte de acción o influjo que tomaren. No hay clase ni persona residente en el territorio del estado exenta de la observancia y comprensión de este decreto, ninguna causa podrá exculpar su infracción.

Queda libre y expedito el derecho de petición no clamorosa ni tumultuaria a las autoridades y al congreso por medio de sus representantes.

Comuníquese al supremo Director del estado para su publicación en toda la comprensión de su mando. Congreso en Tucumán a 1° de agosto de 1816.-

Dr. José Ignacio Thames, Presidente.
Juan José Paso, Secretario.

Fuente: www.elhistoriador.com.ar

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San Martín urge a declarar la independencia
Desde la conformación del primer gobierno patrio, sin injerencia de España, se había desatado una larga guerra independentista, de la cual muy pocos se animaban a vaticinar de forma explícita cómo terminaría. No sólo por las dificultades económicas y la tenaz resistencia que podrían poner los ejércitos realistas; también porque no eran pocas y mucho menos desdeñables las diferencias internas en cuanto a cómo organizar el nuevo país, todavía inexistente, sin desestimar las formas en que se dirimían estos desacuerdos: golpes de mando, encarcelamientos, campañas militares, etc.

Aun así, sin consensos definidos y con grandes turbulencias, el proceso independentista avanzaba. En 1815 comenzaron a ser electos en las provincias los diputados que se reunirían en Tucumán para inaugurar un nuevo congreso constituyente, luego de la Asamblea del año XIII que había también permitido avances importantes. Entre las instrucciones que las provincias -no todas- daban a sus diputados, se encontraba la de “declarar la absoluta independencia de España y de sus reyes”.

El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado el Congreso en Tucumán. El porteño Pedro Medrano fue su presidente provisional y los diputados presentes juraron defender la religión católica y la integridad territorial de las Provincias Unidas. Entre otros diputados, se encontraban Paso, Pueyrredón -quien sería pronto electo como nuevo Director Supremo-, Godoy Cruz, Laprida, Bulnes, Serrano y Malabia. Entretanto, el gobierno no podía resolver los problemas planteados: la propuesta alternativa de Artigas, los planes de San Martín para reconquistar Chile, los conflictos con Güemes y la invasión portuguesa a la Banda Oriental, entre otros.

Finalmente, cuando San Martín llamaba a terminar definitivamente con el vínculo colonial, una comisión de diputados propuso un amplio temario para su tratamiento. El 9 de julio de 1816 tocaba deliberar sobre la libertad e independencia del país. Se leyó el texto del acta y se preguntó a los presentes si querían que las provincias se declararan en libertad, escuchándose una a una las respuestas afirmativas y, más tarde, el coro unánime del “Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en Congreso General…”.

Para difundir la noticia de la independencia, el Congreso envió por medio de chasquis, en carreta y a caballo, copias del Acta, de la cual se habían impreso 1500 en español y 1500 en quechua y aymara.

Al día siguiente, la pequeña ciudad tucumana fue escenario de un gran baile. En tanto, ese mismo día, en Córdoba, tendría lugar también el decisivo encuentro secreto entre el director Juan Martín de Pueyrredón y José de San Martín, venido desde Mendoza para convencer al gobierno central de la necesidad de emprender la campaña libertadora a Chile y, más tarde, al Alto Perú. Diez días más tarde, a propuesta de Medrano, los diputados agregarían a la declaración de la liberación de España la referente a “toda dominación extranjera”, y el 25 se adoptó oficialmente la bandera celeste y blanca.

Para celebrar la fecha de la independencia, recordamos los insistentes reclamos de San Martín, semanas antes del 9 de julio, llamando a romper de una vez y para siempre los vínculos coloniales.

Fuente: Carta de José de San Martín al diputado por Cuyo Godoy Cruz; en Ricardo Levene, El genio político de San Martín, Buenos Aires, Depalma, 1950.

"Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia. ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula, acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender, cuando estamos a pupilo? (...) Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas."

José de San Martín

Fuente: www.elhistoriador.com.ar

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EL CONGRESO DE TUCUMáN Y LA DECLARACIóN DE LA INDEPENDENCIA

Fuente: EDITORIAL : SANTILLANA. Historia argentina. PáGINAS : 92-93

Paralelamente, desde 1814, San Martín se hallaba en Mendoza, organizando una fuerza expedicionaria con el fin de cruzar los Andes y enfrentar a los españoles en Chile y en Perú.

Por la independencia

"¡ Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia! ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula, acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿ qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿Qué relaciones podremos emprender, cuando estamos a pupilo? Los enemigos (y con mucha razón) nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Este usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación. [...] ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo; si no se hace, el congreso es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo éste la soberanía, es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito"

San Martín. Carta al Diputado por Mendoza, Godoy Cruz. Mendoza, 12 de abril de 1816.

Domingo, 10 de julio de 2016 | Hoy

ECONOMIA › OPINION
Repartos para la elite


Por Claudio Scaletta
El affaire dólar futuro es una muestra de la esencia del régimen macrista. Por múltiples razones. La primera es la transmutación de significantes judiciales y económicos, la segunda, la corrupción estructural. Aquí se avanzará en las dos interpretaciones, pero existe un hecho de materialidad absoluta: por la operatoria de dólar futuro el Banco Central debió realizar pagos por casi 54.000 millones de pesos, unos 3600 millones de dólares a la cotización presente de la divisa. La causa no fue la operatoria en sí, sino la devaluación del 40 por ciento. Este dinero fue cobrado, repartido, en su totalidad por lo más granado de la elite económica local integrada, entre otros, por los principales bancos, los principales consultores, capitalistas varios y, en particular, firmas vinculadas a los principales funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. En cambio, no cobraron un centavo los funcionarios del anterior gobierno, como la ex Presidenta, el ex ministro de Economía y el ex presidente del Banco Central. Los tres, junto a otra docena de ex funcionarios, fueron procesados en una causa judicial iniciada por denuncia del actual ministro de Economía cuando aun estaba en el llano, es decir; por uno de quienes decidieron la devaluación que habilitó los pagos multimillonarios.

Esta es la primera transmutación, la de un Poder Judicial que avanza sin venda y sin balanza, conducido por jueces agasajados por la Embajada estadounidense, y que hace caso omiso de quienes efectivamente aumentaron sus riquezas, a la vez que juzga a quienes tomaron decisiones de política económica en contextos muy diferentes al actual. La segunda transmutación, la de los significados económicos, es el segundo hecho material. La operatoria de futuros no fue un invento del anterior gobierno. No se trató de una estrategia ad hoc, sino de un mecanismo preexistente utilizado en los mercados de capitales para influir sobre las expectativas de devaluación. Los valores de referencia marcados desde la autoridad monetaria estuvieron en línea con la continuidad que se preveía para la política económica. Si el gobierno entrante modificó completamente las reglas del juego cambiario, también debió prever una solución para los pasivos contingentes involucrados en estos contratos. Lo insólito, en todo caso, es que se juzguen decisiones de política económica, situación vinculada en el presente con la corrupción estructural.

Dos elementos articulan el discurso de legitimación del nuevo régimen económico. El primero es la creación de expectativas económicas falsas, con una bienaventuranza que se aleja siempre en el tiempo (ver contratapa del suplemento Cash). El segundo es la corrupción. La primera dimensión necesita de la hegemonía mediática. Es la promesa constante del discurso económico de funcionarios y consultoras de la city por un futuro mejor tras el ajuste sacrificial de los salarios. Resulta un éxito comunicacional que tras apenas 12 años la mayoría de la población haya vuelto a creer en este artificio, aunque juegan a favor las raíces judeocristianas en línea con el Max Weber de la Ética protestante. El fenómeno no es tema de economistas. El segundo elemento, el énfasis en la corrupción, no sólo sirve para deslegitimar la política en favor del mercado, sino que persigue neutralizar a la oposición.

En este escenario discursivo, los multimillonarios pagos por la operatoria de dólar futuro, junto a cuestiones como a las derivadas de los Panamá papers ponen de relieve la existencia de dos tipos de corrupción, la del funcionario venal self made man que acumula vueltos en formato físico durante años, y la de la elite económica que se beneficia sistemáticamente de las decisiones de política. La primera, con cénit en los bolsos voladores, sería la única merecedora de repudio. La segunda, en cambio, sería tolerable en tanto dato endógeno del sistema. La indulgencia con la que los medios de comunicación trataron el descubrimiento de las empresas y cuentas ocultas en el exterior del hijo de Franco Macri resulta proverbial. Aunque sea infinitamente más gravoso para el erario, a nadie escandaliza el sistemático ocultamiento y fuga de activos de la elite. No es ocioso preguntarse porqué deberían indignar más los 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez que los 3600 millones de la operatoria de dólar futuro o, con igual actualidad, los 3500 millones anuales, siempre en divisas, que con una sola decisión el Ministerio de Energía transfirió a las empresas petroleras por vía de la duplicación del precio del gas en boca de pozo, lo que antes o después se cargará a las facturas que pagan los consumidores. ¿Habrá quien haga la denuncia? ¿Existirá un juez amparado por alguna embajada dispuesto a impulsar la causa?

Estos son los ejemplos más gruesos. Pero abundan las apropiaciones de renta más pequeñas. Si el pago a los buitres permitiría pagar tasas de interés más bajas por las colocaciones internacionales ¿Por qué la provincia de Buenos Aires se apuró a colocar deuda por 1250 millones de dólares antes de estos pagos a más del 9 por ciento de interés anual si no tenía ninguna emergencia de liquidez y hoy podría colocar al 7,5? ¿O por qué Salta colocó a fines del mes pasado deuda por 300 millones a más del 9 por ciento? Los diferenciales de tasa no parecen mucho, pero todo suma.

Los ejemplos siguen: los picos de pagos por el dólar futuro se produjeron en febrero y en junio. Justo antes de que el Banco Central perdiera pulseadas con el mercado por la cotización de la divisa, que se escapó 12 por ciento en febrero hasta su máximo de 16, y 7 por ciento en junio. En este último mes la diferencia de cotización significó pagar por los contratos de dólar futuro 4000 millones de pesos adicionales, unos 270 millones de dólares que fueron electrónicamente a las cuentas de los beneficiarios. ¿Quién fue el culpable? ¿Las autoridades del BCRA no sabían que si intentaban bajar la tasa antes del vencimiento de los contratos “el mercado” les ganaría la pulseada por la cotización y se embolsaría los 270 millones extra? ¿Fue culpa del Brexit o de una concepción errónea de la política monetaria? ¿Fue corrupción, inoperancia o desprecio por los recursos públicos cuando los beneficiarios son los más ricos?


http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-303842-2016-07-10.html

Martes, 10 de mayo de 2016 | Hoy

ECONOMIA › EL MINISTRO DE HIDROCARBUROS DEL PAIS VECINO ASEGURO QUE ESTAN ENVIANDO EL GAS PACTADO
En Bolivia desmintieron a Aranguren
“Tenemos un contrato con Argentina y estamos cumpliendo a cabalidad”, aseguró Luis Alberto Sánchez. El funcionario cruzó así al ministro argentino, quien había justificado las compras de gas más caro a Chile debido a un supuesto incumplimiento de Bolivia.





El ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, aseaguró que su país está cumpliendo con el contrato de venta de gas natural a la Argentina. “Nosotros hoy tenemos un contrato con Argentina y estamos cumpliendo a cabalidad de acuerdo a las nominaciones. Argentina nómina y nosotros cumplimos”, sostuvo el funcionario. De este modo, desmintió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien justificó las compras de gas a Chile a un precio sustancialmente mayor que el que se le paga a Bolivia con el argumento de que el gobierno de Evo Morales no estaba cumpliendo con los envíos.

Aranguren cerró a través de la estatal Enarsa un contrato de compra de gas a Chile con un precio de de 6,90 dólares por millón de BTU, que resulta un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llega por barcos a un promedio de 4,50 dólares por millón de BTU y un 128 por ciento más elevado que los 3,02 dólares por millón de BTU abonado por las importaciones provenientes de Bolivia. A su vez, a diferencia de los despachos de Bolivia que se pagan a mes vencido y las cargas de los barcos que se liquidan horas antes de la entrega del combustible, el volumen total del gas adquirido a Chile se tiene que abonar por adelantado. El contrato también determina que cualquier controversia deberá ser resuelta por la legislación de Nueva York y obliga a las partes a mantener el acuerdo bajo un marco de “estricta reserva y confidencialidad”. El contrato de suministro que suscribieron Enarsa y Solgas –una firma intermediaria del grupo internacional GDF Suez– prevé la entrega de 86 millones de metros cúbicos de gas entre mediados de mayo y el 15 de agosto por medio del gasoducto Norandino que une la planta regasificadora chilena de Mejillones y la provincia de Salta.

Cuando fue consultado sobre el tema el viernes pasado, el ex CEO de Shell aseguró que eso se debe a que la capacidad para las alternativas más baratas está cubierta en esta época del año. “Nuestra obligación es hacerle la vida más fácil a la gente y que haya disponibilidad de producto. Tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad de fuentes de ese producto cuando lo necesitan, especialmente cuando se acerca el invierno, y poder tener gas”, argumentó. “Con Bolivia tenemos un contrato. Bolivia le vende a Brasil y a la Argentina y no tiene más gas, no nos puede vender más. El contrato dura 30 años, hasta 2027. En realidad, no está cumpliendo todavía la cuota que corresponde a este mes porque también ellos en el invierno lo necesitan”, agregó.

En respuesta a esas declaraciones, el ministro boliviano aclaró que ellos están cumpliendo con los envíos pautados y agregó que hasta el momento no existe una propuesta para incrementar los volúmenes de gas a ese país. “Estamos abiertos a analizar nuevas propuestas de volúmenes con los hermanos argentinos. Obviamente la prioridad es el mercado interno, con tantos proyectos que se están desarrollando en Bolivia, como el Mutún, litio, cementeras, amoniaco urea, propileno, polipropileno y generación de energía eléctrica”, remarcó.

Sánchez también opinó sobre el diferencial de precios que paga Argentina al traer el gas de Chile. “Es un gas traído de otro continente, y hay un costo de regasificación en el lado chileno y hay un costo de transporte al lugar de destino final y evidentemente tiene un precio mayor al que tiene Bolivia actualmente”, argumentó.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-298966-2016-05-10.html